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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-01-2013

La crisis del rgimen del 78

Jos Errejn
Viento Sur


La Constitucin vigente, de la que ahora se cumplen 34 aos de su promulgacin, instituy un rgimen poltico en el que algunos vemos determinados sntomas de crisis. Esta posicin puede dar lugar a ciertos equvocos que los comentarios que siguen pretenden contribuir a desechar. Para ello, se describen en primer lugar y en forma sumaria los principales rasgos que lo han caracterizado, para sealar sus principales factores de crisis, entre los que destaca la crisis del acuerdo social subyacente, prestando atencin a la crisis del trabajo como elemento definidor de ciudadana, y la crisis de la izquierda.

Se procede, en primer lugar, a describir de forma sumaria los rasgos principales del rgimen del 78, poniendo de relieve la confusin originaria entre el contenido esencial que se reclamaba, la soberana popular como ncleo esencial de legitimidad del Estado democrtico y la forma de institucin y organizacin de las instituciones de ese Estado, con la obediencia a la Constitucin y a las leyes como prueba suprema de la existencia misma de la democracia.

Los elementos pilares sobre los que se construye el rgimen se corresponden con los conflictos que histricamente haban conducido a la irreversible crisis del rgimen franquista; a saber, el conflicto con el mundo del trabajo y el conflicto territorial. Enunciadas las soluciones que la Constitucin instituye para ambos conflictos, se analizan a continuacin los factores que han puesto en crisis su funcionalidad.

Las crisis de la izquierda del rgimen y los efectos de la crisis en aparato del Estado son analizados como indicadores de la crisis y causas que la retroalimentan. La hiptesis es que al ser asociado el rgimen en el imaginario popular a una creacin de la izquierda y que su crisis arrastra con l a una cierta izquierda, esto abre posibilidades a otra izquierda que se plantee superar los mitos del capitalismo y del Estado del bienestar. Escudriar esas posibilidades es la razn ltima que justifican estos comentarios

El rgimen del 78

El rgimen del 78 es la forma poltica que adopt el proyecto de desarrollo capitalista en Espaa, tras el agotamiento de la forma dictatorial vigente durante cuatro dcadas. Descritos de forma sumaria, los pilares de dicho rgimen son:

1. Un pluralismo poltico atenuado por una normativa electoral que penaliza las opciones crticas con el sistema socioeconmico que no disponen del apoyo de las entidades de crdito;

2. Un acuerdo social entre la representacin del mundo del trabajo, institucionalizada al efecto, y la del capital, con intercambio de legitimidades y con renuncia de los primeros a intervenir en la orientacin de la poltica econmica de las empresas y del Estado;

3. una notable y generalizada descentralizacin de competencias y funciones del Estado en niveles sub-estatales como forma de neutralizar las aspiraciones a la autodeterminacin de los pueblos y naciones sometidos a la dominacin de Estado espaol; y

4. todo ello bajo la vigilancia de los aparatos coercitivos heredados de la dictadura y el mando del jefe del Estado cuya primera fuente de legitimidad ha sido la designacin del propio dictador como su sucesor a ttulo de rey y con arreglo al ordenamiento jurdico de la dictadura.

La constitucin poltica del rgimen dio forma al pacto entre las formaciones polticas democrticas opuestas en diferente medida a la dictadura y los herederos de la misma y gestores de la transicin. Asimismo, asent un pacto social a distintos niveles que explica tanto la historia de este pas en estos decenios como la grave crisis histrica en la que se encuentra. Un acuerdo social, por una parte, entre los representantes del mundo del trabajo y el Estado, en nombre de los intereses colectivos de toda la burguesa, como capitalista colectivo, por virtud del cual los primeros conseguan un cuadro de derechos sociales y polticos correspondientes a lo que en los Estados europeos de entonces se llamaba sociedad del bienestar, a cambio de limitar su participacin en la direccin de las empresas a la negociacin colectiva de los salarios y en la direccin de la economa nacional a travs de su participacin ms simblica que real en los rganos paritarios de concertacin. Y, por otra, un acuerdo nunca formalizado entre las distintas fracciones de la burguesa para definir un autntico proyecto histrico en virtud del cual el capital financiero, a travs de las grandes corporaciones de la construccin y el negocio inmobiliario pero tambin de las grandes compaas energticas, han conducido, de hecho, la poltica econmica a lo largo de este perodo.

El acuerdo social en Espaa ha estado basado en las expectativas de trabajo (o, tal vez mejor, de empleo) y bienestar para los de abajo a cambio del respeto a la dominacin capitalista del conjunto de la vida social y la indiferencia ante el expolio del territorio y los recursos naturales.

El trabajo en la constitucin del 78

Por lo que al trabajo se refiere, la Constitucin, tras reconocer el derecho de todos a sindicarse libremente, proclam el deber de los espaoles a trabajar y el derecho al trabajo, la libertad de empresa en el marco de la economa de mercado y la defensa de la productividad. En suma, proclam el sistema capitalista de produccin, distribucin y consumo del que forma parte la existencia de una fuerza de trabajo libre para venderse en el correspondiente mercado; y lo hizo entronizando la defensa de la productividad en la empresa y en la economa (es decir, los intereses de los patronos) como valor supremo que subordina los derechos de sindicacin y de huelga reconocidos en el Art. 28. Conviene recordar esto ante las ensoaciones de algunos tericos de la izquierda del rgimen que han llegado a teorizar la existencia de un alma socializante de la Constitucin que, potencialmente, permitira modelos de transicin a sistemas post-capitalistas sin romper el edificio constitucional.

Si al entramado constitucional descrito se le une la integracin en el mercado comn europeo y los efectos que sus imperativos de libertad de circulacin de capitales y mercancas han tenido sobre las polticas de regulacin, control y proteccin de los mercados de trabajo, se puede tener una idea bastante precisa de la situacin efectiva del mundo del trabajo en el rgimen del 78.

No obstante, y a causa de la posicin institucional que los sindicatos tienen en el entramado del rgimen y en su funcionamiento cotidiano como apoderados del mundo del trabajo, ha podido instalarse como valor comnmente admitido, la idea, machaconamente repetida por la CEOE, del excesivo peso de los costes, directos e indirectos, del trabajo sobre la economa de las empresas y la economa nacional; y ello, a pesar del continuo descenso de las rentas del trabajo en el total de la Renta nacional.

A partir de aqu la lucha de clases se expresar como lucha por hacer efectivos los derechos proclamados en la Constitucin y por su defensa contra los ininterrumpidos ataques que desde su promulgacin le dirigieron la patronal y los gobiernos que se han sucedido. Las luchas obreras se convierten as en una invocacin y constante reclamacin por el cumplimiento de la Constitucin y el movimiento sindical (el trmino movimiento obrero quedar para los grandes fastos y para animar a los piquetes en las huelgas generales) en el principal movimiento constitucionalista, por tanto el principal defensor del modelo de capitalismo consagrado en la misma.

El resto de los derechos sociales que configuran el llamado Estado del Bienestar han contribuido asimismo al soporte de la legitimidad del rgimen: el empleo, aunque el desempleo nunca haya bajado por debajo de lo que los economistas sistmicos consideran umbral de seguridad; la educacin pblica y gratuita, an cuando la privada no haya dejado nunca de contar con el apoyo de los recursos pblicos; la sanidad pblica universal impulsando el espectacular negocio de la industria farmacutica; y, en fin, la vivienda en propiedad sostenida sobre el esfuerzo y el endeudamiento de las familias trabajadoras. Todos ellos han constituido los pilares sociales del rgimen, la contraprestacin que le ha otorgado legitimidad a lo largo de estos tres decenios. Conquistas que ahora se ven amenazadas y para cuya defensa convoca la izquierda del rgimen

La solucin del problema territorial

La articulacin territorial del Estado establecida por el Titulo VIII de la Constitucin pretendi solucionar la inorganicidad del Estado moderno desde su instauracin tras la guerra de Sucesin que encumbr a la dinasta borbnica. Dos siglos y medio en los que para muchos pueblos y naciones de la Pennsula ibrica, el Estado ha sido antes que nada, un ejrcito de ocupacin y un aparato de exaccin de tributos y, de forma especial en Catalunya y Euskal Herra, un poder opresivo de sentimientos, lengua y cultura.

La instauracin de la democracia no poda sino ser o materializarse en primera instancia sino como el ejercicio del derecho de autodeterminacin; es decir, la posibilidad de decidir si se quiere formar parte o no de una determinada comunidad nacional. El consenso constitucional alcanzado con las derechas nacionalistas permiti a stas presentarse como las gestoras de un proceso de transicin de duracin indeterminada que desde el actual Estado de las autonomas condujera a la soberana nacional, combinando la negociacin y participacin en las responsabilidades del Estado (ms CiU que el PNV) con la presin popular controlada por estos partidos pero sin renunciar, llegado el caso, a rentabilizar las ms directas expresiones del nacionalismo venidas de su izquierda.

El proceso se ha combinado con otro de descentralizacin administrativa constitucionalmente soportado por el reconocimiento, en el Art. 137 de "... la autonoma de municipios, provincias y las CCAA que se constituyan" y en las que se organiza territorialmente el Estado. Durante la etapa de gobierno de la UCD, este proceso se incentiv al mximo mediante la promulgacin de los Estatutos de Autonoma de diversas regiones y su ulterior desarrollo en el marco de sucesivas leyes bsicas que terminan configurando un marco jurdico poltico no tan distinto de la desconcentracin administrativa ya diseada por los tecncratas del franquismo. La relevancia poltica de este proceso est asociada al impulso de las polticas sociales y ambientales en las que las CCAA tienen competencias aunque no siempre soportadas por los recursos presupuestarios precisos

La denuncia del acuerdo social por los de arriba

Pero este acuerdo simbolizado en la Constitucin ya no puede ni quiere ser mantenido por el capital, para quien ha dejado de resultar funcional el proceso de reproduccin de la clase obrera: antes lnea de negocio y oportunidad de inversin, ahora contemplado como simple coste de explotacin de una economa cuyos niveles de rentabilidad/viabilidad no convencen a los inversores.

La crisis que desde hace 5 aos castiga a la sociedad espaola la puede sumir en un estado de postracin similar al vivido a lo largo del siglo XVII. Los grupos sociales econmica y polticamente dominantes, primeros beneficiarios del modelo econmico que ha devastado los principales recursos naturales y bienes comunes, estn retirando de forma acelerada los capitales acumulados en buena parte durante el ltimo perodo. La situacin es expresiva del diferencial de solidaridad que los principales grupos sociales aportan al esfuerzo colectivo. El desmoronamiento de la estructura econmica y social est cayendo sobre los grupos sociales ms desfavorecidos que se ven amenazados por un futuro de miseria para varias generaciones. Ah reside una de las primeras causas explicativas de lo que vamos a llamar la crisis del rgimen del 78: la sensacin creciente entre capas cada vez ms amplias del pueblo de que los daos de la crisis en modo alguno se reparten en la forma equitativa que proclama la Constitucin.

La oligarqua financiera, aliada histrica de los seores de la tierra y los militares como pilares del rgimen de la monarqua borbnica, ha sido la fraccin dirigente de bloque inmobiliario rentista dominante en la ltimas dcadas e inspiradora de las orientaciones estratgicas de la poltica econmica espaola. Es por eso que le corresponde la mayor parte de la responsabilidad en la catstrofe econmica y social que padecen las clases subalternas

El fracaso de estas orientaciones de poltica econmica ha precipitado la crisis del rgimen del 78, ese rgimen de alternancia bipartidista gestor del capitalismo del bienestar, sustentado desde los 80 en la expansin del negocio inmobiliario y la devastacin del suelo y los recursos naturales.

Agotado este modelo que (hay que repetirlo) ha sido la base material del rgimen, la gobernacin de los asuntos comunes se resiente de una ausencia de alternativas, lo que est haciendo posible, con el gobierno del PP, que esta direccin recaiga de forma efectiva en manos de las burocracias de la UE, el BCE y el FMI. En este punto histrico, el Estado espaol se configura materialmente cada vez ms en un rgimen de colonia o de protectorado, con el beneplcito de algunos sectores de la sociedad espaola, especialmente sus lites, que desconfan de la capacidad de autogobierno de la misma en una coyuntura crtica como la presente. As, el pesimismo y la fatalidad que en otras pocas ha atenazado las energas colectivas de la sociedad espaola, son difundidos por estas mismas lites con la pretensin de convertirlos en el sentido comn dominante.

En esta enumeracin de los factores de crisis del rgimen del 78 no puede olvidarse la forma de integracin en un proyecto europeo que ha visto el paso del modelo fordista keynesiano de regulacin a la globalizacin y la financiarizacin. Los impactos de una y otra en Espaa deben ser analizados por separado.

El de la globalizacin se manifiesta ante todo por la incardinacin del Estado espaol en la divisin del trabajo sobre la que se basa la UE y que supuso en su da la desaparicin de sectores enteros de la economa espaola como la siderurgia, la construccin naval, la ganadera, etc.

El efecto de la segunda financiarizacin- se ha vivido, sobre todo, como un incremento exponencial de la tasa de endeudamiento de familias y empresas, primero, y del Estado despus, cuando a la disminucin de ingresos tributarios derivados de los procesos de desfiscalizacin puestos en marcha por los gobiernos del PSOE y del PP, se le han venido a aadir la cada de los ingresos procedentes de los tributos existentes junto con la carga derivada de las diferentes medidas de ayuda a sectores econmicos en crisis, el financiero muy en primer lugar.

La caja de herramientas del rgimen no est preparada para arreglar averas del capitalismo como la presente. Ante el sufrimiento individual y social que provoca la crisis (ver cadena de suicidios), la reaccin de los dos partidos de gobierno es reformar una ley injusta sin tocar lo esencial que es la relacin de efectivo vasallaje existente entre familias y entidades de crdito. Un rgimen poltico diseado para transitar el camino hacia su integracin en un mbito supraestatal percibido como la meca del bienestar y los derechos sociales (la UE) se adapta mal a una situacin de desarticulacin generalizada y vuelta hacia un estado de naturaleza en la relacin entre los Estados y, desde luego, al interior de alguno de ellos. En este trnsito, el Estado del Bienestar ha servido para la primera acumulacin de recursos de las clases medias; con su crisis, la lgica solidaria que lo inspiraba ha sido paulatinamente sustituida por la lgica del aseguramiento, los incrementos salariales pactados por el endeudamiento a bajo precio y largo perodo de amortizacin.

La crisis del modelo territorial

Ciertamente ha habido factores ms inmediatos de crisis de rgimen. Entre ellos es obligado citar la aceleracin de la desafeccin social en Catalunya, precipitada por el desprecio al proyecto de Estatuto aprobado por el parlamento cataln que culmin en la sentencia del Tribunal Constitucional que declar inconstitucionales 14 de sus artculos. Todos los observadores la vieron como el fin de las esperanzas que la sociedad catalana o, al menos, sus sectores ms claramente soberanistas, haban puesto en el rgimen del 78 para encontrar satisfaccin a sus aspiraciones nacionales.

Es evidente, tambin, la influencia que el fracaso del proyecto de la Espaa plural urdido por Zapatero y Maragall ha tenido en esa prdida de confianza, de la misma manera que la misma ha sido uno de los factores ms importantes en la aceleracin de la crisis del rgimen del 78. Generaciones nacidas libres de la influencia del terror de la represin franquista han hecho suya de forma crecientemente la aspiracin por la autodeterminacin nacional como un corolario lgico del hecho mismo de vivir en democracia; y no parecen dispuestas a seguir soportando el peso asfixiante de un Estado en quiebra y enfeudado a los banqueros y a las grandes compaas trasnacionales.

Aprovechando los efectos de la crisis fiscal de las administraciones pblicas, la derecha ha emprendido asimismo un proceso de vaciamiento de las competencias de las CCAA que se enmarca en el ataque medular que perpetra contra los derechos y las prestaciones del Estado del Bienestar, porque han sido las administraciones autonmicas las que han desarrollado la mayor parte de estos derechos y prestaciones.

Ni la derecha ni las clases dominantes cuyos intereses defiende han credo nunca en el llamado Estado autonmico. La primera lo utiliz para cimentar un poder clientelar momentneamente perdido en los primeros momentos del rgimen pero recuperado pronto a impulso del modelo de crecimiento basado en la expansin urbanstica y del negocio inmobiliario. La predominancia de este modelo y el consiguiente papel de motor del crecimiento desempeado por la construccin residencial y la obra civil han permitido asentar un autntico bloque social inmobiliario rentista bien cohesionado por el flujo de crdito suministrado por las entidades financieras, convertidas en el comando efectivo de la economa espaola. An sin cambiar nada de lo esencial en su funcionamiento cuando la hegemona territorial le corresponda al PSOE, la derecha ha ido poco a poco ocupando estos mbitos de poder y reforzando las bases de su hegemona poltica en las CCAA, desde la que se plantea el asalto en toda regla contra las instituciones ms molestas del rgimen del 78.

El capital financiero, por su parte, tras su reconversin de propietario del principal tejido industrial espaol a impulsor y financiador de la espectacular expansin del negocio inmobiliario, ha visto con desconfianza el impulso y desarrollo del complejo de servicios pblicos autonmicos y, desde el principio, se dispuso a pujar por su conversin en lneas de negocio de las que sacar suculenta tajada.

El hundimiento del sector de la construccin y la quiebra de una parte del sistema financiero reduciendo los ingresos de las administraciones territoriales y engordando el dficit pblico por cuenta del rescate al sector, condena a las administraciones autonmicas a un lento languidecimiento sometido a la vigilancia del Ministerio de Hacienda, lo que puede dar la traste con los restos de su autonoma.

No se trata, contra lo que dice el Gobierno, de reducir el despilfarro y mejorar la eficiencia. El Gobierno y la CEOE saben que durante estos tres decenios, las prestaciones sociales, aunque hayan estado por debajo de las necesidades sociales, han asentado una demanda de servicios pblicos sobre la que se basan las expectativas de negocio de grandes empresas previa su privatizacin. La expansin del negocio de las grandes corporaciones mdicas, muy prximas a los gobiernos del PP, es una buena ilustracin de lo que se avecina. Dicho de otra manera, los servicios actualmente prestados por las administraciones autonmicas no van a volver a ser prestadas por la administracin del Estado sino por las grandes empresas del sector servicios con criterios de beneficios de cuya aplicacin van a salir perjudicadas, con seguridad, las capas menos pudientes de la poblacin

Es difcil defender el modelo de distribucin territorial asentado en el Ttulo VIII de la Constitucin concebido, como ya se ha dicho, para asfixiar las aspiraciones a la autodeterminacin de los pueblos de Euskal Herra y Catalunya. No obstante, y a pesar del desprestigio de estas administraciones a causa de la corrupcin y el clientelismo que han anidado en muchas de ellas, los sectores populares perciben la desaparicin de esos servicios como un grave dao a sus condiciones de vida.

Crisis del rgimen, crisis de la izquierda

La crisis del rgimen es crisis de la izquierda porque en buena medida el imaginario social ha percibido al rgimen como una obra de la izquierda. Esta afirmacin que puede escandalizar en mbitos en donde se niega la condicin de izquierda a las polticas emprendidas por los gobiernos del PSOE, debe ser tomada en consideracin para valorar y comprender la posicin de algunos sectores populares en relacin con la crisis del rgimen y la naturaleza esencialmente defensiva que adoptan algunas luchas populares de un evidente potencial anticapitalista.

La crisis del rgimen afecta sobe todo a la izquierda, es el sentido de la izquierda lo que est en cuestin por efecto del desmoronamiento del Estado del Bienestar. En algn momento de la historia del rgimen se puso de manifiesto la inviabilidad de Estado del Bienestar, su incompatibilidad con el modelo de capitalismo espaol realmente existente. La integracin en la UE y sus Tratados neoliberales ha sido un hito de influencia creciente en la inviabilidad del Estado de Bienestar.

El PSOE es y ha sido el partido del rgimen. Reapareci con el nacimiento del rgimen, lo ha desarrollado incluso en su basamento social, ha influido poderosamente en la percepcin social del mismo, configurando en buena medida el imaginario colectivo, y, al mismo tiempo, ha revelado sus inadecuacin. La crisis del PSOE y la del rgimen revelan la imposibilidad de construir una sociedad del bienestar sin remover los fundamentos y los equilibrios que caracterizaban la sociedad franquista

La derecha no sufre la crisis del rgimen; al contrario, su hegemona poltica es un indicador de esta crisis, un sntoma de la creciente desafeccin social hacia el rgimen, de la prdida de confianza de los de abajo en ver aseguradas las condiciones de vida y el disfrute de derechos prometidos. Entonces, o bien se han abstenido o bien han optado por apoyar a la derecha en la esperanza de beneficiarse con la prosperidad de los negocios de los ricos, incluso si ello conllevaba condiciones de trabajo y de vida mucho ms duras, una notable prdida de derechos y el crecimiento de las desigualdades e injusticias sociales.

El compromiso de la derecha con el rgimen constitucional siempre fue puramente instrumental, ha vivido dentro de l para defender los intereses de los poderosos contra los eventuales y siempre tmidos ataques de la izquierda del rgimen en el gobierno. Sobre la creciente deslegitimacin de los gobiernos del PSOE y la incapacidad de los sindicatos y los partidos a su izquierda para levantar una alternativa creble al hundimiento de la socialdemocracia, la derecha ha conseguido presentar la crisis capitalista como el resultado de la incompetencia de los gobiernos socialistas y el despilfarro inherente al Estado del Bienestar y aparecer como la nica alternativa posible y realista para sacar al pas de la crisis.

La gente de abajo ha podido comprobar la naturaleza de los remedios de la derecha a los males de la economa espaola. Las polticas del PP han estado jalonadas por un sistemtico ejercicio de recorte de derechos y ataques contra las condiciones de vida de las capas asalariadas y subalternas.

La revuelta contra estas agresiones, iniciada desde el ltimo gobierno del PSOE con el surgimiento del movimiento 15M, se ha visto ahora engrosada con la participacin de los sindicatos que han llamado a defender las conquistas del 78 y el dilogo social, que se considera amenazadas exclusivamente por la accin de un gobierno de derechas, sin mostrar la forma en la que la crisis global del capitalismo es la verdadera amenaza para estos derechos y prestaciones sociales asociadas al Estado del Bienestar y a su rgimen poltico. Parecera que las movilizaciones impulsadas van dirigidas a que el capital respete sus compromisos y sus promesas, luchar por seguir dentro de la relacin capital y no por impugnarla

Sin embargo, ha sido la crisis de este perodo de bonanza basado en la financiarizacin y el endeudamiento lo que ha arrastrado en su cada al rgimen del 78 de forma imparable. Las instituciones que, como los sindicatos, le prestaban lo esencial de su legitimidad entre las capas subalternas y asalariadas, van quedando invalidadas para el desempeo de su funcin constitucional por causa del arrinconamiento al que han sido sometidas por la reestructuracin continuada de la fuerza de trabajo llevada a cabo por los gobiernos. La reduccin del coste del trabajo, buscando el incremento de los beneficios, ha tenido un efecto contradictorio al reducir la tasa de ganancia y acentuar por ello los factores estructurales de la crisis capitalista.

En adelante, la relevancia del trabajo, enfticamente proclamada por la Constitucin, queda claramente devaluada por esta creciente devaluacin inducida por el movimiento de reestructuracin capitalista. En la sociedad del trabajo sin trabajadores que lleva camino de convertirse la sociedad espaola, el trabajo tiende a convertirse cada vez ms en un instrumento de disciplina y control y las instituciones que hasta ahora han realizado funciones de mediacin en su relacin con el capital, los sindicatos, se enfrentan al dilema de estar al servicio de esas funciones o alterar radicalmente su cometido

As pues, el rgimen del 78 entra en crisis porque deja de resultar til para la mayora de la poblacin. Para los de arriba, porque habiendo entrado en una tendencia cada vez mayor de descenso de la tasa de ganancia (por efecto de factores cuyo anlisis no podemos hacer aqu) y pinchada la burbuja inmobiliaria que actuaba desde 1998 como autntico motor del crecimiento econmico, las instituciones y derechos sociales derivados de la Constitucin se convierten en una rmora en la carrera por aumentar la tasa de plusvala absoluta de la fuerza social de trabajo.

Para los de abajo, porque la situacin de crisis econmica con su secuela de recesin y paro, unida a la actitud vacilante y temerosa de las direcciones sindicales y la izquierda del rgimen, convierte en papel mojado la existencia de las instituciones y derechos antes citados.

Y para las llamadas clases medias, porque el descenso de beneficios de los de arriba y el empobrecimiento de los de abajo reduce las posibilidades de prosperidad que han disfrutado, adems de situarlas como grupos rehenes para mantener el umbral mnimo recaudatorio para atender los servicios pblicos esenciales.

Privado de la lealtad social de la que ha disfrutado desde su nacimiento, enfrentado a una coyuntura histrica global para la que no estaba preparado y gobernado por partidos que solo por razones instrumentales adhirieron la Constitucin (la derecha espaola mientras recuperaba la fuerza y la adhesin social perdido durante los aos de la transicin, las derechas nacionalistas como plataforma desde la que trabajar por sus proyectos soberanistas), el rgimen poltico del 78 entra en una crisis irremediable.

La crisis del rgimen est claramente asumida por las clases dominantes y es impulsada por el gobierno del PP. Del conjunto de las instituciones de la Constitucin del 78, solo parecen estar resistiendo la ofensiva reestructuradora aquellas que pervivieron del rgimen franquista, la corona, las fuerzas armadas y los cuerpos represivos.

La corona parece seguir desempeando una funcin de unidad del conjunto de las clases dominantes; incluso all donde esta funcin no aparece como indispensable como en Euskal Herra y Catalunya, sus respectivas burguesas no ven una rentabilidad apreciable en la inversin en el cambio del rgimen monrquico.

Los aparatos coercitivos del Estado, mantenidos y fortalecidos durante toda la historia del rgimen, parece claro que van a sobrevivirle aunque en el caso de la polica se detectan tendencias reivindicativas que aunque muy dbilmente, parecen apuntar posibilidades de cuestionamiento de sus funciones represivas para con los derechos de las capas subalternas.

Con este bagaje y con el desmantelamiento previo de las instituciones de la concertacin de clases expresando la derrota de los restos de la clase obrera, las lites polticas ejecutantes del mandato de la troika estaran en condiciones de promover el trnsito al rgimen liberal autoritario con el que esperan situarse en condiciones de competir en el marco global comunitario e internacional.

No ser necesario ni es de esperar para ello ningn cambio constitucional inmediato. Bastar con introducir cambios parciales, a veces ni siquiera de rango constitucional, como las realizadas para amparar a las polticas de ajuste y consolidacin fiscal. El proceso destituyente de la derecha tiene, sobre el que pudiera impulsar una izquierda digna de tal nombre, la ventaja de su flexibilidad y cotidianeidad, la normalidad con la que puede ser llevada cabo y la continuidad con el sentido comn hegemnico que se ha ido imponiendo desde hace lustros en la sociedad espaola.

Los cambios en el Estado

Este cambio en la constitucin material tiene su correlato en el que se esta produciendo en el interior mismo del Estado en lo que concierne a su composicin y funciones.

El Estado del 78 ha sido construido para desempear las funciones esenciales de concertacin entre el trabajo y el capital que eran el ncleo esencial de la Constitucin. En el desempeo de esta funcin se ha producido un notable incremento del personal al servicio de las administraciones pblicas, especialmente en las reas de la sanidad y de la enseanza pblica. Pero es innegable que, al calor del incremento de los servicios del Estado del Bienestar, se ha desarrollado todo un tejido social clientelar en el que se basan las lealtades de los aparatos partidarios de izquierda y de derecha, sostenidos por los recursos pblicos. Durante la fase ascendente del ciclo reciente de crecimiento esos costes siempre han sido asumidos como inherentes al proceso mismo de acumulacin capitalista; pero con el espectacular incremento de la deuda del Estado, el sostenimiento de estos costes, junto con el de los sustanciales de los servicios del Estado del Bienestar, ha sido objeto de denuncias por la derecha poltica y el empresariado.

Con la transferencia de soberana a favor de los mercados internacionales operada por la modificacin del Art. 135 de la Constitucin, los ciudadanos han visto expropiados sus derechos polticos y, en consecuencia, los partidos y sindicatos que gestionaban su ejercicio, estn perdiendo sentido de forma acelerada. Esta prdida de funcin institucional frente al cambio de naturaleza de las funciones del Estado y su personal auxiliar est lgicamente en la base de una parte de las respuestas sociales a la poltica del PP.

Lo que aqu nos interesa, sin embargo, es la forma en que tales cambios funcionan como indicadores de la crisis del rgimen del 78 y la medida en que anuncian la instalacin de un rgimen poltico distinto. No es este el lugar para especular sobre los rasgos fundamentales que pueden caracterizar a este nuevo rgimen, insisto con independencia del cambio o no del marco constitucional. Pero las polticas emprendidas este ao de gobierno por el PP permiten deducir algunos que relacionamos en forma sumaria. Creo que la principal se relaciona con el papel de la concertacin y el dilogo social que han constituido el ncleo discursivo esencial del rgimen del 78.

En coherencia con lo anterior y por la prdida creciente de su funcionalidad para el capitalismo global actual y para el proyecto capitalista que se adivina en las polticas del PP, el papel de los sindicatos de trabajadores, expulsados fcticamente de la vida cotidiana de la empresa, puede experimentar un continuo proceso de prdida de importancia social e institucional hasta convertirse en residual.

Por su naturaleza vicaria de los centros de poder global, el Estado espaol puede ver alterada la relacin interna entre los poderes que lo integran en detrimento del legislativo y con un cambo del judicial en el sentido de acentuar sus funciones punitivas y de control en detrimento de las garantistas de derechos ciudadanos.

En cuanto a la distribucin territorial del poder del Estado, es previsible que, an manteniendo el tenor literal del Titulo VIII de la Constitucin, se asiste a un creciente vaciamiento de las competencias efectivas de las CCAA, atenazadas por sus deudas y dependientes en grado extremo de la calificacin de las mismas lo que les empujar a una cura permanente de adelgazamiento cuya primera y principal vctima ser sin duda las prestaciones en materia de sanidad y enseanza pblicas.

El Estado en este nuevo rgimen poltico, est llamado a desempear funciones significativamente distintas de las que ha jugado desde 1978. Es un Estado en el que las funciones de prestacin de servicios sociales para hacer efectivos principios como la solidaridad y la garanta de los derechos todava formalmente proclamados en la Constitucin, desaparecen a favor de las funciones represivas y disciplinarias. El Estado va a ser, cada vez ms, un Estado polica, un Estado de excepcin en el que la ley puede derogar todas las garanta constitucionales que obstaculicen el dominio de los mercados y el cumplimiento de las obligaciones de la deuda. Ya hoy es la polica el nico servicio exento de la grave congelacin en la reposicin de vacantes que afecta a todos los servicios pblicos.

Todo lo anterior para advertir contra cualquier ilusin de que la crisis del rgimen signifique necesariamente una mejor situacin para la gente de abajo. Las direcciones polticas y sindicales de la izquierda del rgimen son sin duda conscientes de ello cuando animan a luchar para que no acaben con todo; lo equivco del mensaje no resta claridad al mismo: es todo el edificio de la Transicin el que estas direcciones ven amenazado por la ofensiva de la derecha gobernante.

El impacto de estos efectos no se ha dejado de sentir en el propio rgimen, lo que no ha impedido que el mismo mantuviera las funciones sistmicas que haba venido desempeado desde su nacimiento: asegurar una lealtad social no coercitiva al Estado capitalista espaol sobre la base de un conjunto de derechos y prestaciones otorgadas a la poblacin trabajadora a cambio de la "legitimidad democrtica recibida de esta.

La crisis ha puesto la poltica en el centro de la vida cotidiana al tiempo que se constata el agotamiento de la poltica convencional, la poltica de delegacin/representacin, la del ciudadano consumidor.

Que estos dos fenmenos se den simultneamente evidencia la profundidad de la crisis del rgimen. La rapacidad de los poderes econmicos que despus de haberse enriquecido a costa del sacrifico de millones de familias trabajadoras, descarga ahora los costes del desatino y la locura de la gestin global de lo que ha sido la economa del endeudamiento sobre estas mismas familias. La incapacidad de la poltica sistmica y del conjunto de las instituciones del Estado siquiera sea para encontrar una situacin en la que se pudieran equilibrar estas cargas entre los de arriba y los de abajo, est poniendo de manifiesto a la gente de abajo la naturaleza del Estado y la poltica y sus lmites estructurales para acometer la bsqueda del bien comn.

Este desvelamiento, siquiera sea fugaz, de la naturaleza del Estado capitalista abre posibilidades para que lo que se manifiesta como crisis de rgimen pudiera convertirse o transformarse en crisis del Estado, expresada en un aumento de la desobediencia civil (boicot a determinadas instituciones del Estado, huelgas fiscales, etc.). Es imposible y bastante estril especular con el rumbo que una dinmica de desobediencia civil como la descrita puede adoptar. En coordenadas de tiempo y lugar como las presentes, su mayor coherencia y sentido solo puede venir de su inscripcin en un proceso constituyente

Los efectos de la crisis en el interior del Estado

La crisis del rgimen est teniendo una manifestacin muy fuete al interior de los aparatos del Estado. El recorte sistemtico de gasto pblico, especialmente en aquellas reas ms significativas del Estado del Bienestar, est levantando una oleada de protestas (las mareas) en contra de la accin del Gobierno, desconocidas hasta la fecha en las democracias de nuestro entorno. El personal de las administraciones y servicios pblicos, hasta ahora base social fundamental del rgimen del 78, se revuelve contra la poltica del PP, cada vez ms claramente orientada a su liquidacin y sustitucin por la va de los hechos. La nocin del servicio pblico ha sido un pilar esencial de las sociedades llamadas modernas y contemporneas y su liquidacin efectiva representa un autntico cataclismo social cultural. Es el concepto mismo de obligacin poltica, la contrapartida de la nocin de ciudadano de las democracias liberales, el que se ve comprometido por la empresa de demolicin que impulsa la derecha.

Las polticas de austeridad y de estabilidad presupuestaria conllevan un cambio fundamental y acelerado en la propia morfologa y funciones del Estado. Las esenciales parecen ser las relacionadas con las prcticas de disciplina y control social, al lado de las tradicionales de extraccin de recursos tributarios de la sociedad para financiar las primeras y para atender los servicios de la deuda pblica, cada vez ms elemento esencial que engorda el capitalismo financiero de nuestro tiempo.

Este cambio de funciones del Estado tiene efectos perceptibles en el interior de las administraciones pblicas y en el desempeo de la funcin pblica. La liquidacin de las funciones concernientes a la naturaleza democrtica y social del Estado conllevan un cambo en la fisonoma de la funcin pblico. Como he sealado en un artculo reciente en esta revista La funcin pblica es la condicin necesaria para garantizar la efectividad de los derechos ciudadanos y los derechos ciudadanos estorban en el proceso de desdemocratizacin en marcha que impulsan/1.

La reaccin de una parte del sistema judicial a la secuencia de situaciones dramticas originadas por las polticas del gobierno del PP (informe sobre desahucios, admisin a trmite del recurso contrala reforma laboral, ratificacin del matrimonio gay por el TC, rechazo al tasazo de Gallardn), por la falta de precedentes, muestra a las claras las dimensiones de la crisis del rgimen y la determinacin del PP en acelerar su relevo. Habr que ver hasta dnde puede llegar el actual enfrentamiento y si el mismo podra provocar un corrimiento en las estructuras del sistema poltico que lo modificara sustancialmente. La experiencia italiana muestra cmo una salida de estas caractersticas puede abortar las posibilidades constituyentes que ofrece la crisis de un rgimen. La Constitucin italiana de 1948 (por cierto, mucho ms a la izquierda que la espaola) sigue formalmente intacta pero la evolucin del sistema poltico de la II Repblica ha abocado a un sistema poltico que, desde hace aos, da muestras de un bloqueo notable en el que anidan fenmenos patgenos como el berlusconismo.

Conclusin

Los dueos de los bancos, de las corporaciones inmobiliarias y los polticos del rgimen, han tenido tiempo de sobra para configurar un proyecto de convivencia. Los resultados estn a la vista. La conjuncin de la crisis capitalista y la del rgimen del 78 nos brinda una ocasin histrica para redefinir los fundamentos de la convivencia social. La composicin y lmites de la comunidad, las reglas bsicas para la ordenacin de la convivencia, la determinacin de las necesidades sociales, las reglas que regulan el acceso a los bienes comunes, las formas de provisin de bienes para la satisfaccin de necesidades, etc., pueden ser el objeto de deliberacin y decisin de la poblacin, en un acto constituyente como comunidad autodeterminada en el que se pueden encontrar las races de una convivencia verdaderamente democrtica. 

Nota

1/ http://www.vientosur.info/spip/spip...

Jos Errejn es militante de Izquierda Anticapitalista

Fuente: http://www.vientosur.info/spip/spip.php?article7571



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