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(el Pueblo quiere la paz)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-12-2012

Los derechos de los presos; nuestro derecho a la libertad

Santiago Alba Rico
Gara


La movilizacin de Herrira es una mala noticia, en palabras del autor, pues indica que los Estados espaol y francs continan sin respetar los derechos de los presos. Y ello, en un contexto con cambios esperanzadores que parecen alumbrar el camino, mientras la normalizacin jurdica y humana se retrasa, obstaculizando el proceso y prolongando el sufrimiento. Analiza la batera de medidas y reformas aplicadas a un tipo concreto de delito (terrorismo) y a un determinado sector de la poblacin (la vasca), y defiende que constituyen instrumentos de revancha. Finalmente, plantea que no son cosas de vascos, que afectan solo a los vascos terroristas; y responde a la pregunta de por qu debera preocuparnos a los espaoles?.

Una vez ms el prximo mes de enero la sociedad vasca se movilizar en favor de los derechos de los presos, en esta ocasin en respuesta a la convocatoria de Herrira: Derechos humanos. Solucin. Paz. Euskal presoak Euskal Herrira!. Una movilizacin parece siempre una buena noticia en la medida en que expresa conciencia colectiva y solidaridad activa; pero lo que en realidad expresan las movilizaciones es la persistencia de una injusticia antes que la resistencia frente a ella. La movilizacin de Herrira es una mala noticia, pues indica que los Estados espaol y francs siguen sin respetar, un ao ms, los derechos de los presos. Mientras algunos cambios esperanzadores parecen alumbrar el camino de la normalizacin poltica de Euskal Herria, la normalizacin jurdica y humana se retrasa, obstaculizando no slo el proceso propiamente poltico sino prolongando adems, al margen del Derecho, el sufrimiento de los presos y sus familias.

Desde 1989, el Estado espaol aplica una premeditada poltica de dispersin que obliga a 605 de los 613 presos que componen el Colectivo de Presos Polticos Vascos a cumplir su condena lejos de su entorno afectivo. Esta medida, que vulnera los derechos ms elementales de los detenidos, vulnera tambin los de sus familiares, a los que se extiende el castigo en aplicacin de un principio prejurdico y primitivo: el de que el parentesco -o el simple afecto- es equivalente a un delito. La dificultad para las visitas, derecho de las dos partes, se convierte as en un castigo adicional para los presos y en un tormento para sus familias, cuyos desplazamientos a las crceles entraan costes econmicos y riesgos de accidentes que se suman a la angustia de la separacin y la distancia. Los derechos deberan respetarse al margen de cualquier contenido emocional, pero conviene recordar que muchos de los afectados son padres, hermanos o compaeros y sufren como padres, hermanos o compaeros, dolor que no tiene ninguna coloracin poltica y que, por eso mismo, nos interpela a todos por igual.

A la poltica de dispersin hay que aadir, a partir de la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero de 2006, la conocida como doctrina Parot o doctrina 197/2006, que convirti en legal la violacin del derecho. Segn esta sentencia, que establece de facto la cadena perpetua en el Estado espaol y que fue confirmada por el Tribunal Constitucional, las reducciones de pena por beneficios penitenciarios se aplican al cmputo fijado en la condena y no al mximo legal permitido, lo que determina que 85 de los presos vascos hayan visto alargadas sus condenas. 65 de ellos permanecen en prisin una vez cumplidas las penas previstas y 20 de ellos han salido en libertad despus de ver prolongada su estancia en prisin. Es difcil entender de qu manera la doctrina 197/2006 es compatible con el propsito declarado en la Constitucin de convertir la privacin de libertad en un vehculo de reeducacin y reinsercin del condenado. Todo lo contrario.

Las sucesivas reformas del cdigo penal, dirigidas a un tipo concreto de delito (terrorismo) y a un determinado sector de la poblacin (en este caso, la vasca), convierten la ley, contra el Derecho mismo, en un instrumento de revancha, confirmando paradjicamente el carcter poltico de los reclusos vascos y el estado de excepcin, antijurdico y antidemocrtico, vigente de hecho en el Estado espaol. Esta contradiccin entre ley y derechos ha sido contundentemente sealada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el 12 de julio de 2012 consider la doctrina 197/2006 contraria a los artculos 7 y 5.1 de la Convencin Europea de Derechos Humanos e inst al gobierno espaol a poner en libertad a Ins del Ro Prada, quien haba cumplido su condena en 2008. El gobierno de Rajoy se ha negado a acatar este sentencia vinculante de una instancia europea -mientras se somete, como sabemos, a los dictados econmicos de la UE, frente a los cuales se muestra mucho menos independiente-. Si se trata de violar los derechos humanos y los derechos sociales -nos viene a decir el PP- lo que no se puede pedir es coherencia.

Hay que aadir, adems, el caso de los 13 presos vascos que sufren enfermedades graves e incurables, y a los que los tribunales, con arreglo a la ley y con arreglo al derecho, deben poner en libertad a fin de garantizarles una atencin sanitaria adecuada y una vida digna. El caso reciente de Iosu Uribetxebarria, enfermo de cncer desde hace cinco aos y cuya excarcelacin consigui impedir el gobierno, con vengativo ensaamiento, hasta el pasado 12 de septiembre, no debera repetirse. Una vez ms las ideas de revancha y represalia -y de intimidacin poltica- dominan sobre los principios jurdicos propios de un Estado de Derecho democrtico que ha rubricado todas las convenciones y tratados internacionales.

Estas tres conculcaciones -dispersin, doctrina 197/2006, desprecio por los enfermos- son las que centran la convocatoria de Herrira del prximo 12 de enero. Bueno, son cosas de vascos, que afectan slo a los vascos y adems a vascos terroristas. Por qu habra de preocuparnos a los espaoles? En efecto, la cuestin no es que sean vascos, pues en realidad tampoco nos preocupa la situacin de los otros presos, por no hablar de la de los emigrantes. Dejemos a un lado a las vctimas de estas violaciones, la lengua que hablan y el color de su piel, su proyecto poltico, si tienen o no madres y hermanos; olvidemos el dolor de los delincuentes y los terroristas y la angustia de sus familias. Lo que debera importarnos y mucho es que nuestro Estado y nuestra democracia viole los derechos humanos, reforme las leyes contra la legislacin internacional, criminalice a los disidentes y torture a los detenidos. Es un asunto nuestro, sin duda, y que nos aprieta ya a todos la garganta, aunque mantengamos cerrados los ojos. No importa quines sean los afectados. Si no defendemos sus derechos, es que no hay derecho. Y si no hay derecho, nada nos garantiza nuestro derecho a la libertad. Estamos ya de algn modo tambin presos.

Fuente: http://gara.naiz.info/paperezkoa/20121224/379390/es/Los-derechos-presos-nuestro-derecho-libertad



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