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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-01-2013

Instituciones corrompidas y criminalizacin de la poltica

Laura Carlsen
Programa de las Amricas


La guerra contra la droga, iniciada en diciembre de 2006 por el presidente Felipe Caldern, hundi a Mxico en una grave crisis. Ms all del dramtico balance humano (sobre 50 mil homicidios ligados al narcotrfico, 230 mil desplazados que huyen de la violencia, centenares de miles de desapariciones forzadas y decenas de miles de hurfanos, de heridos y de familias en duelo), el corazn del sistema poltico mexicano ha sido tocado : el retroceso de la legalidad y la violacin sistemtica de los derechos humanos en el contexto de este conflicto armado muestran, de una manera clara, las debilidades y el nivel de corrupcin del Estado mismo.

Comprender esta decadencia de las instituciones no es fcil. La explicacin a mano, que se impone en general, apunta a la pesada amenaza que el crimen organizado hace recaer sobre el Estado mexicano y las ofensivas concertadas que ste sufre versin de los hechos retomada y desarrollada por el presidente Caldern en todo el pas para justificar el reforzamiento de su estrategia de lucha militar contra los carteles de la droga.

La tesis de un crimen organizado que empuja al Estado a sus ltimas trincheras se alimenta tambin de argumentos ya clsicos: se habla de territorios controlados por los carteles, de fuerzas policiales infiltradas por los criminales, de la penetracin de los narcotraficantes en los gobiernos locales y federales, de su capacidad econmica para corromper y de su capacidad militar para poner en cuestin el monopolio weberiano del uso de la fuerza.

Estado sitiado o Estado criminal?

La imagen de un Estado mexicano expuesto a los ataques ms violentos del crimen organizado ha sido ampliamente retransmitida a nivel internacional. As, en 2009, un grupo de analistas polticos estadounidenses en su mayora presagiaban que la incapacidad del gobierno para contener el podero de los carteles muy pronto hara de Mxico un Estado fallido. Si, segn la opinin general, el pas no cae (an) en esta categora, tales apreciaciones han sido suficientes para despertar el temor de un colapso nacional y de reforzar, por reaccin, la lnea dura escogida por Felipe Caldern.

Ms recientemente, Washington ardiente promotor de la guerra contra la droga elev a los carteles al rango de narcoterroristas [1], significando con ello que sus actividades amenazan no slo la seguridad interior de Mxico, sino que tambin la de los Estados Unidos. En consecuencia, se podran aplicar las medidas extremas previstas por la doctrina del contra-terrorismo elaborada, en su tiempo, por el gobierno de George W. Bush: golpes preventivos, ataques unilaterales, restricciones de las libertades pblicas.

Mxico ha sido frecuentemente calificado de Estado cautivo, nocin desarrollada en Colombia en el apogeo del narcotrfico. El vice-presidente de entonces, Francisco Santos, precis su contenido en 2003: la corrupcin conduce a la apropiacin indebida del sistema institucional en beneficio de intereses polticos o econmicos particulares, haciendo imposible el ejercicio de las responsabilidades pblicas con el respeto del bien comn y de la moralidad social [2]. Es verdad que esta definicin describe bastante bien la situacin de Mxico actual. Los carteles mexicanos, nacidos con la prohibicin de las drogas, se han reforzado en el curso del ltimo decenio. Se han aprovechado del desmantelamiento de los grupos colombianos para acrecentar su rol y sus beneficios en este muy lucrativo mercado transnacional. Aunque es difcil evaluar con exactitud, sus ingresos se estiman entre 20 y 45 mil millones de dlares por ao, que provienen fundamentalmente por ventas realizadas a los Estados Unidos primer mercado mundial para las drogas ilcitas. Tal volumen de ganancias sugieren que los carteles estn prestos a todo para proteger sus actividades y que tienen los medios para hacerlo.

Corromper no es caro en un pas en donde el salario mnimo es de alrededor de 4 dlares por da y en donde un agente de la polica federal recibe en promedio 685 dlares por mes (en ciertos casos, slo 300 dlares). En consecuencia, los carteles no tienen gran problema para convencer a los representantes de la ley que cubran sus actividades ilegales, ms an que tomen parte activa en ellas. El ministro de la Seguridad Pblica de Mxico, Genaro Garca Luna, estima que, cada mes, 100 millones de dlares de sobornos riegan a las policas locales y federal. Escndalos de corrupcin aparecen todos los das en los diarios pese a los costosos programas de limpieza implementados con el sostn de los Estados Unidos. Desconfiando de las fuerzas policiales, el gobierno de Felipe Caldern ha desplegado ms de 50 mil militares para asegurar la lucha contra los carteles en diferentes lugares del pas, en particular al norte, en el estado de Tamaulipas, desgarrado por la violencia. Consecuencias: la amplificacin de la lgica de guerra y la corrupcin de la Armada en contacto con el trfico de drogas. En mayo de 2012, el arresto de cuatro altos mandos del Ejrcito, acusados de lazos con el cartel Beltrn Leyva, dio lugar al ms bullado escndalo militar de la era Caldern. Y slo se trata de la parte visible del iceberg.

La corrupcin invadi tambin al sistema judicial. Las prisiones son conocidas por ser verdaderas bases de operaciones para los carteles. En stas, sueltan a los presos de noche para ir a asesinar a rivales o para participar en operaciones de los carteles antes de ser discretamente re-encarcelados al alba. Los narcotraficantes han establecido tan bien su poder detrs de los muros de las prisiones que pueden, sin obstculos, perpetrar verdaderas masacres de prisioneros miembros de bandas rivales. Las acusaciones en contra de jueces, aunque ocasionales, esclarecen otro problema an ms insidioso y ms difundido, ligado a esta corrupcin: en Mxico slo el 2 por ciento de los enjuiciamientos penales concluyen con xito.

Los hechos alarmantes sobre los cuales uno se apoya para probar la amenaza que impone el crimen organizado sobre el Estado reflejan ciertamente la realidad del pas. Sin embargo, es una mala manera de plantear el problema. El Estado mexicano no est ni fallido, ni cautivo, ni sitiado. Fundado en profundas contradicciones estructurales, participa en tales actividades criminales y las patrocina. El Estado mexicano funciona segn una lgica que lo aleja de los principios establecidos por la Constitucin y lo pone al servicio de los intereses de lites restringidas en vez del Bien Comn.

En una economa alimentada, cada ao, por decenas de miles de millones de dlares provenientes de los ingresos del narcotrfico, tales lites evidentemente incluyen a las cohortes del crimen organizado. Esto lleva al Gobierno a violar la ley de manera regular. Hablar de instituciones corrompidas implica que existen en la base al menos, en teora instituciones puras, lo que significara que, por efecto de contagio, el mal de la corrupcin que corroe al cuerpo poltico terminara por alcanzar el corazn del sistema. Con respecto a Mxico, esta teora no es vlida: lo que en ella se entiende por corrupcin no es la perversin de un ideal puro pre-existente, sino la aplicacin propia de una lgica subterrnea que beneficia directamente a los dirigentes.

Algo de historia

Una mirada al pasado permite descubrir las races de esta desviacin del Estado. El sistema de corrupcin masiva que se conoce actualmente fue instalado durante el largo reinado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego acrecentado por el aumento del poder del crimen organizado transnacional y por las polticas anti-drogas que lo acompaan.

Creado en 1929, al trmino de la revolucin mexicana, el PRI rpidamente se convirti en partido-Estado. Durante setenta y un aos continuos (1929-2000) ejerci el poder sin compartirlo y desarroll mecanismos de control social que combinan promesas sociales y prcticas autoritarias (represin brutal de toda oposicin, fraude electoral, manipulacin de la ley). Para asegurarse el beneplcito de la comunidad internacional, los controladores del sistema establecieron instituciones de apariencia democrtica, al abrigo de las cuales desarrollaron prcticas sospechosas para preservarse en el poder. Este proceso ambivalente ha profundamente afectado la organizacin poltica de Mxico hasta hoy.

Ana Laura Magaloni, directora de estudios jurdicos del Centro de Investigacin y Estudios Econmicos (CIDE), remarca que el sistema judicial mexicano, por ejemplo, fue concebido para la simulacin y la mentira. Fue edificado para ocultar las prcticas ilegales realizadas cada da en los sombros rincones de las instituciones nacionales. Luego que un agente de la polica obtiene informaciones o confesiones por la tortura y la intimidacin, el Ministerio Pblico arma un archivo segn el cual todos los procedimientos reglamentarios han sido respetados, enseguida lo remite al juez, quien tambin participa de la comedia.

Por tanto, desde su creacin las instituciones mexicanas fueron acaparadas y secuestradas por una lite poltico-econmica preocupada nicamente de preservar su dominacin, jugando de hecho el rol atribuido al crimen organizado en la definicin de un Estado-cautivo. As, en el ao 2000 luego que el Partido de Accin Nacional (PAN) puso trmino al monopolio del PRI con la eleccin de Vicente Fox a la presidencia de la repblica, una de las primeras decisiones del nuevo partido en el poder fue concluir un pacto con su predecesor para garantizar que el sistema continuara a funcionar como siempre. Este acuerdo fue el resultado de una alianza objetiva entre el PAN y el PRI, ambos decididos a implementar las reformas econmicas neoliberales en el marco del Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano (ALENA). Unidos por sus intereses comunes, se asociaron para repeler la oposicin del partido de centro-izquierda y de ciertos sectores de la poblacin a esas restructuraciones.

Hoy, tras doce aos de gobierno del PAN, el PRI lejos de descomponerse bajo el efecto de una mediocre transicin democrtica parece presto a retomar el poder con ocasin de las elecciones de julio de 2012, seguramente recurriendo a las prcticas fraudulentas elaboradas en el curso de su largo reinado.

La guerra contra la droga y el deterioro de las instituciones mexicanas

La corrupcin, o mejor dicho la deshonestidad, el enriquecimiento ilcito y el abuso de poder han devenido la norma. Juzgando tales prcticas como inevitables, la poblacin termin por resignarse a ello. El PRI se arregl con los carteles de la misma manera que con los sectores lcitos de la economa, tomando lo que necesitaba y dando lo que era necesario. Los narcotraficantes vieron abierta la posibilidad de operar en todo el pas a cambio, probablemente, de compartir sus ganancias. Salvo excepciones, una clara delimitacin de zonas de influencia de los diferentes grupos permiti evitar los conflictos. Con estas instituciones pervertidas como marco referencial, la guerra contra la droga lanzada por Felipe Caldern sumi a Mxico en una espiral destructiva. Aplicando un modelo desarrollado por los Estados Unidos, el Presidente privilegi la confrontacin directa y la militarizacin de la lucha contra los carteles, desdeando los enfoques alternativos (tratamiento de consumidores, prevencin y legalizacin para reducir el mercado de las drogas ilegales, lucha contra la criminalidad financiera, ejecucin de programas sociales, destinados principalmente a los jvenes).

Los resultados mortferos de esta poltica no se hicieron esperar. Cada vez que un jefe es puesto fuera de juego (arrestado o asesinado) por el gobierno, una organizacin rival se precipita en la brecha para disputar al cartel debilitado el control de su territorio y sus vas de circulacin y de exportacin de la droga. Fuera de la explosin de violencia, esas luchas de poder suscitadas por la irrupcin del gobierno en un juego criminal hasta ese entonces bien regulado tuvieron un efecto devastador sobre las instituciones porque la competencia que opone, en el terreno, a los carteles rivales se tradujo en una carrera por corromper en la cual cada uno trata de comprar el silencio de los responsables polticos locales, de ganarse la proteccin de las fuerzas de seguridad y de controlar a los jueces y a la administracin carcelaria. En 2009, la comisin Drogas y Democracia en Amrica Latina (que reuni a ex jefes de Estado de la regin, de los cuales varios haban dirigido sus propias guerras contra la droga cuando estaban en el poder) admiti que ese fenmeno era una de las principales consecuencias negativas de las polticas de prohibicin y de la guerra perdida contra las drogas.

La batalla que hace furor en Mxico, por lo tanto, no opone a bondadosos responsables polticos contra malvados carteles cuyos ataques deben ser repelidos para salvar la democracia (con algunos trnsfugas de lado y lado) sino que es el fruto de una verdadera mezcla de fronteras entre organizaciones criminales e instituciones estructuralmente pervertidas una situacin confusa que los ataques lanzados por el Estado rindieron explosiva.

El crimen organizado es, primero y ante todo, un comercio. En Mxico, se estima que genera anualmente entre 20 y 45 mil millones de dlares, con una tasa de ganancia calculada en 80 por ciento. Por lo tanto, los carteles disponen de recursos gigantescos, de los cuales una parte es distribuida a los representantes polticos y a los funcionarios (agentes de fronteras y de aduanas, policas, alcaldes y concejales municipales, soldados y oficiales hasta el ms alto grado de la jerarqua militar). Por otra parte, millones de dlares provenientes del narcotrfico son inyectados en la economa mexicana alimentando las reservas, favoreciendo las inversiones y consolidando las instituciones financieras oficiales (bancos y bolsas de valores). El dinero llega tambin a los comerciantes de armas a menudo estadounidenses, a los cuales los carteles les compran material ultra sofisticado con la finalidad de repeler las incursiones de las bandas rivales. As, son numerosos aqullos en Mxico (como tambin en los Estados Unidos, tanto entre los actores econmicos como polticos) que, sin pertenecer a los carteles, se benefician ampliamente de las consecuencias financieras de sus actividades y no tienen ningn inters en verlas desaparecer.

En cuanto, policas y militares, como lo seala la empresa estadounidense de anlisis geopoltico Stratfor, se sienten tanto menos motivados a tomar los riesgos necesarios para una accin eficaz si obtienen mayores beneficios en permanecer ineficaces. No es incompetencia sino una poltica nacional racional. La poltica de Mxico es coherente: se hacen todos los esfuerzos posibles para parecer en lucha contra el narcotrfico y no ser acusado de promoverlo. El gobierno no ve inconvenientes a que algunos contrabandistas sean liquidados en tanto no afecte los ingresos de dinero [3]. Si Stratford se interesa aqu en las fuerzas de seguridad, tambin precisa que el diagnstico se aplica al Estado en su conjunto. La administracin mexicana, tanto como su vecina estadounidense, tiene un gran inters econmico en dejar prosperar el comercio lucrativo de la droga. Los mecanismos elaborados para luchar contra esas actividades ilegales permanecen artificiales y slo sirven para cubrir de un barniz de orden y de moralidad una situacin que, al final, es muy beneficiosa.

Esta simulacin institucional va ms all de la lucha contra el trfico de droga, se extiende, por ejemplo, a los derechos humanos y a la lucha contra la discriminacin en contra de las mujeres. As la jurista Andrea Medina seala que el Estado mexicano invierte sumas fenomenales en propaganda internacional para difundir el mensaje que todo va bien y an que el funcionamiento de la justicia mejora. Sin duda alguna, el Estado mexicano ha financiado e implementado programas de formacin y de calificacin profesionales, pero este gnero de acciones no pesan en absoluto en los mecanismos estratgicos de la discriminacin con respecto a las mujeres o las dificultades de acceso a la justicia.

El Estado despliega una vasta gama de instrumentos (procedimientos burocrticos, regulaciones, procuradores especiales, declaraciones polticas) para hacer creer que est abocado a hacer aplicar las leyes o los tratados internacionales que, en realidad, no para de socavar. El problema del no-respeto de esas normas no deriva de la corrupcin de instituciones por otra parte sanas y funcionales, sino que es el resultado de una carencia de voluntad poltica y de una complicidad activa con las organizaciones criminales. 

La soberana del pueblo

La crisis provocada por la guerra contra la droga revel el verdadero rostro del Estado mexicano lo que podra obligarlo a repensar sus relaciones con la sociedad civil. La inaccin gubernamental, sumada a los fraudes electorales de 1988 y de 2006, desgast el frgil lazo que constitua la democracia representativa y la organizacin de elecciones. La poblacin no se siente representada por las instituciones visiblemente poco preocupadas del Bien Comn y cuyo funcionamiento ha empeorado con el recrudecimiento de las luchas de poder entre los carteles como entre bandas y representantes del Estado.

En el curso de los ltimos meses, el pueblo mexicano decidi reivindicar su soberana. Exige el derecho de influir en la poltica del Estado o, al menos, expresar sus opiniones. Se han desarrollado en todo el pas movimientos sociales que exigen el fin de la pretendida guerra contra la droga. Los estudiantes comenzaron a organizarse para protestar contra la presencia de un candidato del PRI en la eleccin presidencial, rechazando la perspectiva de un retorno al poder del partido-Estado y exigiendo la implementacin de un sistema representativo ms transparente.

Esos movimientos sociales constituyen para Mxico, la nica esperanza de lograr alcanzar los cambios estructurales que son necesarios para romper la complicidad entre las instituciones y las organizaciones criminales y as terminar con la violencia.

Notas:

[1] Ver Laura Carlsen, Whay should we care about Mexico?, 12 de mayo de 2011, http://www.cipamericas.org/archives/5742.

[2] La captura del Estado, 20 de noviembre de 2003, http://www.vicepresidencia.gov.co/Es/Prensa/Discursos/Paginas/031120.aspx.

[3] George Friedman, Mexico and the failed State revisited, 6 abril de 2010, http://www.stratfor.com/weekly/20100405_mexico_and_failed_state_revisited.

Laura Carlsen es la Directora del Programa de las Amricas (www.cipamericas.org)

Traducido por Luis Humberto Toledo Vilca

Fuente: http://www.cipamericas.org/es/archives/8865



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