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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-12-2012

El efecto Carandiru (o del Brasil que se pudre en las crceles)

Jos Manuel Rambla
Otramrica


A 20 aos de la masacre de Carandiru, las profundas heridas del sistema penitenciario brasileo siguen sangrando. En los reportajes sobre el milagro econmico de Brasil no aparece el medio milln de presos que sobrevive en las hacinadas y violentas crceles del gigante verde. Abrimos la celda informativa para que mires dentro.

Hay fechas que parecen surgidas para el recuerdo, mientras que otras, por el contrario, intentan huir avergonzadas de la lista de efemrides en los almanaques. A estas ltimas se le sum hace ahora poco ms de veinte aos la segunda jornada del mes de octubre. Aquel 2 de octubre de 1992, unos 350 policas militares a las rdenes del coronel Ubiratn Guimares, tras recibir luz verde del gobernador de So Paulo, Luiz Antnio Fleury, irrumpieron en el pabelln nmero 9 de Carandiru, el mayor presidio de Amrica Latina. El operativo tena como misin sofocar el incmodo motn que una pelea entre reclusos haba desencadenado justo una vspera electoral. Pero los acontecimientos que siguieron acabaron conformando uno de los episodios ms luctuosos de esa prfida historia de Brasil que hoy intenta pasar desapercibida en los calendarios: la masacre de Carandiru.

En total, 111 presos murieron como consecuencia de aquel operativo. O al menos esos son los datos oficiales, porque algunos testigos estiman que el nmero de vctimas fue muy superior. Sidney Sales era uno de los 2.500 detenidos que se encontraban aquella jornada en el pabelln 9 del presidio y cuestiona abiertamente estas cifras. A su juicio, los 111 eran los que tenan padre, madre y abogados, los que apelaron. Pero haba otras personas que no tenan familia. Y no le faltan motivos para la sospecha. Al menos treinta razones, tantas como el nmero de cuerpos sin vida que l mismo ayud a cargar una vez finalizado el asalto. Por ello Sales calcula que la operacin policial se cobr la vida de al menos 250 presos. Una estimacin que no resulta descabellada si se tiene presente que la polica lleg a realizar unos 3.500 disparos de pistola y ametralladora. La mayora de las vctimas, adems, presentaban impactos de bala en la cabeza y el trax, una circunstancia que llev a la comisin que investig los hechos a tener que admitir que la polica en ningn momento se plante una salida negociada a la crisis. Su objetivo era claro: acabar con el motn carcelario a sangre y fuego.

Pese a la evidencia de autnticas ejecuciones sumarsimas y el alcance de la matanza, slo una persona fue condenada por lo sucedido: el coronel Guimares. Sobre l cay en junio de 2001 una condena de 632 aos de crcel. Sin embargo, el hecho de ser su primer delito le permiti recurrir y eludir el ingreso en prisin, toda una irona si se piensa que tambin la mayora de los presos del pabelln 9 estaban en Carandiru por su primer delito y esperaban la confirmacin de sus penas. Pero Guimares no solo evit as la crcel. La popularidad meditica que logr por aquellos hechos le abri las puertas de una carrera poltica que le llevara un ao ms tarde a ser elegido diputado del Partido Social Democrtico por So Paulo. No acabara ah la buena estrella del coronel. En febrero de 2006 su sentencia fue de nuevo revisada y esta vez anulada por errores procesales. Finalmente, los jueces le exoneraron de cualquier responsabilidad al considerar que Guimares se limit a cumplir rdenes. Sin embargo, el destino hizo que solo unos meses ms tarde, el 10 septiembre, su cuerpo apareciese con el pecho atravesado por una bala que le haba disparado su amante. Aunque el caso Carandiru nada tuvo que ver con este crimen, alguien recordara unos das ms tarde a sus vctimas dejando escrito en un muro del edificio donde fue asesinado: aqu se hace, aqu se paga.

La sombra de Carandiru

La masacre de Carandiru es la tragedia carcelaria registrada en Brasil que mayor transcendencia internacional ha tenido, debido en parte a la recreacin de los hechos que el cineasta Hctor Babenco hizo en su pelcula Carandiru (2003). Sin embargo, aquellos sucesos no fueron un hecho aislado sino una manifestacin extrema de las lacras del sistema penitenciario brasileo, muchas de las cuales se mantienen intactas veinte aos ms tarde. Una prueba de ello es el centro penitenciario de Urso Branco, en el estado de Rondnia. Solo en los seis primeros meses de 2002 fueron asesinados en sus galeras 37 presos. Esta cifra de asesinatos oblig a intervenir a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que mostr su preocupacin por la la situacin de las crceles brasileas e inst al gobierno a tomar medidas urgentes para acabar con la degeneracin de las condiciones de vida de los presos.

Otro ejemplo de esta degradacin la pudieron comprobar ms recientemente los integrantes del Conselho Estadual de Direitos Humanos de Paraba que el pasado mes de agosto, sin previo aviso, fueron a inspeccionar la crcel de mxima seguridad Dr. Romeu Gonalves de Abrantes, en Joo Pessoa. Los miembros de la delegacin, antes de ser retenidos por los propios funcionarios al detectar que estaban realizando fotografas, pudieron comprobar entre otras irregularidades cmo permanecan encerrados 80 presos en una sola sala, desnudos, sin colchones, rodeados de inmundicias, obligados a dormir en el suelo entre sus propios vmitos, orines y heces.

Son casos extremos, sin duda. Pero por desgracia no tan excepcionales. En ltima instancia estamos ante una muestra de la masificacin que caracteriza a las crceles brasileas, uno de sus males endmicos. Los ltimos datos hechos pblico por el Departamento Penitenciario Nacional (Depen) as lo atestiguan. Brasil contaba en diciembre de 2011 con una poblacin reclusa de 514.582 personas, lo que le convierte en el cuarto pas del mundo con mayor nmero de presos, solo superado por Estados Unidos, China y Rusia. Sin embargo, el nmero de plazas penitenciarias existente en el pas es de 306.497, lo que implica un dficit de 208.085. La consecuencia inevitable es el hacinamiento, con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida y de convivencia. El escritor Frei Betto describe grficamente la situacin: La ley de Ejecucin Penal asegura a cada preso seis metros cuadrados de espacio en la celda. Hoy la mayora se exprime entre un metro y 70 centmetros cuadrados.

Esta circunstancia se vio agravada desde los aos 90 del pasado siglo. En concreto, segn los datos de Tribunal Popular, una red que agrupa a distintas organizaciones, activistas y familiares de vctimas, entre 1995 y 2005 la poblacin reclusa se increment un 143,9%, pasando de unas 148.000 personas a ms de 361.000. Para esta entidad el fenmeno no es ajeno a las polticas de ajuste neoliberal promovidas en aquellos aos. El aumento extraordinario de la poblacin carcelaria en el pas a partir de los aos 90 se dio acompaado de una reduccin drstica de las polticas pblicas sociales dirigidas a la juventud y a los pobres en general, destacan.

En cualquier caso, los nmeros no dejan de crecer. So Paulo es un buen ejemplo. Con unos 190.000 presos, el estado acoge al 37% de los reclusos del pas. Slo entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2012 la Secretaria de Administracin Penitenciaria contabiliz el ingreso de 72.491 detenidos, lo que representa una media diaria de 302 personas. En consecuencia, se estima que para acabar con ese dficit de plazas y la masificacin sera preciso construir slo en ese estado 93 centros penitenciarios nuevos con capacidad para 768 personas cada uno. Excepto en Piau, esta situacin se repite por el resto de estados: en Pernambuco son precisas ms de 15.100 nuevas plazas carcelarias para acabar con la masificacin; en Minas Gerais, ms de 13.500. En Porto Alegre el nivel de hacinamiento registrado en su Presidio Central lleg a tal extremo que se prohibi el ingreso de ms detenidos. Segn informaciones publicadas por el diario O Globo, en el 68% de las crceles brasileas tienen hasta nueve presos por cada una de sus plazas.

El negocio de la reclusin

As las cosas, no es extrao que la solucin de este problema se haya convertido en un apetitoso negocio. En unos casos, porque para municipios deprimidos del interior recibir uno de estos centros se percibe como una alternativa para acceder a ms fondos pblicos, especialmente aquellos relacionados con el nmero de habitantes. Y es que la llegada de presos puede en no pocos casos duplicar en la prctica el nmero de habitantes de estas pequeas poblaciones. Adems, la actividad que estas instituciones traen acompaada son en ocasiones elementos de dinamizacin para sus economas locales. En consecuencia, muchos municipios han puesto sus esperanzas en el Plan de Expansin de presidios diseado por el estado de So Paulo y que prev la construccin de 49 nuevas crceles.

La otra vertiente del negocio es la privatizacin de la gestin de los distintos centros. Este modelo est ya en funcionamiento en estados como Amazonas, Baha, Cear, Espirito Santo, Pernambuco y Santa Catarina. En estos casos, la empresa que asume la gestin de la crcel recibe del estado por cada preso unos 1.500 reales de media para su manutencin, ms otros mil por compensacin, en total 2.500 reales (unos 920 euros). Sin embargo, el sistema no contabiliza de ningn modo ni las condiciones de los presos ni medidas de reinsercin. Valdir Joo Silveiria, coordinador nacional de la Pastoral Carcerria subraya esta carencia. Quien privatiza no se preocupa por la reinsercin social. Cuanto ms tiempo mantenga al preso mejor porque va a estar produciendo para la empresa que est privatizando, afirma.

Al mismo tiempo llama la atencin la escasa inversin que el estado brasileo est destinando a la solucin del sangrante problema social que se vive en sus crceles. Como destaca Frei Betto: nuestras unidades penitenciarias estn desvencijadas y abandonadas. Por la Ley Presupuestaria ellas deberan haber recibido este ao del Gobierno federal 277,5 millones de reales. Obtuvieron apenas 2,5 millones, menos del 1% de lo previsto. Esa degradacin de la vida en las prisiones tiene su inevitable plasmacin en el incremento de la violencia en su interior, incluidos los malos tratos infligidos. Por lo general -destaca el escritor-, nuestros policas estn mal formados, hasta el punto de que consideran los derechos humanos una liberacin para los delincuentes. Los datos hechos pblicos este mismo mes por la coordinadora general de Combate la Tortura, de la Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la Repblica, Ana Paula Diniz, destacan que el 65% de las reclamaciones recibidas en el telfono de denuncias sobre el sistema penitenciario estn relacionadas con la tortura en las crceles.

De este modo, las crceles abarrotadas se convierten en una imagen en negativo de la bonanza que proyecta el pas, mostrando los graves problemas de pobreza y la marginacin que perviven en el Brasil del crecimiento. Segn las cifras del Depen, el 60% de los detenidos son negros y unos 135.000 son jvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 24 aos. Igualmente, informes del Ministerio de Justicia ponen de manifiesto que el 47% son analfabetos o no haban finalizado la enseanza bsica. Se estima que el 20% son enfermos de VIH/Sida. Por el tipo de delito, el mayor nmero de presos lo componen los acusados de trfico de droga, seguidos por los hurtos y robo sin armas. El 90% de los ex detenidos acaba regresando a la prisin.

Para la red Tribunal Popular, que junto con entidades como la Pastoral Carcerria, la Associao de Juzes pela Democracia o la Defensoria Pblica do Estado de So Paulo, intenta promover desde 2008 un debate sobre el sistema penitenciario brasileo, el actual modelo destaca por su fracaso social. En Brasil el Estado Penal adquiere una dimensin ms cruel porque se intensifica en una sociedad donde el Estado de Bienestar nunca fue una realidad concreta, sealan. En este sentido, se fortalece cada vez ms un sistema penal selectivo, que castiga a los negros, pobres y excluidos. Y punitivo, donde en lugar de la aplicacin de los derechos y garantas individuales, el castigo se convierte en una poltica pblica de contencin social.

Tambin Frei Betto reclama la urgente necesidad de un cambio de modelo. En Brasil no existe una poltica penitenciaria y mucho menos de reinsercin social de los detenidos. Ante la violencia urbana muchos claman ingenuamente por ms cadenas. Presionados por el clamor popular, los gobiernos federal y estatales invierten en prisiones lo que deberan destinar a escuelas, destaca. A su juicio, la solucin pasa por la educacin, tanto dentro como fuera de las prisiones: Cmo evitar la criminalidad si 5,3 millones de jvenes de entre 18 y 25 aos, estn fuera de la escuela y sin trabajo. Y advierte: si el estado y la sociedad no cuida de los presos, ellos mismos tratarn de buscar lo que ms les convenga: autorganizados en comandos, en redes de informantes para carceleros y policas, vinculndose con las bandas que actan en libertad. Y nosotros, ciudadanos, pagamos doblemente: por sustentar un sistema inoperante y como vctimas de la recurrente espiral de violencia.

Mientras tanto, la sombra y el recuerdo de Carandiru siguen proyectndose sobre la cotidianidad de miles de presos para los que su vida en la crcel solo puede compararse con un infierno. Una imagen que, sin duda, tena muy presente el ministro de Justicia, Jos Eduardo Cardozo, cuando, durante un reciente encuentro con empresarios paulistas, admiti: En el fondo de mi corazn, si tuviera que cumplir muchos aos en alguna de nuestras prisiones, preferira morir.

Fuente: http://otramerica.com/temas/el-efecto-carandiru-o-brasil-pudre-las-carceles-derechos-humanos/2712



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