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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-01-2013

Comunicado de HIJOS La Plata
Carnaval de la memoria o espacio de lucha

Rebelin


Desde la Agrupacin HIJOS La Plata repudiamos la afrenta a la memoria de los 30 mil compaeros detenidos desaparecidos realizada el fin de ao en la ESMA por el elenco de intrpidos y obsecuentes funcionarios kirchneristas del Ministerio de Justicia y la Secretara de DDHH de la Nacin, y acompaamos a la Asociacin de Ex Detenidos Desaparecidos en su reclamo por un debate serio respecto al destino de los espacios de memoria.

El actual Ministro de Justicia, impulsor de la ltima reforma a la Ley Antiterrorista para ampliar su alcance represivo, y anfitrin de escandalosos asados, tiene viejas deudas con el movimiento de Derechos Humanos que ahora presume encabezar, y en particular con los organismos de la ciudad que gobern por 16 aos. Entre 1998 y 2002, el entonces intendente Alak se haba comprometido, como miembro integrante de la APDH, a susbsidiar el pago de alquiler de la oficina que la APDH La Plata destinaba como estudio jurdico (350 pesos mensuales durante tres aos, que totalizaba ms de 12 mil pesos). Los constantes incumplimientos del intendente con el organismo del que fue parte y al que incluye en su currculum poltico, motivaron en mayo de 2002 una carta abierta del organismo donde denunciaban que en todos los contactos mantenidos ante funcionarios de su municipio y ante Ud. mismo a travs de entrevistas, notas, llamados telefnicos, se ha refrendado el compromiso de pago del subsidio acordado, y que la APDH, se encuentra a la fecha en una situacin angustiosa dado que ha quedado totalmente sin fondos, lo cual la pone en riesgo de no poder funcionar y no brindar a la comunidad de sus servicios.

En 2006 Alak intent subsanar su falta de compromiso con el movimiento de Derechos Humanos de La Plata prestando las instalaciones del Saln Dorado, la reparticin ms lujosa del Palacio Municipal de La Plata, para la realizacin del que fuera el primer juicio en nuestra ciudad desde la reapertura de las causas contra los genocidas.

El espacio fue aceptado por el TOF1 porque las salas de la sede de la Justicia Federal local se desbordaran, pero no estaba preparado para la realizacin de las audiencias, y ello provoc, entre otros inconvenientes, el apriete a testigos en la sala de espera del tribunal en la misma audiencia en que dio su testimonio Jorge Julio Lopez. Claro que la jugada del intendente result desastrosa, primero porque el genocida Etchecolatz fue debidamente escrachado al leerse la sentencia condenatoria, pero adems, porque la sede de la municipalidad de La Plata, sus veredas sobre la calle 12 y la Plaza Moreno pasaron a ser el lugar de concentracin y lucha de todos los 18 de septiembre para quienes desde hace ms de 6 aos venimos sealando la responsabilidad de los Estados Nacional y Provincial en su silenciosa complicidad con el secuestro de Lopez. Desde aquel el 18 de septiembre de 2006 la puerta de la municipalidad, donde esperbamos a Lopez junto a los organismos de Derechos Humanos para la lectura del Alegato de la querella del espacio Justicia Ya, se ha convertido en un espacio de la Impunidad, porque desde hace 6 aos no recibimos ninguna respuesta ni lnea investigativa firme en el caso de parte del Gobierno de los Derechos Humanos.

El debate sobre las formas de uso de los sitios de memoria no est cerrado, mucho menos ante la carnavalesca disputa que los sectores oficialistas realizan sobre los espacios. En la provincia de Buenos Aires los funcionarios kirchneristas vienen injuriando la memoria de los CCD de manera repetida. As sucedi con el predio del Destacamento de Arana, donde el EAFF anunci el hallazgo de restos seos calcinados en abril de 2008 en las excavaciones realizadas en torno de un muro que divide el patio interior del exterior del lugar. Casi instantneamente, la entonces secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, adelant que el gobierno provincial pretenda que el lugar "se convierta en un Museo de la Memoria porque all estn las cenizas de los militantes populares". Inmediatamente, el espacio Justicia Ya de La Plata comenz a solicitar al gobernador Scioli y al juez Corazza la necesidad del desalojo de la polica bonaerense del destacamento policial, ya que la dependencia continuaba funcionando regularmente, y entendiendo que la tarea principal era conservar las excavaciones efectuadas por el EAAF y poder avanzar en la realizacin de excavaciones pendientes y peritajes sobre el interior del lugar, ello resultaba, cuando menos dificultoso en el estado de ocupacin del inmueble. Tras una larga insistencia, en 2009 el Juzgado Penal Federal N 3 a cargo de Corazza solicit al ejecutivo bonaerense el desalojo del Destacamento de Arana. Sin embargo, la iniciativa oficial sobre el predio sigui adelante. Voceros de la secretara anunciaron por entonces que la obra se realizaba con el objetivo de preservar la prueba judicial.

Derotier de Cobacho consider que Arana es memoria, es respeto por nuestros desaparecidos, por los sobrevivientes y por sus familiares. Es la forma que hoy tiene el estado provincial de acompaarlos y decirles esto jams va a volver a ocurrir. Justicia Ya respondi con un comunicado titulado No al museo del horror donde afirm su repudio a cualquier proyecto de memorializacin que implique la convivencia con las fuerzas represivas y la exhibicin de restos humanos, ya que la presencia y ocupacin del lugar por la misma fuerza que lo convirti en un centro de tortura y exterminio () significa una gravsima afrenta a la verdadera justicia y por lo tanto a la memoria colectiva de toda la ciudadana. Desoyendo toda las crticas de los organismos, el gobernador Scioli apur su agenda en medio de la campaa electoral, y el 6 de octubre de 2011, tras inaugurar obras de un laboratorio en teleconferencia con la presidenta Cristina Fernndez, participar de un encuentro con la militancia 2.0, en exclusiva comitiva oficial y con la polica funcionando en la entrada del predio, present las obras de Arana. La prensa de gobernacin difundi un escueto comunicado donde se afirm que la tecnologa adoptada permite minimizar el impacto producido sobre el terreno a preservar, dada la sensibilidad y las caractersticas de los hallazgos. En verdad el gobierno de la provincia invirti 758.000 pesos para montar la iluminacin y el mejorado del camino de acceso, ms una estructura flotante de hierro y vidrio sobre las fosas halladas. Para minimizar los reclamos de los organismos, pero con el museo del horror ya inaugurado, Scioli afirm que se comprometan a trasladar la presencia policial del edificio que funciona delante de las nuevas obras, cosa que an no se realiz. La medida fue una muestra ms de cul es la verdadera poltica de Derechos Humanos de la gestin Scioli, que pretende darse aires progresistas cuando es en realidad la conduccin poltica de la fuerza de seguridad ms corrupta y asesina de nuestro pas. Medidas como esta afectan la bsqueda de los familiares mucho ms de lo que una gestin de gobierno parece contemplar.

Un desaire similar se vive alrededor del ex Destacamento policial de Lomas del Mirador donde el 31 de enero de 2009 fue secuestrado, golpeado y desaparecido Luciano Arruga. Inaugurado en 2007 por el grupo vecinal VALOMI (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador) con apoyo del senador provincial kirchnerista Jorge Pirozolo, el lugar se estableci como dependencia de la comisara 8va de La Matanza para recibir denuncias. En el acto de apertura, y con la presencia de todas las fuerzas vivas incluida la directora de Derechos Humanos del municipio, Gina Di Nardo, el intendente kirchnerista Fernando Espinoza agradeci al gobernador Sol y al ministro Arslanin y asegur que quiz cuando pasen los aos y cuando se empiece a escribir la historia reciente de los ltimos 5 o 10 aos, quiz entonces podamos valorar lo que signific esta lucha en conjunto de toda la comunidad. Seguramente no imaginaba que la historia hara tristemente clebre ese lugar por darle continuidad a la prctica estatal de la desaparicin forzada de personas.

Poco antes de cumplirse 3 aos de impunidad del hecho, tarde, casi por obligacin y tras el insistente pedido del grupo de familiares y amigos de Luciano, que incluy un extendido acampe frente en la municipalidad, el intendente Espinoza se decidi a trasladar el destacamento y entregar el inmueble para realizar un espacio cultural.

El 28 de diciembre de 2011, da de los inocentes en el calendario cristiano, Espinoza realiz el acto oficial de apertura del Espacio Para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga", que segn inform el municipio, integrara el rea de gestin de la Direccin Municipal de Derechos Humanos y albergara las actividades de un archivo de la memoria, as como tambin actividades organizadas por los familiares y amigos de Luciano Arruga. Volviendo atrs las palabras que pronunci en el discurso de apertura de la sede policial, Espinoza pidi simblicas disculpas por lo sucedido en el lugar y asegur que "cuando inauguramos este destacamento, fue pensando en darle una mejor calidad de vida a los vecinos de la zona. Hoy, lo cerramos y transformamos un lugar de violencia y malos tratos en un lugar de vida, esperanza y dignidad para los jvenes del barrio. No hice ms que hacer lo que siento".

Presente en el acto, Vanesa Orieta, hermana de Luciano, puso las cosas en su lugar y afirm que "esta es una parte de lo que familiares y amigos propusimos hacer cuando desapareci. Logramos que este lugar se cierre gracias al esfuerzo de todos los que nos apoyaron desde un primer momento, pero Luciano ya no est, y eso nos sigue motorizando para no abandonar esta lucha. Hasta que los ocho policas no estn detenidos, esto no termina. Porque por un lado, estamos cerrando este centro clandestino de detencin, pero, por el otro, tenemos a los mismos ocho policas que tuvieron a mi hermano colgado y golpendolo en otras comisaras, con el riesgo de que otros jvenes puedan padecer lo mismo".

Claro que la construccin de un espacio cultural en un sitio cargado simblicamente con la tortura y la muerte llevara tiempo para procesar el dolor y apropiarse plenamente del lugar. Pero el proceso que all se estaba dando molestaba a las intenciones oficiales porque adems de la apertura cuidada del edificio a toda la comunidad, el grupo de Familiares y Amigos emprendi una redefinicin del espacio colectiva e independiente, y que pretenda transformarlo en referencia de lucha contra la impunidad en toda la zona oeste del gran Buenos Aires.

Sin mediar negociaciones, dos meses despus de haber otorgado el espacio, que el municipio alquilaba, el intendente Espinoza retir la llave del lugar al grupo de familiares con la triste frase de que nunca ms la iban a obtener. Ello redobl la apuesta del grupo de familiares, que desde hace 30 semanas viene realizando una radio abierta en la vereda del espacio pidiendo el esclarecimiento del caso y la apertura definitiva del lugar para actividades de lucha antirrepresiva.

En la Propuesta para el predio de la ESMA y el campo de deportes que la Asociacin de Ex Detenidos hizo hace varios aos, se aportaban criterios para los distintos usos del predio. Los compaeros decan claramente que para revertir tantos aos de polticas de impunidad implantadas desde el Estado era clave el reconocimiento pleno de la existencia de centros clandestinos de desaparicin y exterminio sin desvirtuar su significacin como tales a travs de su utilizacin para otras actividades y que no puede ni debe diluirse lo que all ocurri detrs de otras actividades, aunque se trate de prcticas que estn vinculadas a los DDHH en su concepcin ms general. Desde entonces, la Asociacin se opona a lo que se vena perfilando como la instalacin de instituciones educativas u oficinas pblicas, porque se establecera un movimiento rutinario y cotidiano de alumnos, profesores, funcionarios, empleados, pblico y proveedores e implicara la instalacin de la infraestructura necesaria (bares, kioscos, comedores, guarderas infantiles, playas de estacionamiento) que vaciaran de contenido los lugares donde se planific, se puso en marcha y se concret un genocidio. Y se sugera que no se produzca ningn cambio al tejido histrico de valor cultural, y que en caso de darse los cambios que se realicen sean esencialmente reversibles y tengan un impacto mnimo.

Nada de esto fue tenido en cuenta al calor de la almoneda que la cooptacin kirchnerista realiz sobre amplios sectores del movimiento de Derechos Humanos, y que puede observarse hoy mismo con la instalacin en el predio del Espacio Cultural Nuestros Hijos regenteado por la Fundacin Madres de Plaza de Mayo, la Casa de la Militancia arriendo del sector oficialista de hijos de desaparecidos cedido por la ministra Alicia Kirchner, en el Centro Cultural Haroldo Conti que tutela la presidenta y gobierna Eduardo Jozami, en el Archivo Nacional de la Memoria asignado a Ramn Torres Molina, el Canal Encuentro de Tristn Bauer, el Instituto Espacio Para la Memoria integrado por representantes del ejecutivo y legislativo a la par de algunos organismos kirchneristas, y otros kioscos que todas las organizaciones oficialistas recibieron como medida de prenda por su incondicional apoyo al gobierno.

Pero este escndalo nos remite a otra discusin ms profunda, que tiene que ver con el rol de los organismos de DDHH en una coyuntura como la actual.

Ya en el tratamiento ideolgico del tema de la represin estatal se puede reconocer el suelo comn burgus de todos los gobiernos del perodo iniciado en 1983, dado que sin excepcin adoptan la perspectiva de los derechos humanos, pero siempre se opera conservando las instituciones represivas, procurando sanearlas de sus elementos corruptos. El discurso de los DD.HH., que ha calado profundo en la poblacin, ha sido muy til para lograr esa conciliacin de la sociedad con el Estado, produciendo un relato en el que no se cuestionan las instituciones sino algunos de sus miembros. Esta manera de pensar torna catica e ininteligible la razn de ser de la indita violencia desatada antes y durante la ltima dictadura militar. Violencia indisolublemente ligada a una necesidad del capital: disciplinar a quienes trabajan.

El discurso de los derechos humanos esconde la extensin y la profundidad de los fines que busca concretar la violencia desatada como medio. Los centros clandestinos de detencin, la desaparicin de personas, las torturas de todo tipo, permanecen (gracias al discurso de los derechos humanos) en el plano de lo moral individual, evadiendo y ocultando la dimensin social y poltica de la cuestin: el sometimiento de la produccin social a la explotacin capitalista, la acumulacin incesante del capital a expensas del trabajo. Queda en evidencia la profunda maleabilidad de la memoria. El pasado es pasible de ser ledo en claves polticamente no slo diversas, sino tambin antagonistas.

Lo que permanece constante es el carcter limitadamente reformista de las polticas que giran al comps del discurso de los DD. HH. Por debajo de esta apariencia engaosamente universal, se agazapa la dimensin fundamental de los DD. HH.: la operacin de abstraccin que encubre bajo el velo liberal la explotacin capitalista. Por eso puede entenderse por qu asistimos simultneamente a la reactivacin de los procesos judiciales contra los genocidas mientras se promueven polticas de impunidad. Tambin vimos cmo se fue construyendo un relato que oscurece el carcter de clase del conflicto en beneficio de un reforzamiento del ideal de ciudadana: un discurso que pide perdn en nombre del Estado, repara econmicamente a los individuos afectados por los alcances de la represin y, sobre todo, preserva las instituciones mientras descuelga retratos, organiza sendos brindis para festejar supuestos logros o presenta ms y ms programas estatales en la materia.

Si podemos leer en la magnitud de la represin estatal, acentuada a partir de 1976, la necesidad de terminar con un ciclo de ascenso de luchas que desafiaba el monopolio de la violencia legtima en manos del Estado, de este modo tambin se explica el recurso permanente del actual gobierno a la manipulacin: se entregan algunas compensaciones que aseguren la legitimidad poltica del sistema, pero cuando las concesiones comienzan a agotarse dejan paso a una faz represiva, cuando las que se ven amenazadas son las ganancias del capital.

Por todo esto, el debate sobre los espacios de memoria y las tareas del movimiento de DDHH no escapa a su planteamiento en trminos antagnicos: o se legitima a la clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crtica del orden establecido. Pero la crtica no se hace desde los despachos ministeriales, o los espacios fsicos recuperados al Estado de ayer para legitimar al de hoy, sino que emerge desde la exploracin terica y prctica de cmo inscribirse en el campo de la liberacin humana. Aquella liberacin que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsecuencia pretende encerrar a los luchadores sociales.

HIJOS LA PLATA

www.hijosprensa.blogspot.com


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