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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-12-2012

De los tratos de favor a la corrupcin que no cesa

Carlos Jimnez Villarejo
La Lamentable


El estallido pblico de nuevos casos de corrupcin que, esta vez, alcanzan al Partido de los Socialistas de Catalunya y, sin perjuicio del resultado final de la investigacin judicial, es muy preocupante. El momento siempre es inoportuno, sobre todo para los implicados, pero esta vez ms. El pasado 23 de Octubre se public la reforma de la Ley de Financiacin de los Partidos Polticos de 2007 (L.O. 5/2012). En ella se fija el presupuesto de este ao para los gastos de funcionamiento y de seguridad de los partidos con representacin parlamentaria. Exactamente, 69.165.000 . Una suma elevadsima, en relacin con las partidas que se reducen drsticamente para los servicios pblicos esenciales. Qu contradiccin!

Pero, vayamos por partes. Prestigiosos socilogos norteamericanos hacen una distincin entre tres formas de corrupcin, la blanca, la gris y la negra. Depende de los factores que concurran en cada una de ellas, la naturaleza de las infracciones legales, el perjuicio econmico causado al erario pblico o, entre otros, el deterioro sufrido por las instituciones implicadas en ella. La denominada como negra es, en todo caso, delictiva. Y, precisamente, estos das, al tiempo de conocerse aquellos casos de corrupcin, los medios han dado cuenta de ciertas decisiones polticas que han generado entre la ciudadana dudas o, directamente, repulsa. Decisiones que, si bien no encajaran directamente en la corrupcin negra, suscitan dudas sobre su legitimidad.

Es sabido que la Consejera de Territorio y Sostenibilidad ha cedido la gestin de Aiges Ter-LLobregat a la sociedad Acciona Agua, en un proceso ms que discutido por la privatizacin de un bien tan esencial como el agua para la comunidad. La sociedad Agbar, disconforme con tal decisin, la ha impugnado. Pero concurre, en este proceso un dato significativo y no irrelevante. Un alto cargo de la Generalitat, el Presidente del Consell Asesor per al Desenvolupament Sostenible, rgano asesor de la Presidencia, es desde el 20 de Marzo de este ao Ferran Rods Vil, (1) quien a la vez es Consejero desde el 4 de Junio de 2009 de la sociedad Acciona, matriz de la sociedad adjudicataria? Ha habido un trato de favor? En qu zona de la corrupcin estaramos?

Simultneamente, se ha sabido que la Consejera de Salud -el conseller, Boi Ruiz, est pendiente de una querella por delitos, entre otros, de corrupcin- ha decidido, por vez primera en la historia de la sanidad pblica catalana, adjudicar la gestin del Centro de Asistencia Sanitaria y siete Consultorios de LEscala (Girona), a la empresa Eulen, SA, durante diez aos por un importe de 24 millones de euros. Es una sociedad, propiedad de la familia lvarez Mesquiriz, que, salvo su filial Euxa, dedicada a la atencin de personas de la tercera edad, est calificada en el Registro Mercantil como lder en Espaa en prestacin de servicios intensivos en personal , como gigante espaol en servicios o especialista en seguridad privada, limpieza y logstica. Y, que se conozca, sus actividades principales son la explotacin vincola -Bodegas Vega Sicilia- y ganadera -sociedades Valles del Esla y Neal-. Pese a ese particular perfil, encabeza el rechazable proceso de privatizacin de la sanidad catalana. Por qu? Dicen que super a la Fundaci Salut Empord, actual gestora de dichos centros, en la calificacin de los requisitos exigidos. Pese a que carece de toda experiencia en la gestin sanitaria. Ya veremos lo que hay detrs de esta discutible y brumosa decisin.

En este contexto, salta a la publicidad la corrupcin ya citada. De la que, segn los datos disponibles, no puede dudarse de su carcter delictivo. Siempre segn esos datos, el Ayuntamiento de Sabadell, en los ltimos dos aos, durante los procedimientos de contratacin de obra publica de su competencia, resolva sobre las adjudicaciones, se entiende que a empresarios del sector, exigiendo cantidades previas de aproximadamente 120.000 , mas una comisin ilegal sobre el coste total de la obra. Estaramos ante delitos de prevaricacin, cohecho y otros. De comprobarse los hechos -ya ha habido 12 detenciones y estn previstas unas 25 inculpaciones- es evidente su suma gravedad. An no se sabe si los beneficiarios de las comisiones ocultas -solo naturalmente entre los partcipes- son los polticos y funcionarios que intervenan en el procedimiento o el partido al que pertenecen los implicados -el PSC- como forma de su financiacin ilcita.

Lo que resulta claro es que estamos ante un supuesto de corrupcin negra. Muy grave, porque difumina la ecuacin entre las instituciones y la legalidad y las deslegitima ante los ciudadanos, ya demasiado cansados y decepcionados de unas Administraciones que solo merecen un duro reproche. Y es de especial gravedad proviniendo de un partido que impuls y aprob la LLei 3/2007 de 4 de julio, de Obra Pblica, que, complementando otras disposiciones estatales y autonmicas, pretende asegurar que el modelo de contratacin de obra pblica garantice la libre concurrencia y la eficiente utilizacin de los fondos pblicos, as como, entre otros objetivos, transparencia y publicidad en el proceso de contratacin e informacin de las adjudicaciones de los contratos. De comprobarse los actuales indicios sera adems una traicin. LLei que fue una consecuencia de la denuncia, entonces histrica, del llamado 3% para afrontar el problema de la corrupcin que subyace siempre en la contratacin pblica. Es de sobra sabido que el 3% hace referencia al pago ilcito por los particulares a la Administracin de una comisin que representa un porcentaje sobre el precio fijado en los contratos administrativos, comisin que se abona como condicin para obtener la adjudicacin en perjuicio de los competidores o como forma oculta de beneficiar al partido poltico que controla esa esfera de la Administracin, y que, adems, encarece injustificadamente la obra o servicio contratado.

El profesor Caciagli, analizando el caso italiano, afirmaba que estaba acreditada la propagacin del intercambio corrupto en todas las reas de la intervencin publica en la economa y, particularmente, en las obras pblicas, porque los procedimientos administrativos contenan factores inductores de la corrupcin. En efecto, de nuevo han fallado los contrapesos y controles establecidos para evitar este intercambio de favores que crea un mercado ilegal entre los polticos, los burcratas y los empresarios. Fallo evidentemente calculado para garantizar la clandestinidad de los intercambios y que necesita de la complicidad -favorecida por la superioridad jerrquica- de los responsables de dicho control. La consecuencia ha sido una suma de decisiones y actuaciones ilegales -por violacin de las normas-, ilegtimas -por antidemocrticas- e ilcitas -por su carencia absoluta de criterios propios de la tica pblica. Como han expresado muchos especialistas, esta corrupcin, posiblemente, mas que otras, es un ejercicio continuado de deslealtad con los valores democrticos. Por todo ello, lo razonable sera que, los ya imputados, cesaran en sus cargos pblicos.

En cuanto a la conducta que se atribuye al Diputado Daniel Fernndez, de ser cierta, es indiciariamente un delito de trfico de influencias. Pero es tambin preocupante que en el seno de la socialdemocracia catalana pervivan elementos propios de clientelismo, que es una forma modernizada de caciquismo, por el cual los que ocupan posiciones de poder poltico en un estrato superior se aprovechen de esa superioridad para cuestionar o anular decisiones ajustadas a la legalidad de los responsables pblicos que estn situados en un nivel poltico inferior. No es aceptable en modo alguno.

Qu razn tena el jurista alemn J. Roth cuando afirmaba: La corrupcin en todas sus variantes destruye silenciosa y eficazmente las instituciones democrticas (2).

Notas:

(1) Ferran Rods s el principal accionista del diario Ara

(2) Alejandro Nieto, Corrupcin en la Espaa democrtica. Ariel,1997. Pg 264.

Carlos Jimnez Villarejo ex Fiscal Anticorrupcin

Fuente: http://lamentable.org/?p=7194


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