Portada :: Opinin
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-01-2013

Inmunidad o impunidad?

Pedro Luis Angosto
Rebelin


Desde la Revolucin francesa, los miembros de la Asamblea Nacional vieron la necesidad de proteger su actividad parlamentaria mediante leyes que impidiesen la venganza arbitraria del rey o, ms tarde, del poder ejecutivo. Se hablaba entonces de la inviolabilidad del diputado en el ejercicio de sus funciones. As ocurri tambin entre nosotros cuando hace doscientos aos naci en Cdiz nuestra primera norma constitucional. Sin embargo, tanto en Francia, como en el Reino Unido con su Freedom from arrest or molestation, como en Espaa la inmunidad parlamentaria no fue efectiva durante el siglo XIX ms que para los diputados afines al poder imperante en cada momento. Fue a finales de ese siglo y a principios del XX cuando el movimiento obrero logr que las constituciones democrticas recogiesen ese derecho para todos los representantes del pueblo porque era la nica manera de que un parlamentario de izquierdas pudiese cumplir con sus deberes sin ser detenido, encarcelado o silenciado de forma violenta. La inmunidad parlamentaria, por tanto, fue un logro democrtico de la clase obrera y de los demcratas de todo el mundo para garantizar la defensa de los intereses de los ms desfavorecidos.

Pero pas el tiempo, y lo que era un derecho fundamental fue degradndose hasta convertirse en algo parecido a un derecho de casta. Veamos, por ejemplo, lo que sobre el particular dice la Constitucin Espaola de 1978: Los Diputados y Senadores gozarn de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante el perodo de su mandato los Diputados y Senadores gozarn asimismo de inmunidad y slo podrn ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrn ser inculpados ni procesados sin la previa autorizacin de la Cmara respectiva. En las causas contra Diputados y Senadores ser competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Nada que decir respecto al primer apartado del artculo setenta y uno de nuestra Carta Magna, faltara ms que un representante del pueblo no pudiese manifestar su opinin, cualquiera que esta sea, en el desempeo de su actividad, dentro o fuera de las Cmaras. Empero, resulta muy difcil hoy justificar los otros dos apartados puesto que suponen crear una jurisdiccin particular para todo aquel que forme parte de las Cortes Generales o de los Parlamentos autonmicos. No hay razn de peso alguna para que un diputado no pueda ser inculpado ni procesado por delitos comunes sin la autorizacin de la cmara a la que pertenezca, todo lo contrario, el diputado, como representante del pueblo, debe tener una actitud ejemplar en todo momento tanto en su actividad pblica como en su actividad privada. Si se protege su actividad privada punible mediante artculos como este, ya no se trata de inmunidad parlamentaria, sino de impunidad, de justicia de casta.

Un diputado puede, sin pruebas fehacientes, acusar a otro de actividades ilcitas, de corrupcin, de malversacin; puede tambin equivocarse; puede levantar sospechas sobre un grupo o una empresa determinada sin que eso ponga en riesgo su inviolabilidad, simplemente porque est en el ejercicio estricto de sus funciones parlamentarias y es su deber, pero cuando un diputado contrata ilegalmente, utiliza los recursos pblicos para fines privados, reparte sobres con dinero a sus colegas, privatiza a cambio de prebendas posteriores, deja de ser diputado para convertirse en un simple delincuente, en el ms horrible de los delincuentes puesto que est jugando con la democracia, con el inters general, con el bienestar y la libertad de los ciudadanos a los que dice representar. Entonces, en ese caso y en otros similares, la inmunidad parlamentaria, la autorizacin de las Cmaras para su encarcelamiento, procesamiento o inculpacin carecen del ms mnimo sentido, salvo que se quiera convertir a los distintos Parlamentos en cmplices y encubridores, figuras delictivas perfectamente tipificadas por las leyes penales.

Si el representante del pueblo traiciona al pueblo, trafica con su cargo, malversa la confianza que en l depositaron los electores, saquea la democracia, utiliza su representacin para el lucro particular o de terceros, trabaja para grupos econmicos determinados, no slo no debe gozar de inmunidad de ningn tipo, sino que tiene que ser detenido, procesado y juzgado como cualquier otro ciudadano por el juzgado que corresponda, en ningn caso previa autorizacin de la Cmara que sea, jams por el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autnoma, porque entonces se estn dando patentes de corso a individuos que por su comportamiento inmoral y delictivo han dejado de facto de servir al inters comn al utilizar su representacin para defender intereses bastardos. Sacada la inmunidad parlamentaria del mbito estricto de la poltica tan necesaria para la vida como el aire que respiramos trece veces por minuto- el diputado es un ciudadano normal y la nica norma que debe aplicrsele en caso de delito pblico o privado es el Cdigo Penal por la justicia ordinaria.

Vivimos un momento malo, muy malo, no cabe andarse por las ramas. A una crisis econmica provocada por leyes elaboradas por polticos corruptos protegidos por la inmunidad parlamentaria, y por unos banqueros que deberan estar en la crcel hace mucho tiempo, hay que sumar las prcticas delictivas que desde los aparatos de determinados partidos se han venido sucediendo hasta crear entramados mafiosos como los que ahogan a la Comunidad Valenciana, Madrid o Catalua, culminando con el que estos das nos aturde y avergenza tras conocer la indecencia descomunal protagonizada por el Sr. Brcenas y los miembros del Partido Popular que le acompaaron en su viaje. Una sociedad democrtica, sana, libre y digna, no puede consentir por ms tiempo que personajes de esa calaa marraneen la poltica y la vida pblica, porque tanto de una como de otra dependen nuestro presente y nuestro futuro. Es menester que ese artculo de la Constitucin el setenta y uno- quede reducido exclusivamente a su primer apartado y que todo sinvergenza, chorizo, malversador, canalla y defraudador de la confianza pblica sea enjuiciado con celeridad ejemplar por el juzgado y el juez al que toque. No es posible que a una persona que ha robado un jersey en un gran almacn se le juzgue y condene en veinticuatro horas y que a estas alturas no sepamos todava, por ejemplo, que va a ser del Sr. Fabra, del Sr. Rato o del Sr. Brcenas y agraciados. La impunidad es el cncer de la democracia. No consintamos que nos hagan tragar con ruedas de molino: Inmunidad no tiene nada que ver con impunidad, la poltica es sagrada y ningn maleante puede servirse de ella.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter