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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-02-2013

La corrupcin toca techo y el empobrecimiento general se hace insoportable
El tinglado se cae

Andrs Martnez Lorca
Rebelin


Desde mayo de 2010 en que el entonces presidente Zapatero abri la veda de los recortes masivos, no ha habido semana en que los gobernantes de turno, antes del PSOE y ahora del PP, hayan dejado de cercenar los derechos sociales, los salarios y las inversiones pblicas. Y todo para salvar a los bancos, culpables de la crisis econmica. Una mezcla de resignacin y de autoengao ha llevado a muchos a la pasividad ante la voracidad insaciable del capital financiero y los desmanes constantes de sus intermediarios en el poder poltico. Buena parte de la culpa recae en la mentira oficial de los brotes verdes pregonada por Elena Salgado, exministra socialistade Economa y Hacienda y actual consejera de Endesa en Chile, y en la falaz promesa de la luz al final del tnel repetida un mes s y otro tambin por don Guindos, actual ministro de Economa, exconsejero de Endesa e idelogo de FAES.

En paralelo a la sistemtica destruccin de lo pblico planificada por los organismos de la Unin Europea y el FMI, y aplicada con rigor por ministros y consejeros autonmicos, se va destapando cada da la olla de la corrupcin. Sealemos slo los ltimos casos que han saltado a la luz pblica: imputacin de Carlos Garca Revenga, extesorero del Instituto Nos (creado por el duque de Palma, Iaki Urdangarn) yligado a la Casa Real desde hace 20 aos como secretario y asesor de las infantas (el palacio de la Zarzuela guarda todava un embarazoso silencio y la infanta Cristina acaba de declarar que estaba muy afectada por ello); descubrimiento por la Audiencia Nacional de una cuenta bancaria abierta en Suiza por Luis Brcenas, extesorero del PP y exsenador por este partido, cuyo saldo lleg a alcanzarla cifra de 22 millones de euros; imputacin de Manuel Bustos, alcalde socialista de Sabadell por cohecho y trfico de influencias en la denominada Operacin Mercurio; sentencia condenatoria emitida por la Audiencia de Barcelona que declar la responsabilidad civil subsidiaria de Uni Democrtica de Catalua (UDC), presidida por el diputado democristiano Durn y Lleida, en el Caso Pallerols al constatar que hubo "aportaciones directas al partido".

Para no alargarnos ms y morir no de indignacin sino de aburrimiento, indiquemos que, de acuerdo a clculos fidedignos, ms de 300 polticos espaoles estn imputados en casos de corrupcin a lo largo y ancho del territorio del Estado. Segn un reciente despacho de la agencia Europa-Press, los casos de corrupcin afectan a todos los niveles de la administracin y las investigaciones en marcha salpican tanto a quienes han sido miembros del Gobierno, como a dirigentes autonmicos y numerosos alcaldes y responsables municipales. Adems, se estn llevando a cabo investigaciones sobre la gestin de distintas entidades financieras, como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterrneo (CAM), de cuyos consejos de administracin formaban parte diversos polticos.

Las acusaciones de corrupcin alcanzan de lleno a la direccin del PP

Tras la difusin de las andanzas de Brcenas por tierras de Suiza y Argentina como un aparente inversor de xito y un sealado evasor de capitales beneficiado por la reciente amnista fiscal, en contra de lo que declar en su momento Cristbal Montoro, ministro de Hacienda, conocemos hoy en una meritoria exclusiva del diario El Pas las cuentas manuscritas de los tesoreros del PP desde el ao 1990 al 2008. La prctica totalidad de la cpula de este partido de la derecha espaola, incluido el actual jefe de gobierno, Mariano Rajoy, estara implicada en el cobro de importantes cantidades de dinero slo anotadas en unas cuentas secretas. Tambin estn apuntadas las aportaciones al PP de conocidos empresarios, en especial del sector de la construccin tan ligado al llamado pelotazo del ladrillo, es decir, a la galopante y protegida especulacin inmobiliaria que contribuy de manera decisiva a la ruina del pas.

La negacin rotunda de tales corruptelas por parte de la direccin del PP no hace sino arrojar ms dudas sobre este siniestro episodio que raya en lo incalificable por su gravedad. Slo el presidente del Senado, Po Garca Escudero, ha reconocido que su anotacin era correcta aunque l habra devuelto el supuesto prstamo. Podramos hacernos algunas preguntas al respecto. Si estn tan seguros, para qu van a realizar una auditoria interna y externa de su contabilidad? No se reconocieron en va judicial las irregularidades cometidas en el pasado por el extesorero del PP Rosendo Naseiro, aunque se acab dando carpetazo al proceso slo por defectos de forma? Por qu el nico condenado hasta ahora en el Caso Grtel ha sido el juez Garzn que investig la trama? Si Luis Brcenas actu correctamente y no hubo ni financiacin irregular, ni sobresueldos en dinero negro, por qu reniegan ahora de su extesorero y lo tratan como a un apestado, despus de haber tenido despacho en la sede de Gnova hasta hace una semana?

No puede admitirse que en una pirueta de cara a la galera el propio PP garantice su honestidad con una auditora encargada por ellos o mediante una comisin parlamentaria que, controlada por ellos mismos, eche tierra al asunto.

Ante la extrema gravedad de las acusaciones, la ciudadana tiene derecho a exigir una actuacin rpida y a fondo por parte de los tribunales de justicia as como un debate sobre el tema en el pleno de la Cmara de Diputados, tal como ha pedido con toda razn el diputado de IU Cayo Lara. De no ser as, el gobierno debe dimitir y convocar elecciones generales para que el pueblo haga frente a un doble enemigo interno: una poltica econmica que aplasta a las clases populares y una corrupcin generalizada que socava las bases del sistema democrtico.

La transicin poltica del franquismo a la monarqua borbnica ha mostrado en los ltimos aos su esterilidad y agotamiento. El tinglado levantado con esmero por los poderes fcticos y apoyado sin escrpulos por algunos pretendidos dirigentes de izquierda, se cae a pedazos de arriba abajo. Los trabajadores, los jvenes, los campesinos, los jubilados y hasta las clases medias y los pequeos empresarios estn hartos de la palabrera de un rgimen que no respeta su propia Constitucin y de unos polticos que en su inmensa mayora slo sirven los intereses creados de los poderosos.

Antes de que sea demasiado tarde y arda la ira popular, el poder judicial y el parlamento, cada uno en su mbito, tienen que cumplir con su deber constitucional y atajar sin contemplaciones la raz misma del mal social y poltico que ahoga a la sociedad en su conjunto, caiga quien caiga como dijo Mara Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, en un alarde retrico sin pensar en aplicarse ella misma la receta.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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