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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-02-2013

Un mes de lucha en Baha Blanca
Reclamo por vivienda digna

Astor Vitali
Rebelin


ste lunes cumple un mes ininterrumpido la demanda de cientos de familias por la vivienda en la ciudad de Baha Blanca. El reclamo comenz con la toma de unidades habitacionales correspondientes al Plan Federal, puesto en marcha en 2007, ubicadas en el Barrio de Villa Delfina. La construccin de stas se encuentra parada desde hace dos aos y se desconocen los motivos dado que habran sido enviados los fondos nacionales.

Ms de doscientas familias, en su mayora inscriptas en el sorteo del Plan, decidieron adoptar como medida de fuerza la toma del predio el da cuatro de enero. En su mayora, se trata de jvenes trabajadores y trabajadoras con hijos a cargo. La propuesta del grupo fue que el gobierno municipal gestione los materiales en funcin de que los manifestantes terminen la construccin de las mismas.

Funcionarios de la cartera de vivienda afirman que en general estaban entre un cincuenta y un setenta por ciento de finalizacin de construccin.

Sin embargo, la respuesta de la intendencia, efectuada el da 10, a travs del Secretario de Salud y Promocin Social Diego Palomo fue la promulgar un decreto* de castigo. El mismo estipul que quienes no abandonaran la toma para el lunes 14 se veran excluidos de los beneficios sociales y no entraran en el sorteo de ste plan as como sera prohibitiva su participacin para cualquier plan de vivienda realizado en adelante en la ciudad.

El Consejo Local Econmico Social (CLES), con la ausencia del FPV y protagonistas de la toma que no pudieron salir, emiti un comunicado solicitando la prrroga del decreto**. Por su parte, organizaciones sociales, polticas y derechos humanos repudiaron la medida adoptada por el poder ejecutivo y se hicieron presente en Villa Delfina.

Fue sorprendente el escenario con el que nos encontramos organizaciones y medios cuando llegamos al lugar. Se dispuso un cerco perimetral que prohiba el ingreso de personas, as como proveer agua, comida y cualquier tipo de elemento. A su vez, fueron cortados todos los servicios en el lugar. De sta forma, la ciudad de Baha Blanca es testigo de un campo de concentracin en democracia.

El da 13 el mdico del Hospital Municipal Horacio Romano concurri por su cuenta a observar el estado de salud de las familias. Consultado a su salida del predio dijo que encontr bebs y adultos con diarrea, un chico quemado y otro sin medicacin para su epilepsia. No hay agua para higienizarse. Se observa una condicin sanitaria peligrosa y una situacin propensa para la transmisin de grmenes adems de la existencia de presin alta en chicas embarazadas, entre otras cosas.

Unas horas despus de haberse hecho pblica la aparicin de ste mdico se hizo presente un mvil municipal de Sanidad. Se esperaba que colabore con la situacin antes descripta. Sin embargo, cuando se retiraron, las familias dentro del alambrado que encerraba el predio denunciaron que los profesionales enviados por el municipio nos dijeron que era mejor que salgamos as podan atendernos en obvia referencia a que actuaron como agentes de disolucin ms que como asistentes humanitarios.

El da 15 la palabra represin estaba en boca de todos y de todas. El fiscal Duizeide pidi al juez de Garantas Guillermo Mrcuri el desalojo de las ms de 200 familias que ocupan viviendas en construccin. El Hospital Municipal recibi la directiva de despejar 30 camas y la estimacin policial no descartaba un muerto. Cientos de efectivos policiales y de personal de civil, incluso muchos de otras jurisdicciones como La Matanza y Grupos Especiales rodearon el cerco.

Las organizaciones polticas y sociales asistieron en conjunto en funcin de evitar resultados nefastos. Ms de seis horas de dilogos evitaron que las familias sufran la represin. Estaban convencido que el trasfondo de dignidad de su reclamo evitara la violencia. Sin embargo la orden ya estaba dada. La dirigencia policial inform informalmente que el plazo era hasta las 05:00 hs de la maana siguiente. Queran luz diurna. Finalmente a la 01:30 hs del da mircoles las familias sin techo decidieron evitar la maniobra represiva y dejar de lado la judicializacin de la protesta para llevarla nuevamente a su plano natural: el terreno de la poltica donde el Estado municipal no es capaz de dar respuesta e insiste en criminalizar a los y las sin techo.

Rodeadas de militantes sociales, por los DD.HH. y polticos marcharon ms de 4 kilmetros hasta la plaza central de la ciudad donde decidieron montar un acampe para continuar con el reclamo por una vivienda digna.

El 16 de enero la ciudad amaneci con un acampe y familias durmiendo sobre colchones a diez metros del palacio municipal. En horas de la maana llegaron vecinos y vecinas del barrio Napal. Informan que las fuerzas represivas que estaban dispuestas a llevar a cabo el desalojo finalmente actuaron en se barrio cercano violentamente sobre unas 40 familias. Otros y otras sin techo se sumaron al acampe al tiempo que solidariamente se fueron acercando carpas para paliar las altas temperaturas, las lluvias y evitar la noche a cielo abierto.

Delegados de los y las acampantes dialogaron con los funcionarios municipales sin xito. Al da siguiente fueron censados en grupos de cinco personas. Trascendidos indicaron que el acuerdo de palabra existente con el Secretario de Salud y Promocin Social inclua costear el alquiler de los y las manifestantes hasta tanto se destrabe una posibilidad para saldar el problema de fondo: la vivienda.

Sin embargo, las asistentes sociales encargadas de censar y generar acuerdos fueron dando respuestas insatisfactorias. La semana posterior estuvo poblada de cortes de calle como respuestas a cada maniobra oficial que tendieron a desarticular la organizacin vecinal.

El sbado 26 trascendi un principio de acuerdo. Los y las sin techo estaban en horas del medio da cargaron sus cosas en camionetas provistas por el municipio con el acuerdo de palabra que constaba en albergar a las familias hasta tanto consigan alquiler y luego seguir con la discusin del acceso a las viviendas.

Sin embargo, en las primeras horas de la tarde delegados del conflicto denunciaron que esa promesa no sera cumplida y que habra sido una maniobra para despejar la plaza. Nuevamente se resolvi de espontneo volver a acampar y continuar con la lucha.

Es en ste momento donde se siembra la confusin en la opinin pblica: el municipio deba resolver un lugar para 11 familias en situacin de calle. De esta forma se levantaba el acampe y volvan las negociaciones el lunes. Aqu es donde una vez ms queda expresada la violencia de clase del grupo poltico al frente de la intendencia: nadie puede ser tan inocente de creer que un municipio no puede conseguir alojamiento para 11 familias; no les interesa la situacin de los marginados y estn molestos con que no respondan a sus punteros y se organicen. No resolvieron las camas: volvi el acampe.

El gobierno municipal transmite a travs de los medios de comunicacin su posicin de acte la justicia. El Comisario Inspector Gustavo Maldonado se hace presente en el acampe advirtiendo que existe una orden de desalojo y que actuara en las prximas horas el da martes 29. De inmediato organizaciones sociales y polticas acuden a evitar la criminalizacin de la protesta y emiten un comunicado responsabilizando al gobierno municipal por no atender el reclamo e insistir con la va judicial. A su vez se presenta un recurso de amparo para evitar la supuesta desocupacin forzosa.

Al da siguiente llega a los y las sin techo una notificacin emanada del Juzgado de Faltas N 2 a cargo del Dr. Gabriel Alberto Nardi. All se intima a desocupar la Plaza Rivadavia en el plazo de 24 hs. El dictamen*** se funda en la Ordenanza n 15523 titulada "Arbolado Urbano y Espacios Verdes". Las faltas que se imputan son instalacin de carpas, haber conectado un televisor, instalacin de lonas y colchones sobre el csped, la colocacin de carteles de protesta atado a los rboles.

Se evidencia con esto la inoperancia de los personeros del poder. Dado que no puede afectarse el legtimo derecho a la protesta en un lugar tan visible, sumado a que existe un gran nmero de manifestantes en situacin de calle, deciden operar a travs del Tribunal de Faltas indirectamente basados en el cuidado de los espacios verdes como herramienta para forzar la desocupacin de la plaza central. A su vez, se utiliz como emisario al Comisario quien emiti un mensaje difuso hablando de orden de desalojo que habra firmado un Juez.

La Defensora Oficial de Turno, Dr. Fabiana Vanini, interpuso un recurso de apelacin para evitar el cumplimiento de la disposicin de desocupacin. Esta medida tiene efectos suspensivos.

As las cosas, los y las sin techo permanecen acampando con el dilogo cortado por parte del gobierno encabezado por el Intendente Interino Gustavo Bevilacqua (el intendente electo Cristian Breiteinstein est en uso de licencia luego de ganar las elecciones y hoy est a cargo del Ministerio de Produccin de la Provincia de Buenos Aires).

Concejales de la oposicin intentan generar vas de dilogo con el poder ejecutivo quien permanece en su postura de no negociar y exige que se desaloje la plaza. El jefe comunal declar No me preocupan las carpas en la plaza sino darle obra pblica a la ciudad.

El conflicto cumpli un mes ste cuatro de febrero. Pese al esfuerzo de los y las acampantes de difundir su situacin los medios masivos de comunicacin nacionales no levantan la noticia.

Hasta el momento el saldo consta de la triste cronologa cuyos elementos constitutivos son la fotografa de un campo de concentracin en democracia, el trato inhumano durante la toma as como en el acampe de familias enteras en situacin calle y la criminalizacin de la protesta.

* http://www.flickr.com/photos/92110625@N03/sets/72157632499540148/show/

** http://www.flickr.com/photos/92110625@N03/sets/72157632494987091/show/

*** http://www.flickr.com/photos/41149674@N08/sets/72157632666575102/show/

Fuente Documentos: FM de la Calle

Fuente Fotos: Jorgelina Anah Molina (excepto la nmero 1 de Fm de la Calle)



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