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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-02-2013

El nuevo etnocidio
El proyecto de ley de consulta anti-indgena

Ral Prada Alcoreza
Rebelin



El camino optado por el gobierno es como la cada de los cuerpos ocasionada por la gravedad. Esta atraccin del abismo, este instinto de muerte, se puede observar en varios planos, tanto prcticos, desplegados en la historia efectiva de los hechos, eventos y acontecimientos. As como tambin los mbitos tico morales, donde se manifiestan las conductas, impulsadas por voluntades guiadas por valores y principios, por transformaciones de estos valores y principios, por trans-valorizaciones, tambin por suspensin de valores, de la misma manera, como pueden ser guiadas por el mero inters. Se puede seguir esta cada en el plano del desarrollo legislativo, en la relacin del gobierno con la Constitucin. La ventaja es que en este plano normativo, de leyes y reglamentaciones, el movimiento de la cada est escrito. Es precisamente en este plano, particularmente en las leyes que deberan ser fundacionales, donde se inscribe el desapego oficial respecto de la Constitucin. La Ley Marco de Autonomas y Descentralizacin Territorial, la Ley del Rgimen Electoral, la Ley del Pluralismo Jurdico, llamada por el gobierno Ley de Deslinde Jurdico, la Ley Marco de la Madre Tierra, llamada por el gobierno Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, son los textos normativos donde se inscribe la letra gubernamental de desacato a la Constitucin. La primera ley mencionada reproduce compulsivamente el centralismo obsesivo; es una ley que se desentiende del entramado de las competencias autonmicas exclusivas, privativas, concurrentes y compartidas; es una ley anti-indgena, que no reconoce el territorio indgena para las autonomas indgenas. La segunda ley se desentiende de las condiciones plurinacional, comunitaria, autonmica e intercultural, establecidas por la Constitucin. La tercera ley es una ley colonial, subordina plenamente la jurisdiccin indgena originario campesina a la jurisdiccin ordinaria, en contra de lo establecido en la Constitucin bajo la concepcin de pluralismo jurdico y equivalente jerarqua. La cuarta ley es un atentado contra los derechos de los seres de la madre tierra al subsumir a la madre tierra al desarrollo integral, una de las versiones, quizs ms matizada, del desarrollo capitalista, en su forma extractivista. En todas estas leyes se usan artculos de la Constitucin como enunciados, empero, para legitimar los artculos operativos que van en su contra. Ahora el gobierno presenta un Anteproyecto de Ley de Consulta que hace lo mismo, incluso algo peor, escribiendo un texto que anula efectivamente la consulta con consentimiento, previa, libre e informada, establecida en la Constitucin.

Uno de los antecedentes inmediatos es el atropello cometido en el TIPNIS con la consulta espuria, que busca imponer una carretera extractivista con un despliegue poltico de la mayor violencia desencadenada de manera secuencial y sistemtica, usando todas las formas posibles de violencia, desde la violencia simblica hasta la violencia fsica, pasando por la violacin de derechos fundamentales de las naciones y pueblos indgenas originarios, as como el uso indebido de coerciones, presiones, clientelas, corrupciones y cooptaciones. Ahora estamos ante la presentacin de una Ley Marco de Consulta anti-indgena; no podra haber algo ms flagrante de violacin de la Constitucin plurinacional, comunitaria e intercultural.

Llamamos al recorrido sinuoso del gobierno, en cuanto a la promulgacin de leyes, as como a la elaboracin de proyectos de ley, el nuevo etnocidio. Se puede constatar, por el contendido, el sentido, la direccionalidad de las leyes, sus efectos y consecuencias, sobre los pueblos indgenas, que estamos asistiendo a un nuevo etnocidio, ahora efectuado por el gobierno progresista. Se define el etnocidio como la destruccin de la cultura de un pueblo; tambin se puede entender el etnocidio como la destruccin sistemtica de los modos de vida e imaginarios de pueblos diferentes a la cultura dominante de la colonizacin y la colonialidad. El discurso que acompaa al etnocidio justifica esta destruccin de pueblos y culturas en aras del desarrollo y del progreso, por el bien del indgena. El nuevo etnocidio hace lo mismo, solo que se produce un pequeo desplazamiento en el discurso; pretende disputar a las naciones y pueblos indgenas originarios, a las comunidades indgenas afectadas, la condicin indgena. Con lo que los propios indgenas quedaran sin identidad, la misma usurpada por un gobierno que se pone la mscara indgena.

En el Anteproyecto de Ley Marco de Consulta propuesto por el gobierno se expresa de manera descarnada este demoledor proceso del etnocidio, por lo tanto colonizador. Ya no hay reparos y cautelas, se dicen las cosas desnudamente, sin rubor, aunque se siguen haciendo referencias imposibles, inadecuadas y des-contextuadas a la Constitucin, al Convenio 169 y a la Declaracin de Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos Indgenas. En el Anteproyecto de Ley Marco de Consulta los territorios indgenas se diseminan, los derechos de los pueblos indgenas sobre sus territorios se esfuman, los derechos de las naciones y pueblos indgenas originarios desaparecen; en consecuencia se decreta la muerte de la consulta con consentimiento libre, previa e informada, establecida en la Constitucin. Es ms, con todo este proceso etnocida, estn condenadas las culturas, los imaginarios, las instituciones, normas y procedimientos propios de los pueblos indgenas a desaparecer. Estamos, como se podr ver, ante la marcha descomunal de un nuevo etnocidio y a una nueva facete indita de la flamante neo-colonizacin, efectuada por el gobierno indgena-popular.

En adelante nos detendremos en la evaluacin del Anteproyecto de Ley Marco de Consulta, tomando en cuenta, adems del anteproyecto, el anlisis efectuado por Bartolom Clavero. A propsito de este anteproyecto de ley, Bartome Clavero escribe:

El anteproyecto de ley no se contrae a la reglamentacin del derecho indgena a la consulta, esto es, al desarrollo normativo del inciso 30.II.15 de la Constitucin junto a los artculos 6 y 7 del Convenio de la Organizacin Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indgenas y Tribales en Pases Independientes as como al 19 y concordantes de la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas .

El inciso 30.II.15 de la Constitucin dice:

A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a travs de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetar y garantizar el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotacin de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan .

Los artculos 6 y 7 del Convenio 169 dicen:

Artculo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos debern:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a travs de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a travs de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la poblacin, y a todos los niveles en la adopcin de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra ndole responsables de polticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicacin de este Convenio debern efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artculo 7

1. Los pueblos interesados debern tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atae al proceso de desarrollo, en la medida en que ste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo econmico, social y cultural. Adems, dichos pueblos debern participar en la formulacin, aplicacin y evaluacin de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educacin de los pueblos interesados, con su participacin y cooperacin, deber ser prioritario en los planes de desarrollo econmico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones debern tambin elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos debern velar por que, siempre que haya lugar, se efecten estudios, en cooperacin con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios debern ser considerados como criterios fundamentales para la ejecucin de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos debern tomar medidas, en cooperacin con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

El artculo 19 de la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas dice:

Artculo 19

Los Estados celebrarn consultas y cooperarn de buena fe con los pueblos indgenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Recogiendo la larga lucha de las naciones y pueblos indgenas de Abya Yala, sus conquistas, el reclamo de sus derechos culturales y como pueblos, la reconstitucin de sus territorios, transcritas, en parte, en los antecedentes jurdicos y constitucionales, internacionales y de los estados firmantes, el artculo segundo de la Constitucin dice:

Dada la existencia pre-colonial de las naciones y pueblos indgena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinacin en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonoma, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidacin de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitucin y la ley.

El artculo 403 de la Constitucin, correspondiente al captulo Tierra y Territorio de la parte de la Organizacin Econmica del Estado, dice:

I. Se reconoce la integralidad del territorio indgena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participacin en los beneficios por la explotacin de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representacin y la definicin de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armnica con la naturaleza. Los territorios indgena originario campesinos podrn estar compuestos por comunidades.

II.El territorio indgena originario campesino comprende reas de produccin, reas de aprovechamiento y conservacin de los recursos naturales y espacios de reproduccin social, espiritual y cultural. La ley establecer el procedimiento para el reconocimiento de estos derechos.

A pesar de estos referentes constitucionales y de los convenios internacionales, adems de la Declaracin de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, el anteproyecto de ley de consulta del gobierno los pone en suspenso y no sigue las consecuencias de los artculos mencionados. Al contrario, sigue otro curso, introduciendo una confusin inicial, la que tiene que ver con la mezcla de la consulta pblica con la consulta con consentimiento libre, previa e informada a los pueblos indgenas. Esta confusin es intencional, expresa la mala fe en la elaboracin del anteproyecto .

Bartolom Clavero escribe, respecto de esta confusin inicial del anteproyecto de ley de consulta gubernamental, lo siguiente:

La confusin se introduce desde un inicio. Comienza el anteproyecto declarando que se dirige a regular el derecho a la consulta de las naciones o pueblos indgena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas en una doble modalidad: en sus modalidades de consulta previa libre e informada o consulta pblica, segn corresponda. Para lo primero de todo, respecto al derecho de los pueblos indgenas, consigna, segn en efecto corresponde, que procede de acuerdo a lo establecido en la Constitucin Poltica del Estado, Convenio Nmero 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo y la Declaracin de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, pero, segn en cambio no corresponde, aadiendo acto seguido algo que limita ya de entrada sustancialmente el alcance de este derecho indgena a la consulta: en el mbito jurisdiccional de las tierras comunitarias de origen TCO. Las TCOs o tambin los TIOCs, los Territorios Indgena Originario Campesinos ya adaptados a la Constitucin, constituyen tan slo un caso particular de autonoma indgena en el Estado Plurinacional. No hay sustento constitucional para esta restriccin. Y para el Convenio y la Declaracin el sujeto del derecho es el pueblo indgena sin ms cualificacin. La restriccin se introduce para hacerla operar a fondo.

El anteproyecto de ley de consulta gubernamental parte de una confusin inicial intencional y de una restriccin territorial indebida. El anteproyecto no entiende, as como la Ley Marco de Autonoma y Descentralizacin Territorial tampoco comprende, que no hay autonoma indgena sin territorio indgena; la condicin territorial indgena es fundamental para la realizacin de la autonoma. No se puede restringir el derecho a la consulta con consentimiento libre, previa e informada, a las TCOs y las TIOCs; este es un despropsito descomedido que viola los derechos de las naciones y pueblos indgenas originarios, consagrados en la Constitucin. Por qu se hace esto? Est claro que el gobierno tiene otro proyecto, distinto al proyecto descolonizador, transformador y emancipador de la Constitucin. El proyecto del gobierno, como lo dijimos en otros textos , es conservar, continuar, extender y profundizar el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, adems de restaurar y consolidar el Estado-nacin, anulando las posibilidades de construccin del Estado plurinacional comunitario y autonmico. Desde esta perspectiva extractivista, dependiente y subordinada al capital internacional, as como al orden imperial mundial, en la condicin de Estado-nacin, el gobierno no puede aceptar la consulta con consentimiento libre, previa e informada, tampoco puede garantizar los derechos de las naciones y pueblos indgenas originarios, menos respetar sus territorios, su autonoma, autogobierno y libre determinacin, establecidos por la Constitucin. El gobierno, como administrador de la transferencia de los recursos naturales a los centros del sistema-mundo capitalista, defiende las formas de explotacin extractivista impuestas por la vorgine capitalista, por la acumulacin ampliada de capital, en correspondencia con la recurrente acumulacin originaria de capital, por despojamiento y desposesin, la llamada acumulacin originaria de capital recurrente. El gobierno va a defender los capitales invertidos y por invertir en la minera, as como en hidrocarburos, fuera de otros rubros. Al gobierno, por ejemplo, no se le ocurre nacionalizar la Empresa Minera de San Cristbal, que mueve un capital de alrededor de 1000 millones de dlares anuales, dejando en el pas el prrico porcentaje de entre 3% hasta el 7%. Prefiere hacer el teatro de nacionalizacin, por el procedimiento de compra de acciones, de empresas menores. No va a modificar el rgimen minero; es ms, no piensa iniciar la transicin del modelo extractivista al modelo productivo de la economa social y comunitaria, basado en la soberana alimentaria; modelo ecolgico, que condiciona la industrializacin al uso de tecnologas limpias y al equilibrio con los ecosistemas.

Es notoria la misma mano, por as decirlo, y el mismo procedimiento empleado que en las otras leyes inconstitucionales promulgadas por el gobierno. Elabora leyes que van en contra de las prescripciones constitucionales; empero, usa artculos de la Constitucin como enunciados, como marcos tericos, pretendiendo legitimar la adulteracin efectuada. Esta astucia criolla tiene una imagen lamentable del pueblo; lo considera cndido y manipulable. Ciertamente tiene poco respeto a la Constitucin y cree que el desarrollo legislativo debe responder al inters econmico, no a la necesidad de transformacin estructural e institucional, requerida constitucionalmente. El anteproyecto de ley de consulta del gobierno anula efectivamente la consulta con consentimiento libre, previa e informada; la disemina en la confusin con la consulta pblica, adems de declarar tcitamente que cuando se trata de proyectos estratgicos del Estado no hay consulta, fuera de decir, sin rubor, que el Estado tiene el derecho de intervenir en territorios indgenas y a los pueblos en beneficio propio de los mismos, buscando su desarrollo y bienestar. Como puede verse el anteproyecto de ley es un dispositivo de guerra en contra de las naciones y pueblos indgenas originarios, en contra del germen de Estado plurinacional, que se encuentra en la Constitucin y en los territorios indgenas.

Bartolom Clavero contina su anlisis del anteproyecto de ley de consulta gubernamental:

El anteproyecto hace por desplazar a los pueblos indgenas, junto a las comunidades interculturales y afrobolivianas y en compaa tambin del conjunto de la poblacin local, hacia el terreno de la consulta pblica sin derecho propio ni garanta adecuada, de acuerdo con la Constitucin Poltica del Estado y la legislacin ambiental. No hace falta adentrarse en detalles para constatar que, con tal punto de partida, el anteproyecto se halla por entero trufado por la intencionada confusin entre supuestos bien diversos. Ya no puede corregir el entuerto el detalle de que se afirme expresamente la libre determinacin como fundamento del derecho fundamental indgena a la consulta previa, libre e informada. Resulta retrica vacua si el sujeto de tal derecho ya se ha restringido a TCOs y TIOCs y adems el mismo se refunde con la poblacin local a los efectos de consulta pblica en trminos que hacen evaporarse la calificacin de fundamental para el derecho y su sustento en la libre determinacin, sujetndolo con todo a ley ordinaria como sta que propugna el anteproyecto. El ejercicio del derecho a la libre determinacin no existe de hecho porque la ley lo diga, sino porque la ley lo respete .

El Estado-nacin se impone en todo el espacio del pas, rechaza violentamente la libre determinacin de los pueblos indgenas, subsume la consulta con consentimiento libre, previa e informada de los pueblos indgenas a la consulta pblica, subordina el cumplimiento del derecho a la consulta a la ley ordinaria, evapora los territorios indgenas estatalizndolos en el espacio homogneo del Estado-nacin; han desaparecido la libre determinacin, la autonoma y el autogobierno de los pueblos indgenas, definidos en la Constitucin, y con esta desaparicin el gobierno pretende hacer desaparecer a las naciones y pueblos indgenas, en el nuevo proyecto de mestizacin, con caractersticas populares, paradjicamente efectuado a nombre de los propios indgenas. Irona de la tragedia colonial.

Una de las conclusiones de Bartolom Clavero expresa el dramatismo de la situacin, que puede resumirse como el de la continuidad de la colonialidad, en la forma estrambtica efectuada por el gobierno progresista, que se hace llamar indgena y popular:

Otra retrica igualmente huera sobre Madre Tierra y vivir bien no se ahorra sin mayor efecto, esto es, ninguno. A la hora de la verdad y pese lo cuanto pese a la Constitucin del Estado Plurinacional, no son tales categoras las que rigen y se aplican. Y la ley, este anteproyecto, tanto que sujeta, presenta una relacin de materias que no requieren consulta en la que, entre otras que carecen en su mayor parte de sustento en Constitucin, Convenio o Declaracin de tal entidad como los contratos de la industria extractiva con el Estado, figura la siguiente: planes y proyectos que estn destinados a garantizar los derechos a una vida digna de las naciones y pueblos indgena originario campesinos, comunidades interculturales, afrobolivianas y poblacin, establecidos por la Constitucin Poltica del Estado. No puede haber una negacin mayor del derecho a la libre determinacin y del consiguiente a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo, del derecho de los pueblos indgenas. La vida digna de los pueblos indgenas es, segn el anteproyecto, algo sobre lo que estos pueblos no tienen ni voz ni voto pues el Estado se atribuye la capacidad exclusiva y excluyente de saber lo que les conviene siempre que sepa ligarlo a algn derecho constitucional como, por ejemplo, a la salud o a la educacin. La alegacin de la Constitucin resulta mera coartada para la supresin prctica de la libre determinacin y hasta de la autonoma indgenas a dichos efectos de decidir y elaborar prioridades y estrategias de desarrollo .

Este es el meollo de la cuestin, aqu se encuentra de manera desnuda la expresin ms descarnada de la violencia desenvuelta del poder del Estado-nacin, la violencia nacionalista y desarrollista, contra la condicin plurinacional y las alternativas latentes a las formas del capitalismo dependiente y el Estado-nacin. Esta relacin de materias que no requieren consulta, adems de los contratos de la industria extractiva con el Estado, tiene la oprobiosa mencin de los planes y proyectos que estn destinados a garantizar los derechos a una vida digna de las naciones y pueblos indgena originario campesinos, comunidades interculturales, afrobolivianas y poblacin, establecidos por la Constitucin Poltica del Estado. Ya no hay consulta en aquellos rubros que afectan, de manera directa, al hbitat y a las condiciones de vida de los pueblos indgenas. La consulta a los pueblos indgenas se estableci precisamente por el efecto destructivo y depredador de las industrias extractivas; son estas industrias las que han destruido sus territorios, destrozado la cohesin de sus comunidades y desarticulado sus prcticas, normas, procedimientos e instituciones propias. Si la consulta no se hace por estos rubros, por los contratos de industrias extractivas, entonces, por qu esmerarse en presentar un anteproyecto de ley de consulta? No tiene sentido. El gobierno ha restringido tanto el campo de la consulta que la ha hecho desaparecer; ya no tiene sentido aprobar una ley de consulta. Por qu se sigue el protocolo cuando ha desaparecido el objeto del mismo? Qu sentido tiene en festejar el cumpleaos del que se acaba de enterrar? El teatro poltico del gobierno se ha convertido en un teatro macabro; se podra decir que hasta hay humor negro en todo esto; pero, se lo hace de tal manera, con la seriedad burocrtica que corresponde, que hasta se esfuma el humor, que podra haber arrancado una sonrisa. Lo inslito, hasta terrorfico, es que los sepultureros de la consulta creen que estn asistiendo al nacimiento de la consulta. Este cuadro ttrico muestra el mecnico comportamiento de los gobernantes, asamblestas, funcionarios, elaboradores del anteproyecto; no hay humor negro en ellos, sino el mecnico cumplimiento de su deber, que es hacer una ley de consulta adecuada al proyecto desarrollista y nacionalista del gobierno, adecuado al modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. No importa que no quede nada de consulta en esta ley, como una cscara vaca, una envoltura sin contenido; lo que importa es llenar los casilleros, la lista de leyes que faltan, aunque estos casilleros se llenen con disparates, peor an, con actas de defuncin.

Qu es eso de que los planes y proyectos destinados a garantizar los derechos a una vida digna no se consultan a los destinatarios de estos planes y proyectos? Cmo se puede hablar de derechos si no tienen derecho a ser consultados? No tienen nada que decir? No tienen sus propios planes y proyectos? No tienen pensamiento? Tienen que pensrselos los preclaros elaboradores del anteproyecto de ley y los fabricantes de los planes y proyectos destinados a una vida digna? Esto ya se parece a los primeros aos de la colonizacin cuando los curas discutan si los indgenas del continente conquistado tenan alma o no. Como se puede ver, se ha llegado muy lejos, sin decoro, de la manera ms crasa, a los mtodos coloniales ms brutales. Despus de estas acciones coloniales, cmo pueden nombrarse a s mismos gobierno indgena y popular, representantes del proceso descolonizador? Estas son las formas ms brutales de la violencia poltica, llevar los nombres de las vctimas, enterrar a los victimados con los honores de la ceremonialidad del poder. La colonizacin y la colonialidad se hacen ms horrendos cuando se la efecta a nombre de los propios colonizados, a nombre de su emancipacin y liberacin. En este caso, la simulacin poltica, de la que hablamos en otros anlisis, se ha convertido en la ceremonia macabra de un asesinato, de la muerte de la consulta con consentimiento libre, previa e informada, del genocidio de los derechos de las naciones y pueblos indgenas originarios, acompaado por el etnocidio de estos pueblos.

Hay sorna en el anteproyecto de ley, cuando en su primer principio se propone la buena fe, precisamente en un documento elaborado con mala fe. Incluso se le otorga jerarqua al dedicar un artculo a la relacin de las acciones contrarias a la buena fe. Bartolom Clavero dice a propsito que:

La misma se aplica especialmente a los mismos pueblos indgenas, tendiendo a convertir el derecho a la consulta en obligacin de someterse a ella, y a terceras partes, intentando mantenerlas al margen de los procesos de decisin indgena sin tomarse cautelas similares respecto al propio Estado. Que el Estado se sita por encima de los requerimientos lgicos de la buena fe ya lo prueba el anteproyecto mismo. La reduccin de los pueblos con derecho propio a la consulta al supuesto de las TCO, la refundicin entre los mismos y otros sujetos sociales en una ciudadana indistinta y la alegacin de la Constitucin para la denegacin ms radical del derecho indgena a la libre determinacin y a la decisin sobre prioridades y estrategias de desarrollo son cosas que slo pueden efectuarse, con Constitucin, Convenio y Declaracin a la vista, desde la ms profunda y empecinada mala fe .

Se convierte el derecho en obligacin, no se le pide al Estado buena fe, se supone que la tiene, se reduce el derecho a la consulta a la TCO, se disemina la identidad de los pueblos indgenas en una ciudadana indistinta, entonces se rechaza tajantemente el derecho indgena a la libre determinacin y a la decisin sobre prioridades y estrategias de desarrollo. Qu es todo esto? Qu clase de dispositivo es esta ley de consulta proyectada? A todas luces, de manera evidente, se trata de un dispositivo de sometimiento de los pueblos indgenas. No slo que no se les perdona su rebelda, su defensa de sus territorios, sus marchas e interpelaciones, sino, que tambin, los pueblos indgenas se han convertido en un estorbo para el proyecto de desarrollo inscrito en la mdula espinal del Estado-nacin. Se puede decir que ste fue un sentimiento compartido por la casta liberal gobernante, no fue, sin embargo, evidente en el nacionalismo revolucionario, que opt por la mestizacin de los indgenas por medio de la reforma agraria; este sentimiento racial vuelve a aparecer de manera muy matizado, escondida en las reformas neoliberales, sobre todo de la reforma educativa y la participacin popular, discurso entonces que mas bien derivaba del multiculturalismo liberal. En contraste con estos matices camuflados de racismo solapado, lo que sorprende es que el gobierno progresista lo diga y lo haga de una manera abiertamente descarnada. El objetivo del gobierno popular es hacer una reforma agraria inversa, quitarles las tierras a los indgenas, disminuir y circunscribir los territorios indgenas al mximo, ampliar la frontera agrcola, talar bosques, entregando los espacios abiertos a la explotacin capitalista, comprendiendo sus distintas formas, desde la campesina hasta la empresa agraria y agroindustrial, fuera de las concesiones hidrocarburferas y mineras.

La Declaracin de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas utiliza el enunciado de consentimiento libre, previo e informado indgena; en el anteproyecto de ley de consulta gubernamental se reduce el enunciado a de consulta previa, libre e informada, desapareciendo el trmino usado por la Declaracin. El consentimiento previo viene definido como Voluntad expresa de los sujetos de la consulta que implica la aceptacin concertada respecto a la medida objeto de consulta. Requisito condicionante del Estado antes de la implementacin de las medidas establecidas en la presente Ley . Se entiende que el anteproyecto haya sacado el trmino de consentimiento; el gobierno desconoce la voluntad expresa de los sujetos de la consulta, de ninguna manera busca la concertacin en relacin a la medida objeto de consulta. Simplemente el gobierno considera que no requiere del consentimiento de los pueblos indgenas, el Estado est sobre las naciones y pueblos indgenas originarios, el Estado est sobre la sociedad; la nica voluntad que reconoce es la de la razn de Estado.

El anteproyecto de ley establece que:

El Estado deber lograr el consentimiento previo, libre e informado de las naciones o pueblos indgena originarios antes de aprobar e implementar medidas legislativas o administrativas en los casos establecidos en el Convenio nmero 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo.

Como seala Bartolom Clavero hay una mala intencin en la remisin, no es el Convenio 169 sino la Declaracin el referente. Por qu se hace esto? A qu se debe este aparente equvoco? El referirse al consentimiento, remitirse al Convenio 169 y no la Declaracin muestra las intenciones, la mala fe, del anteproyecto, muestra el alcance que se le quiere dar al consentimiento, siendo que el tema est ms elaborado, despus de una larga experiencia, en la Declaracin. Normar la consulta, buscando disminuir al mximo sus alcances, evitar el consentimiento, empero nombrarlo, para mantener las apariencias, es de los atribulados procedimientos a los que est acostumbrado el gobierno. El alcance de la consulta est claramente definido en el anteproyecto cuando dice que el derecho a la consulta no implica poder de veto. Con esto la consulta termina convertida en una formalidad, en un procedimiento ms que deben los proyectos, que de todas maneras se las va implementar.

La pregunta es: por qu procede de esta manera el gobierno? Por qu elabora un anteproyecto de ley de consulta donde desaparece prcticamente la consulta con consentimiento libre, previa e informada, un proyecto tan atentatorio de los derechos de las naciones y pueblos indgenas? La explicacin se encuentra en el modelo econmico extractivista adoptado por el gobierno. En lo que respecta a los hidrocarburos, el documento se expresa as: Por su carcter estratgico y de inters pblico para el desarrollo nacional se garantiza la ejecucin y continuidad de las actividades hidrocarburferas. En relacin a la minera, el anteproyecto exige que la consulta deba realizarse asegurando el desarrollo de las actividades mineras por su carcter de necesidad estatal y utilidad pblica. Entonces la consulta que ha sido concebida y promovida como mecanismo de defensa de los derechos de los pueblos indgenas, termina convertida en un instrumento de defensa de los intereses de explotacin hidrocarburfera y minera. Estos intereses estn por encima de los derechos de los pueblos indgenas. Entonces, para qu se hace la consulta? Para legitimar la explotacin hidrocarburfera y minera, precisamente a nombre de los damnificados, presentando esta explotacin como si beneficiase a estos pueblos. Todo esto parece una burla despiadada, sin embargo, es la realizacin cruda de las polticas econmicas, sociales y ambientales del gobierno.

En cuanto a la materialidad institucional de la consulta, el anteproyecto de ley propone la conformacin de una Direccin General de Consulta como entidad pblica descentralizada, bajo tuicin del rgano ejecutivo, con jurisdiccin nacional, con autonoma de gestin tcnica, administrativa y presupuestaria, cuya estructura y composicin queda confiada a decreto reglamentario. Llama la atencin, como dice Bartolom Clavero, que se diga nacional y no plurinacional, subordinando la condicin plurinacional a la institucionalidad centralizada de la nacin boliviana, del Estado-nacin. La descentralizacin, en este caso, es administrativa, como la de otras entidades descentralizadas, que refuerzan ms bien el carcter centralista de toda la organizacin del Estado. El comentario que hace Bartolom Clavero es concluyente, dice:

La tutela gubernamental y la autonoma administrativa son indicativos que, a efectos orgnicos, abundan en el carcter no previo de la consulta .

Las competencias asignadas a la Direccin General de Consulta son atribuciones del rgano Electoral Plurinacional. Qu significa esta yuxtaposicin de competencias? Un control mayor y especfico en lo que respecta a la consulta a los pueblos indgenas?

En resumen, Bartolom Clavero, evala el anteproyecto de ley de la siguiente manera:

Desde los presupuestos vistos, el contenido ms pormenorizado del anteproyecto est cantado. Los problemas no son de detalle, sino de concepcin de la norma, de su anteproyecto. Desde la posicin de sus artfices, puede entenderse la cerrazn frente a propuestas indgenas. El texto gubernamental no ofrece base para el dilogo intercultural e intracultural que el propio anteproyecto invoca como la va apropiada para el proceso de consulta. Consulta del mismo anteproyecto no ha habido. Y debe haberla, no segn sus propias previsiones desde luego ni tampoco conforme a precedentes del propio anteproyecto como el del caso TIPNIS, el Territorio Indgena y Parque Nacional Isiboro Secur, sino de acuerdo a Constitucin del Estado Plurinacional, Convenio sobre Pueblos Indgenas y Declaracin sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas. En el caso TIPNIS, antes y despus del amao reciente de consulta, se estn poniendo en prctica las polticas de decisin por el Estado sobre derechos de los pueblos indgenas, lo que hemos visto que el anteproyecto consagra .

El texto del Anteproyecto de Ley Marco de Consulta del gobierno hay que leerlo como una declaracin ideolgica. En el escrito se encuentra el pensamiento descarnado del gobierno progresista, fuera de expresar su triste concepcin de la consulta a los pueblos indgenas. El gobierno popular enfrenta a los territorios y pueblos indgenas como obstculos al desarrollo y al proceso, es ms, al bienestar, que es la representacin domstica de comodidad burguesa para la socialdemocracia. El Estado-nacin ha declarado la guerra al germen del Estado plurinacional comunitario y autonmico, que se encuentra en la Constitucin y en los territorios indgenas. Desde esta perspectiva, el gobierno progresista contina y expande el modelo extractivista, retoma la continuidad de las tareas de colonizacin pendientes, buscando convertir a los indgenas en hombres modernos; hablando de la representacin de la modernidad como nica, universal y homognea. Olvidando que ya todos somos modernos desde el siglo XVI, en la condicin de las modernidades heterogneas, incluso anti-modernas, en el mejor de los casos, alter-modernas. Hombres representados modernos entonces, ya sea en su condicin de burgueses, que slo pocos podrn alcanzar, ya sea en condicin de proletarios, condicin a la que una mayora est condenada, o ya sea en su condicin de clases medias que optan por las profesiones liberales, que un estrato ms o menos significativo puede lograr. El recurso poltico, econmico, social y cultural que se activa es el nuevo etnocidio, con mascara indgena e impostura popular.

Frente a este nuevo etnocidio las naciones y pueblos indgenas resisten, no renuncian a la descolonizacin y liberacin. Tienen como horizonte e instrumento jurdico-poltico de lucha a la Constitucin, el haber abierto con sus luchas la posibilidad del proceso y el proceso de la posibilidad de transformaciones estructurales e institucionales. Los pueblos indgenas, las comunidades, el proletariado nmada y el pueblo boliviano, frente a la modernidad oponen la alternativa a la modernidad, al desarrollo y al capitalismo, la alter-modernidad .

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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