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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-02-2013

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos da un nuevo varapalo a Espaa por su poltica de vivienda

Gladys Martnez Lpez
Diagonal


Una pareja con una hija de ocho aos no ser desalojada de su vivienda, sobre la que penda una orden de derribo, porque las autoridades espaolas no les garantizan una alternativa habitacional adecuada.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha puesto en entredicho la poltica espaola de vivienda por segunda vez en dos meses. En esta ocasin, el tribunal de Estrasburgo ha vuelto a sentar precedente al suspender de manera cautelar el derribo de una vivienda familiar en la Caada Real Galiana, antigua va pecuaria de la Comunidad de Madrid donde miles de familias, de manera irregular pero tolerada e incluso reconocida por las administraciones, se han ido asentando en los ltimos 40 aos en seis sectores repartidos entre las ciudades de Madrid, Coslada y Rivas.

Desde 2007, ms de 250 viviendas de Caada han sido demolidas por las administraciones, dejando en el desamparo a sus habitantes, que a menudo haban llegado a ellas en situacin de precariedad y por la falta de alternativas habitacionales. El caso de Mohamed Raji era uno de ellos. De 47 aos, con mujer y una hija de ocho aos, Raji viva y trabajaba en Madrid desde hace 20 aos, pero la crisis lo aboc al paro y en 2010, con pocos recursos y despus de cuatro aos solicitando una vivienda social tanto al Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) como a la Empresa Municipal de Vivienda sin obtener una respuesta favorable, decidi mudarse a una casa en la Caada Real, sin saber que sobre sta ya pesaba sentencia de derribo, cuya notificacin recibi meses despus.

A pesar de los requerimientos de Javier Rubio, abogado de la familia, invocando los artculos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de lo Contencioso decidi ratificar la demolicin, y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se neg a suspender el desalojo de manera cautelar mientras se tramitaba el recurso interpuesto. Ante el derribo inminente, solicitamos amparo ante el TEDH alegando una posible vulneracin de derechos fundamentales y la inexistencia de vas efectivas en Espaa para proteger estos derechos mientras se tramita un recurso, explica Rubio.

Igual que ocurri en diciembre con el caso de una familia que, ante la falta de alternativas, ocupa una vivienda del Ivima, el TEDH requiri al Gobierno espaol para que explicase qu alternativas habitacionales iba a proponer a los afectados. La respuesta del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid, que proponan enviar a la familia a un albergue entre 7 y 15 das, no satisfizo al tribunal, que dictamin el 31 de enero la paralizacin del desalojo.

Hay garantas que deben cumplirse, como la de que todas las personas tienen derecho a un alojamiento alternativo adecuado. El alojamiento alternativo propuesto a esta familia por el Ayuntamiento de Madrid es de emergencia, temporal, no satisface los requerimientos del derecho internacional a una vivienda adecuada y deja a las personas en una situacin de total desproteccin, explica Marta Mendiola, responsable de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de Amnista Internacional, que ha recibido con satisfaccin la decisin del TEDH, decisin que supone un nuevo recordatorio para el Estado espaol de que tiene obligaciones jurdicamente vinculantes con respecto al derecho a la vivienda que afectan a todas las autoridades a nivel central, autonmico y local. Mendiola aade que los desalojos efectuados sin salvaguarda de derechos han sido calificados por diversos organismos de la ONU como violaciones graves de derechos humanos y son contrarios a la legalidad internacional.

Precisamente, el pasado 28 de enero el relator especial de Naciones Unidas sobre Racismo, Discriminacin Racial y Xenofobia, Mutuma Ruteere, declaraba tras una visita a la Caada Real que es necesario atender con carcter urgente la situacin de desalojos forzados de las zonas de la Caada Real y Puerta de Hierro en Madrid, y encontrar soluciones inmediatas y a largo plazo a los problemas relativos al acceso a una vivienda adecuada y a los servicios en dichos lugares. Estas situaciones son simplemente inaceptables y Espaa debera encontrar una solucin integral para estas vctimas.

Negociaciones y derribos

A pesar de la aprobacin en 2011 de la Ley de Caada y de que en los ltimos meses los ayuntamientos de estas tres localidades, la Comunidad de Madrid, asociaciones y vecinos afectados han iniciado un proceso de negociacin que debera desembocar en una solucin para sus habitantes, en los ltimos dos aos se han producido al menos 15 derribos y en meses pasados numerosos vecinos recibieron notificaciones para abandonar sus viviendas. En ningn caso se previ un alojamiento alternativo y tampoco haba previsin sobre la situacin social o sobre si contaban con medios econmicos, de modo que tenemos casos en que los derribos han dado lugar a personas sin hogar, explica Javier Rubio, que mantiene que se puede decir que los derribos anteriores que no tenan estas previsiones constituyeron violaciones de derechos humanos, por lo que se puede pensar en algn tipo de medida.

No ha sido hasta el 30 de enero cuando el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la paralizacin de los derribos en Caada, vinculados a 141 rdenes de demolicin, en nombre de su voluntad inequvoca de contribuir para generar el mejor clima social posible hasta que se alcance el acuerdo marco previsto en la ley. Casualmente, este anuncio se produca das despus del requerimiento por parte del tribunal europeo y pocas horas antes de que ste pronunciara la orden de suspensin. Hasta hoy los habitantes de Caada nos sentamos desprotegidos, y con esta decisin sentimos que podemos negociar con la administracin con ms proteccin, explica Mohamed Raji.

Segn Javier Rubio, la consideracin del tribunal tiene importancia no slo para Caada, sino tambin para el derecho a la vivienda. Aunque se reconoce este derecho en el artculo 47 de la Constitucin, no es invocable ante los tribunales espaoles, y de alguna manera la decisin del TEDH es un toque de atencin sobre las autoridades espaolas porque, en la medida en que no hay recursos efectivos para los ciudadanos ante estas agresiones, se est incumpliendo el Convenio de Roma y se estn vulnerando los derechos humanos.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/tribunal-europeo-derechos-humanos-da-nuevo-varapalo-espana-materia-vivienda.html



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