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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-12-2012

Espaa
Pagos en efectivo, lucha contra el fraude fiscal y otros cuentos de navidad

Ricardo Rodrguez
Mundo Obrero

El autor, Agente de Inspeccin Fiscal de la Agencia Tributaria, partiendo de las nuevas medidas de la reciente ley 7/2012 que pretenden poner control al fraude fiscal sobre las operaciones en efectivo, analiza todo el conjunto de la poltica fiscal del PP y entra en la perspectiva del a su juicio acose y derribo a que ha sido sometida la fiscalidad en nuestro pas tanto por los gobiernos del PP como por los del PSOE.




1. Pagos en efectivo


La decisin del Gobierno de prohibir determinadas operaciones econmicas por cuanta igual o superior a 2.500 euros ha alcanzado bastante popularidad y ha sido discutida a lo largo de las ltimas semanas por miles de ciudadanos de a pie haciendo multiplicar las opiniones a favor y en contra. Lo cierto, no obstante, es que se trata slo de una de las medidas contra el fraude introducidas por la Ley 7/20121, que contiene otras quiz no tan llamativas pero s de mayor entidad desde el punto de vista fiscal.

Por lo que se refiere a la limitacin de los pagos en efectivo, la norma prohbe que estos pagos puedan llevarse a cabo a partir de 2.500 euros en las operaciones en las que al menos uno de los intervinientes sea empresario o profesional; eleva hasta 15.000 euros el lmite para los supuestos en que el pagador sea un particular no residente en territorio espaol, aunque el perceptor sea empresario o profesional, y no fija lmite ninguno para las operaciones entre particulares y para los pagos e ingresos realizados en entidades de crdito. La multa por incumplir esta limitacin ser del 25% del importe de la operacin, aunque se eximir de sancin a aquel interviniente en la misma que lo denuncie, exoneracin sta con evidente finalidad disuasoria por efecto del conocido como dilema del prisionero: se espera que muchos evitarn los pagos en efectivo ante el temor de ser denunciados por aquellos con los que cierren los negocios.

Por s sola es sta una medida razonable, que lleva aos operando en otros pases y que organizaciones como Izquierda Unida y los propios profesionales de la Agencia Tributaria haban reclamado haca tiempo. Una parte considerable de estos ltimos (el sindicato de tcnicos GESTHA, por ejemplo) incluso la han criticado por quedarse corta, al menos en la sancin prevista, dado que, en no pocas ocasiones, para el defraudador puede resultar rentable el riesgo de ser multado con un 25% de una operacin si se libra de gravmenes ms onerosos. A pesar de ello, es la primera vez que se establece un lmite semejante en nuestra normativa tributaria, y no est mal que por algo se empiece. Carece de justificacin la queja de muchos asesores fiscales basada en el hecho de que sea corriente en las transacciones de empresarios y profesionales el pago de cantidades elevadas en efectivo. Es justo este hbito el que hay que suprimir, porque imposibilita materialmente cualquier seguimiento de los movimientos de capital y, por el contrario, no ofrece ninguna ventaja legtima al trfico en un tiempo en que los avances tecnolgicos vuelven innecesario el trajn de grandes sumas en metlico.

2. Lucha contra el fraude

Pero, estando bien, no es nada ms que una medida que, tarde o temprano, algn gobierno, del signo que fuere, iba a aprobar. Como mucho, la precipitacin de la crisis la ha adelantado y an la ha dejado a medias. Es ms, la limitacin del pago en efectivo se encuadra en una ley de medidas contra el fraude, como antes adverta, que ha recogido alguna de las reivindicaciones histricas de los profesionales de la Agencia Tributaria y, entre ellas, unas cuantas de no escasa trascendencia.

Podemos hacer una enumeracin no exhaustiva pero s significativa.

Se aprueban nuevos supuestos de inversin de sujeto pasivo de IVA2, para ejecuciones de obras inmobiliarias y para entregas de inmuebles por parte de empresas a entidades financieras a cambio de dar por saldadas ciertas deudas. Es muy conocida la proliferacin de facturas falsas en el sector de la construccin; obligar a ingresar el IVA que pretenden deducirse a los propios contratistas es una magnfica idea para disuadirles de malas prcticas y tambin para centrar en ellos la labor de control de la Administracin, volvindola ms fcil y efectiva. De otra parte, si el ejecutor de las obras pretende recuperar las cuotas de IVA de sus gastos antes de final de ao, como a partir de ahora es probable que solamente disponga de IVA soportado, deber inscribirse en el registro de devolucin mensual (REDEME) y presentar regularmente todas sus facturas de gastos a Hacienda.

Como es buena idea la de imponer la inversin del sujeto pasivo cuando una empresa pacta la dacin en pago con un banco. Lo corriente es que los bancos acuerden con sus empresas deudoras que transfieran los inmuebles con los que cancelan las deudas a sociedades patrimoniales del grupo financiero, las cuales se van a deducir el IVA de la transmisin como si de una compra normal se tratase, mientras la empresa o bien va a diluir el ingreso del impuesto en procedimientos de aplazamiento de resultado incierto o va a entrar de manera inmediata en concurso de acreedores, fraudulento o no. Y al final Hacienda pierde el IVA por partida doble: por la deduccin de la sociedad patrimonial del banco y por el impago de la empresa. Solucin? Se obliga a ingresar el IVA al propio banco, que de esta forma pierde la ventaja que persegua con la maniobra.

Tambin ha sido un foco incontrolable de emisin de facturas falsas el rgimen de tributacin de pequeos empresarios en estimacin objetiva por mdulos del Impuesto de la Renta, en especial, de nuevo, si nos referimos al mundo de la construccin3. La Ley 7/2012 excluye del mtodo de estimacin objetiva a todos aquellos empresarios que tengan como destinatarios de sus actividades a otros empresarios o profesionales (es decir, a quien pueda aprovecharse fiscalmente de las facturas emitidas) y que superen un volumen de operaciones de 50.000 euros al ao. Hasta ahora, esta frontera se fijaba en 450.000 euros anuales. Por otra parte, en la actividad de transporte y en las relacionadas con el transporte, la reduccin del lmite se queda en 300.000 euros.

Muchos profesionales de la Agencia Tributaria creemos que, ya puestos, se deba haber llegado ms lejos y se tena que haber suprimido por completo el mtodo de estimacin objetiva. Hoy en da, no subsiste ninguna de la razones tcnicas que aconsejaron la implantacin de este rgimen de tributacin, y es en cambio un principio de justicia elemental que cada quien contribuya al fisco por su renta real. Es preferible rebajar los porcentajes impositivos a pequeos empresarios y autnomos, si es que acaso se viera necesario para evitar la ruina de muchos, a crear para ellos una ficcin que encubre miles de millones de fraude. Con todo, la restriccin introducida por la Ley 7/2012 es muy digna de mencin, porque hasta la fecha tanto los gobiernos del PP como los del PSOE se haban resistido con tenacidad a atacar a fondo el sistema de mdulos.

Las anteriores son tal vez las modificaciones de mayor enjundia que nos trae la nueva ley. Pero hay otras: nuevos supuestos de ganancias patrimoniales no justificadas, una nueva disposicin adicional que se incluye en la Ley General Tributaria obligando a declarar a Hacienda ciertos bienes y derechos situados en el extranjero, se establecen prevenciones para evitar la prdida de ingresos de IVA en declaraciones de concurso de acreedores, se crean nuevos supuestos de responsabilidad fiscal para atajar las estrategias de elusin por medio de tramas societarias y se aumentan notablemente las sanciones que se pueden imponer en procedimientos de inspeccin fiscal.

Y podramos aadir an algunos cambios que nos dej, de manera harto paradjica, el Real Decreto-ley 12/2012 en el mes de marzo, esto es, el decreto por el que se aprob la amnista fiscal. Destacamos dos. Se introduce una limitacin a las deducciones de gastos financieros de las empresas en el Impuesto sobre Sociedades. Uno de los mayores lastres de nuestro sistema tributario en los ltimos tiempos era el de la carencia de restricciones a las deducciones por gastos financieros de las empresas, salvo una limitacin extremadamente laxa por subcapitalizacin4, consintindose en cambio que la tributacin por los beneficios en los que tales gastos financieros se aplicaban pudiese llevarse a cabo fuera de Espaa. Ello convirti nuestro pas en un paraso para que las multinacionales se radicaran aqu fiscalmente con la exclusiva finalidad de endeudarse, deducirse la deuda financiera e invertir en el extranjero, o incluso trasladar ficticiamente la tributacin por los beneficios a pases de tipos impositivos corporativos muy bajos. La limitacin que fija el Real Decreto-ley pretende mitigar algo el efecto demoledor sobre nuestra economa de esta incomprensible laguna.

De otra parte, se establecen tambin lmites a la libertad de amortizacin por la adquisicin de elementos nuevos del activo material fijo (maquinaria o locales, por ejemplo), una libertad de amortizacin que permite a las empresas jugar con el tiempo al margen de las normas contables y segn su conveniencia.
Ahora bien, las limitaciones son tan holgadas que resultan casi simblicas. En el caso de la deduccin de gastos financieros se aprueba un lmite del 30% del beneficio operativo del ejercicio, pero se deja que la empresa se deduzca lo que sobrepase el lmite en los 18 aos siguientes. Adems, y aparte de que algunas de las constricciones a la ingeniera contable empresarial estarn en vigor solamente durante los aos 2012 y 2013, se ampla el nmero de aos para aplicacin de deducciones (de 10 a 15 aos en general, y de 15 a 18 para deducciones por investigacin y desarrollo y por innovacin tecnolgica).

La disponibilidad temporal de que gozan las empresas sobre sus deducciones y sobre la amortizacin de activos posee la mayor importancia. Imaginmonos el caso de que nosotros tambin pudisemos aplicarnos la deduccin por adquisicin de vivienda no cuando legalmente corresponda sino durante perodos amplios de 10 o 15 aos, cuando nos viniese mejor y en las cantidades que nos fueran ms rentables. Jugando de esta forma con el tiempo, y generando multitud de bases imponibles negativas en las empresas vinculadas entre s, hay grupos de sociedades que tributan en rgimen de consolidacin fiscal y que se han labrado reserva negativa suficiente para no tener que ingresar ni un cntimo al fisco, por cuantiosos que sean sus beneficios, hasta la prxima glaciacin, o quiz un poco ms tarde.

3. Los cuentos y la realidad

Llegados a este punto, el examen de las enumeradas medidas fiscales de manera aislada podra conducirnos a la muy errada impresin de que, a pesar de haberse quedado escasas, se han dado algunos pasos en la buena direccin, o cuando menos a considerar que existen aspectos positivos en la poltica fiscal del Gobierno que compensan su vertiente ms nefasta de, por ejemplo, la amnista fiscal.

S que se puede constatar que el hecho de que, excepcionalmente, se hayan establecido mecanismos de control en la ingeniera contable de las empresas cuando el Estado pasa por una angustiosa sequa de ingresos supone un reconocimiento tcito de que tenamos razn quienes venamos denunciando que por ah era por donde desaguaban y se perdan los recursos pblicos. Pero sera sorprendente que un gobierno como el actual hubiese osado horadar en lo ms mnimo los intereses de la clase social que lo sostiene. Para entender bien la orientacin real de las reformas fiscales, se han de encuadrar, cabalmente, en su correspondiente estrategia general de clase.

Y se ha de descartar de entrada el mito de la existencia de una poltica fiscal del PP y una poltica fiscal del PSOE. No hay tal, ahora, ni lo ha habido como mnimo desde principios de los aos 90 del pasado siglo. Sin entrar a discutir lo que pueda suceder en otras reas, en el mbito fiscal no hallaremos ni una sola diferencia, ni siquiera de matiz, entre el PSOE y el PP. Hay una nica poltica fiscal dictada por la lite econmica del pas y aplicada con absoluta obsecuencia por ambas formaciones polticas cuando les toca gobernar. Las diferencias en medidas concretas responden a las necesidades de cada momento de la lite (llmesela burguesa, oligarqua financiera o como se quiera; a estas alturas nos entendemos todos). En cosa tan seria como los impuestos, quienes mandan no dejan terreno para veleidades.

Este hecho cardinal explica aparentes contradicciones como que, segn se ha ido detallando ms arriba, un gobierno del PP apruebe algunas medidas racionales de control del fraude reclamadas por los profesionales de la Agencia Tributaria y, sin embargo, los ltimos aos del Gobierno de Rodrguez Zapatero se dedicasen a una delirante demolicin de la fiscalidad de las empresas. Hasta el punto de suprimir incluso diques tan modestos como la exigencia de mantenimiento del empleo como requisito para poder beneficiarse de la libertad de amortizacin de activos fijos. Fue eliminado tal requisito en diciembre de 20105 y, desde entonces, junto a ventajas como la deduccin de las provisiones de capital para indemnizaciones por despido, hemos estado financiando generosamente la destruccin de puestos de trabajo con dinero pblico por medio de una plyade de desgravaciones.

De la misma forma podemos entender las medidas del Gobierno de Rajoy antes enumeradas. La inversin del sujeto pasivo de IVA en ejecuciones de obra inmobiliaria o la reduccin de los topes de estimacin objetiva de pequeos empresarios hubiesen hecho aflorar cantidades astronmicas de fraude en el periodo lgido de la burbuja del ladrillo. Pero, una vez que sta estalla, el perjuicio de tales reformas va a cebarse en exclusiva con los pequeos empresarios, quienes, por lo dems, quedarn rehenes de su participacin pasada en la estafa general a cambio de unas migajas (Roma no paga a traidores). El foco de engorde de la plusvala se ubica en la actualidad en otros terrenos, y el Gobierno crea en ellos las vas de evacuacin para el fraude acumulado por las grandes empresas y los bancos. La amnista fiscal, por una parte, y por otra, y en bastante mayor medida, la creacin del popularmente conocido como banco malo, que no es otra cosa que un mecanismo de saneamiento del balance de las entidades financieras a costa de todos los contribuyentes, quienes habrn de cargar sobre sus sufridas espaldas los activos inmobiliarios sin salida6. En el monstruoso paquete que vamos a tragarnos, se incluye limpiar las cuentas del fraude fiscal asociado a la especulacin inmobiliaria de los aos milagrosos; los beneficios se los quedan ellos, como siempre. Y, si antes mencionbamos la paradoja de que en el mismo decreto que aprueba la amnista se incorporen ciertas limitaciones a los beneficios fiscales de las empresas, le sumamos a la inversa ahora que, exactamente un da despus de la publicacin en el BOE de la ley de medidas contra el fraude, apareciera la Ley 8/2012, de saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero, con nuevas exenciones y bonificaciones de impuestos que reducen al mximo el coste de deshacerse del lastre amontonado.

Por lo dems, se han mantenido bsicamente intactos, a travs del tiempo, los privilegios de figuras jurdicas como las Sociedades de Inversin de Capital Variable (las SICAV) en tanto que guarida para escapar al fisco de las grandes fortunas.

Del mismo modo que se ha mantenido la inveterada escasez de medios de nuestra Agencia Tributaria. Diversos estudios han probado que poseemos una de las Administraciones tributarias ms rentables del mundo; se calcula en 0,78 euros el coste de gestin de nuestra Administracin fiscal por la recaudacin de cada 100 euros lquidos, mientras en Francia se sita en 1,44 y la media europea es de 1,21 euros7. Sin embargo, el nmero de trabajadores de la Agencia espaola lleva una dcada movindose en el entorno de los 27.000, algo as como la cuarta parte que en Francia. El ltimo ao, las nuevas incorporaciones por oferta pblica de empleo apenas superaron el medio centenar en toda Espaa, entre inspectores, tcnicos y agentes de Hacienda. La misma oferta, poco ms o menos, que se prev saldr publicada en el BOE en este mes de diciembre, dentro del mandato de reponer un 10% de bajas en los cuerpos de prevencin del fraude8. En 2011 hubo ya una reduccin neta de efectivos, que se acentu en 2012 y volver a hacerlo en 2013. Un estudio recientemente publicado por UGT calculaba que, de mantenerse la actual falta de oferta de plazas y dado el alarmante envejecimiento de la plantilla, en apenas diez aos podramos encontrarnos con menos de 14.000 trabajadores, por debajo del nmero que haba en 1992, cuando la Agencia Tributaria fue creada.

En estas condiciones, cualquier medida de lucha contra el fraude fiscal se convierte en mera retrica. Y cmo puede suceder semejante cosa? Cmo es posible que en un pas con ms de un 20% de economa sumergida y con un volumen estimado de fraude prximo a los 80.000 millones de euros anuales se impida el incremento de medios materiales y humanos que han demostrado su efectividad en la tarea de atajarlo? Mera estupidez? O ser ms bien que, de la misma forma que interesa a la lite un porcentaje ms o menos alto de desempleo que presione a la baja los salarios y las condiciones de trabajo, le resulta deseable una sustanciosa cantidad de fraude que rectifique a favor de las grandes rentas el sesgo ya de por s regresivo de nuestro sistema fiscal? Al final, tambin en el campo de los impuestos estamos hablando de apropiacin de la plusvala.

Y es aqu donde venamos a concluir.

Tanto los gobiernos del PP como los del PSOE han venido desmantelando el sistema tributario, de manera deliberada y concienzuda desde hace veinte aos aproximadamente, en una pieza esencial del asalto a la democracia que algunos hemos denunciado ya en numerosas ocasiones.

Los objetivos primordiales que atribuye al conjunto de impuestos la Constitucin de 1978, con la que ambas formaciones polticas se llenan la boca todos los das, son inequvocos: el sostenimiento de los servicios pblicos, la justicia social y la redistribucin de la riqueza. Por ello se invocan los principios de igualdad y progresividad. La indecencia con que estos objetivos quedan relegados en los discursos oficiales y en el debate de los grandes medios ha ido alcanzando proporciones de autntico golpe de Estado.

Y, una vez desaparecida cualquier referencia a la justicia, a la igualdad, a la redistribucin de la riqueza o a la mismsima democracia, salvo para calificarlas como aspiraciones quimricas de ilusos, se convierte en dogma que la finalidad exclusiva de los impuestos es la de estimular la economa. Previsiblemente, se forja la teora de que todos los impuestos que mayor capacidad redistributiva poseen (los impuestos directos, el de la renta, el de patrimonio, el de sociedades) ahogan el crecimiento econmico y han de ser gradualmente reducidos hasta la casi desaparicin. Y los impuestos que gravan por igual a todos los ciudadanos independientemente de sus ingresos (impuestos indirectos y al consumo), o incluso ms a las capas populares que a los sectores acaudalados, permiten sanear las finanzas pblicas con rapidez al tiempo que dejan intacta la fortaleza del sistema productivo. La participacin democrtica de la ciudadana en el diseo de un ordenamiento tributario justo sencillamente se descarta, porque la poltica fiscal se pretende dictada por requerimientos estrictamente cientficos, con la inevitabilidad de la sucesin de los das y las noches9.

Adquiere gran predicamento la idea de que la rebaja constante del Impuesto sobre Sociedades liberar la energa creativa de las empresas, que invertirn ms, crearn ms empleo y, a la larga, incluso aumentarn los ingresos pblicos a pesar de la rebaja de tipos impositivos medios10. En los aos prodigiosos del ladrillo hasta pareca que llevaban razn. En cada campaa electoral, el PSOE y el PP, as como los principales grupos nacionalistas, se lanzaban a una competicin obscena para ver quin iba a desgajar ms trozos del Impuesto sobre Sociedades y quin iba a dejar ms raqutico el Impuesto de Sucesiones o el de Patrimonio. Toda la fiscalidad se carg sobre las rentas del trabajo.

Pero, cuando estall la crisis, qued al desnudo la estafa. El aumento vertiginoso del paro, en una economa patolgicamente dependiente del sector inmobiliario, hace desplomarse los ingresos, porque eran las rentas del trabajo las que sostenan la casi totalidad del gasto pblico, y el Estado se ve impotente, dado que durante lustros se le han arrebatado los instrumentos fiscales para salir de una situacin de honda crisis como la que vivimos.

Era, pues, todo mentira, pura propaganda para justificar el retorno a un sistema tributario feudal en el que los siervos sostienen la riqueza de los seores, que quedan exentos de impuestos, y en la actualidad sin ni siquiera el compromiso de proteger a sus vasallos. No haba ciencia alguna, sino una estrategia criminal de derribo de la democracia tronchando la espina dorsal del Estado que es el sistema tributario.

La izquierda no puede a estas alturas polemizar en el terreno de cortas miras de si se va a estimular ms o menos el consumo con sta o aquella reforma fiscal. Tampoco puede enredarse en el alcance de una u otra rectificacin tcnica. La nica reaccin legtima es la subversin completa del orden actual, para invocar de nuevo la justicia y la igualdad, nada menos. Y a partir de los principios, y no al revs, se crea lo dems.

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NOTAS

1. El nombre completo de la norma es Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificacin de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuacin de la normativa financiera para la intensificacin de las actuaciones en la prevencin y lucha contra el fraude. Da llegar en que nuestras autoridades hagan leyes cuyo texto de articulado sea ms corto que el ttulo.

2. Hablamos de inversin del sujeto pasivo de IVA cuando, de manera excepcional, la normativa tributaria contempla que sea el comprador de una mercanca o el destinatario de una prestacin de servicio quien ingrese la cuota correspondiente del impuesto en la Hacienda Pblica, aunque simultneamente pueda deducrsela en sus declaraciones de IVA al tratarse de un empresario o profesional. La finalidad de este mecanismo es evitar la evasin del impuesto en los casos en que sea muy alto el riesgo de que el sujeto pasivo natural no pague o desaparezca, si bien tambin se prev para posibilitar deducciones de otra manera imposibles (caso de que en una adquisicin intracomunitaria nos cobrara el IVA de su pas una empresa no espaola). Los supuestos tradicionalmente ms extendidos de inversin de sujeto pasivo son las compras de mercancas a empresas de otros pases de la Unin Europea (las adquisiciones intracomunitarias que citamos) y las prestaciones de servicios desde el exterior.

3. El motivo es fcilmente comprensible. Como el sistema de estimacin objetiva por mdulos permite que se tribute por unos parmetros fijos y no por la renta real obtenida en la actividad empresarial, los contratistas de estos pequeos empresarios (fontaneros, cerrajeros, escayolistas, etc.) pactaban con ellos la emisin de facturas por trabajos no realizados ni pagados, en ocasiones a cambio de cantidades menores en concepto de soborno. El pequeo empresario en mdulos no deba tributar por cada factura sino por una cuanta fija segn parmetros determinados, pero la sociedad constructora s se deduca las facturas como gastos en su contabilidad (Impuesto sobre Sociedades) y en su propia declaracin de IVA. Han existido sociedades con redes de pequeas empresas en mdulos como suministradoras regulares de miles y docenas de miles de facturas falsas.

4. Decimos que hay subcapitalizacin cuando una empresa realiza su actividad sin apenas emplear recursos propios, con casi todo el capital tomado a prstamo de entidades financieras, lo que entraa evidentes riesgos.

5. Si el lector se molesta en revisar la prensa del momento, descubrir para su estupor que se justific la eliminacin del requisito del mantenimiento del empleo en el fomento del empleo. Esto es, se fomentaba la contratacin de trabajadores concediendo beneficios fiscales a las empresas que despidieran; toda una hazaa del lenguaje orwelliano.

6. No estara de ms recordar en esta hora que un primer intento de sanear los balances bancarios de activos txicos inmobiliarios a costa del erario pblico, por la va del perdn de impuestos, fue la aprobacin por el Gobierno del PSOE en 2009 de las Sociedades Annimas Cotizadas de Inversin en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI). Forma societaria que naci, por cierto, segn el diario de sesiones del Congreso, con el incomprensible voto a favor de Izquierda Unida. El que firma estas lneas, que no es muy listo, fue de los pocos que advirtieron del desaguisado en su da (Ricardo RODRGUEZ, Otro chollo fiscal: las SOCIMI, en la revista electrnica Rebelin, 6 de noviembre de 2009, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=94667)

7. Fernando DAZ YUBERO, Aspectos ms destacados de las Administraciones tributarias avanzadas, Instituto de Estudios Fiscales. Entre otros estudios con cifras muy similares.

8. De nuevo las plazas sern exclusivamente de cuerpos especializados (inspectores, tcnicos, agentes) y no habr ni una sola de personal administrativo de cuerpos generales, lo que encierra la trampa de que al final los profesionales de cuerpos especializados tienen que encargarse del trabajo administrativo, en menoscabo de las tareas de investigacin y control que le son propias.

9. Entre nosotros, uno de los ms persistentes apstoles de la fiscalidad no progresiva y ajustada a los mandatos del mercado ha sido siempre el ex ministro socialista Miguel Sebastin. Vase, por ejemplo, su forma de argumentar a favor de la implantacin de un tipo nico en el IRPF (Miguel SEBASTIN, El tipo nico es ms justo y eficiente, El Pas, 3 de noviembre de 2007) y si se quiere mi respuesta (Ricardo RODRGUEZ, A vueltas con el tipo nico, revista electrnica Rebelin, 11 de noviembre de 2007, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=58821)

10. Las referencias tericas son conocidas y no vamos a extendernos en ellas aqu. La ms ilustre es la del economista norteamericano Laffer y su famosa curva presuntamente demostrativa de que se haba alcanzado en los pases industrializados el cnit a partir del cual sucesivas elevaciones de impuestos directos provocaran descensos de ingresos pblicos. Es sabido que la aplicacin de las recetas fiscales de Laffer por el Gobierno de Reagan llev a Estados Unidos al mayor dficit de la historia. A los neoliberales, sin embargo, la realidad nunca les estropea una buena grfica.

Ricardo Rodrguez es Agente de Inspeccin Fiscal

http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=2321&sec=4&aut=306


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