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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-12-2012

La Constitucin de un rgimen autoritario en Egipto

Aliaa Al-Korachi, Hba Hasreddin, Unin Sindical Solidaires
Viento Sur


El 22 de noviembre de 2012, el presidente egipcio Mohammed Morsi emiti un decreto que le daba poderes especiales. Frente a esta toma de control de la revolucin la movilizacin manifest su amplitud el 27 de noviembre. En este contexto, Morsi hizo acelerar los trabajos de una Constituyente estrechamente controlada por los Hermanos Musulmanes que, en una sesin de ms de 20 horas, adopt, el 30 de noviembre una Constitucin de 234 artculos que debe reemplazar a la Constitucin existente bajo el rgimen de Hosni Mubarak. Morsi decidi que la nueva Constitucin sera sometida a referndum el 15 de diciembre. Frente a la nueva ola de movilizacin de un amplio abanico de opositores, los Hermanos Musulmanes han salido tambin a la calle. El 4 de diciembre, los opositores al rgimen autoritario que Morsi quiere poner en pie y estabilizar, hicieron una gran demostracin de fuerzas ante el palacio presidencial de Helipolis. El 5 de diciembre, tuvieron lugar enfrentamientos entre las tropas de los Hermanos Musulmanes y los opositores ante el palacio presidencial.

Antes de analizar ms a fondo la naturaleza del enfrentamiento social y poltico en marcha en Egipto, nos parece til dar a conocer a quienes leen esta revista argumentos crticos sobre el proyecto antidemocrtico de la Constitucin. Completamos este texto con una declaracin del sindicato SUD Solidaires, que subraya la poltica antiobrera y antisindical del rgimen y la importancia de apoyar al movimiento por un sindicalismo independiente en Egipto, uno de los nuevos elementos presentes en la revolucin que hizo caer la dictadura de Mubarak. (Redaccin de A lencontre]

El proyecto de Constitucin limita la duracin del mandato del presidente de la Repblica a cuatro aos y le prohbe ms de dos mandatos sucesivos. Sin embargo, anula el texto que hace obligatorio el nombramiento de un vicepresidente, votado por los egipcios en el referndum de marzo de 2011. Repartidas en una veintena de artculos, las prerrogativas del jefe del estado siguen siendo muy amplias, an cuando la forma cambie al exigir que las decisiones del presidente sean aprobadas por el Parlamento o mediante un Referndum. El presidente nombra al jefe del gobierno (139) y declara el estado de urgencia (148).

Tiene el derecho a disolver el Parlamento (127-139) y de promulgar decretos con fuerza de ley (131). Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas (146). Elabora las polticas del estado (140) y aprueba los tratados y los acuerdos con los pases extranjeros (145). El proyecto ignora el enjuiciamiento al jefe del estado por corrupcin poltica. Su enjuiciamiento no puede tener lugar ms que en caso de criminalidad y de alta traicin, pero el texto no define esta ltima. El acta de acusacin debe ser presentada por la tercera parte de los diputados de la Asamblea del Pueblo y aprobado por los dos tercios y ya no por el fiscal general. El proyecto se salta al poder judicial concediendo al jefe del estado el derecho de amnista o de reduccin de una pena (149). El artculo 150 permite al presidente convocar a los electores a un referndum sobre cuestiones importantes que afecten al pas, sin precisar la naturaleza de esas cuestiones.

El Consejo Consultivo, una ciudadela

El artculo 131 concede prerrogativas suplementarias al Consejo Consultivo. Este artculo concede a esta Cmara el derecho a ejercer ella sola el poder legislativo en caso de disolucin de la Asamblea del Pueblo. El artculo ha sido aadido en los ltimos debates con el pretexto de recuperar el poder legislativo del presidente de la Repblica. En realidad, el artculo apunta en primer lugar a impedir la disolucin por la justicia de esta Cmara alta del Parlamento en la que los islamistas ocupan la mayora de los escaos. El texto neutraliza los recursos presentados contra la composicin del Consejo Consultivo ante la Alta Corte Constitucional.

El artculo 202 da al Consejo Consultivo otras prerrogativas, entre ellas la de aprobar el nombramiento por el Presidente de la Repblica de los jefes de los organismos de control. Estos jefes no pueden ser suspendidos de sus funciones ms que con la aprobacin de la Mayora del Consejo. Un texto que est en contradiccin con las prerrogativas de esos organismos encargados de controlar los gastos de dinero pblico, incluyendo los del Consejo Consultivo.

El Tribunal Constitucional, menos jueces

El Tribuna Constitucional, que ha emitido veredictos contra los deseos de la Hermandad, es sealado en el artculo 179. El Tribunal Supremo Constitucional est formado por un presidente y diez miembros. La ley define las autoridades, judiciales o de otro tipo, encargadas de nombrarles y determina las condiciones y el mtodo de su nombramiento. El artculo reduce as el nmero de magistrados miembros del Tribunal de 19 a 11. El artculo 233 estipula que los 8 jueces de ms en el Tribunal actual son los ms jvenes y exige su retorno a sus instancias judiciales de origen, de las que fueron seleccionados antes de sumarse al Tribunal Constitucional. As el presidente puede librarse de sus grandes enemigos en el Tribunal, Tahani Al-Guebali y Hatem Bgato.

Se mantiene el juicio de civiles por tribunales militares

Un artculo que prohiba el juicio de civiles por tribunales militares ha sido anulado en el ltimo minuto. El artculo 198 relativo a los tribunales militares permite llevar a los civiles ante la justicia militar por los crmenes contra las Fuerzas Armadas, que sern definidos por la ley. El artculo mantiene intacto el derecho de los militares a juzgar a civiles bajo el cdigo de la justicia militar que ha sido utilizado durante mucho tiempo para reprimir a la oposicin. El artculo da a los jueces militares, nombrados por el Ministro de Defensa, los mismos derechos y la misma inmunidad que a los jueces normales.

Detencin y tortura

El texto en el captulo II sobre los Derechos y Libertades prev garantas bsicas contra la detencin arbitraria (artculo 35) y contra la tortura as como los tratos inhumanos (artculo 3). Sin embargo, no prohibe totalmente el uso de la tortura. En efecto, el artculo 36 estipula que un ciudadano detenido o encarcelado () debe ser tratado de una forma que proteja su dignidad. No debe ser intimidado, ser objeto de presiones o ser herido fsica o psquicamente. El cdigo penal, por su parte, limita slo el uso de la tortura fsica y en los casos en que los sospechosos hayan sido oficialmente acusados. Adems, la nueva versin no prohbe ya claramente la difamacin de los detenidos en los medios.

Libertad de la prensa: las manos atadas

El artculo 48 sobre la prensa no protege su libertad. No solo no impide el encarcelamiento de los periodistas, sino que adems no reconoce la prensa como poder popular independiente. Permite el cierre y la suspensin de peridicos por resolucin judicial cuando la ley 147 del ao 2006 lo haba prohibido tras aos de lucha de los periodistas para conseguir ese derecho. El artculo subraya que la prensa debe respetar las exigencias de la seguridad nacional. Trminos ambiguos y vagos.

El acceso a la informacin, restricciones veladas

El artculo 47 amenaza seriamente el derecho a acceder a la informacin. Aunque estipula literalmente, contrariamente a la Constitucin de 1971, que la libertad de acceso a la informacin, a los datos, a las estadsticas y a la documentacin es un derecho garantizado por el estado al ciudadano, pone condiciones estrictas para el ejercicio de ese derecho. Ese acceso no debe entre otras cosas oponerse a la seguridad nacional.

Menores: la infancia perdida

Representan el 38% de la poblacin y no tienen derecho a decir no a esta Constitucin que ignora sus derechos ms elementales. Los nios estn casi ausentes de esta Constitucin. Solo el artculo 70 aborda los derechos del nio. Garantiza a los menores el derecho a un nombre, a los cuidados familiares, a la nutricin bsica, a la vivienda, a los servicios de salud y religiosos y a la proteccin en caso de desaparicin de su familia. El texto ha omitido sin embargo definir la edad lmite de la infancia ignorando as la Convencin Internacional de los Derechos del Nio, que considera como menor a toda persona de menos de 18 aos. El objetivo es hacer legal el matrimonio precoz de las nias. No hay ningn reglamento que se refiera al trabajo de los nios y su proteccin contra los riesgos en el trabajo. El artculo 70 prohbe el empleo de nios en tareas no adecuadas hasta la edad de escolaridad obligatoria, es decir, hasta los 15 aos. Legaliza as el trabajo de los menores. El texto autoriza tambin la detencin de los nios por una duracin determinada.

Estatuto de la mujer, la vuelta atrs

Ningn progreso en lo que se refiere a los derechos de la mujer. Bien al contrario, se produce un retroceso en relacin a la Constitucin de 1971. El artculo 33 prohbe la discriminacin y estipula que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Tienen los mismos derechos y deberes pblicos, las mujeres no son explcitamente mencionadas. Peor an, la frmula sin distincin basada en el gnero, que formaba parte del borrador precedente y que era tambin mencionada en la antigua Constitucin, ha sido suprimida en el ltimo minuto antes de la votacin final. La ausencia de referencia a la discriminacin sobre la base del gnero es percibida por mucha gente como una insistencia en el hecho de no proporcionar una proteccin constitucional a los derechos de las mujeres. El derecho de la mujer est mencionado en el artculo 10, pero solo en la posicin de madre. Segn ese artculo, el estado debe proporcionar servicios gratuitos para la maternidad y la infancia, y velar por el equilibrio entre las obligaciones de las mujeres hacia sus familias y su trabajo.

La charia: los islamistas cantan victoria

Aunque el denodado intento de los salafistas de reemplazar la frmula principios de la charia en el artculo 2 por preceptos de la charia no ha salido adelante, dejando el antiguo texto intacto, aparece un nuevo artculo 219 que es considerado como una especie de enmienda al artculo 2.

Presenta una explicacin de los principios de la charia que, segn el texto, engloban las reglas fundamentales y la jurisprudencia de las doctrinas sunitas. Segn los juristas, este artculo pondr al legislador en una situacin confusa y puede ser objeto de multitud de interpretaciones debido a las diferencias entre las doctrinas islmicas. Igualmente, suscita el temor de una intervencin de los islamistas en el cdigo penal.

Al-Azhar: un papel pblico

El artculo 4 da a la institucin sunita de Al-Azhar la tarea de interpretar la charia. Estipula que la opinin del consejo de Al-Azhar debe ser tenido en cuenta para los asuntos que conciernan a la charia. La palabra asuntos es vaga y puede ir ms all de una simple opinin. Podra dar a esta institucin religiosa un derecho de fiscalizacin sobre las leyes. Y stas no entraran en vigor ms que despus de su adopcin por el Consejo de los Grandes Eruditos de Al -Azhar, nombrados por el presidente.

5/12/2012

http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/951/10/124/979/Loin-des-idaux-rvolutionnaires-.aspx

Deriva dictatorial en Egipto

La Unin Sindical Solidaires da su apoyo a la Federacin Egipcia de Sindicatos Independientes (EFITU) que participa, desde el sbado 25 de noviembre, en la ocupacin pacfica de la plaza Tahrir.

La nueva central sindical intenta as protestar contra la voluntad del Presidente de la Repblica, Mohammed Morsi, de acaparar todos los poderes y de sustraer la Presidencia de la Repblica y el conjunto de las instituciones controladas por su familia poltica a todo control del poder judicial.

El jueves 22 de noviembre, el presidente Morsi, que acumula ya los poderes ejecutivo y legislativo, ha emitido una Declaracin Constitucional que prohbe todo recurso ante la justicia de sus decisiones ejecutivas o legislativas, as como contra la Constituyente o el Senado de mayora islamista.

Esto es tanto ms problemtico en la medida que la composicin de la Constituyente han sido denunciada ante la justicia. Los trabajadores, por ejemplo, estn representados por el ministro de trabajo, Khaled El Azhari, cuyo comportamiento desfavorable a los trabajadores han podido observar los sindicatos egipcios en el poco tiempo que lleva en el ministerio.

Los nicos artculos que mencionan a los trabajadores o la justicia social no son obligatorios ni para el estado ni para los patronos. Simultneamente, los textos protegen los intereses de los propietarios de fbricas y empresas.

Sin embargo, actualmente hay patronos que no pagan a sus asalariados, multiplican los despidos, cierran empresas poniendo a todos sus asalariados en el paro una vez que se han beneficiado de todas las ventajas y exenciones fiscales. Algunos, adems, han obtenido prstamos bancarios que no devuelven jams.

La Unin Sindical Solidaires comparte igualmente la inquietud de los trabajadores egipcios por una Declaracin Constitucional que da al presidente el poder de elaborar las leyes, de ponerlas en vigor y de privar a los ciudadanos de toda posibilidad de recurrir ante la justicia contra ellas.

Si, por ejemplo, el Presidente promulgara una ley que ordenara la disolucin de todos los sindicatos creados tras la Revolucin, nadie tendra derecho a oponerse a ella. Esta amenaza es tanto ms real cuanto que el presidente Morsi ha afirmado en el curso de su discurso del 23 de noviembre que iba a utilizar la ley contra quienes bloqueen la produccin o las carreteras. Esto significa que si promulga una ley que prohba las huelgas, concentraciones, sentadas, ocupacin de locales... los trabajadores no podran ya defender sus derechos.

La primera ley promulgada por el presidente despus de ese discurso ha sido un texto que autorizaba al estado a inmiscuirse en los asuntos sindicales. Le permite, en el seno de los sindicatos nacionales que existan bajo Mubarak, reemplazar a los dirigentes que hayan llegado a la edad de jubilacin por cuadros de los Hermanos Musulmanes (ley 97 del ao 2012 que modifica la ley 35 del ao 1976).

La Unin Sindical Solidaires denuncia tambin las medidas represivas que sufren regularmente los sindicalistas egipcios: acoso judicial, encarcelamientos, despidos, sanciones disciplinarias, cambios arbitrarios de puesto de trabajo... porque practican el derecho de huelga o el de crear sindicatos.

Denunciamos igualmente toda criminalizacin de la huelga o de las concentraciones.

La Unin Sindical Solidaires aporta su apoyo a los sindicatos egipcios que reivindican la garanta de las libertades sindicales en la Constitucin y las leyes, la elaboracin de un nuevo Cdigo del Trabajo que garantice los derechos de los trabajadores, la promulgacin urgente de una ley que establezca un salario mnimo y un salario mximo y la vuelta a su puesto de trabajo de los trabajadores despedidos arbitrariamente.

4/12/2012

http://alencontre.org/moyenorient/egypte/egypte-la-constitution-dun-regime-autoritaire.html

Traduccin: Faustino Eguberri para VIENTO SUR



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