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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-01-2013

Caso Clarn destapa corrupcin de la transicin

Paul Walder
Punto Final


El caso del diario Clarn es probablemente uno de los procesos ms oscuros de la transicin chilena, el que refleja no solo el temor de la Concertacin a la libertad de prensa, pensamiento y organizacin de la sociedad civil, sino tambin el proceso de descomposicin y cooptacin que siguieron sus lderes durante dos dcadas en el gobierno. Para impedir el regreso a los kioscos de este popular peridico -que venda hasta el golpe de Estado ms ejemplares que El Mercurio- , los gobiernos de la Concertacin no dudaron en colocar todo tipo de obstculos, legales e ilegales, para impedir que Vctor Pey Casado, propietario del diario, obtuviera una indemnizacin tras la expropiacin de sus bienes en 1973.

Este es un proceso judicial inaudito que lleva dcadas. Se inici durante los aos 90 en los tribunales chilenos, los que no respondieron a las demandas, y ha seguido en el tribunal internacional del CIADI, instancia competente para dirimir diferencias respecto a inversiones extranjeras: Vctor Pey, nacido en Espaa, es un inmigrante que lleg a Chile en el Winnipeg . En el momento de realizar la inversin en Clarn , sancion el tribunal, era ciudadano espaol.

En diciembre pasado el gobierno anunci el fin de este largo proceso y la derrota de Pey. Pero nada ms lejos de la realidad. La complejidad del lenguaje jurdico internacional permite a veces hacer interpretaciones un poco oblicuas y, por cierto, muy interesadas.

Para comprender el estado de las cosas hay que remontarse a 2008, ao en el cual el tribunal del CIADI fall a favor de Vctor Pey y de la fundacin espaola Presidente Allende, a la que cedi parte de las inversiones. En tanto, orden a Chile pagarles una cifra superior a los diez millones de dlares. El gobierno, presidido por la socialista Michelle Bachelet, interpuso un recurso para anular el fallo y el procedimiento de clculo del monto de la indemnizacin, a lo que el tribunal accedi. Pero no se trata de un triunfo de Chile, como el gobierno de Piera ha querido demostrar. Debe conformarse un nuevo tribunal con la nica finalidad de volver a calcular el monto de la indemnizacin. El CIADI rechaz todos los recursos de anulacin que presentaron los abogados chilenos, liderados, hay que recordar, por Jorge Carey, conspicuo miembro de Renovacin Nacional nombrado para tales efectos por el presidente Ricardo Lagos. Entre esos recursos estaba el cuestionamiento de Pey como legtimo dueo de Clarn , su nacionalidad, la oportunidad en la que se realiz la inversin y una serie de otros asuntos tcnicos y jurdicos. Todas estas solicitudes de anulacin fueron rechazadas.

Hay dos puntos que reconoce el CIADI que ayudan a comprender los grados de turbiedad de este proceso. Uno es que a Pey se le deneg justicia en Chile, lo que resulta manifiesto en la demora de siete aos de tramitacin en la justicia chilena por el dominio de la rotativa Goss de Clarn : Equivale a una demora irregular e irrazonable dando lugar a una demanda por denegacin de justicia. El otro punto es que hubo discriminacin en el trato que se le otorg como inversionista.

A Vctor Pey el Estado chileno le deneg justicia, dice el tribunal internacional. Al haber ausencia de decisin por parte de las jurisdicciones chilenas durante un periodo de siete aos (1995-2002), por un lado, y la ausencia de respuesta de la Presidencia a las solicitudes del Sr. Pey Casado, por otro lado, ello constituye una denegacin de justicia. Y tampoco se le dio un tratamiento justo y equitativo. El Estado chileno (bajo el gobierno de Ricardo Lagos) al conceder compensaciones -por razones que no se conocen y siguen sin explicarse- a personas que, segn el tribunal de arbitraje no eran propietarias de los bienes confiscados, y al paralizar o rechazar las reivindicaciones del Sr. Pey Casado referentes a los bienes confiscados, la Repblica de Chile cometi una manifiesta denegacin de justicia y se neg a tratar a los demandantes de manera justa y equitativa.

No solo los tribunales chilenos no respondieron a las demandas de Pey, sino que el gobierno de Lagos teji una pringosa estructura jurdica notarial para evitar a toda costa la reaparicin del diario Clarn . Para ello invent una serie de herederos de Clarn y les pag una indemnizacin que calcul, nadie sabe cmo, en diez millones de dlares.

El 28 de abril de 2000, el Ministerio de Bienes Nacionales de Chile, encabezado por el democratacristiano Claudio Orrego, emiti la Decisin N 43, en la que autorizaba la restitucin o indemnizacin para cuatro personas (o, segn correspondiera, a sus sucesiones) por la expropiacin de Clarn . Segn el gobierno, esas personas eran Daro Sainte-Marie, Ramn Carrasco, Emilio Gonzlez y Jorge Venegas.

La trampa no qued all. En ella participaron abogados y polticos de baja estofa y peor tica. Pocos meses antes de la emisin de la Decisin 43 por el Ministerio de Orrego, un abogado creaba en una notara de Recoleta, junto a un concejal del PPD, la sociedad annima Asinsa con un capital de cien mil pesos. Segn escribi la periodista Patricia Verdugo en la desaparecida revista Rocinante , en 1998 el Comit de Inversiones Extranjeras -dependiente del Ministerio de Economa- encarg un estudio en derecho al abogado Enrique Testa sobre el caso Clarn . En 1999, se constituy la sociedad Asesoras e Inversiones S.A. (Asinsa) con dos socios: Isidoro Godorischen Rapaport (yerno de Testa y militante del PPD) y Ronald Youlton Vasen. Cinco das despus de constituida, el 27 de abril de 1999, la sociedad Asinsa compr el 40 por ciento de los derechos hereditarios de la sucesin de Emilio Gonzlez Gonzlez en un milln 600 mil pesos. Qu tenan los herederos de Gonzlez, muerto en 1991, que ameritara esta compra?, se preguntaba Patricia Verdugo. Nada. Porque no haba ningn documento que relacionara a Gonzlez con Clarn .

Haba una trampa. Que abri el Ministerio de Bienes Nacionales cuando declar al fallecido Gonzlez como uno de los propietarios del diario Clarn . De este modo, en esta operacin Asinsa invirti 1,6 millones para obtener una ganancia de mil 260 millones de pesos de la poca.

Ms que ser una trampa millonaria, como tantos otros casos de corrupcin durante los aos de gobiernos de la Concertacin, sta tiene el perfil de un obstculo poltico e ideolgico pergeado por las elites del binominal-neoliberal para impedir el surgimiento de un diario popular que impulse el pensamiento crtico y la reorganizacin social.

 

Publicado en Punto Final, edicin N 774, 11 de enero, 2013

www.puntofinal.cl

 

 



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