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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-02-2013

Uruguay
El ejemplo de los trabajadores de Bella Unin

Gabriel Oyhantabal
La Diaria


Hace siete aos, ms precisamente el 15 de enero de 2006 a las seis de la maana, tres organizaciones de trabajadores rurales y agroindustriales de Bella Unin ocupaban 32 hectreas improductivas durante once aos del Instituto Nacional de Colonizacin (de ahora en ms INC). La medida conjunta de la Unin de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), el Sindicato de Obreros de Calnu (SOCA) y la Asociacin de Pequeos Agricultores y Asalariados Rules de Bella Unin (APAARBU) levant bastante polvareda. No slo porque fue la primera ocupacin de tierras en nuestro pas, sino porque fue a slo nueve meses de asumido el primer gobierno progresista y semanas antes del lanzamiento del proyecto ALUR (Alcoholes del Uruguay SA), buque insignia del FA en dicha localidad. Entre las repercusiones ms recordadas, el actual presidente (en aquel entonces novel Ministro de Ganadera) le reclam a los trabajadores que no pongan palos en la rueda. Ms all del necesario debate sobre la legalidad o ilegalidad de este tipo de medidas en un orden social que no puede ser defendido como justo e igualitario, es interesante analizar aquella ocupacin a luz de sus resultados concretos y contrastarla con el contexto nacional de tenencia y distribucin de la tierra que termin de evidenciar el Censo General Agropecuario de 2011.

La ocupacin provoc que el Estado, ms all de inicialmente condenar la medida, estableciera espacios de negociacin para atender las demandas de los trabajadores que posteriormente se concretaron en varias conquistas para estos. En 2006 la recin creada ALUR arrend un campo de 400 hectreas para luego sub-arrendarlas en fracciones de 10 hectreas a 39 trabajadores de las organizaciones ocupantes. Durante 2007 el INC acord con las organizaciones ceder las 32 hectreas ocupadas a una cooperativa de trabajadores donde adems se instal un Centro de Formacin Popular con apoyo de la Universidad de la Repblica, y se conform una Comisin de Polticas de Tierras en la localidad con participacin de las organizaciones de trabajadores y las instituciones. En el marco de esta comisin trabajadores de la UTAA accedieron a una fraccin de 170 hectreas, y luego negociaron durante casi dos aos el ingreso a 2000 hectreas que el INC compr para satisfacer la demanda de los trabajadores. Estas 2000 hectreas se convirtieron en 2010 en la Colonia Ral Sendic Antonaccio, a la que accedieron ms de 50 trabajadores que durante las ltimas tres zafras de caa obtuvieron los mejores ndices productivos de la zona. Ms cerca en el tiempo, luego de que la UTAA presentara al INC un proyecto productivo para 100 familias y luego resolviera volver a ocupar tierras en enero de 2012, el Instituto compr 2900 hectreas para atender su reclamo. Ms all de las inevitables dificultades que fueron enfrentando los nuevos colonos y de la fuerte dependencia que tienen con la industria, la movilizacin de los trabajadores de Bella Unin se mostr como una va efectiva para el acceso a la tierra como forma de intentar superar condiciones de vida signadas por la pobreza, la zafralidad (el corte de caa dura como mximo cinco meses), el trabajo precario y mal remunerado.

Un segundo aspecto que queremos destacar tiene que ver con la inauguracin de una modalidad de lucha donde la ocupacin de tierras apareci como una va ms en el proceso de negociacin con y contra el Estado en demanda de medios de produccin para garantizar vidas dignas. Ms all de que esta modalidad qued prcticamente restringida a Bella Unin (se puede destacar una ocupacin en Balneario Kiy en 2008), despus de la primera ocupacin los trabajadores de Bella Unin protagonizaron otras cuatro ocupaciones de tierras. La reaccin del Estado ante esta nueva forma de lucha fue contradictoria. Por un lado respondi con la entrega de tierras a los trabajadores en los casos antes reseados, lo que podra oficiar como una suerte de legitimacin de las ocupaciones, pero por otro lado aprob en abril de 2007 la Ley 18.116 que modific el Cdigo Penal facilitando los procesos penales por usurpaciones de fincas y predios, Ley que el actual Prosecretario de la Presidencia Diego Cnepa calific como un desastre, un error, el peor error cometido en trminos legislativos de este Gobierno, evidenciando que en el gobierno prim la defensa del derecho a la propiedad privada.

Esta aparente contradiccin en el accionar del Estado no hace ms que expresar el modelo de desarrollo rural por el que apuesta el Frente Amplio. Mientras genera las condiciones y las garantas para que el capital transnacional motorice la economa va inversin extranjera directa, implementa polticas compensatorias para la produccin familiar y los asalariados rurales que intentan suavizar las aristas ms negativas del modelo. El caso del accionar el Instituto Nacional de Colonizacin y de situacin de la tenencia y distribucin de la tierra en Uruguay es evidente al respecto. Durante los primeros seis aos de gobierno (2005-2010) mientras el INC adquiri 45.000 hectreas, las operaciones de compraventa y de arrendamiento de tierras explcitamente promovidas por el gobierno, ascendieron a un total de 3,72 millones de hectreas y de 4,85 millones de hectreas respectivamente. Para hacerlo ms claro, por cada hectrea colonizada se vendieron 83 hectreas y se arrendaron 108 hectreas.

Por eso, y ms all de celebrar que el INC volvi a entregar tierras luego de 30 aos de anomia que incluy un intento de cierre a iniciativa de Jorge Batlle, el escenario sigue siendo muy adverso para los ms de 10.000 aspirantes a tierra que hay en Uruguay, sean los asalariados rurales que aspiran ganar niveles de autonoma y dignidad accediendo a un pedazo de tierra, o sean los productores familiares que quieren asegurarse la tenencia de la tierra y/o mejorar su escala, lo que entre otras cosas es fundamental para generar condiciones materiales mnimas para heredar el campo a sus hijos.

Quienes estamos convencidos que los intereses objetivos de las mayoras pasan por ganar en soberana e igualdad a caballo de la movilizacin popular (como expresin de consciencia y disposicin poltica a avanzar en un proyecto superador), el camino trazado por los trabajadores de Bella Unin muestra un camino posible, no el nico claro est, por el que seguir caminando. Si el problema para profundizar los cambios, segn el senador frenteamplista y ex-ministro de ganadera Ernesto Agazzi, es la falta de correlacin de fuerzas y la ausencia de propuestas concretas, ms que aislar polticamente la crtica al modelo de desarrollo rural, acusar a los trabajadores de poner palos en la rueda y criminalizar sus formas de protesta, habra que sostener y legitimar sus iniciativas y hacer de la crtica una oportunidad para incrementar las adhesiones a un proyecto transformador. Esto si lo que se quiere es, efectivamente, torcer la realidad a favor de los ms desposedos. O acaso hay otra forma de incrementar la correlacin de fuerzas para avanzar en la democratizacin y apropiacin de la riqueza nacional, si no es con un incremento sostenido de la participacin popular que desborde la institucionalidad vigente?


Gabriel Oyhantabal es docente universitario, militante sindical e integrante del programa periodstico Arquero Peligro.


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