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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-02-2013

Las dilatorias para instalar una unidad de investigacin de delitos en dictadura
Uruguay: Saludando a la bandera

Samuel Blixen
Brecha, Montevideo


La demora del Ministerio del Interior en la instalacin de una unidad que investigue delitos cometidos por el terrorismo de Estado, para auxiliar a la justicia, plantea el primer desconocimiento del gobierno a la Institucin Nacional de Derechos Humanos, ese organismo autnomo creado por el Parlamento cuya integracin fue tan debatida y negociada. El Observatorio Luz Ibarburu formul una denuncia; haba recabado un consenso de aceptacin generalizada que no se concreta en los hechos.

El gatopardismo, concepto popularizado a partir del libro de Guisseppe Tomasi de Lampedusa, expresa la idea de que en determinados momentos histricos se impone la voluntad de crear una apariencia de cambio con el fin ltimo de que la base, el ncleo del sistema, permanezca inalterado. Eso es exactamente lo que pasa en Uruguay con la impunidad de que gozan los criminales del terrorismo de Estado. Ningn rebuscado argumento formal, ningn sofisma sobre tiempos polticos, ninguna excusa sobre la diferencia entre voluntad y posibilidad podrn justificar la inaccin, cuando no el retroceso, respecto de la obligacin de investigar los delitos y castigar a los culpables. La responsabilidad es compartida entre magistrados de la Suprema Corte de Justicia, jueces, ministros y altos funcionarios de la administracin. Al finalizar 2012 en los juzgados de Montevideo estaban radicadas 138 causas por denuncias relacionadas con violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado: slo dos tienen sentencia firme y el 71 por ciento permanece en presumario. Haba, adems, otras 89 denuncias ingresadas en seccionales policiales que no estn registradas en los juzgados.

Algunas situaciones que expresan el gatopardismo del discurso oficial uruguayo -que dice eliminar la impunidad pero la tolera- tienen que ver con el mirar para el costado de una justicia penal que -salvo honrosas excepciones- no investiga y espera que las propias vctimas averigen para en todo caso entonces actuar; o con las presiones de un ministro sobre jueces y fiscales, o con las afirmaciones lanzadas a la prensa para generar opinin y denostar a los denunciantes; o con el infalible mtodo, tan caro a los ministros de la Suprema Corte, de plegarse a las chicanas de abogados vinculados a los centros de poder de la derecha, de dejar correr los plazos ante recursos inconsistentes y aun ilegales cuando el acusado (en este caso un general) es agarrado con las manos en la masa, como quien dice; o con la inquebrantable postura de oponer recursos legales para evitar el pago de indemnizaciones; o con el manejo discrecional de la informacin reservada y el secretismo sobre los archivos de la represin. Y todo eso cuando, simultneamente, se reitera que estamos en un Estado de derecho donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley; y se desarchivan denuncias y se elimina la caducidad y se anuncia que se aplicarn los criterios internacionales en materia de genocidio, desaparicin forzada, prcticas sistemticas de torturas, robo de nios, violaciones, y se promete finalmente que se concretar una reparacin integral. Una ltima muestra del gatopardismo uruguayo est registrada en una denuncia que formula el Observatorio Luz Ibarburu para el seguimiento de las denuncias penales por violaciones de los derechos humanos. Dicha denuncia se refiere a la dilatoria para instalar una Unidad Especial de Investigacin y Apoyo al Sistema Judicial, en la rbita del Ministerio del Interior.

En los ltimos meses del ao pasado el Observatorio haba formalizado un reclamo sobre la instalacin de esa unidad ante los organismos que integran la comisin interministerial encargada de supervisar el cumplimiento de la sentencia que, sobre el llamado "caso Gelman", emiti la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En opinin del Observatorio, una dilatoria en ese sentido podra implicar que "Uruguay cayera nuevamente en responsabilidad internacional por la persistencia de la impunidad ante la falta de un proceso eficaz de justicia". El reclamo se realiz no slo ante los ministerios y la Secretara de Seguimiento de la Comisin para la Paz, que integran la comisin interministerial, sino tambin ante otras autoridades estatales con responsabilidad especfica en materia de derechos humanos, como lo son las direcciones de Derechos Humanos del Ministerio de Educacin y Cultura y del Ministerio de Relaciones Exteriores, y autoridades del sistema judicial (magistrados, fiscales, abogados y funcionarios judiciales). La idea era "construir consensos para enfrentar y resolver adecuadamente los hechos de nuestro pasado reciente, con las herramientas construidas por el derecho internacional".

Generar capacidades

Todos los consultados estuvieron de acuerdo -al menos de palabra- en implementar esa unidad de investigacin. Y a ese consenso se sum la recomendacin que la Institucin Nacional de Derechos Humanos (indh) formul al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el 14 de diciembre, a raz del planteo del Observatorio Luz Ibarburu. La recomendacin de la indh recuerda que la Convencin Americana sobre Derechos Humanos establece "el deber de los estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a travs de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder pblico, de manera tal que sean capaces de asegurar jurdicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos". El texto enviado al ministro Bonomi recuerda, asimismo, que la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman versus Uruguay, de febrero de 2011, "impone claramente al Estado uruguayo la obligacin de generar las capacidades tcnico-operativas necesarias para la investigacin de violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado". Puesto que la propuesta del Observatorio es funcional a la obligacin sealada por la Corte, la direccin de la indh resolvi recomendar "que en el plazo ms breve posible, preferentemente antes de la finalizacin de la Feria Judicial Mayor (el 1 de febrero) se constituya una unidad especial para auxiliar al Poder Judicial en la investigacin de las denuncias" sobre delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, y que la misma funcione en la rbita del Ministerio del Interior, "integrada por personal profesional de esa secretara de Estado con especializacin en las diferentes disciplinas involucradas en investigacin criminal", y tambin por "personal especializado en atencin y seguimiento a las vctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familiares".

La indh explica en su recomendacin que la subordinacin de la unidad al Ministerio del Interior se debe a que ese ministerio cumple una funcin especfica de auxiliar de la justicia; pero igualmente seala que la unidad especial "deber coordinar y recibir el apoyo tcnico de otras instituciones y dependencias pblicas no subordinadas al Ministerio del Interior". Al emitir esa recomendacin, la indh se estaba ajustando a las competencias adjudicadas por el Parlamento cuando la cre por ley y debati extensamente la designacin de sus autoridades. En su oportunidad el debate sobre los nombres revel la jerarqua de ese organismo que, aunque en ltima instancia es dependiente del Parlamento, tiene una excepcional autonoma para indagar, hacer seguimiento sobre cuestiones de derechos humanos y formular las recomendaciones pertinentes. Esta recomendacin sobre la creacin de una unidad de investigacin, a partir de una propuesta del Observatorio (integrado por representantes de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Secretara de Derechos Humanos del PIT-CNT, Hijos-Uruguay, Crysol, Onajpu, Serpaj Uruguay, Ielsur, Mesa Permanente contra la Impunidad, Pro Derechos, Colectivo Denunciantes de Octubre de 2011 y la Fundacin Mario Benedetti), de hecho pone sobre el tapete la cuestin del reconocimiento de su autoridad. Sin embargo, a ms de un mes de adoptada la decisin, no hay reaccin conocida del Ministerio del Interior.

El 15 de marzo el Observatorio emiti un comunicado en el que manifestaba su "preocupacin ante la situacin denunciada (la ausencia de una resolucin), que se suma a las dilatorias que padecen muchas causas por improcedentes recursos inslitamente demorados ante la Suprema Corte de Justicia". Todos estn de acuerdo con instalar la unidad de investigacin, pero igual marche preso. Si se concreta el gatopardismo en esta cuestin no slo se estar contradiciendo en los hechos lo que se prometi en la Corte Interamericana; tambin se revelar que la trajinada votacin en el Parlamento para la integracin de la Institucin Nacional de Derechos Humanos fue un saludo a la bandera.

http://www.brecha.com.uy/


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