Portada :: Amrica Latina y Caribe
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-12-2012

Los esfuerzos por recomponer la Teora de los Dos Demonios en Amrica Latina
Las huellas intelectuales de Ernesto Sbato y la prctica poltica militar de lvaro Uribe

Jose Schulman
Rebelin


 

A Eduardo Luis Duhalde

que tuvo la rara virtud

de sostener desde el cargo

lo que pensaba en el llano

 

Luego de dos dcadas de primaca de las democracias formales (restringidas, burguesas, de control de la dependencia, verdaderas democraduras al decir de Galeano) en la aplastante mayora de pases de Amrica Latina, el debate sobre los orgenes y legitimidad de la violencia poltica popular, retorna de la mano de dos iniciativas aparentemente desligadas por completo en Argentina y Colombia.

El debate sobre la violencia poltica popular en la Argentina volvi de la mano del proceso de los juicios por delitos de lesa humanidad contra una parte importante de la cadena de mandos y algunos de los responsables civiles del Terrorismo d/e Estado que perpetr un genocidio en la Argentina de los setenta del siglo pasado y de las reacciones que la derecha militar y civil consigui articular luego de una dcada de derrotas parciales en el terreno jurdico y cultural. Luego de un largo rodeo por los senderos de la inseguridad, el garantismo y la falta de equilibrio en el proceso de juicio y castigo, la derecha recuper la palabra y sali a reivindicar el genocidio como una respuesta, exagerada acaso, desmesurada si se quiere, pero respuesta al fin a las provocaciones que la violencia popular, el otro terrorismo, el otro demonio en el lenguaje que los intelectuales retornados del exilio (y de vuelta de sus convicciones revolucionarias de los 70) al servicio del gobierno de Ricardo Alfonsn (1983/1989) popularizaron desde aquel famoso prologo que el escritor Ernesto Sbato estampara al informe de la Comisin Nacional de Desaparicin de Personas (CONADEP), conocido por las palabras con que el fiscal Strassera cerr su alegato en el juicio a la Junta de Comandantes en Jefe (causa 13): Nunca Ms!

En cambio en Colombia, que sufre un conflicto social, poltico y militar ininterrumpido desde 1948, ao del asesinato de Jorge Eliecer Gaitn que desencaden una serie de levantamientos y enfrentamientos armados que derivaron en un interminable conflicto entre los campesinos y la oligarqua que pretenda (pretende) apoderarse de todas sus tierras cultivables y/o susceptibles de explotacin minera. De acciones de auto defensa primero por parte de los campesinos que no aceptaron el pacto de liberales y conservadores y sucesivas y crecientes acciones militares que obligaron a que una parte de los agredidos se organizara en fuerzas insurgentes se pas a sucesivos planes de exterminio, con la supervisin, financiamiento e intromisin directa del Comando Sur del Ejercito de los EE.UU. que generaron la mayor tragedia latinoamericana del siglo XX y comienzos del siglo XXI. All tambin los debates ha seguido las lneas de ascenso y descenso de las resistencias populares: cuando la hegemona estatal y burguesa se torna ostensible y omnipresente, se impone el relato macartista, tpico de la guerra fra, de que Colombia sufre un ataque despiadado de fuerzas terroristas, ayer tteres del imperialismo ruso hoy instrumentos del narco trfico aptrida; pero cuando las relaciones de fuerzas cambian y se instalan escenarios de disputa poltica, como lo es claramente el proceso de dilogos entre las fuerzas insurgentes, particularmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos, aparece el mismo discurso de equiparacin de responsabilidades entre dos bandos armados, que cometieron toda clase de tropelas, en un conflicto irracional que debe terminar ya!, aunque no se resuelvan los problemas econmicos sociales en debate, que podrn tratarse ms luego. As como el presidente Santos trata de vestir las prestigiadas mscaras de la integracin latinoamericana y del Mercosur para velar su rol de conductor militar del ltimo intento de aniquilacin de la insurgencia[1], era el Ministro de Defensa de Uribe, as cambian los discursos con el tiempo. Es que es en el terreno de las palabras, en las disputas por el sentido de las palabras es que primero se explicita la disputa por la hegemona cultural, que no es otra cosa que uno de los modos principales en que se realiza la discusin por la direccionalidad de los proceso sociales tal como lo anticipaba Antonio Gramsci: toda vez, que de una manera u otra aflora la cuestin de la lengua, significa que se est imponiendo una serie de otros problemas: la formacin y ampliacin de la clase dirigente, la necesidad de establecer relaciones ms intimas y seguras entre los grupos dirigentes y la masa popular nacional, es decir de reorganizar la hegemona cultural.

En mi opinin, la teora de los dos demonios es siempre la segunda opcin del discurso del poder. Si fuera por ellos, utilizaran el discurso duro de los yankees contra el terrorismo, reacondicionado luego del 11S norteamericano con el Acta Patritica y la ofensiva integral que llev a la legitimacin social de la tortura y el control casi absoluto de la vida de los ciudadanos so pretexto del peligro terrorista. As ocurri en el periodo de auge del dominio dictatorial en la Argentina (1976/1981) y en la borrachera exitista y sangrienta de lvaro Uribe en el poder (2002/2010), prolongada en los primeros meses del gobierno Santos, cuando estaban convencidos del aniquilamiento de las F.A.R.C. y la eliminacin de toda forma de resistencia popular, pero cuando la impunidad tambalea y las sombras de la Verdad, la Memoria y la Justicia se perfilan en el horizonte, invariablemente el Poder Real, apela a formas variadas de la teora de los dos demonios. Pareciera, a la distancia pero desde el mismo territorio latinoamericano y la misma dinmica de confrontacin entre la impunidad y la verdad, la memoria y la justicia que en Colombia se preserva como virginal la labor de exterminio del Ejercito (y sus aliados de EE.UU. e Israel) pero se demoniza a los paramilitares en contraposicin de las fuerzas insurgentes. As, no solo han sido juzgados (cierto que de un modo muy particular, siguiendo el esquema sudafricano de canjear supuesta informacin por un perdn casi Papal) sino que ahora reclaman ser parte de las conversaciones para concluir el conflicto, cuando una de las medidas imprescindibles para que el dialogo no sea burla es que sean finalmente desarticulados y no puedan renacer como lo hacen continuamente bajo nuevos nombres que designan a lo mismo de siempre.

En la Argentina, fueron los partidarios de Ral Alfonsn los que sentaron las bases de la supuesta teora: primero con dos decretos presidenciales por los que se ordenaba la captura de los jefes de las organizaciones guerrilleras PRT/ERP y Montoneros por un lado y de la Junta de Comandantes en Jefe por el otro (decretos 157/158) que luego el afamado escritor Ernesto Sbato, el mismo que se haba entrevistado con el dictador Videla [2] sin reclamar por la vida de ninguno de los cientos de intelectuales desaparecidos, estampara con cierto brillo literario en el Prologo del Nunca Ms: Durante la dcada del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provena tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda para continuar a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24/03/1976 contaron con el podero y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a los miles de seres humanos.

El discurso fue un justificativo tico y terico para la claudicacin moral y poltica de Alfonsn ante los genocidas que se alzaron en la Semana Santa de 1987 y obtuvieron las leyes de Punto Final y de Olvido que clausuraron la va jurdica del reclamo, impunidad que se pretendi remachar con los indultos presidenciales hacia los pocos condenados por el Juicio a la Junta. Vinieron entonces casi quince aos de dura impunidad en que el discurso de los dos demonios se convirti en hegemnico mientras se descalificaba a las vctimas que no se subordinaban al mandato de los aparentes vencedores y seguan reivindicando su identidad poltica revolucionaria y no abjuraban del pasado militante. Debe quedar claro que como parte de la resistencia al menemismo y las relaciones carnales con el imperialismo yanqui, hubo que combatir hasta derrotar la teora de los dos demonios en los dos terrenos donde se haba impuesto: el poltico cultural, que afectaba la resignificacn del pasado reciente y el jurdico. Esa batalla cultural, que se dio en trminos clsicos de las disputas culturales [3], no se resolvi en el terreno cultural sino en el terreno de la lucha de calles. Fue el Diciembre Popular Insurreccional contra De la Ra, la Alianza con el FrePaSo (que expresaba la continuidad del posibilismo intelectual que haba abrazado la teora de los dos demonios) el que gener las condiciones con el descalabro del neoliberalismo en el plano terico y del gobierno de De la Ra en el plano prctico- para la superacin de la equiparacin de victimas y victimarios. Fue en el proceso de los juicios conquistados que se fue probando (y no solo con el testimonio de los sobrevivientes sino con documentos secretos de la Junta Militar que se iban consiguiendo) el Plan de Exterminio largamente preparado por una Doctrina de Seguridad Nacional que desde 1968 (mucho antes que comenzara cualquier forma de lucha armada de las organizaciones populares) ya prevea el aniquilamiento de los militantes, la tortura y la desaparicin de los compaeros. Esos avances fueron reflejados en dos documentos oficiales claves: el prlogo que el entonces Secretario de Derechos Humanos de la Nacin, Dr. Eduardo Luis Duhalde [4] escribiera para la reedicin del Nunca Ms, como parte de la conmemoracin del treinta aniversario del 24 de marzo y el dictamen que el entonces Procurador General de la Nacin Dr. Esteban Righi [5] firmara en noviembre de 2007. Deca Duhalde: es inaceptable pretender justificar el Terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetra justificatoria en la accin de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nacin y del Estado que son irrenunciables. Por otra parte el terrorismo de Estado fue desencadenado de manera masiva y sistemtica por la Junta Militar a partir del 24 de marzo de 1976 cuando no existan desafos estratgicos de seguridad para el status quo porque la guerrilla ya haba sido derrotada militarmente. La dictadura se propuso imponer un sistema econmico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas sociales de muchas dcadas, que la resistencia popular impeda fueran conculdas. [6]

Y agregaba Righi desde la perspectiva jurdica y la aplicacin del Derecho Internacional: [7] al hacer suyo un dictamen de los Dres. Pablo Parenti y Jorge Auat de la Unidad Fiscal por Delitos de Lesa Humanidad al analizar la causa abierta en la ciudad de Rosario por la muerte en 1975 del Tnte. Coronel Argentino Larrabure, atribuido al Ejercito Revolucionario del Pueblo: "Estos antecedentes demuestran que el elemento de contexto, que distingue los delitos comunes de los crmenes contra la humanidad segn la prctica existente hasta la dcada de 1970, se apoya en que los actos forman parte de una poltica del Estado. Ello se desprende con claridad de la circunstancia de que los hechos a los que se aplic esta categora de delitos en todos los casos fueron crmenes cometidos a gran escala y con la participacin o la tolerancia del Estado. En suma, los actos fueron cometidos por funcionarios del Estado o por agentes no estatales actuando de conformidad con la poltica de un Estado. Para agregar luego: Es claro que las categoras jurdicas pueden modificarse, pueden variar su alcance y tambin sus fundamentos. En cierta medida ello ha sucedido con la categora de los crmenes contra la humanidad, especialmente a partir de la jurisprudencia de los tribunales ad hoc, pues se observa una tendencia a ampliarla hacia actores no estatales que, sin embargo, tienen un gran poder lesivo y pueden actuar a gran escala desplazando al poder del Estado.

Uno de los supuestos que se han aceptado es el caso de organizaciones que ejercen de Jacto el poder en determinado territorio y, por ello, reemplazan de hecho al Estado. En este sentido puede citarse la definicin de la categora que realiza Alicia Gil Gil: son crmenes contra la humanidad los atentados contra los bienes jurdicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemtico realizado con la participacin o tolerancia del poder poltico de iure o de Jacto" con la aclaracin necesaria de Para Ambos y Wirth: "[e]n la actualidad no existe duda de que la entidad que opera tras la poltica no tiene que ser m Estado en el sentido del Derecho pblico internacional. Es suficiente con que sea una organizacin que ejerza de Jacto un poder en un territorio dado". Pero agregan, luego de mencionar la jurisprudencia del Tribunal ad hoc para la ex Yugoslavia, que en la categora de los crmenes contra la humanidad "[...] no estn comprendidas organizaciones que, siendo capaces de ejercer cierto poder, no son la autoridad de Jacto sobre un territorio, en virtud de que existe una entidad mas elevada o mas poderosa que la domina". La autoridad en cuestin es ms bien la que ejerce la autoridad ms alta de Jacto en el territorio y puede, dentro de ciertos lmites, dominar a todos los que tienen poder y a todos los individuos. As, una organizacin criminal en un Estado que todava ejerce el poder sobre el territorio (por ejemplo, mediante las fuerzas policacas normales) donde est activa la organizacin, no entrara dentro de la categora de la entidad que se oculta tras la poltica. Si tal organizacin, segn sus planes, comete mltiples delitos, esto, como tal, no har que tales crmenes lleguen a ser crmenes contra la humanidad, En relacin con los ltimos desarrollo de la figura debe decirse que la necesidad de un vnculo entre los actos y un contexto determinado fue expresamente contemplada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional al momento de tipificarse la figura de los "crmenes de lesa humanidad".

En el artculo 7 del Estatuto se entiende por "crimen de lesa humanidad" cualquier acto de los enumerados en el prrafo 1 de esa norma (asesinato, tortura, desaparicin forzada de personas, etc.) "cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemtico contra una poblacin civil y con conocimiento de dicho ataque". Este es el particular contexto requerido para que cierta conducta pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad. Ahora bien, el Estatuto introduce el llamado policy elemental al disponer que por '''ataque contra la poblacin civil' se entender una lnea de conducta que implique la comisin mltiple de actos mencionados en el prrafo 1 contra una poblacin civil, de conformidad con la poltica de un Estado o de una organizacin de cometer esos actos o para promover esa poltica".

Tal como se ha visto en este apartado la figura de los crmenes contra la humanidad aparece asociada a la criminalidad de Estado. De esta evolucin surge claramente que a la fecha de los hechos de la causa no exista una prctica que avalara el empleo de la categora de los crmenes contra la humanidad para hechos cometidos por organizaciones no vinculadas al Estado, como fue el caso del ERP. Tampoco resultara aplicable la categora an si se tomara su formulacin posterior, que admite la intervencin de organizaciones no estatales pero con un poder similar al del Estado o que de Jacto ejerzan el poder. Contrariamente a lo que se sostiene en el dictamen del Fiscal de Cmara de Rosario, no existen elementos para afirmar que el PRT-ERP o alguna otra organizacin armada de la dcada de 1970 haya tenido control territorial o un poder tal que pueda dar lugar al uso de la categora de los crmenes contra la humanidad, ni siquiera tal como se la entendi a partir de la dcada de 1990 (cf. punto III -B-).

De todos modos, es evidente que la aplicacin de una nocin ms amplia de los crmenes contra la humanidad surgida con posterioridad a los hechos del caso violara la prohibicin de retroactividad (nullum crimen sine lege praevia) dado que implicara la adjudicacin a estos delitos de una categora que importa consecuencias penales ms severas que las que acarreaban al momento de su comisin (imprescriptibilidad, por ejemplo). Esto fue claramente sealado por la CSJN en el caso Lariz Iriondo. All se explic que los hechos por los cuales se requera una extradicin no podan ser considerados crmenes contra la humanidad al momento de su comisin. En ese fallo los jueces Maqueda y Zaffaroni afirmaron que "[...] esta Corte considera imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos con anterioridad a la ratificacin de las convenciones respectivas cuando el derecho internacional consuetudinario los consideraba tales tambin con anterioridad a las convenciones, pero no puede adoptar igual criterio respecto de aquellos que antes de las convenciones respectivas no eran reconocidos en esa categora ni con esas consecuencias en materia de imprescriptibilidad por el derecho internacional consuetudinario; pues en este ltimo supuesto estara haciendo aplicacin retroactiva de la convencin".

Lo sealado por estos jueces plantea correctamente la cuestin atinente al principio de legalidad. Sabido es que el derecho penal internacional admite fuentes distintas que las exigidas tradicionalmente en el derecho penal comn de raz europeo-continental. Bsicamente, en derecho penal internacional se admite el uso de la costumbre internacional Sin embargo, ello no implica admitir la retroactividad. Por el contrario, en el derecho penal internacional tambin rige la exigencia de "expraevia, slo que ley previa bien puede ser una norma consuetudinaria". El dictamen del Procurador General de la Nacin fue receptado por la Cmara Federal de la Rosario en el fallo sobre Larrabure, Argentino del Valle s/su muerte (n 18/07) y transformado en Instruccin General para los Fiscales que debern utilizarlo como parmetro al momento de analizar situaciones similares y as contriburi a cerrar el paso a los recurrentes reclamos de equiparacin en el juzgamiento de los crmenes de uno y otro bando que no dejan de realizar los genocidas, sus abogados e intelectuales.

En el ciclo de luchas populares abierto con el Diciembre Popular Insurreccional del 2001; en la nueva situacin poltica e institucional que se genera con la llegada de Nstor Kirchner al gobierno y la conocida serie: entrada a la Esma, bajada de los cuadros del Colegio Militar, anulacin de las leyes de impunidad por el Poder Legislativo primero y el Judicial despus, la reapertura de los juicios y el consiguiente castigo a un nmero creciente de represores y asociados civiles, se fue consolidando una resignificacn de la historia reciente que dio por tierra los fundamentos de la teora de los dos demonios; pero en la medida que la derecha recuper fuerzas y se decidi a reinstalar algunos de sus valores culturales fundamentales, tambin se volvi a cuestionar la legitimidad de los testimonios de los sobrevivientes y asoma en el horizonte un nuevo modo de la teora de los dos demonios.

Conviene prestar atencin a dos hechos recientes: al escndalo meditico so motivo de la reedicin del Nunca Ms por la editorial universitaria Eudeba y a la media sancin legislativa (aprobada en Diputados, gir a Senadores y se tratar en el 2013) de un subsidio para familiares de vctimas de un combate entre el Ejercito y Montoneros en octubre de 1975 en Formosa, al noreste argentino, en la frontera con Paraguay[8]. En el primero, los medios hegemnicos (Clarn y La Nacin en primer lugar) destacaron de todos los modos posibles la contradiccin existente entre el prologo de Ernesto Sbato y Eduardo Luis Duhalde, so pretexto de que en una reedicin del libro se omita la firma del prologo, tal como haba ocurrido en todas las anteriores versiones dado que Sbato lo firm a nombre de la Comisin Nacional de Desaparicin de Personas (CONADEP) y que Duhalde si lo firm por ser una presentacin de la reedicin, lgicamente externo al Informe tantas veces publicado, puntualmente en el tema de los Dos Demonios, reeditando los argumentos justificativos del genocidio en la culpa de los terroristas de ayer, hoy en el gobierno segn los medios citados. La votacin del subsidio es an ms perverso porque involucra a buena parte del oficialismo y de sectores que haban acompaado el proceso de Juicio y Castigo que sucumben ante la presin de la derecha o abjuran de sus principios en aras de un falso concepto de gobernabilidad que, en cuanto se basa en acordar y conciliar con la derecha, se convierte en su contrario.

En los aos 60, la Revolucin Cubana, con su accionar liberador puso ms de manifiesto el carcter reaccionario y deshumanizante de la dependencia de los pueblos hacia los Estados Unidos abriendo o profundizando todo tipo de debates, incluido el de la violencia. Pretender pensar aquellos aos, y sus consecuencias mediatas al margen de aquellas discusiones no solo es metodolgicamente incorrecto, sino bsicamente errneo. La propia Iglesia de Roma, conmovida por las tensiones desatadas convoca a un Concilio: el Vaticano II que transcurri en cuatro sesiones realizadas entre 1960 a 1965, iniciada por un Papa y concluido por otro que en 1967 da a conocer la encclica Popolurum Progressium donde estampa una frase que hoy causara espanto en el Vaticano del siglo XXI (y tambin en las jerarquas eclesiales argentinas y colombianas): "la violencia originaria, raz y principio de todas las dems violencias sociales, es la llamada violencia estructural, la injusticia de las estructuras sociales, sancionada por un orden legal injusto y orden cultural ideologizado, que como tales constituyen la institucionalizacin de la injusticia". Prstese atencin al concepto de que la violencia originaria, raz y principio de todas las dems violencias sociales, es la llamada violencia estructural lo que no pocos interpretaron como un asumir la posicin desarrollada por Carlos Marx en colaboracin con Federico Engels a fines del siglo XIX que se podra resumir en la sentencia contenida en el Antidhuring: "el poder, la violencia, no es ms que el medio, mientras que la ventaja econmica es el fin", sabindose que los fundadores del comunismo como corriente poltica y pensamiento filosfico sostenan que para conquistar la igualdad real, ya no la formal proclamada por la Revolucin Francesa de 1789 en su Declaracin de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, reivindicaban la lucha de clases hasta lograr el poder popular que acabe con las condiciones materiales que permiten la ventaja econmica y por ende el poder, la violencia como medio de sostenimiento.

Entrevistado por la revista Marcha en 1965, el sacerdote colombiano Camilo Torres brind su interpretacin del surgimiento de las FARC que a la distancia nos resultan convincentes y coherentes con el pensamiento crtico de la poca y de las nuevas ideas que crecan en la Iglesia Latinoamericana: Las guerrillas en Colombia son mucho ms que un problema policial o un problema poltico. Son un problema social que toca las races mismas del pas. Por eso no sirven las calificaciones morales para condenar la lucha guerrillera. Es lo mismo que el ejrcito: no podemos aprobarlo o condenarlo con calificaciones morales abstractas. Hay que ver a qu fines sirven unos y otros, guerrillas y ejrcitos. Cuando todos los canales de ascenso social parecan cerrados para el campesinado y la estructura opresora de la sociedad colombiana inconmovible, las guerrillas vinieron a abrir, bien o mal nuevos canales de ascenso, y a travs de su existencia decenas y cientos de miles de campesinos adquirieron conciencia de seres humanos capaces de decidir en la historia de Colombia, por primera vez. Quienes en nombre de la conservacin social condenan el fenmeno, deben antes explicar por qu las viejas estructuras no pudieron satisfacer esa necesidad.

No pretendo en estas lneas recorrer el discurso descalificatorio que el Poder ha ensayado contra la insurgencia colombiana. En general, me animara a afirmar que ha recorrido el camino que va de la metfora de instrumentos del comunismo internacional a narcotraficantes, incluyendo la insinuacin de que si alguna vez fuera legitima la lucha insurreccional en la Colombia de los 60/70, con la cada del Muro de Berln, el fin de las ideologas y las utopas la guerrilla perdi razn de ser y se lumpeniz transformndose en una banda de delincuentes que solo buscan enriquecerse por medio delincuenciales. Pienso que ese fue el discurso justificatorio de la etapa penltima en que Uribe y Santos se empecinaron en el aniquilamiento total de las FARC invirtiendo millones de dlares, toneladas de explosivos y miles de hombres armados y equipados al ms alto nivel mundial. Pero con el fracaso de los planes militares que prometan la solucin final, en las condiciones en que Colombia no puede permanecer al margen del Mercosur (por estrictas y razonables intereses comerciales de la misma burguesa colombiana), frente a la ofensiva popular y el reacomodamiento tctico militar y poltico de las FARC que logr contactar y ser parte del proceso de reanimacin del movimiento social y popular, se abri paso un proceso de dilogos que ha declarado el objetivo de la solucin del conflicto. Es entonces que cobra nuevo sentido la insistencia en calificar a las FARC como terroristas: para negar toda razn social y legitimidad a los reclamos sociales. Aunque muchos actores no lo perciban todava, hay entre la descalificacin tica y poltica de las luchas histricas de la insurgencia colombiana (y no solo de las Farc, tambin de las de Camilo Torres y el primer Ejercito de Liberacin Nacional y otras experiencias similares) y el programa de reformas y exigencias ticas que levanta el movimiento social y popular colombiano una intima relacin de hermandad en la que se juega buena parte del futuro del gran pas fundado por Bolvar, cuyo derrotero es clave en el rumbo de toda nuestra Amrica.

Porque, como bien deca George Orwell en su magnifico 1984: Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado. Y claro que es el futuro de nuestros pueblos lo que est en juego cuando se discute sobre violencia popular, guerrillas, terrorismo de Estado, genocidios y demonios varios.

Que el sueo eterno de la libertad no se abraz nunca a los monstruos de la razn, sino a los genios de la imaginacin, bellos como la verdad, desde aquel Don Quijote de Cervantes que una y otra vez, contra toda razn y despertando la ira burguesa de la normalidad arremeta contra los molinos de viento. Igual que nosotros.



[1] Alentados, asistidos y financiados por el formidable aparato militar y de inteligencia norteamericano, Plan Colombia y otros, lograron exterminar buena parte de la conduccin histrica de las FARC: Alfonso Cano, Ral Reyes y el Mono Jojoy entre los de mayor jerarqua en la organizacin; pero contra toda previsin las FARC no solo mantuvieron capacidad combativa sino que incrementaron notablemente su relacin con el movimiento popular y poltico colombiano y latinoamericano.

[2] La entrevista fue el 19 de mayo de 1976, en plena orga represiva

[3] Tengo a la vista una recopilacin de Herman Schiller sobre el tema del ao1986, Hubo dos demonios?, Ediciones Reencuentro; facilitada por el Dr. Carlos Zamorano, quien siemrpre resulta un consultor imprescindible en esta temtica.

[4] Fallecido el 3 de abril de 2012, fue reemplazado por el Dr. Martn Fresneda

[5] Renunci a su cargo el 10 de abril de 2012, fue reemplazado por la Dra. Alejandra Gils Carb

[6] Edicin del Nunca Ms de ls Secretara de DDHH de la Nacon, con motivo del 30 aniversario del Golpe

[7] http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/RES-PGN-158-07-Larrabure.pdf

[8] Ver declaracin de la Liga http://cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com/2012/12/03/contra-la-vuelta-de-la-teoria-de-los-dos-demonios-declaracion-de-la-liga-argentina-por-los-derechos-del-hombre/


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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