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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-12-2012

El 7D y la democratizacin prometida
La palabra empeada

Jorge Orovitz Sanmartino
Rebelin


1-

El 7D, a pesar del fallo de la cmara en lo Civil y Comercial que posterga la medida cautelar sobre los artculos 45 y 161, quedar, indiscutiblemente, como una fecha relevante para la historia de nuestro pas. Se postergar unos das ms, quiz algunas semanas, pero el desenlace se aproxima. Se equivocan los que piden pasar a cosas ms importantes. El conflicto por la ley de medios se ha transformado en un punto material de condensacin de los conflictos, tensiones, y desafos que atraviesa la democracia argentina. Es el punto de interseccin de los intentos de la derecha poltica, las corporaciones mediticas y la opinin pblica conservadora y satisfecha del pas, con la incapacidad manifiesta de un gobierno que se autoproclama nacional, popular y democrtico pero que no ha sabido y no ha querido desarrollar todo el contenido radical y transformador que esa autodenominacin implica, aceptando, por su propia esencia, las reglas de juego del sistema poltico imperante, que l mismo vino a salvar con la debacle del rgimen poltico del 2001.

2-

La opinin pblica conservadora ha batido, desde mucho antes a los primaverales das del 13S y el 8N, el parche de la independencia judicial. Libertad de expresin, divisin de poderes, justicia o la ms temeraria democracia (como si viviramos bajo una dictadura) se transformaron en las consignas de orden del bloque de la oposicin de derecha y los grupos mediticos concentrados, logrando la proeza ideolgica de establecer, en amplios sectores de la poblacin, una igualdad entre libertad de empresa y libertad de expresin. El grupo incluso difundi publicidad donde esa defensa se haca manifiesta al exigir del consumidor que sea l, mediante el control remoto, en la soledad de su hogar quin decida (cada da) la legitimidad de la tenencia de licencias, el ejercicio monoplico de la informacin o las fusiones fraudulentas con las que se alz el imperio meditico (que, dicho sea de paso, la justicia independiente nunca sancion). El ciudadano-consumidor debera estar ducho acerca de la controvertida absorcin de Cablevisin por Multicanal, que implic una concentracin del mercado de televisin por cable que en las grandes ciudades supera el 70%, o muy informado sobre la eliminacin forzada por la libertad de mercado de decenas de cooperativas en el interior del pas, para no hablar de la compra concertada de Papel Prensa con la connivencia de la dictadura militar. Pero no es el consumidor aislado quien dicta las reglas de juego de la poltica comunicacional, sino la colectividad organizada en el demos. La apelacin al control remoto, que fue acompaada por personajes como Patricia Bulrich, Federico Pinedo y Oscar Aguad entre otros, confunde liberalismo con democracia, la divisin de poderes o la libertad de opinin y en general los derechos humanos bsicos frente al potencial arbitrio del Estado, con la soberana popular expresada por la legislacin surgida del voto popular. Mejor dicho, no los confunde sino que los suplanta, transformando todo intento de reformas, por ms gradual y moderada que sea, en un ataque a la constitucin y a la libertad, en particular a la propiedad privada. As fue con la expropiacin de Aerolneas Argentinas, las AFJP, Ciccione y as ser en el futuro. La libertad, aqu en Argentina, pero tambin en Ecuador, Bolivia o Venezuela se ha transformado, igual que la apelacin a la defensa de las instituciones, en la trinchera preferida por el establishment econmico y poltico en la defensa de sus intereses, incluso contra gobiernos democrticamente elegidos como en Honduras y Paraguay, a los que han, paradjicamente, derrocado en nombre de esa misma libertad.

3-

El enredo judicial en torno a los artculos mencionados ha sido otra excusa ms para denunciar el totalitarismo gubernamental, que pretendera avasallar las instituciones de la repblica, en este caso, del poder judicial. El entuerto estaba cantado, porque se tena por muy probable que el fuero civil y comercial, ay, tan acostumbrado a codearse con los hombres de negocios!, dilatara el tema ms all del 7D, extendiendo la cautelar, que de manera inslita ya lleva ms de 3 aos!, un record que difcilmente ningn otro mortal en este pas podra lograr sin el poder financiero y poltico del Grupo Clarn. Se trata de la extensin de una medida cautelar por tiempo indeterminado, a horas del vencimiento del plazo legal, confeccionado a la medida del grupo y en nombre de la independencia. El reclamo de la Comisin Nacional de Proteccin de la Independencia Judicial ya anticipaba la resolucin de la Cmara, amn de dar consejos a todos los poderes, incluida la prensa, como si fueran semidioses depositados por el destino en el Olimpo moral de la ecuanimidad y la mesura. Mientras las chicanas judiciales de recusaciones y renuncias practicadas por el gobierno (que estn dentro de las normas de justicia) fueron denunciadas como si se tratara del incendio del Reichstag, la prrroga ad aeternum de las medidas cautelares contra una ley votada por las dos cmaras del Congreso fueron consideradas como actos soberanos e independientes de un poder del Estado. La defensa de la justicia evita mencionar el carcter reaccionario de la corporacin. Se trata de una justicia de ladrones de gallina, de aparente imparcialidad e independencia y lazos efectivos con los grandes grupos econmicos, familias distinguidas y la sociedad influyente, un conglomerado que goza de privilegios inauditos, carece de legitimidad por el voto popular y no pueden ser revocables sino mediante el engorroso y difcil trmite de juicio poltico. Y a diferencia de pases como Bolivia, que han decidido iniciar un proceso de reforma integral del sistema de justicia, aqu el gobierno, despus de la conformacin de una nueva Corte Suprema, dej intacto todo el andamiaje judicial, sumndose a la lgica corporativa intentando impulsar sus propios jueces en vez de avanzar hacia una reforma democrtica profunda y radical del sistema de justicia. Frente los que denuncian al gobierno por avasallar las instituciones no viene mal recordar que, como partido del orden en aquellos agitados das de 2003, fue el que permiti reconducir el rgimen poltico cuando amplias mayoras exigan una profunda modificacin del sistema institucional. Mientras que en pases como Venezuela, Bolivia y Ecuador se han impulsado reformas constitucionales que, algunas ms otras menos, han reformulado el sistema poltico aqu, el kirchnerismo, ha rechazado cualquier intento de cambiar la Constitucin neoliberal del 94, dejando a sus instituciones en pie. El kirchnerismo gobern desde la periferia interna de este rgimen poltico y por eso mismo es ahora preso de un sistema judicial profundamente reaccionario, as como lo fue en el terreno econmico de la indita coalicin de la burguesa agraria que lo enfrent en 2008 y que el mismo gobierno haba promocionado como atajo fiscal a una genuina reindustrializacin nacional. Lo mismo ha sucedido con la aceptacin de los tribunales extranjeros en el canje de deuda, que desemboc en el dolor de cabeza del juez Griesa o la asociacin con las petroleras como Repsol, que culmin con un dficit monumental en la balanza comercial energtica, para no mencionar su manejo del sistema monetario, que culmin con el alzamiento del inefable Martn Redrado. Frente al poder constituyente del pueblo movilizado contra todas las instituciones neoliberales encarnadas por el viejo sistema de partidos, el kirchnerismo opt por reconducirlo dentro del lecho de Procusto de la actual Constitucin y de la democracia liberal imperante, que ahora le reclama, como el Mercader de Venecia, su libra de carne.

4-

El lobby de Clarn se replica en Amrica latina bajo la misma lgica de defensa de los intereses comerciales y de negocios e incursiona en la poltica transformndose en un poder poltico que desestabiliza gobiernos y crea corrientes y climas adversos a cualquier reforma popular. El mismsimo Lula Da Silva se quej de la campaa sucia contra el PT por parte de O Globo, de la misma manera que los medios del grupo Cisneros y otros en Venezuela fueron artfices del golpe de 2002 y del paro petrolero del 2003. Como lo indica Martn Becerra: Los grupos concentrados, reluctantes a cualquier cambio que ponga en riesgo sus posiciones privilegiadas, constituyen una suerte de marca de la constitucin meditica del imaginario nacional en pases como Mxico (Televisa), Brasil (Globo), Argentina (Clarn), Colombia (Caracol-El Tiempo), Chile (Mercurio) y Venezuela (Cisneros) [1]. El autor menciona la Relatora para la Libertad de Expresin de la OEA, que muestra un ndice de concentracin de medios que desde 2004 aument en todo el continente, lo que implica un mayor poder para los capitanes de la industria de la comunicacin, y una mayor concentracin geogrfica, empobreciendo la diversidad cultural y de la informacin. Inexorablemente, ante los intentos en diversos pases como Venezuela, Uruguay, Brasil, Ecuador, Chile, ya sea de los gobiernos o de la sociedad civil para revisar la legislacin y recortar el poder meditico de estos grupos permitiendo una mayor democratizacin de la palabra, los barones y las instituciones que la representan, como la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), han salido a impedirlo, lanzando campaas en defensa de la libertad de expresin y contra la intromisin del Estado. El reverso ha sido el intento por parte del Estado de acaparar medios de comunicacin mediante una programacin de baja calidad, recursos mediticos pobres y basados en la propaganda, carentes de proyectos que den poder real y efectivo a las organizaciones populares, a una esfera pblica no estatal, lo que ha dado argumentos a las corporaciones mediticas sobre los intentos de crear monopolios estatales.

5-

El ejemplo del gobierno de Cristina Fernndez est suficientemente documentado. Durante ms de 3 aos, el rgano de aplicacin de la ley de medios audiovisuales, el AFSCA, no ha logrado avanzar en la democratizacin de los medios. La ley fue promovida por un amplsimo abanico de organizaciones populares y de la sociedad civil que venan exigiendo la democratizacin de los medios, incluso contra el propio gobierno de Nstor Kirchner, quin como socio de Clarn hasta la crisis con la burguesa agraria de 2008, le haba renovado sin revisin las licencias por 10 aos y facilitado la fusin de empresas. Muchos de los puntos de la ley fueron recogidos de las propuestas realizadas por la coalicin por una Ley de Radiodifusin para la Democracia, con el objetivo de lograr el mayor consenso posible. Pero muchas de sus propuestas han quedado en el papel y no se han efectivizado. Los medios comunitarios y alternativos han denunciado las trabas burocrticas y econmicas para hacerse con los pliegos de licitacin y reclaman que se cumpla con la reserva del 33% a los medios comunitarios, alternativos y populares, distinguindolos de las fundaciones y otras asociaciones sin fines de lucro pero asociadas a grandes empresas. Tambin exigen el cese de la precarizacin laboral de los trabajadores de medios y la defensa de su opinin contra la censura.

La lgica del AFSCA parece puramente comercial, intentando ocupar el lugar que debe dejar Clarn en favor de otros grupos concentrados con los que tienen mejores relaciones, cambiando un grupo capitalista por otro. La televisin digital, para los medios comunitarios es sencillamente inalcanzable. En vez de combatir el liberalismo seudo democrtico de los grupos empresarios y la derecha poltica profundizando la participacin popular real y efectiva en los medios de comunicacin, el gobierno ha decidido desde la altura combatir al monopolio Clarn con los mtodos y la lgica del mismo grupo al que se quiere combatir. Pero el colmo del fraude ha sido la aceptacin por Martn Sabatella, titular del AFSCA, de los planes de reestructuracin ofrecidos por el grupo Uno de Vila-Manzano, que sencillamente han colocado a familiares como testaferros de las empresas, algo que Clarn aplicara sin ninguna duda si maana fuera obligada por el fallo de la Corte a vender parte de las licencias. Tambin ha avalado sin estudio las propuestas de Amrica, Prisa, Telefnica, Cadena 3, Indalo de Cristbal Lpez y otros grupos empresarios. El gobierno nacional, que ha hecho de la ley de medios una nueva causa nacional, est a punto de defraudar no slo a toda la coalicin por una radiodifusin democrtica que le ha dado vida a la ley, sino a propios y extraos, al permitir de manera inslita la venta a testaferros como equivalencia de desmonopolizacin. Sera un caso nico en todo el mundo y llevara a punto muerto todo el proceso de democratizacin potencial de los medios de comunicacin.

Unos das antes el AFSCA haba salido en defensa de Telef, sosteniendo de manera inslita que no tiene ningn vnculo con Telefnica de Argentina porque es dependiente de su controlante Telefnica de Espaa, haciendo de abogado del monopolio espaol, al que slo le reclama reducir la cuota del 45% al 35%.

6-

Gran parte de los movimientos sociales y medios alternativos han planteado correctamente la defensa de la ley contra los intentos del Grupo Clarn por eludirla, al mismo tiempo que exigen que se cumpla de manera ntegra y se abra un proceso de genuina democratizacin. Su reverso ha sido la actitud de una parte de la izquierda que ha rechazado la ley desde un comienzo, bajo el pretexto de que sin eliminar la propiedad privada no hay ningn genuino proceso de democratizacin. Un planteo correcto que, abstrado de un programa transicional, se transforma en una demanda maximalista que empalma con la exigencia reaccionaria de no tocar la ley de la dictadura y que termina denunciado a los que la mejoraron. Al revs, aquellos que han apostado por una nueva ley de medios e intervinieron en el debate para lograr la mejor ley posible, hoy estn mil veces en mejor posicin para reclamar por lo que no se cumple e ir ms all del carcter formalista de la ley para incursionar en debate de fondo sobre el contenido de una real diversidad de voces en el campo de la informacin y la cultura. Es que la idea de asegurar los derechos formales al ejercicio de la radiodifusin no implica el ejercicio real de ese derecho. Los derechos de ciudadana, sin la capacidad material para ejercerlos se vuelven un puro formalismo que no hace otra cosa que subrayar el contraste entre derechos hipotticos y realidades efectivas. Mientras el derecho iguala a todos los ciudadanos, el proceso econmico efectivo los hace profundamente diferentes. Para que el ciudadano ejerza derechos debe tener la capacidad material de hacerlo, lo que exige dotar a todas las organizaciones populares, pueblos indgenas, sindicatos, universidades, organizaciones estudiantiles, movimientos territoriales, asociaciones de todo tipo y color, el soporte material, el acceso al saber y la capacidad tcnica y econmica, para hacerse dueo de la palabra. Slo en estas condiciones la libertad de expresin puede hacerse efectiva, una potestad reida con el dominio en el campo informacional de la lgica empresarial, que otorga palabra y reconocimiento slo a quien tenga la capacidad de reunir el capital requerido. Para el negocio de la comunicacin, el valor de uso de la palabra slo puede realizarse a condicin de realizarse primero como valor de cambio, algo que difcilmente logren los wichis de Formosa o los estudiantes de San Juan. Por eso, el derecho real a la palabra slo puede alcanzarse a condicin de socializar los medios de comunicacin, para que sean reapropiados por la sociedad entera. Pero claro, los derechos materiales a la palabra no pueden oponerse a los derechos formales. Como dijo Marx ya por 1843, la emancipacin poltica no es la emancipacin humana, pero es un gran avance. As tambin, la democratizacin formal expresada por la ley de medios no es la democratizacin material de la palabra, pero como ley formal es un gran avance. Un avance que Clarn quiere impedir y que el gobierno de Cristina Fernndez est a punto de hundir aceptando testaferros y promoviendo nuevos monopolios. Como lo han expresado muchos movimientos sociales y medios comunitarios, vamos por la ley de medios, por su aplicacin cabal y desde all y sin solucin de continuidad y como parte de un programa anticapitalista, por la democratizacin real de la palabra.

Nota:

[1] Martn Becerra, Terremoto meditico en Amrica Latina. El Diplo, Edicin N 152, febrero de 2012.

Jorge Orovitz Sanmartino. Socilogo, UBA, integrante del EDI y de la Junta Comunal N 7.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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