“Algunas partes de este documento no están escritas para nerviosos ni para quien reacciona con temor” dijo el coordinador de la Comisión de Notables Francisco Antonio Pacheco en la presentación del informe elaborado por la misma para analizar y proponer recomendaciones al problema de la ingobernabilidad que atraviesa el país.

El despampanante buqué de recomendaciones de la Comisión no brinda las respuestas que la ciudadanía requiere para mejorar la gobernanza en el país y a ratos más bien plantea el efecto contrario, esto es palpable en el intento de instaurar una amorfa mezcla de sistema presidencialista con parlamentarista, ni qué decir de la posibilidad de aumentar el número de diputados hasta un máximo de ochenta y siete. Es imposible creer un desconocimiento de la Comisión respecto a la poca eficiencia del parlamento.

Pero quizás el tema que menos cuaja sea el de la mezcla de dos regímenes que se diferencian por su modus operandi. Por un lado, el presidencialismo costarricense tiene exceso de atribuciones, lo cual debe comprenderse históricamente contextualizándolo en el autoritarismo de Tomás Guardia y su constitución de 1871, base de la actual. Por otro lado, el parlamentarismo implica una reforma sustancial de las prácticas electorales y de la dinámica –hasta ahora inexistente – entre los poderes del estado, así como del diálogo con los grupos de presión. Lo que pareciera es que en la búsqueda de un mayor equilibrio se empodera aún más al Ejecutivo y al Legislativo pero sin un aparente control, dejando algunas de sus actuaciones a la venganza y el capricho por más que la Comisión desmitifique este escenario.

Partiendo de esto último, la censura constructiva (mocionada por mayoría calificada o absoluta en la Asamblea Legislativa) que plantean los comisionados, busca que los ministros dimitan a su cargo cuando sean cuestionadas sus actuaciones. Este tipo de censura limitada está bien, sin embargo, el problema radica cuando, en la búsqueda del equilibrio, el Presidente pueda disolver anticipadamente el Congreso llamando a elecciones de diputados. Los comisionados afirman que el mandatario “podrá ejercerla razonadamente (la disolución anticipada), cuando considere que la labor legislativa es ineficaz o que entorpece la marcha del país.” (Informe final de la Comisión Presidencial sobre Gobernabilidad Democrática, p. 16)

Ahondado a este hecho, el comisionado Manrique Jiménez teme que entre los criterios de disolución pese el carácter subjetivo del Presidente, esto por tanto pueda actuar el efecto de represalia por la censura del gabinete. Así mismo, como él bien recalca, el Gobierno podría caer en criterios de “oportunidad o conveniencia” cuando, por ejemplo, se decida la disolución en caso de querer aprobar X o Y proyecto de ley y no se cuente con la mayoría parlamentaria, lo que supondría no solo un retraso legislativo sino también una limitación al diálogo para la construcción de consensos.

Lo que plantea la Comisión de Notables no viene a solucionar los problemas de fondo que tiene el país, es decir, las contrariedades del sistema electoral fallido. Este se configuró desde un punto de vista poco democrático con la casi nula presencia de representantes de las mayorías y sí muy apegados a intereses selectivos de la sociedad.

Los Notables fallaron a la hora de desenmascarar uno de los grandes problemas del letargo que afronta el país: el sistema electoral. Y es que urge una verdadera reforma de los mecanismos de elección popular, ya que estos se han visto empañados por la poca representación de los diversos sectores sociales, el poco acceso de personas realmente efectivas a los puestos legislativos, las desigualdades proporcionales de representación y las curules a dedo.

En Costa Rica, los candidatos presidenciales eligen a los diputados, no los ciudadanos. Las listas cerradas limitan la democracia al no tener posibilidad de seleccionar entre los posibles legisladores. El candidato acomoda a sus intereses el listado: arriba los que se ajustan a su política, abajo los que no, el cociente se encarga del resto. Mucho menos existe la posibilidad de nominación, los nombres son elegidos por convenciones donde no hay participación ciudadana real. 

En resumen, lo que el país necesita es una nueva reestructuración electoral, más democrática y participativa, con propuestas más concretas y accesibles. Por ejemplo, una constituyente, en estos momentos, es ilógica bajo las condiciones de estiras y encojes de la gobernabilidad, las tensiones con la sociedad civil y ciertos aires convulsos que rodean el clima político nacional. No hay nerviosismo ni temor, mas por ahora es más fácil reconstituir las formas de elección y participación democrática que dar noventa y siete soluciones a un país que lleva un rumbo incierto.