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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-01-2013

Nuevo ao, nuevo recorte de pensiones

Nacho lvarez
Pblico.es


Durante las pasadas elecciones generales Rajoy repiti incansablemente que no tocara las pensiones. Y sin embargo lo ha hecho. El Gobierno cruza con ello la que era su ltima lnea roja. Con su decisin de no cubrir la desviacin respecto de la inflacin en 2012, el ejecutivo hace retroceder un 2% la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Estos dejan de ingresar unos 220 euros de media en 2012, al tiempo que dicho recorte se consolida en aos sucesivos al no incorporarse la actualizacin a la base de clculo de las pensiones en 2013.

Se recortan de este modo los ingresos del sector ms vulnerable de la sociedad, ingresos de los que hoy da dependen no slo los propios pensionistas, sino millones de familias desempleadas. El Gobierno atiende as a las presiones de la patronal y la troika, que abogaban por congelar las pensiones para cumplir con el objetivo de dficit impuesto por Bruselas. Como elocuente sealaba el ministro Gallardn hace unos das: Gobernar, a veces, es repartir dolor.

No obstante, este recorte de las pensiones pblicas no es el nico que figura en la agenda del ejecutivo. El Gobierno del Partido Popular prepara para este ao un endurecimiento de algunos de los recortes ya contenidos en la reforma que en 2011 acordaron el Gobierno de Zapatero, CCOO, UGT y la patronal.

Esta reforma, que entr en vigor el pasado 1 de enero, contempla como es sabido elementos muy lesivos para las y los trabajadores: de forma general, eleva la edad de jubilacin desde los 65 aos hasta los 67, aumenta el periodo de cotizacin exigido para jubilarse con el 100% de la base reguladora (hasta los 37 aos en lugar de los 35 actuales), e incrementa los aos para el cmputo de la pensin desde los 15 actuales hasta 25. As, esta reforma establece un listn inalcanzable para millones de trabajadores (especialmente mujeres y jvenes) que, con carreras laborales inestables y bajas cotizaciones, vern notablemente mermadas sus futuras pensiones.

El Gobierno de Rajoy ha anunciado su intencin de retrasar la edad de las jubilaciones anticipadas, elevando las forzosas hasta los 63 aos y las voluntarias hasta los 65. Adems, el Gobierno quiere acelerar el ritmo al que se tiene previsto implantar la elevacin de la edad de jubilacin a los 67 aos (transicin que debera completarse en 2027).

Esta nueva agresin contra el sistema pblico de pensiones se prepara con los mismos argumentos que han dirigido las reformas anteriores: se cuestiona, una vez ms, la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, los datos hablan por s mismos.

En primer lugar, la jubilacin anticipada no cuestiona la sostenibilidad del sistema de pensiones, puesto que quienes se acogen a ella sufren una reduccin en su pensin durante toda la duracin de la prestacin del 7% por ao de adelanto. Por otro lado, la pretensin de acercar la edad real de jubilacin a la edad legal debiera tener en cuenta que la primera se sita en Espaa en los 63 aos, una de las ms altas de la Unin Europea (cuya media est en los 61,5 aos).

Segn datos de Eurostat, el sistema de pensiones de Espaa es uno de los ms baratos de la UE. El gasto pblico espaol en pensiones fue en 2010 (ltimo dato disponible) de 1.862 euros por habitante (equivalente al 10,7% del PIB). Esta cifra es muy inferior a los 2.769 euros de gasto medio en la UE (13% del PIB), los 3.421 euros de Alemania (12,8% del PIB), los 3.658 Francia (14,4% del PIB) o los 3.295 de Italia (16% del PIB). Es ms, en Espaa el 70% de las pensiones no superan los 1.000 euros mensuales, de modo que la pensin media contributiva es un 25% inferior a la media de la UE, y la no contributiva casi un 50%.

El hecho de que el porcentaje del PIB dedicado al gasto en pensiones haya aumentado en Espaa entre 2007 y 2012 (incrementndose en un 2% aproximadamente) no se debe a la insostenibilidad del sistema, sino a la propia crisis econmica y a la gestin que se ha hecho frente a ella. As, son las medidas de recorte fiscal que imponen el Gobierno y Bruselas las que siguen expulsando cotizantes del mercado de trabajo, las que hunden la demanda agregada y las que con ello deterioran las cuentas de la Seguridad Social. De hecho, hasta la llegada de la crisis el sistema pblico de pensiones no presentaba problema alguno, e incluso acumul importantes supervits que se trasladaron al Fondo de Reserva de la Seguridad Social (que a fecha de hoy acumula an 66.000 millones de euros, equivalente al 6,5% del PIB).

Adems, no se puede hablar seriamente de la sostenibilidad del sistema de pensiones sin poner todas las cartas sobre la mesa: dicha sostenibilidad remite directamente al debate de qu modelo de distribucin de la renta queremos tener.

A comienzos de la dcada de 1970 haba en el Estado espaol dos millones de pensionistas y el gasto en pensiones apenas representaba el 3% del PIB. Hoy da el nmero de pensionistas alcanza los 8,1 millones y el gasto representa el 10,7% del PIB. Esta evolucin ha sido perfectamente compatible hasta la llegada de la crisis y las polticas de recortes con los supervits anteriormente mencionados. Cmo ha sido posible? Pues porque el incremento de la productividad permite que aumente tambin la ratio entre pensionistas y trabajadores ocupados sin poner en riesgo el sistema (esta ratio pas del 15% en 1970 al 45% actual). No existe en contra de las proyecciones generalmente interesadas ninguna razn econmica ni demogrfica para que esta tendencia no pueda continuar en el tiempo. Ahora bien, para que esto sea posible es necesario socializar las ganancias derivadas del incremento de la productividad.

Es ms, si hiciese falta reforzar la sostenibilidad del sistema siempre se podra acudir a otras medidas que no pasen por el recorte del gasto, sino por el aumento de los ingresos. Por ejemplo, la retirada de las polticas de recortes y el desarrollo de los servicios pblicos ayudara a sostener el empleo y con ello el nmero de cotizantes. Los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, y la universalizacin de la educacin infantil desde los cero aos, facilitaran que ms mujeres pudieran incorporarse al mercado de trabajo y que la tasa de ocupacin femenina alcanzase los estndares de la UE.

Por ltimo, el sistema pblico de pensiones no necesariamente debe sostenerse a travs de las cotizaciones sociales, sino que tambin puede ser financiado mediante impuestos generales. Es necesario resaltar en este sentido que la presin fiscal en nuestro pas es una de las ms bajas de Europa: el 32,6% segn datos de Eurostat, muy alejada del 40% de la media de la UE, del 43,1% de Francia e Italia, del 46,8% de Suecia o del 48,9% de Dinamarca.

En resumen, la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones no es una cuestin tcnica, sino poltica (Qu recursos queremos destinar a sostener a quienes ya han trabajado toda una vida?). O es que acaso el Gobierno pretende hacernos creer que hay dinero suficiente para rescatar al sistema bancario, pero no para garantizar nuestra futura vejez? Las pensiones pblicas no slo garantizan la estabilidad del ciclo macroeconmico, impidiendo que las recesiones se agraven. Constituyen un derecho social conquistado despus de toda una vida de trabajo, as como un bien pblico que garantiza la solidaridad, la cohesin y la justicia. Son, en definitiva, un enorme activo a defender.

Dicha defensa debera estar encabezada por las organizaciones sindicales. Por ello, nuestros dirigentes sindicales, que en su momento no quisieron ver el enorme error estratgico que significaba firmar la reforma que ahora entra en vigor, haran bien en no tratar de poner en valor acrticamente dicho pacto. Por el contrario, su papel debiera ser el de preparar y organizar la respuesta frente a cualquier nueva agresin que pueda sufrir el sistema pblico de pensiones.

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/496/nuevo-ano-nuevo-recorte-de-pensiones/

Nacho lvarez es Profesor de Economa Aplicada de la Universidad de Valladolid y Miembro del Consejo Asesor de la Fundacin VientoSUR


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