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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-01-2013

El dficit moral del gobierno de Piera

Alvaro Ramis
Punto Final


De tumbo en tumbo el gobierno de Piera se ha visto impelido a realizar algn tipo de autocrtica, pero siempre acotada al mbito comunicacional. Por supuesto en ese campo todo se reduce a una dificultad para dar a entender una poltica y una gestin que se siguen afirmando como correctas. Sin embargo, la realidad no ha permitido disfrazar como problemas de imagen el grave dficit de gestin y de conduccin poltica que ha abrumado al actual gobierno. Los movimientos sociales han desnudado estas carencias, mostrando sus improvisaciones, sus descoordinaciones, la falta de horizonte y la incoherencia de la peor administracin que ha vivido Chile desde el fin de la dictadura.

Pero afirmar que las carencias del actual rgimen se acotan al mbito de la gestin y de la poltica tambin reduce el problema. Porque su principal insuficiencia radica en un dficit moral. Una apora en el mbito de la tica pblica que da coherencia a la accin gubernamental. Una deficiencia matriz, que le ha llevado a caer cclicamente en dilemas irresoluble s que han terminado por costar la cabeza a ministros y altos funcionarios, junto con envolver a los partidos oficialistas en una confusin descomunal. El ltimo caso que ilustra esta situacin es la renuncia, tarda y bochornosa, del ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera. Pero si revisramos la larga lista de dimisiones que han jalonado el itinerario del actual Ejecutivo, nos encontraramos con situaciones recurrentes muy similares.

Nuestro pas ha abandonado en las ltimas dcadas un contexto moralmente monolgico, anclado en las valoraciones religiosas tradicionales, para convertirse plenamente en un pas ticamente pluralista. Hoy cada cual, desde sus propias convicciones y preferencias, puede adherir a diferentes doctrinas comprehensivas del bien, de inspiracin catlica, evanglica, laica, o fundadas en la propia subjetividad y comprensin de la realidad. Pero esta pluralidad moral no se puede traducir a nivel poltico en una incapacidad para formular juicios morales compartidos. Cada cual puede aspirar, en su fuero ntimo, a la mejor y ms atractiva comprensin de la vida buena y feliz que prefiera. El problema es que en ese mbito nunca llegaremos a acuerdos sustantivos y vinculantes. Como sociedad no podemos aspirar a compartir una sola visin de lo bueno, pero podemos participar de ciertos criterios procedimentales de justicia que nos permitan convivir sin renunciar a nuestras aspiraciones ticas de largo aliento.

En este mbito radica la incapacidad moral del actual gobierno. Su dficit moral arraiga en una grave incompetencia a la hora de delimitar sus criterios ticos particulares sin invadir la esfera plural de la sociedad que gobierna. Y, por otra parte, en su ceguera para reconocer lmites procedimentales que garanticen la prioridad de lo justo como criterio nuclear en la administracin. A este gobierno no le falta entusiasmo para proclamar sus verdades morales como si fueran afirmaciones naturales, compartidas sin mayor problema por toda la ciudadana. Pero cada vez que el gobierno debe garantizar criterios de ecuanimidad, equidistancia, ponderacin, neutralidad y justicia en la administracin de su poder, no logra estar a la altura del desafo. La reiterada incapacidad de zanjar los conflictos de intereses del presidente, ministros y altos cargos es slo la muestra ms palpable de esta contradiccin.

Es muy probable que la mayora de los funcionarios del actual gobierno no consideren moralmente reprochable tener intereses pecuniarios en las reas en las cuales tienen competencia decisional. El argumento del ex ministro Ribera es tan claro como aberrante: Vamos a la hospedera del Hogar de Cristo a buscar hombres pblicos que no tienen nada en el mundo. Se trata de una opinin legtima, en tanto preferencia privada. Pero la pregunta a la que debe responder un ministro es mucho ms exigente: dice relacin con dar garantas meridianas de que sus intereses o convicciones particulares no se convertirn en el fundamento exclusivo de la convivencia social.

El actual gobierno tiende a transformar la pluralidad moral de nuestra sociedad en una excusa poltica. Como no podemos ponernos de acuerdo en asuntos ticos, la conclusin a la que nos llevan Piera, Ribera, Carlos Larran y otros dirigentes, es que quienes gobiernan tienen derecho a imponer sus prioridades y valores. Pero lo que olvidan es que ya hace mucho tiempo las sociedades democrticas han encontrado formas de fundamentar una tica pblica que permita priorizar la justicia como fundamento racional de convivencia sin la necesidad de imponer las visiones particulares de los gobernantes.

Esa es la gran virtud de la tica kantiana, cuando desafa a los hombres pblicos a someterse a la primera formulacin del imperativo categrico: Obra slo de forma que puedas desear que la mxima de tu accin se convierta en una ley universal. En otros trminos, podran el ex ministro Ribera, o el presidente Piera, aceptar universalmente, de manera sistemtica y consecuente, que los gobernantes y altos funcionarios pblicos decidan en reas en las cuales tienen directos intereses privados? Estaran dispuestos a aceptar esta situacin en caso de afectar a sus propios intereses? Toleraran esta situacin si fuesen opositores al gobierno? Si respondieran afirmativamente a estas preguntas, seguramente duraramos de su sinceridad o de su racionalidad.

Demandar que los gobernantes sometan sus decisiones a la crtica del imperativo categrico no nos exige pensar en ellos como ngeles ni lderes que anteponen los intereses ciudadanos a los propios, ni siquiera supone buena intencin. Porque el valor de la tica cvica radica en su fra racionalidad. No se necesita ser virtuoso para asumirla, simplemente basta tener capacidad de clculo de largo plazo y evitar el cortoplacismo, la ambicin desmedida y la inmediatez desordenada. Porque al final, los costos polticos que Piera y sus aclitos han debido pagar por su incontenible avaricia y desmesura han sido mucho mayores que los beneficios privados que probablemente han obtenido al calor de su episdica estada en la administracin del Estado.

Mientras tanto, la ciudadana es la que sufre los efectos inmediatos del dficit moral del gobierno. En una sociedad marcada por desigualdades abisales, la exigencia bsica que podemos formular al Estado es que acte con meridiana equidad e imparcialidad. No es un reclamo maximalista, ni siquiera progresista. Se trata simplemente del minimum minimorum que nos merecemos por ser chilenos. Pero el problema es que los conflictos de intereses del presidente, sus ministros y sus altos funcionarios se han convertido en una enfermedad crnica, que ha logrado corroer todos los niveles de la administracin a un punto en que amenaza su legitimidad y credibilidad bsica. A estas alturas, el estropicio es tan grave que ni siquiera la llegada de un nuevo gobierno podra resolverlo. Slo a modo de ejemplo: Cmo devolver la credibilidad al sistema de educacin superior luego que la Comisin Nacional de Acreditacin se demostr como un ente corrupto hasta sus entraas? Cmo volver a confiar en la capacidad fiscalizadora del Estado luego que el sistema de superintendencias se ha demostrado tan ineficiente e ineficaz ante los escndalos y desmadres que venimos soportando en materia ambiental, laboral, financiera y comercial? Ya no es suficiente con un cambio de rostros. Es hora de un cambio de mentes.

Publicado en Punto Final, edicin N 774, 11 de enero, 2013

www.puntofinal.cl



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