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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-01-2013

Carta Abierta a la Excma. Sra. Presidente de la Nacin, Dra. Cristina Fernndez
Represin y muerte de ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom

Varios autores/as
Rebelin



CC: Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Julio Csar Alak
Sr. Presidente del INAI, Dr. Daniel Fernndez

Ref: Represin y muerte de ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom.

Viernes 18 de enero de 2013

Como es de pblico conocimiento, en los ltimos tiempos se produjeron diversos hechos en los que resultaron muertos miembros del Pueblo Qom de las provincias de Chaco y Formosa, y que hasta hoy no han sido investigados satisfactoriamente.

Entre ellos, pueden citarse los casos de:

* Roberto Lpez, muerto en la represin policial del 23 de noviembre de 2010 a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), Pcia. de Formosa.

* Mario Lpez, dirigente pilag de Colonia Alberdi y delegado del MoCaFor que se diriga al da siguiente a expresar su solidaridad con Potae Napocna Navogoh, muerto tras ser atropellado por un polica.

* Alberto Galvn, jornalero Qom perteneciente a la comunidad Paraje El Colchn, cercana a Villa Ro Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a tiros y arrojado a las piraas el 21 de enero de 2011.

* Mrtires Lpez, dirigente de la Unin Campesina, muerto el 14 de junio de 2011 en circunstancias dudosas, luego de ser atropellado dos das antes por un vehculo mientras circulaba en su moto por la ruta en Libertador General San Martn, Pcia. del Chaco.

* Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe de 11 meses, tambin miembros de Potae Napocna Navogoh, muertas el 10 de diciembre de 2012 tras ser atropelladas por un gendarme quien no slo no las auxili sino que junto con sus acompaantes golpe a Ricardo Coyipe, dirigente Qom y esposo de Celestina, para impedir que, aun estando malherido, les prestara ayuda.

* Imer Flores, de 12 aos, miembro de la comunidad Qompi Naqonaa de Villa Ro Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a golpes por una patota el 5 de enero de 2013.

* Daniel Asijak, 16 aos, sobrino del qarashe Flix Daz de La Primavera, muerto en circunstancias dudosas mientras circulaba por la ruta en su moto, el 9 de enero de 2013.

Tambin resultaron vctimas de hechos violentos, siendo gravemente heridos aunque no fallecidos, el propio Flix Daz, atropellado el 9 de agosto de 2012 por un vehculo 4 x 4 propiedad de la familia en conflicto con su comunidad; su hijo Abelardo Daz a quien un grupo de matones intent degollar el 28 de junio de 2012; Samuel Garcete, un hombre de 48 con 9 hijos, perteneciente a la misma comunidad de Formosa, quien an no se repone de las graves heridas recibidas en la represin del 23/11/2010; en los ltimos das (12 de enero de 2013) se conoci un nuevo ataque a otro joven, Gerardo Rodrguez, en el Paraje El Colchn, Villa Ro Bermejito, Pcia. del Chaco y a Omar valos, de la comunidad Potae Napocna Navogoh quien fue atacado por varios criollos en el pueblo Laguna Blanca de la Pcia. de Formosa.

Todos los fallecidos eran ciudadanos argentinos pertenecientes al Pueblo Qom y han muerto en circunstancias dudosas, o asesinados. Tres de estas personas eran nios: Natalia Lila de 11 meses, Daniel Asijak de 16 aos e Imer Flores de 12 aos.

A lo anterior deben sumarse las amenazas verbales y ataques permanentes que sufren los miembros de estas comunidades, la quema sistemtica de sus documentos y pertenencias, y otras acciones destinadas a atemorizar y a potenciar la impunidad de los criminales. Hace tan slo unas horas se conoci el ataque y las amenazas sufridas por Hctor Alonso, tambin miembro de Potae Napocna Navogoh.

En la mayora de los casos se han visto involucrados miembros de las agencias de seguridad estatales, que debieran salvaguardar, no amenazar, la integridad de todos los argentinos.

Todos estos casos han sido denunciados y estn o debieran estar siendo investigados por los organismos correspondientes. Sin embargo, la reaccin de los respectivos estados provinciales y de la justicia ha sido dispar, evidenciando lamentablemente en muchos casos llamativa indiferencia o incluso negligencia respecto de los crmenes cometidos contra indgenas en sus respectivos territorios.

A pesar de que existe un organismo especfico, el Instituto Nacional de Asuntos Indgenas (INAI), que debiera poder intervenir en los casos sealados, nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de accin del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren estos Pueblos.

Sabemos que la violencia hacia el Pueblo Qom no es un fenmeno reciente. Luego de las conquistas militares en la regin las comunidades originarias de las actuales provincias de Chaco y Formosa fueron confinadas en territorios escasos y reducidos, en los cuales la violencia no se detuvo, y que en algunos casos, adems, fueron escenario de nuevas represiones y masacres, ya no en tiempos de conquista sino de paz, vinculadas a la extrema explotacin laboral y a las alianzas entre propietarios, fuerzas armadas y sectores polticos (por ejemplo, las llamadas masacres de Napalp 1924, Pampa del Indio 1933-4, El Zapallar 1935, La Bomba 1947, entre muchas otras que adems de estar documentadas, son resguardadas en la historia oral de las comunidades).

Hoy los tiempos han cambiado y los Qom, como otros Pueblos Originarios, participan de muchos de los derechos de los ciudadanos argentinos, y se les reconocen derechos especficos en su calidad de Pueblos Indgenas (errneamente llamados a veces minoras tnicas), como los de participacin y consulta sobre los intereses que los afecten. Sin embargo, y a contramano de estos reconocimientos, las comunidades son constantemente presionadas para que abandonen los reducidos terrenos en los que fueron confinadas tras la conquista militar.

Y aqu es donde queremos llamar especialmente la atencin de la Presidencia, ya que se trata de un problema de extensin nacional y que se ha venido incrementando dramticamente en tiempos recientes: Todas las vctimas pertenecen a una regin que se ha convertido en los ltimos aos en una renovada frontera de expansin econmica principalmente para grandes grupos econmicos ligados a los agronegocios, el petrleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de ellas haban denunciado amenazas y abusos de la gendarmera nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los ltimos tres aos, perodo en que las denuncias hechas por integrantes del Pueblo Qom se han hecho ms visibles. Esto se debe a que los grupos armados que obedecen a empresarios y terratenientes actan con impunidad, sin ser sometidos a investigacin alguna y sin ser condenados por sus crmenes.

En todos estos casos, adems, tanto los sobrevivientes de ataques similares como los familiares de las personas fallecidas sealan elementos de odio racial y xenofobia como una constante en el marco de estos ataques. Obvia decirlo, el odio racial no es un elemento aislado y propio de los victimarios, sino que es parte, lamentablemente, de un contexto que precede y posibilita tanto la ejecucin de los crmenes como su impunidad.

La realidad de estas provincias que en estos das nos preocupa especialmente, tiene puntos en comn con la de otras partes del pas. Esto se debe a las condiciones que estructuraron las relaciones entre los Pueblos Originarios en todo el territorio, y la sociedad no indgena. Los Pueblos Indgenas poblaban el pas originalmente y sufrieron todas las consecuencias negativas, durante la conquista y luego con la colonizacin, que sufren aquellos que pierden las guerras territoriales. Durante el siglo veinte perdieron los ltimos rincones de sus territorios y fueron obligados a sedentarizarse, o a vivir en colonias y reservas, en la mayora de los casos obligados a vender su mano de obra en los ingenios azucareros, en las plantaciones de algodn o en las estancias de la Patagonia. En adelante, cobraron y cobran los peores salarios, sufrieron y sufren toda clase de injusticias, se moran y se mueren de enfermedades evitables como la tuberculosis, la leishmaniasis y las derivadas de la desnutricin, y han estado por dcadas completamente arrojados al capricho de las patronales y sus mediadores.

An desde esta realidad estructural, los Pueblos Originarios compartieron con el resto de los argentinos muchas de sus luchas por la justicia. Hacia la dcada de 1970 surgieron agrupaciones polticas formadas por militantes indgenas, muchos de ellos integrados con partidos polticos y organizaciones sociales y sindicales de orientacin popular, que adems reivindicaban sus derechos culturales, econmicos y sociales como indgenas. La dictadura cvico-militar golpe y desarticul parcialmente el movimiento indgena, que tambin luchaba por un mundo mejor, y varios de sus referentes fueron detenidos, desaparecidos y/o partieron al exilio. Hoy y desde el regreso de la democracia a nuestro pas, reconocemos importantes avances, a tono con los foros internacionales, porque los Pueblos Indgenas resurgieron como nuevos sujetos de derechos humanos, entre los que se encuentran, reconocidos por la Constitucin de nuestro pas, el derecho a permanecer en sus territorios tradicionales con ttulos legales y a gestionar los mismos bajo sus normas y costumbres. Vale adems anotar que los Pueblos Indgenas no slo son objeto de referencia de estos derechos sino que su palabra, a travs de sus intelectuales, dirigentes polticos y lderes religiosos, enriquece, interpela y ayuda al resto de la ciudadana a construir una sociedad mejor.

Sin embargo, en el norte de la Patagonia, los grupos econmicos lderes, ligados a la explotacin minera y petrolera, provocan de modo directo (por la violencia) e indirecto (por la contaminacin del medio, la desocupacin y la ruptura del entramado social) la expulsin de las familias del Pueblo Mapuche, que llevan una larga lucha sin haber sido escuchadas. Ms an, sus reclamos son sistemticamente criminalizados, y son numerosos los dirigentes que en los ltimos aos por dar el ltimo caso, la comunidad Winkul Newen, cercanos a Zapala, el 28 de diciembre prximo pasado- vienen siendo detenidos y/o procesados, cada vez que se resisten a ser desalojados de sus campos. Es evidente que hoy, la principal respuesta que est dando el Estado a los reclamos indgenas por la defensa de sus tierras es la violencia y la represin, y estas comunidades, las ms activas y organizadas polticamente, las que ms luchan por la vigencia de sus derechos constitucionalmente reconocidos, pasan a vivir en peligro permanente.

As, la comunidad de Chuschagasta en la Pcia. de Tucumn contina esperando justicia por el alevoso asesinato de Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 a manos de un terrateniente.

Tambin aquellas comunidades indgenas que reclaman por sus territorios en forma conjunta con organizaciones campesinas, como sucede con aquellas nucleadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) o el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), son hostigadas y peridicamente sacrificadas ante el avance de la propiedad privada (el mencionado Mario Lpez del MOCAFOR, en 2010; y en Santiago del Estero, Sandra Jurez, fallecida de un paro cardaco frente a las topadoras el 13 de marzo de 2010; Cristian Ferreyra, campesino lule-vilela de San Antonio, asesinado el 16 de noviembre de 2011 a los 23 aos; y Miguel Galvn, campesino lule-vilela apualado en Simbol, en septiembre de 2012, estos ltimos por sicarios reconocidos).

Lamentablemente, como Ud. sabr, la lista de casos y vctimas en los Pueblos Indgenas es larga y no se agota en lo que aqu presentamos. Las incursiones armadas de particulares y parapoliciales en sus territorios, con intenciones de amedrentamiento, as como los ataques sexuales a sus jvenes, nias y nios, son moneda corriente en todo el pas. Por eso apelamos a usted, para que utilice los recursos materiales y polticos de su gobierno para frenar esta situacin. Si los gobiernos provinciales no pueden sacudir estas estructuras, debe ser el Estado nacional el que realice el cambio necesario. Si en un pas como el nuestro, poblado por decenas de Pueblos Indgenas que son parte de la ciudadana, se permite que se los siga asesinando, o que aparezcan muertos en situaciones altamente sospechosas y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la verdad, queda claramente afectada la poltica de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaa.

Por todo esto, si bien no ignoramos la complejidad y antigedad de la situacin, reclamamos hoy al gobierno nacional y a los provinciales la implementacin de medidas urgentes y decididas para:

Utilizar todos los elementos a su alcance para que se haga justicia, en todos estos casos; incluyendo que se adopten medidas de reparacin concreta y simblica y que se garantice el trato debidamente respetuoso hacia sus dirigentes. La reparacin debe partir del reconocimiento del genocidio histrico cometido contra los Pueblos Originarios, cuyas consecuencias se prolongan hasta nuestros das.

Intervenir en la estructura sociopoltica y socioeconmica en la que se insertan las comunidades, dado que est comprobada la relacin entre la promocin de los agronegocios, la explotacin minera y petrolera, las concesiones inmobiliarias y tursticas, etc. y el incremento de la violencia contra los Pueblos Originarios. Frente a esto, existe legislacin suficiente que dispone la consulta previa a estos Pueblos, a travs de sus autoridades tradicionales, toda vez que se propongan planes de estas caractersticas que afecten sus territorios. El Gobierno nacional, as como los provinciales, tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitucin as como del Convenio 169 de OIT, entre otros acuerdos internacionales a los que la Nacin adhiere, como un paso inicial en la evitacin de la violencia econmica y social.

Intervenir en el contexto social para disminuir las acciones y discursos racistas, especialmente en los medios de comunicacin, en la formacin de las fuerzas de seguridad y en las expresiones de los representantes polticos, pues es imperioso reemplazar las ideas de superioridad racial y limpieza tnica que todava perviven, por una pedagoga respetuosa de los derechos humanos y la vida.

Por ltimo, es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y pblicamente estos hechos aberrantes, para que no se repitan NUNCA MAS. Para comenzar a revertir la violencia histrica y garantizar, en el marco de un Estado pluricultural, una poltica de Derechos Humanos que asuma, en relacin con los Pueblos Indgenas, su responsabilidad en la bsqueda permanente de verdad y justicia.

La saludamos respetuosamente,

1) Diana Lenton, DNI 17901607, antroploga, Red de Investigadores en Genocidio y Poltica Indgena, Buenos Aires.
2) Diego Escolar, DNI 18053150, antroplogo, Red de Investigadores en Genocidio y Poltica Indgena, Mendoza.
3) Gabriela Nacach, DNI 22302241, antroploga, Red de Investigadores en Genocidio y Poltica Indgena, Buenos Aires.
4) Lorena Cardin, DNI 22.110.057, antroploga, Universidad de Buenos Aires.
5) Valeria Mapelman, DNI 21482309, documentalista, Red de Investigadores en Genocidio y Poltica Indgena, Buenos Aires.
6) Luciana Mignoli, DNI 27.147.941, periodista, Red de Investigadores en Genocidio y Poltica Indgena, Buenos Aires.
7) Marcelo Musante, DNI 23467808, socilogo, Red de Investigadores en Genocidio y Poltica Indgena, Buenos Aires.
8) Mariana Gmez, DNI 28170891, antroploga, CONICET, Buenos Aires.
9) Ana Vivaldi, DNI 25188169, antroploga, Universidad Columbia Britnica, Vancouver, Canad.
10) Alexis Papazian, DNI 25791317, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Poltica Indgena, Buenos Aires.
11) Gerardo Raschcovsky, DNI 11154312, estudiante de antropologa, Red de Investigadores en Genocidio y Poltica Indgena, Buenos Aires.
12) Daro Aranda, DNI 25905483, periodista, Buenos Aires.
13) Osvaldo Bayer, DNI 4031317, historiador y periodista, Buenos Aires.
14) Ramn Navarro, DNI 12646312, msico, Asambleas Ciudadanas Riojanas, La Rioja.
15) Jorge Omar Steimbach, DNI 4579198, contador, Izquierda Socialista, Buenos Aires.
16) Luis Piaggi, DNI 13235403, Red de Investigadores en Genocidio y Poltica Indgena, Buenos Aires.
17) Claudia Salomn Tarquini, DNI 22.676.405, Red de Investigadores en Genocidio y Poltica Indgena, La Pampa.
18) Luciano D'Addario, DNI 27727575, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Poltica Indgena, Buenos Aires.
19) Nilo Cayuqueo, DNI 5516237, consultor en Desarrollo, Comisin Mapuche La Azotea, Los Toldos, Buenos Aires.
20) Florencia Roulet, DNI 14015409, historiadora, Buenos Aires, Ginebra, Suiza.
21) Ramn Minieri, DNI 5511376, escritor independiente, Departamento de Ro Colorado, Ro Negro.
22) Armando Aligia, DNI 11632231, fsico, junta interna de ATE del Centro Atmico Bariloche, Ro Negro.
23) Carlos Paz, DNI 22985982, historiador, FCH-UNCPBA, Tandil, Buenos Aires.
24) Jos Luis Pope, DNI 13988121, periodista, Trelew, Chubut.
25) Mara de los ngeles Vivardo, DNI 20499490, docente y antroploga, GCBA, Ciudad de Buenos Aires.
26) Marcelo Giraud, DNI 20112286, gegrafo, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.
27) Karen Avenburg, DNI 28549080, antroploga, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires.
28) Mnica Padin, DNI 11220972, arquitecta, Bariloche, Ro Negro.
29) Marina Lenton, DNI 21480775, ingeniera forestal y docente, Lago Puelo.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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