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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-01-2013

Desahucios: cuando el Estado tambin entreg las llaves de su casa

Rodrigo Fernndez Miranda
Rebelin


El drama de los desahucios en el Estado espaol es una de las evidencias ms violentas de la implementacin de las polticas neoliberales, y tambin una clara muestra de la indefensin en la que se encuentra una parte cada vez mayor de la ciudadana. Una indefensin en la que el Estado se abstrae de sus responsabilidades en materia social, y su accionar, sus recursos y sus herramientas se dirigen prioritariamente a preservar los intereses del poder financiero.

Cuando lo ilegtimo es legal

Mucha tinta ha corrido desde que en 2010 el entonces presidente socialista del Gobierno espaol admitiera que el pas empezaba a atravesar una crisis, e implementara un paquete de medidas de recortes sociales y una primera reforma laboral impuestas por la Troika. Tambin mucha tinta ha corrido desde que a finales de 2011 asumiera un nuevo presidente popular del Gobierno espaol y profundizara el camino de las polticas neoliberales de marcado corte antisocial.

Si la democracia es una forma de organizacin del Estado en la que la toma de decisiones y la titularidad del poder corresponden al conjunto de la sociedad, se puede concluir que una democracia real es un impedimento para el avance del neoliberalismo en cualquier territorio. Mientras que los representantes de la soberana popular y las instituciones polticas primen el derecho a las rentas del capital de una minora por encima del inters general, del bienestar comn y de los derechos sociales de las mayoras, esta representacin carece de legitimidad.

Las polticas pblicas adoptadas desde que los mercados hicieron explotar la crisis precipitaron esa creciente ilegitimidad. Un rumbo de recortes, ajustes, precarizacin, limitacin de derechos sociales, privatizaciones, enajenacin, transferencia de riqueza, desatencin del Estado de sus responsabilidades sociales y redistributivas, indefensin de las mayoras sociales. En otras palabras, un deterioro de la democracia y un aumento de la injusticia, la desigualdad, la tragedia humana y social, condiciones necesarias para que las rentas del capital sigan sumando y para que este capitalismo global y salvaje siga existiendo. Y, tal y como los representantes polticos no se cansan de afirmar, es ste el nico camino posible, no hay alternativa.

Muchas son las manifestaciones en el territorio que ponen en evidencia la perversin de este modelo econmico y poltico. Una de las ms dramticas es sin duda la cuestin de los desahucios, vinculada directamente a la explosin de la burbuja financiera e inmobiliaria, al elevado nivel de desempleo, y el consecuente aumento del empobrecimiento y deterioro de la calidad de vida de las familias.

A travs de la ejecucin de los desahucios, en casi todos los casos de manera forzosa, el poder financiero expulsa y expropia de sus viviendas a las familias que no pueden afrontar el pago de las letras de las hipotecas. En algunos casos, estas viviendas son vendidas a travs de subasta, en otros, son dejadas vacas. Mientras que el Estado ampara y protege los intereses del poder financiero en detrimento de los desahuciados, esta actuacin, ilegtima por dnde se la analice, adquiere carcter de legalidad en el marco de una democracia tutelada [1].

Crnica de una burbuja

Entre 1997 y 2007 la economa espaola tuvo un crecimiento sin precedentes. El factor ms determinante para explicar dicho crecimiento sostenido durante casi tres legislaturas fue el entonces llamado boom inmobiliario, proceso a travs del cual se atiborr el territorio de cemento, de ladrillo, de hormign y de deudas.

De repente, la sociedad espaola descubri que lo que haban denominado boom era en realidad una burbuja, que hunda sus races en una fuerte especulacin, y que dicha burbuja se haba pinchado. Un pinchazo que supondra, de hecho, que todo ese crecimiento econmico y material iba a tener a partir de ese momento como contrapartida un empobrecimiento rpido y profundo, tambin sin precedentes, de un amplio sector de la sociedad.

El punto de partida de la burbuja fue la Ley 6/1998 de Liberalizacin del Suelo, puesta en marcha en 1998 durante el primer Gobierno de Aznar, una fuerte relajacin normativa que abri sin complejos la veda a la construccin y a la especulacin urbanstica a lo largo y ancho del territorio. A partir de entonces, todo suelo se consideraba urbanizable, salvo que se justificaran motivos para su proteccin, es decir, todo el suelo era urbanizable salvo que se demostrara lo contrario. En esos aos se generaliz, adems, una relacin directa entre la financiacin municipal y el desarrollo del suelo, los municipios encontraron una forma fcil de financiarse, y una legislacin estatal que les resultaba favorable.

A finales de los 90 se empezaron a construir viviendas por todo el territorio espaol [2], y el desempleo experiment inicialmente un descenso. Los nuevos grupos de trabajadores, incorporados al mercado laboral a travs de la construccin y sus sectores conexos, obtenan hipotecas para comprarse ms casas. Durante el perodo comprendido entre 1997 y 2007 los precios de la vivienda casi se duplicaron, al tiempo que el parque inmobiliario creci de forma imparable y la oferta de viviendas empez a superar a la demanda.

Detrs de la burbuja inmobiliaria se encuentra la burbuja de la deuda. Sobre esta cuestin tambin hubo un cambio relevante en las reglas de juego que favoreci el proceso especulativo: la posibilidad de cambiar los tipos de inters fijos a variables en las hipotecas (modificacin legislativa tambin realizada durante la presidencia del Partido Popular). La banca se dedic durante este perodo a conceder crditos que financiaban hasta el 100% de las viviendas, partiendo de tasaciones temerarias de las mismas que las propias entidades realizaban, concediendo hipotecas de por vida y con bajos diferenciales sobre el tipo de inters de referencia.

Al cambio en la Ley de Suelo y en los tipos de inters hipotecarios se debe aadir la gran entrada de capitales especulativos extranjeros al pas tras la creacin del Euro, y la exuberancia monetaria, otro de los factores que conducira a un fuerte incremento de precios en el mercado de la vivienda.

Frente al desconocimiento de la ciudadana y la desidia, la incompetencia o directamente la complicidad del poder poltico, advertido en varias ocasiones y desde diferentes instancias sobre estos desmanes en la concesin de crditos de las entidades financieras [3], un da todo estall. Ese da la sociedad supo que este segundo milagro econmico espaol[4] era un espejismo, y desde entonces, empez a conocer lo que es en la prctica el neoliberalismo.

Las consecuencias del espejismo

La fiesta de la especulacin y los desmanes financieros termin, como no puede ser de otra manera, en un desenlace desgraciado para amplias mayoras. Los desahucios, seguramente el smbolo ms antisocial de estas polticas, representan uno de los problemas sociales y humanos ms punzantes que desde la irrupcin de la crisis sufre la sociedad espaola.

En 2011 el nmero de expedientes de desahucios procesados creci un 22% con respecto a 2010, llegando a un total de 58.241 (160 cada da), lo que supuso un record de este indicador desde que existen registros. Sin embargo, durante la segunda mitad de 2012 el nmero de desahucios en el territorio espaol ascendi a 526 diarios (ms del triple que en 2011), ms de 180 mil durante el ao y un total de 46.559 slo en tres meses de este ao.

En cuanto al perfil socioeconmico de las vctimas de los desahucios, un portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) explicaba que el 80% de los afectados son gente de clases medias que ha visto muy reducidos sus ingresos, que pueden estar cobrando unos 800 900 euros y que no pueden hacer frente a hipotecas de, por ejemplo, 1200 euros.

Para aumentar lo trgico de esta situacin, el suicidio se ha convertido desde 2008 en la primera causa de muerte violenta en el pas, segn datos del Instituto Nacional de Estadstica (INE), con un aumento considerable a partir de 2011 (y superando a los accidentes de trfico). Los motivos principales han sido, precisamente, el desempleo, la pobreza o el desahucio, en definitiva, la crisis. En 2010 se quitaron la vida 3.145 personas en todo el Estado, casi nueve personas cada da. Segn un comunicado de la PAH de finales de 2012, el 34% de estos suicidios estaran causados por los desahucios. Esta Plataforma considera este hecho un asesinato, del que hace responsables a las entidades financieras, a las autoridades judiciales, a los representantes polticos y a las Administraciones del Estado.

Frente a este avance del poder financiero sobre los derechos sociales, las vctimas de los desahucios cuentan, adems sus propios grupos de pertenencia y redes socioafectivas, con el apoyo activo de los movimientos de resistencia que se han ido configurando en el territorio durante estos ltimos aos. Estos grupos actan a travs de la denuncia, la movilizacin, la desobediencia civil y la resistencia activa no-violenta para evitar in situ los desahucios, a la llegada de los representantes de la banca y del poder judicial.  

Sin embargo, la ejecucin de los desahucios tambin viene acompaada por la represin policial, con agresiones y detenciones de activistas y vctimas que intentan que las expulsiones no se hagan efectivas. Esto significa que es el Estado el defensor de los intereses de la banca y principal garante de que el poder financiero, principal promotor de esta crisis, no pierda ni aun cuando todos los dems actores estn perdiendo. Un Estado que, en lugar de preservar y garantizar los derechos sociales, desampara a estas mayoras y da prioridad a las rentas del capital financiero.

En este escenario, es innegable la grave (ir)responsabilidad poltica de quienes dicen ser representantes de la soberana popular, que en un primer momento se vanagloriaron de sus decisiones, que llevaron a una dcada de crecimiento econmico que result ser un espejismo. Posteriormente negaron la evidencia del fracaso de una poltica especulativa con el suelo y el derecho a la vivienda. Finalmente, decidieron que la mejor manera de paliar esta situacin era ponerse del lado del poder financiero y las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y dar la espalda a las vctimas.

En noviembre de 2012, y en un alarde de sensibilidad social, la que fuera Ministra de Vivienda del ltimo Gobierno socialista y diputada del PSOE, Mara Antonia Trujillo, expres al respecto que el que tenga deudas que las pague. Que no se hubiera endeudado. Sin embargo, no parece ni sensato ni justo culpabilizar a quin recibe un prstamo [5], sino en todo caso a quin lo otorga y a quien permite que la situacin llegue a tal extremo. Ms an, si el dedo acusador es de quin ha ejercido nada menos que la cartera de Vivienda durante ese perodo.

Casas sin gente. Gente sin casas, y sin Estado

Durante la burbuja inmobiliaria se construyeron en el territorio espaol 4,6 millones de viviendas, de las que se comercializaron 3 millones. En la actualidad, se estima que el 20% del total de las viviendas que existen se encuentran vacas. Durante la ltima dcada las viviendas vacas se han duplicado, pasando de 3,1 millones a 6 millones aproximadamente (hay tantas viviendas vacas como personas activas desempleadas). De esta forma, una de cada cinco viviendas no est habitada, se mantiene cerradas y en completo desuso.

El aumento de los suicidios por los desahucios y de la visibilidad de esta problemtica ocasion una fuerte conmocin en la opinin pblica. Fue entonces cuando el Gobierno y el principal partido de la oposicin hicieron un amago por mostrar su sensibilidad social y por asumir su responsabilidad poltica, comprometindose a acordar e introducir cambios legislativos que pudieran salvaguardar a las vctimas.

La primera respuesta del Gobierno fue un documento de recomendacin a las entidades financieras, en ningn caso vinculante, cuya aplicacin dependa en ltima instancia de la buena voluntad de quienes hasta ahora no la han tenido. Esta intervencin del Estado se limit a la formulacin de un cdigo de buenas prcticas, que debera ser aplicado voluntariamente por la banca, a la que el Gobierno le sugera que acepte la dacin en pago en aquellos casos en que las vctimas se encuentren en exclusin o riesgo de exclusin social.

Como respuesta a este documento, desde FACUA Consumidores en Accin se destac que pedirle a la banca que cumpla con un cdigo tico es absurdo () la banca est cometiendo cada vez ms abusos y fraudes en Espaa, desde las clusulas de suelo hasta las participaciones preferentes, pasando por el cobro irregular de multitud de comisiones, y la respuesta del Gobierno es un cdigo de autorregulacin que slo cumplir el que quiera y si no lo hace, tendr como mucho un tirn de orejas.

Posteriormente, debido al aumento de la presin social, en noviembre de 2012 el Gobierno decidi intervenir un poco ms, e introdujo una adaptacin de la legislacin hipotecaria para suspender durante dos aos algunos desahucios. Sin embargo, esta suspensin tiene una aplicacin extremadamente limitada y con condiciones draconianas para su acceso, por lo que slo beneficia, muy relativa y parcialmente, a una minora de las familias afectadas por las deudas hipotecarias.

Para poder beneficiarse de esta suspensin temporal, adems de cumplir ciertos requisitos econmicos [6], se debe pertenecer a alguno de los colectivos sociales identificados como ms vulnerables: familias monoparentales con dos o ms hijos a su cargo, personas a cargo con una discapacidad superior al 33% o dependencia, familias numerosas o vctimas de violencia contra las mujeres. Un informe elaborado por un grupo de jueces criticaba las estrictas condiciones para fijar que las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que slo un porcentaje muy reducido, en la pobreza ms absoluta, puede acogerse a dichos beneficios.

Por otra parte, en el mismo informe de estos magistrados se consideraba que el procedimiento para la ejecucin hipotecaria, vigente desde 1909, es extremadamente agresivo frente al deudor. Adems, segn un dictamen publicado a finales de 2012 por la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unin Europea, Juliane Kokott, las normas que regulan en el Estado espaol los desahucios por el impago de las hipotecas son incompatibles con las normas europeas de proteccin de consumidores frente a posibles clusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

Teniendo en cuenta quines han sido los favorecidos por este proceso especulativo, no resulta una irona que el presidente de la AEB pidiera a finales de 2012 la construccin de ms viviendas y la concesin de ms crditos hipotecarios como frmula para resolver el problema y contrarrestar el rcord de desahucios. Quien preside este lobby parece haber alterado el orden de los factores, afirmando que "viendo las informaciones periodsticas de estos das se podra pensar que el crdito hipotecario ha sido la causa de la exclusin social, cuando lo que ha provocado la exclusin social ha sido la crisis econmica".

Las llaves del Estado

En su artculo 47, la Constitucin Espaola postula que Todos los espaoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes pblicos promovern las condiciones necesarias y establecern las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilizacin del suelo de acuerdo con el inters general para impedir la especulacin. La comunidad participar en las plusvalas que genere la accin urbanstica de los entes pblicos. Este escenario de desahucios masivos supone, tambin, que el Estado, en lugar de garantizar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitucin, desatiende y se desentiende de las necesidades sociales.

Por otra parte, adems de la resistencia de vctimas y movimientos sociales para evitar los desahucios, en el ltimo eslabn de la larga cadena de injusticias que conduce a despojar a miles de familias de sus casas, surgi otro conato de solidaridad. A finales de 2012, parte del pequeo colectivo profesional de cerrajeros empez a negarse a llevar a cabo el acto final que materializaba la desposesin de las viviendas, el cambio de las cerraduras.

As, en este contexto, las vctimas y sus redes, colectivos de trabajadores y movimientos sociales son quienes estn asumiendo funciones propias del Estado. La proteccin de los intereses de los sectores ms vulnerables, la garanta de los principios constitucionales, la defensa de la justicia social. En lugar de eso, el Estado mnimo, allende de declaraciones de intenciones, no slo no hace nada por evitar esta situacin, sino que legaliza el ejercicio de una violencia econmica, social y fsica creciente por parte del poder financiero, y pone sus recursos y herramientas a disposicin de esta clase dominante.

Aunque en su caso sin oponer resistencia, en definitiva y al igual que el colectivo de afectados por las hipotecas, el Estado tambin entreg las llaves de su casa al poder financiero, que es quien ostenta el poder poltico, quien ejerce desde la sombra las funciones de gobierno. Esto representa, por un lado, un sntoma flagrante de la decadencia democrtica en el territorio y de la creciente ilegitimidad de las instituciones polticas. Por otro lado, el hecho de que colectivos de trabajadores, vctimas y movimientos ciudadanos estn asumiendo responsabilidades que deberan corresponder al Estado ilustra a una sociedad que empieza a reorganizarse, a construir lazos de solidaridad y a articular un cada vez ms fuerte y unitario movimiento de contestacin y resistencia.

En respuesta al paulatino deterioro del vnculo entre ciudadana e instituciones polticas y al aumento de la injusticia social, emerge una ciudadana ms activa que est ensayando una democracia participativa y real. Lo que representa una separacin entre la poltica como gestin del poder institucional y como accin y participacin de la ciudadana; frente a un gobierno del Estado que deja a las mayoras a merced de la codicia del poder financiero, que no tiene ms miramientos ni responsabilidad social que la de sus cuentas de resultados.

 

Notas:

[1] Para ms informacin, ver en Alba Sud: El poder del sistema financiero sobre los estados (Estvez Araujo, 2011) y Democracia tutelada y reapropiacin de la poltica (Fernndez Miranda, 2012).

[2] Esta fuerte desregulacin de la actividad urbanizadora tuvo consecuencias muy adversas a nivel de la calidad de vida de la ciudadana y la preservacin de los entornos naturales.

[3] En una comparecencia a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados, ante la subcomisin de Economa sobre transparencia en productos bancarios, el presidente de la Asociacin Espaola de la Banca (AEB), Miguel Martn, expres que "los inspectores de la institucin supervisora, cuerpo de lite en la Administracin, dirigieron una carta al ministro Pedro Solbes. En ella advertan de los desmanes que se estaban llevando a cabo en la concesin de crditos por parte de las entidades financieras".

[4] Se conoce como el milagro econmico espaol al perodo de prosperidad comprendido entre finales de la dcada de los aos 50 y 1973, ao en que se desencaden la crisis internacional del petrleo.

[5] En este caso, se trata de culpabilizar a un numeroso grupo, que actualmente son vctimas de este proceso, de haber tomado decisiones de deuda a largo plazo en un momento en que las condiciones y las perspectivas econmicas personales y generales eran completamente diferentes, y con un gran estmulo por parte de la banca y del Estado para tomar esa deuda hipotecaria.

[6] Entre estos requisitos, destacan: que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas, que la cuota hipotecaria sea superior al 60% de los ingresos netos de la familia, no superar tres veces el Indicador Pblico de Renta de Efectos Mltiples (IPREM), 1.597 al mes o 19.200 euros al ao); que la cuota hipotecaria supere el 50% de ingresos netos; que la hipoteca sea sobre la nica vivienda en propiedad.

Rodrigo Fernndez Miranda | Alba Sud


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