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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-11-2012

Espaa
Amnista fiscal y asesores privados

Ricardo Rodrguez
Rebelin


 

Adentrados en la ltima semana del plazo concedido por el Gobierno para que los evasores fiscales se acojan a la amnista dictada en Real Decreto-ley 12/2012, menudean de nuevo las conjeturas acerca del resultado que finalmente se alcanzar, si se cumplir o no el objetivo de recaudar por esta va en torno a 2.500 millones de euros y hacer aflorar activos por valor de 25.000 millones o nos quedaremos muy por debajo de esa cifra.

Hemos de lamentar, de nuevo, como hicimos en otro artculo (Bienvenido, mister Capone, Mundo Obrero , n 250-251, julio-agosto 2012), que demasiada energa se vuelque en la controversia cuantitativa. No parece que se vayan a cumplir los objetivos que el Gobierno se haba propuesto, por mucha que sea la acumulacin de regularizaciones de ltima hora, si bien la opacidad de la informacin impide los pronsticos seguros. Pero lo que a los ciudadanos ha de preocuparnos por encima de todo es la erosin de la democracia y la voladura del Estado de derecho que supone que los poderes pblicos imploren una limosna a la mafia a cambio de blanquear capitales del crimen. Sobrecoge que vivamos tiempos en los que haya que repetir una y otra vez que no todo debe estar en venta.

Sin embargo, la denuncia de raz de la profunda injusticia que entraa la amnista fiscal ha existido, sobre todo por voz de la ciudadana que ha salido a las calles, aunque los medios de comunicacin ms importantes, como siempre, la hayan ignorado.

Lo que ha pasado ms inadvertido ha sido la actitud que ante la amnista han adoptado los asesores fiscales privados, al menos la que se ha expresado por sus asociaciones profesionales ms representativas.

Aclaremos por anticipado, como corresponde hacer siempre que uno alude a concretas profesiones para no incurrir en generalizaciones indebidas, que no nos cabe la menor duda de que la inmensa mayora de los asesores fiscales de nuestro pas ejercen su profesin de manera honesta y competente con la finalidad de orientar a los ciudadanos en el laberinto de un ordenamiento tributario en exceso complejo y normativamente hipertrfico.

Siendo esto as, con mayor motivo sorprende la reaccin extraamente contradictoria cuando no jesutica de ciertas asociaciones de asesores fiscales, tanto ante la aprobacin de la regularizacin tributaria como a lo largo de todo el curso de su puesta en prctica. Han sido justas todas las denuncias y crticas dirigidas contra el Gobierno por la aprobacin de la amnista. Pero las crticas al poder poltico no pueden eludir que los ciudadanos adquirimos en la sociedad nuestra parte correspondiente de responsabilidad, y que tal responsabilidad es mayor si cabe cuando obliga a ella el ejercicio de nuestra profesin.

Se supone que el trabajo al que los asesores fiscales se deben consiste en facilitar, desde el sector privado, a empresas y particulares el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, del mismo modo que han de hacerlo los funcionarios de Hacienda desde el sector pblico. Dice la teora que ni mucho menos conforman, unos y otros, funcionarios de Hacienda y asesores fiscales, ejrcitos enemigos, ni siquiera equipos rivales. A ambos grupos de profesionales debera interesarles colaborar, entre otras cosas porque tanto la simplificacin de los deberes tributarios de los contribuyentes como el control del fraude contribuyen a reducir los costes de los ciudadanos que cumplen con el fisco y a preservar el inters general. Ya saben, las bondades que a menudo difunden los anuncios televisivos en campaa de renta: los servicios pblicos, la justicia social, el bienestar esas cosas a las que los gobiernos acuden por vulgar propaganda pero que nosotros deberamos tomarnos tan en serio como para exigir que sean reales.

Naturalmente, todos confiamos en que un buen asesor fiscal no slo nos ayude a cumplimentar de manera correcta nuestras declaraciones de impuestos, sino tambin a confeccionarlas y ordenarlas de la forma ms ventajosa para nuestro peculio. Y este objetivo es legtimo, siempre que no se alcance evadiendo impuestos o eludindolos por medio de fraudulentas artimaas contables.

El problema radica en que, desde hace demasiado tiempo, para una porcin cuantiosa de nuestros conciudadanos lo natural es que los asesores fiscales no desdeen las estrategias que persiguen sortear el fisco por cuenta de sus clientes. Es ms, se ha acabado aceptando con normalidad que tal misin es la primordial en la labor de asesora. Casi como un derecho fundamental que habra que aadir a los ya contenidos en la Constitucin: el derecho de intentar engaar a Hacienda. Y existe el derecho constitucional a la asistencia jurdica (enunciado al menos, a despecho de la voluntad por destruirlo en la prctica del ministro Gallardn), que asistir a quien sea acusado de delito contra la Hacienda Pblica cuando la Inspeccin eleva el tanto de culpa al Ministerio Fiscal para que proceda contra nosotros. Pero no hay un derecho constitucional a disponer de asesor fiscal, ni mucho menos a que el asesor nos ayude a defraudar a Hacienda.

Tal visin del trabajo del asesor, como advertamos al empezar, supone una perniciosa deformacin de la realidad. Y los asesores han dispuesto de una magnfica ocasin para demostrarlo, salvando con ello la buena imagen de su profesin, al enfrentarse a la amnista concedida por el Gobierno a los evasores de impuestos. Lamentablemente, parecen no haber querido aprovechar la oportunidad.

Hace apenas una semana, la Asociacin de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) se quejaba de que la Agencia Tributaria no resuelve por telfono todas las dudas que se le plantean acerca de la amnista fiscal, sino que, en el instante en que las consultas profundizan, requieren a los consultantes para que se presenten en las oficinas de la Administracin. A juicio de Asefiget, obligar a evasores de impuestos o a sus asesores- a dar la cara ante los funcionarios de Hacienda, aunque sea por peticin de informacin de aqullos, rompe el principio de confidencialidad en que la amnista fiscal ha de basarse para resultar eficaz. Es de suponer que el motivo por el que los funcionarios reclaman la presencia de los consultantes estribe en la dificultad de llevar a cabo un asesoramiento complejo y largo sobre regularizacin de activos de manera telefnica. Aparte de que, en cuanto se concreta la regularizacin en cuestin, puede necesitarse verificar informacin econmica de naturaleza reservada de la que un funcionario no puede hablar a la ligera por telfono sin identificar a la persona que est al otro lado. Seguramente, los asesores fiscales no pretenden que los funcionarios delincan con el fin de dejar a resguardo la impunidad de sus clientes.

Pero no se conformaba Asefiget con llevar las condiciones de confidencialidad al borde de la omert , sino que reclamaba una rebaja mayor de los porcentajes a pagar por los capitales que se hagan aflorar y que la amnista se extienda ms all del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, de tal forma que ninguna Administracin pueda exigir ningn tipo de deuda tributaria por ningn concepto a quienes se acojan a la regularizacin.

Lo ms paradjico de todo es que esta misma asociacin, Asefiget, haya emitido comunicados (uno de los ms recientes, el pasado 4 de septiembre) en los que denuncia con razn que la amnista fiscal supone una gran desigualdad entre las personas que han tributado lcitamente y las que, por el contrario, cometieron un delito no pagando los impuestos correspondientes. Se nos antoja como poco confuso que le preocupe tanto a esta reconocida agrupacin de profesionales la confidencialidad y el provecho de los delincuentes por encima de quienes tributaron lcitamente (hay otros muchos comunicados con la misma orientacin que pueden encontrarse en la pgina de la entidad, www.asefiget.com ).

Pero resulta ser esta actitud que antes calificbamos de jesutica la que ms ha abundado entre los asesores fiscales asociados. Y as, otra asociacin, AEDAF (Asociacin Espaola de Asesores Fiscales), ha llevado la contradiccin al delirio en un documento de quince pginas hecho pblico el pasado mes de julio y titulado Real Decreto-ley 12/2012. Declaracin tributaria especial. Propuestas para la mejora de la seguridad jurdica de los contribuyentes (tambin en su pgina corporativa, www.aedat.es ). La declaracin tributaria especial es la que se realiza con el impreso 750 aprobado por orden ministerial para quienes quieran hacer aflorar bienes o dinero.

AEDAF caracteriza la amnista fiscal sin circunloquios como ticamente reprobable, y aade que vulnera, adems, los principios constitucionales de igualdad, capacidad econmica y progresividad y que supone, en cierto modo, un reconocimiento del fracaso en la lucha contra el fraude fiscal. Pero, como semejantes defectos deben de parecerle a los miembros de AEDAF asunto de escasa importancia, dedican todo el resto del documento a desarrollar una batera de consejos, no para salvaguardar principios constitucionales (que despus de la invocacin inicial a los asesores les vienen a traer sin cuidado), sino para preservar la seguridad jurdica de quienes pretendan beneficiarse de la amnista decretada. AEDAF no vuelve a preguntarse ni una sola vez en el resto del texto dnde demonios va a quedar la seguridad jurdica (y el estmago) de los ciudadanos que s pagan sus impuestos.

Y en la lista de los consejos, lo primero es un guio al Gobierno, al que recomienda que se sirva de su mayora absoluta en el Parlamento para transformar el real decreto-ley en ley ordinaria y anticiparse a eventuales recursos de inconstitucionalidad por ruptura de las prevenciones contenidas en el artculo 86.1 de la Carta Magna en relacin con los lmites materiales de los decretos-leyes. Salvados eventuales recursos de inconstitucionalidad, la vulneracin de principios como el de igualdad, por lo visto, importa menos. Cuestin de pragmatismo.

Despus, en la misma lnea que Asefiget, y enfrascada en el propsito de lograr que se pisotee la Constitucin pero con seguridad jurdica, lleva AEDAF sus peticiones de refuerzo de la confidencialidad de los evasores y de paralizacin autoritaria de la Inspeccin fiscal a cotas realmente asombrosas. Parecindole desproporcionado que, segn prev el Real Decreto, no puedan acogerse a la regularizacin impuestos y periodos para los que la Inspeccin haya iniciado un procedimiento de investigacin y comprobacin, reclama que, en todo el tiempo de vigencia de la amnista y para ejercicios fiscales anteriores a 2010, la presentacin de la declaracin especial suspenda la inspeccin. Esto es, propone AEDAF que, por seguridad jurdica, los evasores puedan, no slo regularizar rentas ocultas con un pago irrisorio del 10 %, sino librarse de inspecciones ya iniciadas con el simple trmite de presentar la declaracin especial.

Si a lo anterior se le aade la pretensin (pgina 9 del documento) de que en el futuro las declaraciones especiales, cuyos datos no podrn ser empleados por la Inspeccin de los tributos, creen una presuncin absoluta frente a posibles comprobaciones por la Administracin, se entiende bien que lo que se persigue es una impunidad infranqueable, inatacable y eterna. En el epgrafe II.6 del documento se reivindica, en la cumbre de la desvergenza, que los protegidos por la amnista queden al margen de ciertas actuaciones de la Fiscala en orden a la prevencin del blanqueo de capitales.

La facultad de indultar que conserva el poder poltico en nuestro pas supone, dentro de la esfera del derecho penal, un rastro del Antiguo Rgimen (se que el ministro Gallardn toma por nuevo, y viceversa). Pero lo que reclama AEDAF aqu es nada menos que se conceda a quienes nos han estado robando a todos a lo largo de aos, a quienes han saqueado la riqueza pblica, a cambio de una ridcula ddiva con la que sobrellevar la poca de escasez, el blindaje para siempre ante una ley que, al cabo, solamente a los dems nos obliga. La destruccin del derecho, la inseguridad absoluta de la inmensa mayora, para que cristalice la total seguridad de unos pocos.

El mal se encuentra en el origen, y no es reparable con mejoras tcticas. Cmo va a ser reparable la pulverizacin de principios constitucionales que afectan a los derechos fundamentales de las personas? Era tan difcil para los asesores fiscales caer en la cuenta? Cmo se puede llamar seguridad jurdica al reconocimiento de la impunidad frente al propio ordenamiento jurdico? Nos hemos vuelto locos?

Pero, ms all del delirio de un documento escrito con mejor o peor fortuna, tal vez los asesores fiscales tendran que hacerse algunas preguntas bsicas acerca de la tica a la que llaman en la primera pgina de su informe. Tendran que preguntarse si es ticamente lcito que un asesor fiscal ayude a quien pretende engaar a sus conciudadanos, y si a los ciudadanos que s han pagado sus impuestos no les asiste el derecho a reprocharles que lo hagan.

AEDAF tena muy a mano la nica sugerencia de cambio normativo de la amnista fiscal que de verdad devuelve la seguridad jurdica a la sociedad: la derogacin del Real Decreto-ley 12/2012, la derogacin de la amnista. Y bueno hubiese sido que nos ilustrase con su experiencia profesional acerca de cmo mejorar en la lucha contra el fraude. Y an mejor que, siguiendo el magnfico ejemplo de la asociacin de cerrajeros que se neg a participar en desahucios, se negaran ellos como profesionales a asistir a evasores de impuestos. No hay nada que les fuerce a hacerlo; ni siquiera estn sometidos al rgimen disciplinario que constrie la accin de los funcionarios de Hacienda.

No se lo deben, acaso y por poner un ejemplo, a los miles de autnomos que se ahogan en la crisis y que constituyen la clientela de centenares de pequeas asesoras? No tendramos que haber esperado siquiera escuchar la voz discrepante de estas pequeas asesoras frente a los grandes despachos que han presionado al Gobierno para que multiplique los privilegios de los saqueadores? No podemos esperar los ciudadanos, y no nos debemos a nosotros mismos, actos inequvocos de dignidad en estos tiempos sombros en que las personas sumidas en la pobreza se arrojan por las ventanas?

 

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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