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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-01-2013

Uruguay
Secreto a voces

Ramn Guitirrez
La Diaria


El Censo General Agropecuario 2011 constat la desaparicin de ms de 12.000 productores, algo que no sorprendi a quienes estamos relacionados al medio rural. Hace ya muchos aos que gremiales de productores familiares, sindicatos rurales, intelectuales y sectores de izquierda advierten sobre el fenmeno de concentracin y extranjerizacin de la tierra.

Lo que s puede sorprender es la naturalidad con que algunos dirigentes del Frente Amplio (FA) optan por ese modelo de desarrollo rural. Hoy pueden sostener, sin misterios, que no tiene nada de malo la desaparicin de productores familiares. El viejo anlisis estructuralista justifica la eliminacin de minifundios (que abarcan estas pequeas fracciones ganaderas que constituyen el grueso de los productores desaparecidos), y el igualmente viejo esquema de comprensin determinista y unilineal de la historia en funcin del desarrollo de las fuerzas productivas materiales tambin los justifica.

La alegra porque un pequeo productor obtiene un montn de dinero al vender su tierra tambin sirve de argumento. La Concertacin para el crecimiento tiene un hijo al frente del Ministerio de Ganadera, que representa esa visin.

Pero sigue sin debatirse el problema del poder, la soberana, los modelos productivo-tecnolgicos involucrados, ni tampoco con quin y para quin se quieren hacer las transformaciones sociales.

Los ltimos dos programas del FA han incluido una preocupacin por la concentracin y extranjerizacin de la tierra, con nfasis en apoyar a la produccin familiar. Desde sus orgenes, el FA tena en su plataforma la preocupacin por la configuracin de la estructura agraria y un posicionamiento en favor de los sectores desfavorecidos del campo. En el ltimo programa, el FA redobl el compromiso con el Instituto Nacional de Colonizacin (INC) y proyectaba distribuir 250.000 hectreas entre productores familiares, organizaciones, colectivos y asalariados. El INC est lejos de esa cifra (con suerte incorporar 60.000 hectreas en el perodo) y las cifras preliminares del censo de 2011 indican que 9% de las explotaciones poseen el 60% de la tierra, mientras el 56% de las explotaciones se arregla en 5% de la superficie. Otro dato es que 43% de la tierra es propiedad de personas jurdicas, cuando esta cifra era de 1% en el censo del 2000 (indicador principal de extranjerizacin).

Pero no hay mayores sorpresas, era un secreto a voces. Al comienzo del primer perodo de gobierno del FA, la falta de informacin oficial serva para aguantar el chaparrn de las crticas de las gremiales relacionadas a la produccin familiar. Datos del Ministerio de Educacin y Cultura sobres transacciones de tierra ya alertaban sobre el fenmeno. Los paisanos saban que sus vecinos vendan, saban qu empresas agrcolas y forestales compraban. A las cansadas, asumieron el fenmeno y comenzaron a hilar con destreza poltica una defensa de la coexistencia entre agronegocio y agricultura familiar, dejando al primero avanzar y apoyando al segundo con algunos instrumentos de poltica diferenciada. Lo cierto es que se expresaban (y expresan) las contradicciones de la apuesta programtica del FA, que asume al capital transnacional como dinamizador de la economa a travs de sus inversiones y pretende que la economa asuma formas ms democratizantes: es decir, que la concentracin de la tierra y la produccin disminuyan, que los agentes locales avancen en el dominio de las cadenas productivas. El dato es que las cadenas agroindustriales estn cada vez ms concentradas y extranjerizadas. Hace un par de aos que, debido al avance de la compra de tierras por parte de Estados-Nacin (el caso de China en pases africanos como paradigmtico), se comenz a discutir una ley que regule la tierra en manos extranjeras, an sin mayores concreciones. El Impuesto a la Concentracin de Inmuebles Rurales (ICIR) ha sido el nico sntoma poltico de cuestionamiento de avasallamiento del agronegocio, herramienta recaudatoria que no afectar el fenmeno de concentracin sino que permitir mejorar los servicios del Estado para las necesidades del negocio agropecuario (carreteras, caminos y servicios bsicos para la poblacin).

En sntesis, la apuesta a la insercin de los productores familiares en las cadenas agroindustriales de alta competitividad, discurso repetido hasta el cansancio, es un fracaso para los intereses de este grupo. La teorizacin de este problema y los datos empricos son amplios. Los instrumentos utilizados por el gobierno para el desarrollo de la agricultura familiar (Proyecto Uruguay Rural, Proyecto Produccin Responsable, Programa Ganadero, Direccin General de Desarrollo Rural, Mesas de desarrollo rural y el INC) han sido insuficientes para cambiar la estructura agraria, y ni siquiera han aumentado las condiciones de resistencia de este grupo social en trminos relativos. Estos instrumentos se confirman como medidas de contencin social que permiten, en casos concretos, tener mayores elementos para sobrevivir a la dinmica de competencia, eventualmente entrar en el listado selecto de ganadores y crecer. No parece existir tras ellos una intencin transformadora, sino paliativa, como alivio de eventuales tensiones polticas del gobierno con las gremiales de productores familiares (actor aliado), retencin de poblacin en el medio rural para evitar mayor aglomeracin urbana con sus costos de acceso a servicios y problemas de convivencia social (principal flanco dbil frente a la oposicin poltica) y reserva de mano de obra para el agronegocio (la escasez de mano de obra es una reivindicacin permanente de los empresarios rurales e histricamente la produccin familiar ha sido clave en su suministro).

Hay un foco problemtico en la poltica agropecuaria: un nfasis en la mirada sobre la produccin familiar, aislada del contexto y de la dialctica del conflicto de intereses. El foco en el pobre ha desembocado en una poltica caritativa, que soslaya la gran estancia y las empresas trasnacionales, claves en el control del territorio y la economa rural.

A excepcin de la forestacin, no hay captacin de capacidades nuevas con las inversiones extranjeras, son hombres y mujeres orientales quienes dirigen y ponen en juego su trabajo para conducir los procesos productivos que dinamiza el capital de las trasnacionales. Esta dimensin, aunque parezca menor, pone el acento en comprender que el dilema es quin arriesga y no quin puede. Del mismo modo, la produccin familiar no mantiene niveles de productividad inferiores a las grandes empresas en los sistemas de produccin animal que ocupan el grueso del territorio nacional. No hay justificaciones de escala o de capacidades que impidan que el control de esta produccin est en sus manos.

El debate que se instala, a nuestro juicio equivocado, es propio de una correlacin de fuerzas desfavorable para los sectores populares rurales. Es una flaqueza estructural en Uruguay, por el escaso peso de la poblacional rural y los pocos sntomas de vitalidad organizativa para llevar adelante reivindicaciones ante las polticas de turno y los grandes propietarios de tierras en Uruguay (ganaderos representados por la Asociacin Rural y la Federacin Rural, y hoy el agronegocio).

El debate fue y es equivocado, porque la idea de que hay que apoyar a los que estn -defendida por el propio Mujica -ha demostrado ser inocua para frenar la concentracin, la extranjerizacin y el xodo rural de estos aos (tambin por los datos del censo de INE).

No hay coexistencia, sino absorcin de la produccin familiar y su territorio para las necesidades del agronegocio. El foco es equivocado porque no debemos sealar slo a los afectados, sino a los que se apropian del territorio y configuran el mayor riesgo para toda la sociedad.

Frente al debate que instala el (neo)desarrollismo, modelo por el que optan las fuerzas que dan gobernabilidad al Ejecutivo, es pertinente discutir algunos puntos:

1- El modelo de desarrollo rural por el que se opta configura el cerno del modelo econmico nacional en un pas agroexportador como Uruguay, donde el agronegocio explica alrededor del 25% del PBI y 70% de las exportaciones. Esa opcin genera una economa caracterizada por la concentracin, el dominio de una porcin muy relevante del territorio por parte de empresas transnacionales, el dominio del sector industrial y comercio exterior por estas empresas, desembocando en una economa altamente dependiente y con claros sntomas de desigualdad social.

El problema de este modelo en contraste con el objetivo de edificar una sociedad basada en la equidad y la justicia es que concentra el poder sobre un recurso estratgico como la tierra, concentra las ganancias y subordina a su dinmica al conjunto de la economa y sociedad rural, poniendo en jaque la idea de que producimos y despus vemos cmo redistribuir. Este modelo nos aleja de la nocin de soberana como derecho de decisin sobre nuestro territorio.

2- La base tecnolgica del agronegocio no slo es intrnsecamente dependiente de insumos externos, basados en la relacin actual de precios de la energa, sino que provoca alteraciones sobre el ambiente (agua y suelo), los centros poblados cercanos y afectaciones sobre la salud de trabajadores y consumidores.

3- La configuracin de la ocupacin del territorio y la reorientacin del trabajo humano que implica la profundizacin de esta modalidad de explotacin rural (que libera mano de obra y disminuye la necesidad de poblacin en el campo), ubica mayor poblacin en las ciudades sin claridad de una ocupacin superior para el inters general. Existe una liberacin de trabajo penoso (configurado como tal por la propia estructura agraria existente y no por ser rural) que se traduce en trabajo precario en las ciudades. Una estructura agraria donde domina la estancia, el aislamiento, la escasez de servicios y el trabajo precario altamente subordinado frente al patrn, provoca conclusiones veloces de que la gente al ir a la ciudad transita un ascenso. No obstante, en trminos estructurales, no se observa esto. La sociedad es una y la sustitucin del trabajo y condiciones de vida penosas en el medio rural no han sido por mejores condiciones en la ciudad, reflejo de esta realidad son los asentamientos irregulares, la alta proporcin del trabajo y emprendimientos cuentapropistas informales, el crecimiento de la ocupacin en empresas de seguridad, as como en servicios del estado relacionados a la misma funcin.

Temas de esta relevancia nacional invitan a la reflexin y al anlisis pormenorizado, ms cuando las corrientes de pensamiento identificadas con la izquierda se han caracterizado por promover la crtica del statu quo predominante, y no por celebrarlo alegremente. Esperemos no perder tan sana costumbre, en ste y en otros temas, en aras de la tan mentada gobernabilidad.

Ramn Gutirrez es integrante del Colectivo Minga, la Asociacin Barrial de Consumo y la Revista de agronoma social Suma Sarnagaa

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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