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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-01-2013

Caso Clarn: Desinformacin difcilmente superable

Felipe Portales
El Clarn de Chile


Los grados de concentracin de la propiedad de los medios de comunicacin en grandes grupos econmicos y su aplicacin de una frrea autocensura hacen de Chile el pas sudamericano con menor vigencia prctica del derecho a la libre informacin y expresin. Para ello se conjugaron la dictadura y los 20 aos de gobiernos de la Concertacin.

La primera, al cerrar todos los medios de comunicacin de izquierda y posteriormente- aplicar censuras y amedrentamientos al conjunto de aquellos que se mostraron opositores a la dictadura. Y los segundos, al desarrollar diversas polticas que eliminaron todos los medios escritos afines a la Concertacin en la dcada de los 90; y al neutralizar o privatizar canales de televisin (TVN y Canal 11) que hubiesen podido estimular una efectiva democratizacin del pas.

Todo ello adquiere mayor gravedad en la medida que se efecta de manera tan sutil como exitosa; ya que no requiere de restricciones legales o administrativas, y ni siquiera de presiones gubernamentales. De tal modo, que la generalidad de la poblacin chilena ni siquiera est consciente del grado de desinformacin que sufre; lo mismo que las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. As, la sociedad chilena se ha mantenido en la ignorancia del regalo de la mayora parlamentaria efectuado por el liderazgo de la Concertacin a la derecha en 1989; del acuerdo legislativo Concertacin-Alianza que permiti a comienzos de los 90 aumentar los grados de privatizacin del cobre que permita la Ley de Concesiones Mineras; de las amenazas del gobierno de Aylwin al gobierno holands que consiguieron frustrar su apoyo a los medios escritos afines a la propia Concertacin; de las disposiciones legales aprobadas en 2004 por los parlamentarios de ambas coaliciones que le impiden al Poder Judicial tener acceso a las denuncias de torturas presentadas ante la Comisin Valech; de las disposiciones legales aprobadas tambin ese ao por ambos conglomerados y que permiten la privatizacin de todos los parques comunales e intercomunales del pas; etc.!

Pero quiz la desinformacin ms difcilmente superable se ha dado respecto del caso Clarn, en que se han ocultado, desde 1997!, todas las medidas gubernativas incluso aquellas denunciadas como ilegales o corruptas- destinadas a impedir la devolucin de los bienes confiscados de dicho diario a su propietario, Vctor Pey. Sabe usted, por ejemplo, que pese a que la dictadura le confisc dicho peridico a Pey desechando, en base a un estudio del Consejo de Defensa del Estado, las demandas de otras personas que alegaban ser los dueos- el gobierno de Lagos, a travs de su ministro de Bienes Nacionales Claudio Orrego, le devolvi en 2000 el valor de aquel, en trminos equivalentes a 9 millones de dlares, a las personas que el Consejo haba desechado como tales dueos; y mientras el caso estaba en litigio en tribunales nacionales e internacionales?

Sabe usted que buena parte de ese dinero termin en poder del yerno del abogado encargado por el Comit de Inversiones Extranjeras para hacer el estudio que termin justificando dichos pagos? Sabe usted que el Colegio de Abogados sancion por ello a dicho abogado Enrique Testa- en 2003; pero que ello no fue seguido de ninguna investigacin o denuncia de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial? Sabe usted que el gobierno de Bachelet intent recusar a una jueza del tribunal del Banco Mundial (CIADI) organismo que est dilucidando el caso desde 1997 y que en 2008 fall a favor de Pey- por haber escrito en Le Monde un artculo favorable a la extradicin de Pinochet del Reino Unido a Espaa?

Todo lo anterior puede verificarlo en diversos artculos aparecidos en la prensa (aunque claro, no tuvieron seguimiento en los principales medios como para convertirse realmente en noticias percibidas por la opinin pblica) nacional y que nunca fueron desmentidos. Particularmente, en Clarn y el sagrado derecho de propiedad, de Patricia Verdugo (Rocinante; septiembre, 2002); en Caso Clarn: Colegio de Abogados suspendi por cuatro meses a Enrique Testa, de Carmen Gardeweg (La Segunda; 21-4-2003); en Caso Clarn: Joan Garcs afirma que Chile recus a jueza por escribir contra Pinochet, de Jorge Escalante (La Nacin; 30-5-2006); y en La batalla de Pey, de Francisco Marn (El Ciudadano; agosto, 2007).

Pero sin duda que la culminacin de todo ello la representa la desinformacin efectuada por el Gobierno, El Mercurio y La Tercera y de la que ha sido cmplice el liderazgo concertacionista- en el sentido de presentar a Vctor Pey como derrotado por la reciente decisin del CIADI, en circunstancias que ella valid el fallo de 2008 -del cual pidi la nulidad el gobierno de Bachelet- respecto de la obligacin del Estado chileno de indemnizar a Pey, y solo anul el monto fijado; por lo que se definir uno nuevo que, todo indica, ser mayor que los cerca de 10 millones de dlares establecidos ese ao!

Y adems, la opinin pblica se mantiene completamente desinformada del hecho que la reciente decisin del CIADI mantuvo tambin la obligacin del Estado chileno de cancelarle a Pey las costas del proceso transcurrido entre 1997 y 2008, en una suma equivalente a 3,8 millones de dlares (Ver Punto Final; 25-1-2013). Y que el gobierno de Piera, poniendo en grave riesgo la credibilidad internacional del Estado chileno, no ha dado todava ninguna seal de cumplir con dicho fallo.

En realidad, durante la dictadura estbamos desinformados, pero lo sabamos; ahora seguimos desinformados, pero sin tener idea de ello

http://www.elclarin.cl



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