Vivimos en deudocracia. La deuda pública se ha convertido en un instrumento de dominación política para justificar las políticas de recortes más brutales y para imponer un reparto más injusto de la riqueza.

La deudocracia consiste en generar un elevado nivel de deuda pública (deuda privada pasa a ser deuda pública), convertir en acreedores a quienes han causado la crisis, y dar prioridad al pago de la deuda sobre todo lo demás. Esto provoca una importante reducción del gasto social sobre todo en las dotaciones económicas destinadas a la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, los servicios sociales, la vivienda, etc. deteriorando la calidad de los servicios públicos. Es una estrategia que atenta contra la población, contra los sectores sociales más castigados (personas en paro, pensionistas, mujeres, inmigrantes,...) y que beneficia al capital.

Existe una opinión generalizada de que las deudas, tengan el origen que tengan, se tienen que pagar. Sin embargo, es necesario analizar los motivos que han llevado a crear la deuda. La deuda de los gobiernos será ilegítima, tal y como lo recogen el derecho y la práctica internacional, si procede de préstamos que atentan contra la dignidad de la vida de las personas y/o ponen en peligro la convivencia pacífica entre los pueblos. Son deudas ilegítimas las basadas en decisiones injustas, que no se ajustan al interés general y tomadas a espaldas de la ciudadanía, aspecto que justificaría su impago.

Las instituciones, tanto las del estado español como las de Hego Euskal Herria, han aumentado en los últimos años sus niveles de deuda pública. Este aumento es debido a:

• Los rescates bancarios- El gobierno español, al igual que los de otras partes de la Unión Europea (como Irlanda, Grecia, Alemania o Portugal) está destinando decenas de miles de millones euros a la banca. En concreto, hasta noviembre de 2012 ha destinado 216.000 millones de euros (el 21% del PIB) a las entidades financieras por distintas vías. Las instituciones vascas financian, mediante el Cupo en la CAPV y la Aportación en Navarra, el 6,24% y el 1,6% de dicho dinero (13.478 Y 3.456 millones de euros respectivamente, cifra equivalente al presupuesto de todo un año). Una parte muy importante de este dinero no se va a recuperar.

• La aplicación de una política fiscal injusta- La deuda ha crecido por la caída de la recaudación. Las cuatro haciendas de Hego Euskal Herria han tenido una caída de los ingresos que no es achacable a la crisis, sino a la política fiscal. La presión fiscal se ha reducido enormemente, lo que no ha ocurrido en otras partes de Europa, debido al aumento del fraude fiscal y a las reformas fiscales aprobadas en los últimos años, que ha reducido los impuestos a las rentas altas y al capital.

• Se ha destinado enormes cantidades de dinero a la financiación de infraestructuras más que cuestionables, como el Tren de Alta Velocidad, la Supersur, Bidegi (autopistas de Gipuzkoa), el circuito de carreras de Los Arcos, etc.

• La renuncia de los gobiernos a que el Banco Central Europeo (BCE) financie a las instituciones a un bajo tipo de interés, (el BCE sí ha prestado al 1% a la banca privada, que ha utilizado ese dinero para prestarlo a los gobiernos, como el Gobierno Vasco o el Gobierno de Navarra, al 5% o más).

El XIII Congreso de ELA constata, por tanto, que el aumento de la deuda pública nada tiene que ver con el aumento del gasto social. Teniendo en cuenta el origen de esta deuda se puede adelantar que en gran medida es una deuda ilegítima.

El Congreso considera necesario realizar auditorías ciudadanas de la deuda pública. La auditoría de la deuda es un proceso en el que se analiza el origen de las deudas, por qué se generaron, para qué sirvieron, a quiénes beneficiaron, su transparencia, posibles irregularidades, etc. Se trata de determinar qué parte de la deuda contraída es legítima y qué parte no lo es, para posteriormente declarar el impago de la parte ilegítima. No es un proceso de élites, debe contar con una gran participación social (popular, y también de personas expertas) en el que los gobiernos deben colaborar, siendo transparentes, dando la información y documentación necesaria para llevarla a efecto. Se trata del control democrático de los asuntos públicos.

El impago de la deuda ilegítima no es una quimera. Tenemos experiencias en el siglo XXI, como son la de Argentina en 2001, Ecuador en 2007 o Islandia en 2011. Es posible hacer frente a la dictadura de los mercados, del poder económico y financiero, y primar el bien común sobre la avaricia de quienes nos han llevado a la actual crisis del sistema capitalista.

A su vez, la auditoria de la deuda y el impago de la parte ilegítima permiten cuestionar desde la raíz el actual modelo económico. Pero no basta con declarar el impago de la deuda ilegítima. Es necesario cambiar radicalmente el actual modelo económico, ya que de lo contrario la deuda se volverá a generar al servicio de los poderes económicos y financieros, y se seguirán agravando las injusticias económicas, sociales y medioambientales. Se requieren medidas como una drástica reforma fiscal, que dé marcha atrás en la política fiscal neoliberal de las últimas décadas; una fuerte regulación del sector financiero, prohibiendo la especulación y los paraísos fiscales; banca pública; la reducción del tiempo de trabajo sin reducción salarial y con creación de empleo compensatorio; el buen vivir, superando el actual modelo de crecimiento, del todo insostenible.

El XII Congreso de ELA resuelve:

• El compromiso de la organización con la socialización y el impulso de los procesos de auditoría ciudadana de la deuda, con una fuerte participación social, exigiendo el impago de la parte ilegítima de la deuda. En este sentido, en los próximos meses ELA llevará a cabo una campaña de sensibilización sobre esta materia, dirigida al conjunto de la clase trabajadora y a la sociedad en general. Además, realizaremos un trabajo formativo específico entre nuestra militancia.

• La necesidad de favorecer procesos de movilización social para exigir a todas las administraciones que faciliten la información necesaria y que se comprometan a no pagar la parte ilegítima de la deuda. Esta exigencia la debemos llevar, cuanto menos, al Gobierno Vasco, al Gobierno de Navarra y a las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

• Tejer las alianzas sociales necesarias para poder llevar a cabo estas iniciativas.

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