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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-01-2013

Las comunidades denuncian que los escuadrones de la muerte actan en connivencia con Ejrcito y Polica
Paramilitares desaparecen a 3 campesinos y desplazan familias en San Jos de Apartad

Camilo Raigozo / Comunidad de Paz de San Jos de Apartad
Notimundo / Agencia Prensa Rural


La Comunidad de Paz de San Jos de Apartad denunci este 26 de enero que al menos 50 paramilitares incursionaron en varias veredas del municipio entre las que se encuentran Cristalina y La Linda.

Las comunidades estn temerosas pues el rgimen terrorista a travs de la estrategia militar-paramilitar ha asesinado al menos a 200 miembros de esa comunidad y ha cometido varias masacres entre ellas la del 21 de febrero de 2005, cuando en una operacin conjunta entre el Ejrcito y los paras fueron masacrados 3 nios y cinco adultos.

En el ao 2007 la Corte Constitucional mediante sentencia orden al Estado la proteccin de la poblacin de San Jos de Apartad, pero hasta el momento esta no se ha cumplido.

Hasta el momento hay por lo menos dos familias en situacin de desplazamiento y lo ms preocupante es la retencin de 3 campesinos de los que hasta el momento no se sabe nada, advierte la angustiosa denuncia.

Las comunidades advierten a la comunidad nacional e internacional que cuando hacen estas denuncias, los altos mandos del Ejrcito y de la Polica, en vez de brindarles proteccin y perseguir y detener a los bandios, salen a decir que son mentiras porque los paramilitares no existen.

Las vctimas muestran como ejemplo las acciones criminales del general del Ejrcito Rito Alejo del Ro, actualmente encarcelado por su responsabilidad en la desaparicin de un labriego.

Es necesario recordar que los paramilitares ingresan por lugares cercanos a donde el ejrcito hace presencia y que estas incursiones se vienen dando escalonadamente desde hace ms de un ao, menciona la denuncia conocida por Notimundo.

El sacerdote jesuita y defensor de los derechos humanos Javier Giraldo, sostuvo recientemente a travs de Canal Capital que en San Jos de Apartad los paramilitares nunca se desmovilizaron y que estos han admitido que actan con la complicidad del Ejrcito y de la Polica.

La semana anterior la Corte Constitucional le orden al rgimen retractarse pblicamente de las injurias y calumnias con las que ha atacado a la Comunidad de Paz de San Jos de Apartad y de crear una comisin especial para agilizar las investigaciones sobre las denuncias de los campesinos.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la ONU, a la Cruz Roja, a las instituciones democrticas del Estado, a los defensores de derechos humanos, a la presidencia, a la gobernacin de Antioquia, a la secretara de gobierno y todo Colombia para que nos ayuden a proteger la vida y la integridad de nuestra poblacin, dicen angustiosamente las inminentes vctimas.

Fuente: http://notimundo2.blogspot.com.es/2013/01/san-jose-de-apartado-paramilitares.html

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOS DE APARTAD:

"Un grupo de aproximadamente 50 paramilitares ingresaron en la madrugada del sbado 26 de enero a las veredas La Cristalina y La Linda.

El miedo y la zozobra rodea a estas comunidades campesinas que ha sufrido el rigor y los vejmenes ms extremos de la guerra y que nuevamente y a pesar de las sentencia T-1025 de 2007 de la Corte Constitucional colombiana para la proteccin de nuestras comunidades pero an estado y sus instituciones siguen permitiendo que sucedan vulnerabilidades y peligros para esta regin. Hasta el momento hay por lo menos dos familias en situacin de desplazamiento, pero lo ms preocupante es la retencin de 3 campesinos de los que hasta el momento no se sabe nada.

Preocupa que cuando las comunidades denuncian este tipo de evidentes violaciones a los derechos humanos los mandos de la fuerza pblica, se dediquen como en los tiempos de rito alejo del ro simplemente a negar estas incursiones en vez de realizar las acciones que permitan la defensa de los colombianos; es necesario recordar que los paramilitares ingresan por lugares cercanos donde el ejrcitoo hace presencia y que estas incursiones se vienen dando escalonadamente desde hace ms de un ao.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la ONU, a la Cruz Roja, a las instituciones democrticas del estado, a los Defensores de Derechos Humanos, a la presidencia, a la gobernacin de Antioquia, a la secretara de gobierno y todo Colombia para que nos ayuden a proteger la vida y la integridad de nuestra poblacin".

Fuente: http://prensarural.org/spip/spip.php?article10110


Comunicado de la Comunidad de Paz, publicado el domingo, 27 de enero de 2013:

Esquizofrenia exacerbada en extremo en San Jos de Apartad

"Difcil entenderlo. Mientras varias instituciones del Estado comienzan a tomar medidas para acatar el Auto 164/12 de la Corte Constitucional, mediante el cual reconoce que la Sentencia T-1025 de 2007 en favor de nuestra Comunidad de Paz y en la cual esa alta corporacin tom medidas drsticas para intentar poner fin a los crmenes de lesa humanidad de agentes directos e indirectos del Estado contra los integrantes de nuestra Comunidad y contra la poblacin de nuestro entorno y para superar la escandalosa impunidad que los cobijaba, no haban surtido efecto, por lo cual orden ahora nuevas medidas perentorias, otras instituciones del Estado se empecinan en continuar la agresin criminal contra nuestra Comunidad de Paz, con desvergonzado cinismo y prepotencia, desafiando al otro YO de su Estado.

Por una parte, el Ministerio de Defensa por tercera vez se niega a acatar la Sentencia T-1025 de 2007 y, en abierto desafo a la ms alta Corte del Estado, afirma tajantemente que no entregar los nombres de militares y policas que estaban presentes en las fechas, sitios y horas en que fueron perpetrados los crmenes. La Corte en dicha sentencia (T-1025/07) les orden entregar esos nombres y sostuvo que las vctimas tenamos pleno derecho a conocerlos porque adems el desempeo de su oficio es pblico y deben portar pblicamente su identificacin, lo cual no hacen. En efecto, en dicha Sentencia La Corte conden la negativa del Ministerio de Defensa a entregar dichos nombres porque ello comporta una afectacin extrema del derecho a acceder a la informacin, con lo cual se obstaculiza tambin la realizacin del derecho de las vctimas a lograr la verdad, la justicia y la reparacin, y una garanta de no repeticin de los hechos que los afectan. Es decir, independientemente de si son inocentes los agentes de la Fuerza Pblica cuyos nombres se solicitan, las vctimas tienen el derecho de indagar sobre las circunstancias y los presuntos autores de los delitos y ello significa que pueden acceder a los nombres de los agentes que ellos consideran que pueden estar implicados. La Corte aada que la determinacin del Ministerio de Defensa hace inoperante en este caso el derecho ciudadano a acceder a la informacin que reposa en las instituciones del Estado y explica que la reserva de las investigaciones no se aplica a los nombres de los investigados sino a las diligencias practicadas y que en el caso de los miembros de la Fuerza Pblica desde el mismo diseo de los uniformes de la Fuerza Pblica se parte de la base de que los nombres de sus agentes deben ser visibles y reconocibles para los ciudadanos. Esto significa que la actividad cotidiana de los miembros de la Fuerza Pblica entraa que sus identidades sean conocidas, tal como lo solicita el actor de la presente tutela.

Cmo puede un Presidente tolerar como subalternos y representantes suyos en el Ministerio de Defensa a quienes de manera tan desafiante desacatan las decisiones de la ms alta Corte del Estado? Es esta una actitud respetuosa de la Constitucin que jur defender ante el pas? Es evidente que no.

Ahora la Corte Constitucional le ordena al Gobierno retractarse de las infames calumnias que el Presidente anterior profiri contra nuestra Comunidad de Paz, calumnias que consagraron un estigma de consecuencias fatales que se ha prolongado por 9 aos y en el cual se han apoyado la fuerza pblica, el poder judicial y los medios masivos de comunicacin nacionales e internacionales para arruinar nuestro buen nombre y para justificar todo tipo de crmenes contra nosotros. Le ordena tambin la Corte a la Fiscala constituir una Comisin de Evaluacin de la Justicia para examinar por qu la impunidad ha cobijado ms de 2000 crmenes horrendos que nos han destruido y por qu el aparato judicial ha pisoteado todos los principios rectores de la administracin de justicia. Al mismo tiempo le ordena revisar los criterios de presencia y accin de la Fuerza Pblica en nuestras espacios de vida y trabajo, presencia que hasta ahora ha desconocido numerosas normas de la misma Corte Constitucional y ha creado un escenario permanente de criminalidad, y finalmente ordena a todas las autoridades nacionales, regionales y locales acordar medidas para detener la agresin permanente contra nuestra Comunidad de Paz y establecer canales y estrategias de no repeticin de los crmenes y de proteccin de nuestros derechos elementales.

Acatar el Gobierno estas rdenes perentorias de la ms alta Corte del Estado o se las arreglar para no acatarlas, como ha hecho con el ncleo de la Sentencia T-1025, cuyo incumplimiento motiv justamente el Auto 164/12 que acaba de ser emitido por la Corte Constitucional?

Y mientras el Gobierno, a travs del Ministerio de Defensa, confirma en forma desafiante y prepotente que no acatar la Sentencia T-1025/07, otros funcionarios del Gobierno afirman que se disponen a acatar el Auto 164/12.

Hay dos Estados que se contradicen entre s? Hay dos identidades del Estado [dos Yo estatales] incompatibles entre s, cada uno de los cuales niega la existencia del otro Yo?

No hay duda de que estamos en presencia de una esquizofrenia estatal exacerbada y extrema.

Y lo ms terrible de esa esquizofrenia es que mientras el Gobierno central le da parte al pas y a la comunidad internacional de avances en el respeto a los derechos humanos, al mismo tiempo desatiende los clamores para que controle a sus subalternos que continan perpetrando crmenes.

Nuestra Comunidad deja nuevamente constancia ante el pas y el mundo de los nuevos hechos criminales de agentes directos e indirectos del Estado:

El jueves 17 de enero de 2013, en horas de la tarde, una avioneta sobrevol el asentamiento de nuestra Comunidad de Paz en la vereda La Resbalosa y procedi a fumigar los cultivos que sirven para supervivencia de la Comunidad, como el frjol, el maz, el arroz y el cacao orgnico que hemos venido cultivando en esa zona y que ha sido certificado como cultivo orgnico para la pequea comercializacin que nos sustenta.

El mismo jueves 17 de enero de 2013, un grupo de paramilitares fuertemente armado ingres a la vereda El Manso del municipio de Tierralta, Crdoba, sitio aledao a algunos de nuestros asentamientos, y all, con lista en mano, procedieron a privar de su libertad a varios civiles. Segn informaciones procedentes de los campesinos de la zona, 6 personas fueron detenidas desaparecidas sin que hasta el momento se tenga noticias de ellas. El mismo da, un campesino de la zona, de nombre CLIMACO PITALA, fue golpeado por los paramilitares.

El lunes 21 de enero de 2013, hacia las 15:00 horas, en la vereda Rodoxal, de San Jos de Apartad, un campesino de nombre ISMAEL ANGEL MOLINA CORREA de aproximadamente 69 aos, pis un artefacto explosivo mientras se encontraba realizando labores agrcolas en su finca, hecho que le cost la vida. Segn informes de los campesinos de la zona, un grupo de paramilitares ha estado realizando operativos y patrullajes en la zona.

El martes 22 de enero de 2013, hacia las 2:00 horas, se escucharon disparos en la base militar instalada en el casero de San Jos de Apartad. Ms tarde los medios de informacin hablaron de un combate entre la guerrilla y la fuerza pblica. Antecedentes de las ltimas semanas y meses muestran que el ejrcito dispara sin que haya presencia de la insurgencia, con otros fines. La presencia de puestos de la Polica y del Ejrcito en medio de la poblacin civil contradice numerosas normas de la Corte Constitucional, particularmente en zonas de conflicto como lo es el casco urbano de San Jos, el cual, justamente desde su militarizacin extrema a partir de abril de 2005, ha atrado a las fuerzas beligerantes e incentivado los enfrentamientos armados cobrando numerosas vctimas en la poblacin civil.

El viernes 25 de enero de 2013, hacia las 21:00 horas, un contingente de paramilitares ingres a la vereda La Cristalina donde amenazaron e insultaron a varias familias, incluyendo a varios nios. Entre los paramilitares que llegaron se encontraban los hermanos ALBEIRO y LUBN Cardona Borja, oriundos de esa zona y quienes se haban entregado al Ejrcito en 2005, participando en una masacre de 6 jvenes en diciembre de 2005 por lo cual el Ejrcito les pag 4 millones de pesos por cada vida destruida; desde entonces se movilizan con tropas del Ejrcito y en esta ocasin recordaron que haca un ao exactamente, en enero de 2012, haban estado all mismo con las tropas oficiales. La presencia de estos y de otros civiles entre las tropas armadas, revelan la persistencia del paramilitarismo en la regin, pues se trata de civiles ilegalmente reclutados y domiciliados en establecimientos militares para realizar operativos armados absolutamente ilegales. Dichos agentes ilegales del Estado privaron de su libertad y agredieron con violencia ese da, all en La Cristalina, a WILLIAM CARDONA y a ALFREDYZ RIVAS BORJA. Este ltimo ha sufrido montajes judiciales y graves agresiones por parte de agentes del Estado y la mayora de los miembros de su familia han sido asesinados por agentes del Estado.

El sbado 26 de enero de 2013, hacia la 1:00 de la madrugada, el grupo paramilitar que haba llegado a la vereda La Cristalina el da anterior, ingres a la vivienda de un miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz. Le preguntaron si todava la Comunidad de Paz estaba en el asentamiento de San Josesito y exigan se les dieran los nombres de los lderes de la Zona Humanitaria de La Cristalina. Segn informaciones de campesinos a escasos 20 minutos se encuentra las tropas militares del ejrcito nacional.

Desde hace 16 aos la Presidencia de la Repblica tiene toda la informacin detallada de todos estos actos criminales pero ha preferido tolerar todo el comportamiento de sus subalternos y an premiarlos con la ausencia de toda medida sancionatoria o correctiva. Nuestra ms enrgica condena moral frente a tal comportamiento.

Agradecemos nuevamente a todas las comunidades y personas que en muchos lugares del mundo siguen de cerca nuestro caminar y nos apoyan con su fuerza moral".

Fuente: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article10114


Denuncia de Javier Giraldo en Canal Capital el 24 de enero:

"El paramilitarismo sigue operando en San Jos de Apartad"


Fuente: http://prensarural.org/spip/spip.php?article10096


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