Portada :: Chile :: Pueblo Mapuche: Cinco siglos de Resistencia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 18-01-2013

El Estado contra el pueblo mapuche

O. Zamorano Silva
Punto Final


La lucha de las comunidades mapuches por recuperar sus tierras ancestrales ha tenido como respuesta la represin, que no hace distincin de mujeres, nios y ancianos. La detencin arbitraria y los procesos plagados de irregularidades, incluidas la utilizacin de testigos secretos y la aplicacin de condenas desproporcionadas, son lo cotidiano en La Araucana. La represin ha arreciado -alcanzando niveles de violencia en allanamientos como el de la comunidad Temucuicui, donde fue herido a bala un mapuche-, despus del atentado a una vivienda en Vilcn que cost la vida al agricultor Werner Luchsinger y a su esposa, Vivian MacKay.

Desde la dcada de los 80, las comunidades mapuches han perdido ms del 60 por ciento de sus tierras, y los litigios judiciales duermen en los estantes de los tribunales. Hay 2,5 millones de hectreas de tierras ancestrales del pueblo mapuche que estn en poder de las forestales Mininco y Arauco. Las organizaciones mapuches se han rebelado frente a una usurpacin que ha contado con el apoyo de una institucionalidad hecha a la medida de los intereses de las forestales y terratenientes de la zona.

HUELGA DE HAMBRE

Por otra parte, desde el 14 de noviembre pasado, Hctor Llaitul Carrillanca, lder de la Coordinadora Arauco Malleco, y Ramn Llanquileo Pilquimn mantienen una huelga de hambre para que se ponga fin a la persecucin a las comunidades mapuches, termine la aplicacin arbitraria de la Ley Antiterrorista que utiliza testigos secretos, y para que concluyan las condenas injustas que les afectan.

Llaitul fue trasladado a la crcel El Manzano de Concepcin y Llanquileo, desde la prisin en Angol, declar: Llamamos a las comunidades a seguir movilizndose por sus demandas histricas, pero a la vez las llamamos a ser responsables en su accionar de lucha pues nuestro enemigo lo que pretender a travs de sus medios de comunicacin masivos es enlodar nuestras justas demandas por territorio y autonoma.

Gendarmera, que haba resuelto conceder a Llanquileo el beneficio de salida de fin de semana, cancel esa resolucin al producirse el atentado incendiario en Vilcn.

Llaitul y Llanquileo rechazan la transgresin del prinicipio de derecho penal Non bis in idem , es decir, no ser juzgados dos veces por la misma causa. Tambin demandan el reconocimiento de su calidad de presos polticos y la dignidad que les corresponde. Llaitul est condenado a 10 aos por robo con intimidacin, a 4 aos por homicidio frustrado (el montaje de una falsa emboscada) al fiscal Mario Elgueta   y a 541 das por Ley de Seguridad Interior del Estado. Llanquileo est condenado a 8 aos por delitos similares. Asimismo, ha manifestado haber sido doblemente juzgado por dos tribunales, uno civil y otro militar, siendo condenado a 3 y 4 aos por tribunales civiles en el caso del fiscal Elgueta, en circunstancias que ya haba sido absuelto en la misma causa por un tribunal militar.

La Comisin Etica contra la Tortura obtuvo las firmas de numerosas personalidades de Chile y el extranjero para una carta al presidente de la Repblica pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Llaitul y Llanquileo, as como la creacin de una instancia de dilogo entre el Estado y los representantes legtimos del pueblo mapuche.

EL ASESINATO DE

MATIAS CATRILEO

Las polticas del Estado hacia las comunidades indgenas han estado plagadas de promesas no cumplidas, arbitrariedades, crcel para los comuneros e impunidad para quienes utilizaron la represin. El 3 de enero de 2008, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, fue asesinado el joven Matas Catrileo Quezada, estudiante de agronoma de la Universidad de La Frontera. Catrileo, de 22 aos, falleci como consecuencia de un disparo en la espalda, efectuado por el cabo segundo de Carabineros Walter Ramrez. El crimen ocurri durante una recuperacin pacfica de tierras en las cercanas del fundo Santa Margarita del empresario Jorge Luchsinger, en la comuna de Vilcn.

No fue este el nico crimen cometido bajo los gobiernos de la Concertacin. En reciente carta al presidente Piera, la lonko Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, recuerda que tambin fueron asesinados por la polica Alex Lemn (2002), Julio Huentecura Llancaleo (2004), Xenn Daz Necul (2005), Jos Huenante (de 16 aos, detenido y desaparecido), Juan Collihun Catril (2006), Johnny Cariqueo Yez (2008), Jaime Mendoza Collo (2009) y Jos Toro anco (2009). La propia lonko Calfunao ha sido vctima de la represin. Desconocidos quemaron tres veces su casa y en uno de estos incendios pereci su to Basilio Coonao. La lonko sufri torturas que le provocaron un aborto. Todo ello -dice- me hace pensar que la polica no est al servicio de la sociedad y que para los mapuches no es garanta de seguridad y proteccin () Nos sentimos excluidos del derecho -agrega- y vctimas de una poltica que nos ha tratado de erradicar como pueblo para asimilarnos y hacernos desaparecer. Este es uno de los principales motivos por los cuales los mapuches no nos sentimos identificados con su pas. Sin lugar a dudas, es indispensable, seor Piera, tener voluntad poltica para solucionar el conflicto y conseguir la paz social que los mapuches tanto deseamos, y que termine de una vez este clima de militarizacin de nuestro territorio y enfrentamientos que, lamentablemente, ya han costado la vida a demasiadas personas mapuches y chilenos.

En el caso de Matas Catrileo, la accin homicida del cabo Ramrez qued demostrada en el proceso y el fiscal militar de Temuco, Jaime Pinto Aparicio, solicit una pena de 10 aos de presidio. El Juzgado Militar de Valdivia lo conden a dos aos con pena remitida, o sea en libertad, y sigui en funciones en Coyhaique con salario regular y asignacin de zona.

Para el abogado Alberto Espinoza Pino, defensor de derechos humanos y representante de comuneros mapuches:   Aqu hay una resolucin de un tribunal militar que conden al funcionario de Carabineros a una pena privativa de libertad, pero con beneficios, atendida la naturaleza de la pena que se le aplic. Pero adicionalmente, junto con la pena de carcter corporal, estn las penas accesorias y las inhabilidades de orden civil y poltico. En ese contexto, las penas accesorias que inhabilitan a una persona para ejercer ciertos derechos civiles, como funciones pblicas, prevalecen por sobre la decisin administrativa de la Contralora General de la Repblica que establece que Ramrez no tiene impedimentos para continuar en las filas de la institucin policial. Esto se enmarca en una poltica de impunidad que se ha ido desarrollando con fuerza en estos ltimos aos.

Qu opina de la condena por violencia innecesaria en el caso de Matas Catrileo?

Carabineros en ejercicio de sus funciones no cometen el delito de homicidio. La figura ms asimilable al homicidio es violencia innecesaria causante de muerte. Lo que se puede concluir de esa calificacin jurdica y de la condena que se aplic es que, en definitiva, los carabineros como funcionarios pblicos pueden matar por la espalda recibiendo una pena bastante desproporcionada segn la naturaleza del ilcito. La pena resulta injustificada desde un punto de vista penal y tico. En el fondo, lo que la judicatura militar hizo fue avalar en la prctica la poltica represiva que el Estado desarrolla en el tratamiento del problema mapuche. En ese contexto hay una poltica represiva impulsada desde el Ministerio del Interior a travs de Carabineros, que acta como una polica con tcticas militares. Cuando llega el momento de asegurar los derechos de las vctimas de esta poltica represiva, la respuesta del rgano jurisdiccional lejos de condenar drsticamente la conducta penal ilcita, la sanciona de modo benevolente.

Por qu es la justicia militar la que sigue conociendo los casos de comuneros mapuche y no la justicia civil?

Aqu hay una deuda pendiente desde el inicio de los gobiernos posdictatoriales. Haba una promesa que contemplaba prcticamente la derogacin de la judicatura militar, que sta perdiera su competencia para juzgar a civiles, y no solamente para juzgar a civiles como imputados sino tambin para conocer y juzgar aquellas materias en que aparecieran vinculados Carabineros o miembros de las Fuerzas Armadas en la comisin de delitos. Sin embargo, esa promesa no se cumpli. Pas el gobierno de Aylwin, el gobierno de Lagos, el de Frei y Bachelet y finalmente en el gobierno de Piera, como consecuencia de una huelga de hambre de los comuneros mapuches, se logr por lo menos una de las reivindicaciones, que es limitar la competencia de la justicia militar. Los tribunales militares pierden competencia para juzgar a civiles en calidad de imputados.

MAPUCHE, ENEMIGO INTERNO

Dos comuneros llevan casi dos meses en huelga de hambre en demanda de juicio justo. Cul es su visin de esos procesos?

Hay que entender que esto es parte de una poltica del Estado y ste tiene compromisos de carcter ideolgico, econmico y poltico que se expresan en una institucionalidad. Ella est al servicio de ciertos intereses econmicos. Todo esto aparece enmarcado en un orden normativo que garantiza esa institucionalidad. En concreto, tenemos que el Estado ha puesto en prctica una poltica represiva muy fuerte en contra de las reivindicaciones del pueblo mapuche, que tienen races histricas. Esto se ha traducido en procesos que se han desarrollado de manera arbitraria, en atribuir a las acciones reivindicativas de los comuneros el carcter de delitos terroristas, utilizar procedimientos jurisdiccionales que estn en el lmite de las normas del debido proceso: por ejemplo, los llamados testigos secretos, se sustancian procesos de manera paralela ante la justicia civil y militar, no se respeta un principio fundamental del derecho penal de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Prcticamente, esto es una constante en la persecucin judicial contra los mapuches.

DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL

A diferencia de otros sectores sociales, por qu se reprime con ms fuerza a los comuneros mapuches, por qu tanta arbitrariedad judicial?

Esto es explicable porque en Chile subsiste la aplicacin de la doctrina de la Seguridad Nacional. No ha sido erradicada de la Constitucin desde un punto de vista normativo. Se mantiene como un baluarte que garantiza el desarrollo de esta institucionalidad que heredamos de la dictadura militar. En ese sentido, hay que tener en consideracin que la dictadura tuvo por objetivo eliminar mediante la violacin de los derechos humanos un modelo econmico-social que se quiso implementar durante el gobierno de la Unidad Popular. El mapuche es considerado un enemigo interno y por consiguiente, toda la actividad del Estado aparece justificada en la medida que las reivindicaciones del pueblo mapuche atentan contra las bases de la institucionalidad econmica y social impuesta en Chile. En el pas existe un muro para contener cualquier reivindicacin econmico-social que pudiera alterar el modelo neoliberal. La salvaguarda de la institucionalidad es la doctrina de Seguridad Nacional. Por eso Carabineros acta en La Araucana en forma militarizada y reprime indiscriminadamente a nios, ancianos y mujeres mapuches.

Publicado en Punto Final, edicin N 774, 11 de enero, 2013

www.puntofinal.cl



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