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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-12-2012

Paraguay
Curuguaty, la masacre que derrumb a Lugo

Natalia Viana
Brecha


El derrocamiento del presidente paraguayo Fernando Lugo por un golpe de Estado parlamentario fue uno de los grandes acontecimientos polticos del ao en Amrica Latina. La destitucin del ex obispo fue justificada por un enfrentamiento en el que murieron 17 personas (11 campesinos y seis policas) en la zona de Curuguaty en un operativo de desalojo de "sin tierra" que estaban ocupando uno de los tantsimos predios "mal habidos" por terratenientes ligados a la dictadura de Stroessner. La Agencia Pblica de Periodismo Investigativo (Pblica) de Brasil estuvo en Curuguaty para reconstruir lo sucedido aquel 15 de junio. Brecha reproduce fragmentos de su investigacin.

Detrs de las gruesas y oxidadas rejas de la penitenciara nacional de Tacumb, en la capital paraguaya de Asuncin, en medio de ms de 3 mil detenidos -la capacidad es de 1.500-, el campesino Rubn Villalba carga un peso infinito. Bajito, barrign, de ojos pequeos y piel morena tpica del interior paraguayo por los lados de Mato Grosso do Sul, est acusado de ser el principal causante de la matanza de Curuguaty, motivo utilizado para destituir al presidente electo Fernando Lugo en junio de 2012 por el Congreso.

Contra Villalba pesa no slo el papel que se le atribuye en la historia, sino la realidad de que est solo. Nunca hubo en la prensa paraguaya una sola voz que lo defendiese: los dems dirigentes de la ocupacin de los sin tierra que, como l, decidieron resistir la reintegracin de la posesin el 15 de junio, estn muertos; su esposa est en prisin domiciliaria a 400 quilmetros con su hijo de siete meses. Todas las evidencias consideradas por la investigacin de la Fiscala, especie de ministerio pblico de Paraguay, apuntan a l. El presidente Federico Franco lo llam asesino y afirm que protagoniz una emboscada a policas que result en la muerte de seis de ellos. Ese da murieron tambin 11 campesinos.

"Claro que me golpearon cuando fui preso", cuenta a Pblica en su espaol mezclado con guaran, mientras esquiva la mirada de los guardias en un rincn del presidio -le est terminantemente prohibido hablar con la prensa-. "Haba mucha tortura psicolgica, 'vos sos el que mat al fulano, vos sos del (grupo guerrillero) epp', decan. Se me subi encima del lomo, en la espalda, y dijo 'Hurra'. Me parece que era un trofeo, me parece.".

Y en ese momento Rubn comienza a llorar, a relatar lo poco que recuerda de la desocupacin del terreno de 2 mil hectreas. No eran poco comunes las de-socupaciones de ese tipo ni que los sin tierra decidieran resistir el intento de reintegrar la posesin, como hicieron Rubn y los dems dirigentes. El hecho de que el grupo poseyera escopetas de caza (entre 17 y 20) tambin era algo comn en las desocupaciones, segn muchos testimonios odos por Pblica de policas, campesinos, periodistas, militares. Pero todo lo que sigui fue absolutamente atpico. Cerca, en el ala del hospital del centro de detencin, de nombre Esperanza, est Nstor Castor, otro de los aproximadamente 70 que ocupaban las tierras conocidas como Marina Cu. Aunque contra l no pesa la acusacin de haber provocado la masacre, Castor tena una horrible herida: su maxilar izquierdo fue destruido por una bala y desde aquella maana su rostro est parcialmente desfigurado. En la poca de la entrevista, la parte inferior estaba atada por una suerte de aparato dentario con elsticos. Nstor tena dificultad para hablar y comer -an se alimenta a base de lquidos-. La operacin recin fue realizada el 23 de noviembre, cinco meses despus de ser herido. Ahora est en recuperacin.

Pero su dolor no es slo fsico. Castor carga la culpa de haber delatado sin querer a todos sus compaeros. Es que das antes del conflicto escribi de su propio puo una lista de nombres de los que ocupaban el terreno "para pedir vveres a la Secretara de Emergencia Social" del gobierno federal. La lista, encontrada por la polica, es una de las principales piezas de la investigacin conducida por la Fiscala. A todos los que figuran en ella -estuviesen o no en el momento del conflicto- se les dict prisin preventiva y fueron acusados de homicidio doloso agravado, homicidio doloso en grado de tentativa, lesin grave, asociacin criminal, coaccin grave e invasin de inmueble ajeno. Procesar indiscriminadamente a todos los registrados en una lista garabateada con lapicera no es la nica fragilidad de la investigacin sobre el evento ms importante de la historia reciente de Paraguay. En verdad, la investigacin est bajo creciente crtica de la opinin pblica.

Incluso despus de que se dio por concluido el informe de la investigacin, en octubre de 2012, no se saba an el resultado de los exmenes de las autopsias ni de los de balstica. De las cinco escopetas capturadas, las supuestas armas del crimen, apenas una se demostr capaz de disparar; decenas de casquillos de armas automticas simplemente desaparecieron. Hay indicios de adulteracin de la escena del crimen y de los cadveres; un arma apareci de la nada, hay testimonios annimos y policas que cambiaron sus versiones de los hechos. La investigacin es conducida por un joven integrante de la Fiscala, de nombre Jalil Rachid, de 33 aos, hijo de Bader Rachid, ex presidente del Partido Colorado, y por el empresario Blas Riquelme, que usaba el terreno y desde 2004 reivindicaba ante la justicia su posesin, pidiendo la expulsin de los sin tierra.

Riquelme, empresario para unos, falsificador de ttulos de tierras para otros -la Comisin de la Verdad sobre la dictadura de Stroessner seal irregularidades en los terrenos que adquiri en ese perodo- falleci dos meses despus de la masacre. Fue enterrado con gloria y honores, homenajeado en el mismo Congreso que destituy a Fernando Lugo y en la sede del Partido Colorado, el mismo que vot en pleno por el impeachment. Segn un jefe policial que particip en la operacin -cuyo nombre no ser identificado a su pedido-, la polica saba que los campesinos tenan escopetas. "Yo se lo dije incluso al comandante (de la polica, Paulino ojas), que se tomase ms tiempo (para entrar) porque era peligroso, porque si mora un polica tambin caera la cabeza del comandante. Y si mora un campesino, lo mismo", explica el jefe, que particip en las discusiones de la cpula. "Yo le dije que enviase ms gente de inteligencia al lugar para obtener ms datos, para que hubiese ms informaciones (antes de actuar)". Segn l, otros jefes policiales tambin queran postergar la desocupacin, que al final ocurri por presin de la Fiscala.

"Yo le dije al comandante: quin est detrs de esto? Por qu quieren tanto hacerlo si tenemos tiempo para cumplir con la orden de desocupacin? Podamos habernos tomado hasta un ao, inclusive. Podamos argumentar que la polica no estaba en condiciones de operar, podamos decir muchas cosas." Su relato es corroborado por la declaracin de un polica del Grupo Especial Operativo (geo) que consta en la investigacin oficial. Segn los documentos, Erven Lovera, comandante del geo, tambin quera postergar la desocupacin. "El jefe Lovera no quera hacer ese procedimiento, tena ese fin de semana libre y quera pasar el Da del Padre con sus hijos en Asuncin. Trat por todos lados de suspender, llamaba de ac para all, pero de todos lados haba mucha presin de que se tena que hacer ese procedimiento de cualquier manera." Lovera fue el primer polica muerto. Era hermano del jefe de seguridad personal del entonces presidente Fernando Lugo.

Desde el punto de vista del gobierno, sin embargo, la atencin tendra que haber sido redoblada, y no lo fue. Porque haba informaciones sobre la posibilidad de que se armase un problema, un teatro de conflicto en la regin, que lleg a altas autoridades del gobierno de Lugo. Miguel Lovera, entonces director del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas (Senave), cuenta que recibi informaciones ya en abril (de 2012). "Yo ya haba odo rumores semejantes antes, pero esta informacin vino completa. Ciertos elementos de reputacin muy negativa haban sido vistos en la zona. Matones. Gente al servicio de los dueos de la tierra. La informacin era: quieren producir un derramamiento de sangre para llevar a Lugo a juicio poltico y sacarlo del poder."

Otras fuentes del gobierno de Lugo confirman que, meses antes, hubo una situacin semejante durante la desocupacin de un terreno en acunday, ocupado por cerca de 8 mil familias sin tierra. En la ocasin, los campesinos fueron transferidos a un terreno vecino, bajo la intensa crtica de la prensa nacional. "Cuando ocurri el caso acunday, nosotros denunciamos que haba armas de guerra, que haba grupos que se haban infiltrado y que iban a usar cualquier accin de la polica para responder. Se gener una situacin muy delicada que lamento que no haya sido tomada suficientemente en serio, porque hace tiempo que gente que quiere desestabilizar al gobierno est buscando provocar este tipo de hecho", afirm a la prensa Lpez Perito, jefe de gabinete de Lugo, al da siguiente del conflicto.

EL ESTADO, EN CAUTIVERIO

En la regin de Canindey, el entonces director del Instituto de Tierras (Indert), Ignacio Vera, era cercano a los movimientos campesinos -demasiado cercano, en la visin de la polica y de los hacendados de la regin-. Tanto que el 15 de junio, da en que ocurri la confrontacin, tuvo que salir huyendo del lugar bajo amenaza de muerte. Vera recuerda que sali corriendo con el consentimiento de sus superiores en el gobierno federal. "Estaba muy preocupado por la situacin, porque comprend que era un problema de persecucin poltica y que poda haber violencia en cualquier parte", dijo a Pblica. Vera se qued algunos das escondido hasta poder volver a la regin. Un mes despus, ya bajo el nuevo gobierno del liberal Federico Franco, fue apartado de la direccin del Indert.

Miguel Lovera tambin visit la regin ese mismo da, y tambin tuvo que marcharse rpidamente. La ministra de Salud, Esperanza Martnez, considerada la ministra fuerte del gobierno de Lugo, lleg a Curuguaty para prestar asistencia a las vctimas. El escenario que encontr, segn cont en entrevista con Pblica, era desolador. "Cuando llegu, la polica estaba rodeando el hospital porque haba una amenaza de que los campesinos invadiran para llevarse los cuerpos de sus parientes. Los periodistas andaban libremente por los corredores", recuerda. "Los cadveres de los campesinos estaban tirados al lado de la entrada y los de los policas estaban en un cuarto en el fondo, resguardados. Despus me enter de que la polica solamente transport en los aviones que llegaron por la tarde a los policas heridos y muertos hasta Asuncin, donde se hara la autopsia."

Ese mismo da, Esperanza tuvo que volver corriendo a Asuncin -"ya se estaba hablando del juicio poltico en el Congreso", dice-, pero intent todava ayudar a algunos moradores con los que tuvo una rpida reunin. "Hablamos con los campesinos, y ellos decan que mucha gente estaba siendo detenida simplemente por preguntar sobre los heridos." No consigui hacer nada en los das siguientes, enfrascada en las negociaciones polticas para evitar la destitucin de Lugo. Esperanza fue, con el jefe de gabinete Lpez Perito, la nica ministra mencionada especficamente en el libelo acusatorio presentado en el Congreso. Los diputados afirmaron que los ministros actuaron de forma "absolutamente equivocada" en Curuguaty al "tratar de manera igual a policas cobardemente asesinados y a aquellos que fueron protagonistas de estos crmenes", o sea los campesinos.

BALA 5.56.

Una cpsula de proyectil dorada, hecha de latn militar, con 9,50 milmetros de dimetro, puede ser la evidencia definitiva de que la investigacin del fiscal Rachid est ignorando muchos elementos cruciales. El 2 de octubre Rachid divulg la conclusin de la Fiscala de que los agentes policiales cayeron en una emboscada "previamente preparada y planeada" por sin tierra armados con rifles, escopetas, hoces y machetes. Afirm tambin que Rubn Villalba es el principal responsable de la tragedia. En poco ms de dos mses de investigacin, sin embargo, Pblica tuvo acceso a la cpsula de una bala 5.56, utilizada en fusiles M 16 y carabinas M 4 -armas usadas tanto por grupos de elite de las fuerzas de seguridad de Paraguay como por traficantes que contrabandean marihuana, artculos electrnicos y agrotxicos a Brasil-. Segn los testimonios, la cpsula fue encontrada en el terreno de Marina Cu poco despus del conflicto. Se trata de una cpsula de bala fabricada en 2007 en Salt Lake City Army Ammunition Plant, en un complejo militar perteneciente al gobierno estadounidense en el estado de Utah y administrado por la empresa militar privada Alliant Techsystems (atk). La atk exporta armas y municiones a Paraguay a travs de la empresa Sake Saci, segn registros del gobierno estadounidense compilados por la consultora Import Genius. Contactada por Pblica, la atk se neg a decir si exporta slo a las fuerzas militares de Paraguay o tambin a grupos privados.

La cpsula de bala 5.56, que permanece en un lugar seguro en Paraguay, puede ser el nico indicio de que el da del conflicto se utilizaron armas militares -fuera por las fuerzas especiales de la polica o por francotiradores-. Decenas de otras cpsulas semejantes, recogidas en el lugar, simplemente desaparecieron. En el informe de la polica, al que Pblica tuvo acceso, aparecen slo dos cartuchos de bala 5.56, que no fueron sometidos a pericias porque no se hallaron las armas correspondientes.

De acuerdo con Rachid, ningn arma militar fue utilizada aquella maana. "Tom las declaraciones testimoniales de los agentes que intervinieron y ellas estn anexadas en el informe oficial. Todos coinciden en decir que no utilizaron armas con proyectiles reales ni gas pimienta", dijo. Desde que present sus conclusiones, en octubre, el fiscal ha sido cada vez ms criticado. Ms all de las protestas pidiendo la libertad de los campesinos, la verdad es que su hiptesis -que 70 campesinos habran emboscado a 324 policas con escopetas de caza- no convence a nadie. La mayor piedra en el zapato del fiscal es un informe detallado, publicado en el mismo mes de octubre por la Plataforma de Estudio e Investigacin de Conflictos Campesinos (peicc), fundada poco despus de la destitucin de Lugo por el poltico liberal Domingo Lano, un hombre tranquilo pero de palabras enfticas, casi dramticas, con el objetivo explcito de investigar la investigacin oficial.

La peicc tambin asumi la defensa de los campesinos presos y est pidiendo la completa anulacin de la investigacin. Las fallas planteadas por el informe de la Plataforma son elocuentes. Primero, cuestiona el hecho de que slo se hayan encontrado en el lugar cinco escopetas de caza y un revlver, armas que difcilmente conseguiran matar a tanta gente en tan poco tiempo. Analizando un video grabado por la polica, la peicc defiende que se oye una rfaga de fusil automtico en el momento del tiroteo. La evidencia es descartada por el fiscal Rachid. El mismo video muestra la presencia de mujeres y nios en el lugar de la confrontacin, lo que desmentira la versin de una emboscada. Ya en la investigacin presentada por la Fiscala, los ms de 30 testimonios de policas golpean la misma tecla: que no haba all ninguna mujer o nio. Es mentira. Dicen tambin que los campesinos estaban fuertemente armados. Pero, otra vez, el video publicado por la peicc desmiente esa versin: los campesinos realmente portan escopetas de caza.

La cosa se pone peor. De las cinco escopetas examinadas por la polica, apenas una se mostr capaz de disparar durante las pruebas de balstica. Y una de las armas incluidas en el informe de la polica fue, en verdad, robada el 22 de junio, una semana despus de la masacre, de la casa del general Roosevelt Csar Bentez Molinas y abandonada atrs de una iglesia en Curuguaty. La hiptesis de que hubiese francotiradores en el rea fue despus descartada por la Fiscala, y los resultados de los informes del forense no fueron presentados en pblico cuando Rachid anunci sus conclusiones. Tampoco consta en la investigacin de la Fiscala el hecho de que el helicptero usado por la polica, que haca sonar una sirena ensordecedora, disparaba durante la confrontacin. Todos los policas entrevistados afirman que el helicptero no estaba sobrevolando el rea durante el tiroteo. Pero un video filtrado en Youtube muestra, de hecho, el disparo del helicptero. El campesino Roberto (nombre ficticio), entrevistado por Pblica, recuerda bien este detalle. "Los heridos estaban corriendo y les disparaban desde el helicptero, que estaba muy bajo." El informe de peicc muestra, adems, a policas manipulando los cuerpos de los campesinos, tirando sobre ellos cartuchos de bala y escopetas, para posar ante las fotos que ilustraran los peridicos de los das siguientes. Las fotos de montaje de la escena, segn Lano, fueron cedidas a peicc por fotgrafos "que no estn de acuerdo con lo que ocurri" y no salieron en la prensa paraguaya.

Coincidentemente, es una foto fuera de foco, sin autora definida y filtrada a peicc, la que fue utilizada para identificar a Rubn Villalba como el hombre que tir contra Erven Lovera, dando inicio a la llamada "emboscada" contra la polica. En su celda hacinada de Tacumb, Villalba tiene pocas esperanzas de escapar al papel de gran verdugo de la masacre de Curuguaty, en caso de que la investigacin siga el mismo rumbo. O de tener un juicio justo. Contra l estn el fiscal, el juez y el breve presidente Federico Franco, cuyo mandato termina en agosto de 2013 y que depende, en gran parte, de que se mantenga la versin de que los campesinos emboscaron a los policas porque "el presidente Lugo se mostraba siempre con las puertas abiertas a los lderes de estas invasiones, dando un mensaje claro sobre su apoyo a esos actos de violencia y comisin de delitos", como declara el documento del impeachment.

http://www.brecha.com.uy/


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