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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-02-2013

Asuntos estratgicos de la agenda popular abandonada

Arturo D. Villanueva Imaa
Rebelin


Constituye un hecho singular y comprobado que la enorme dinmica y velocidad de los acontecimientos sociales y polticos de Bolivia, impiden detenerse en un anlisis y comprensin ms profunda de lo que ellos significan para los asuntos de fondo que tienen que ver con el destino de la nacin o, sencillamente, pasan desapercibidos al ser sustituidos por nuevos y diferentes acontecimientos que acaparan la atencin ciudadana.

En los ltimos meses, se han producido hechos de gran significacin, pero que por ejemplo, hoy por hoy, han quedado relegados por temas como la profusa sucesin de interpelaciones recprocas entre los gobiernos de Bolivia y Chile, originadas en nuestro derecho a la reivindicacin martima, o los reiterados y cruentos asesinatos y violencia contra mujeres, adolescentes y nios que, sin desmerecer en absoluto su importancia, han contribuido a relegar y secundarizar otros que deberan ser entendidos como estratgicos, respecto del cumplimiento del ideario y los postulados del proceso de cambio y transformacin, as como de la contribucin a una nueva forma de hacer poltica.

En esa perspectiva, el presente artculo abordar algunos de los temas que deberan merecer mayor atencin pblica, as como una intervencin ms decidida y comprometida del gobierno.

En vista de que la idea no consiste en hacer un listado e identificar problemas, sino aportar a que el proceso no abandone el curso y los objetivos de la transformacin y cambio que el pueblo ha decidido emprender y llevar adelante como resultado de sus luchas; se incluirn sugerencias de accin para que puedan ser tomadas en cuenta (a pesar de la eventual ingenuidad que ello represente frente al modo de gestin que parece imponerse).

Agenda Patritica para el 2025. En ocasin de un nuevo aniversario de la gestin gubernamental, el Presidente Evo Morales hizo conocer una Agenda Patritica hasta el ao 2025 cuando se cumplir el segundo centenario de independencia, en el que se plantean 13 puntos que debern orientar el proceso de desarrollo nacional.

Paralelamente, como resultado de la gestin gubernamental y la orientacin predominante que se ha dado a las obras, las inversiones y los diversos emprendimientos econmicos, productivos y financieros; se ha hecho cada vez ms evidente un sesgo desarrollista, productor y abastecedor de materias primas y extractivista de los recursos naturales, cuyo muy entusiasta impulso se encuentra en plena armona con los intereses transnacionales y el capitalismo neoliberal predominante. Es decir, existe una fuerte interpelacin y cuestionamiento respecto del modelo econmico y el tipo de desarrollo que se ejecuta en el pas, cuyo perfil no corresponde al socialismo comunitario para Vivir Bien que se ha diseado como horizonte en la Constitucin Poltica del Estado.

Adicionalmente, los 13 puntos de la Agenda Patritica perfilada por el presidente Evo Morales, estn en consonancia con dicha orientacin, y se ha echado de menos la inclusin de aquellos asuntos fundamentales que hacen a la esencia del proceso de transformacin y cambio. Esta constatacin permite plantear la necesidad de que dicha Agenda Patritica incorpore expresamente acciones y objetivos claros, orientados a construir y efectivizar: el socialismo comunitario para Vivir Bien; la descolonizacin interna y externa; la despatriarcalizacin del Estado y la sociedad; la construccin de indicadores para Vivir Bien y en armona con la naturaleza; las tareas de liberacin nacional y la lucha contra el imperialismo y, asimismo, la construccin de la interculturalidad y el respeto a la diversidad y diferencia que permitirn afirmar la condicin plurinacional de nuestro pas.

No est por dems sealar que, al incluir en dicha Agenda acciones y objetivos claros a cumplir hasta el 2025, no solo contaremos con un Programa Poltico claro para el pas, sino que tambin se reafirmar la condicin transformadora y de cambio del proceso democrtico cultural que, de esa forma, establecer su diferenciacin con los riesgos y tentaciones desarrollistas, neoliberales, extractivistas y procapitalistas que an se advierten en algunas corrientes gubernamentales.

Inversin pblica y construccin de obras. Hay que congratularse de que las condiciones econmicas del pas y la actual disponibilidad de recursos econmicos permiten impulsar y desarrollar mltiples obras que el presidente Morales inaugura y entrega cotidianamente a lo largo y lo ancho de todo el pas; sin embargo, en consonancia al contenido de la Agenda Patritica anteriormente sugerida y en sintona y acompaamiento a los objetivos del proceso y no a los intereses desarrollistas y el enfoque urbano occidental que claramente est privilegiando lo que puede denominarse como la siembra del cemento y el sndrome de las mega obras (y cuanto ms monumentales y elefantesicas mejor), se pueda dar lugar a un tipo de planificacin estratgica y el cambio en la orientacin de las obras, para disear y realizar emprendimientos que permitan: desarrollar e impulsar tecnologa propia, transformar e industrializar los recursos naturales explotados en una lgica de armona con la naturaleza y respecto a los derechos de los pueblos indgenas; efectuar inversiones en reas y sectores de elevada demanda de mano de obra (como por ejemplo la agricultura campesina); transformar y diversificar la produccin para generar empleo directo, permanente y digno; promover prcticas ecolgicas en armona con la naturaleza y el fortalecimiento de las relaciones comunitarias de produccin, el empleo y la distribucin de ingresos y recursos; priorizar las iniciativas productivas de diverso tipo, orientadas a lograr la soberana y seguridad alimentarias, la produccin colectiva y comunitaria, y la sustitucin de la competencia, el consumismo y el individualismo capitalista, por la solidaridad, el intercambio y la complementariedad.

El solo fortalecimiento y desarrollo de la economa y la produccin nacional no es suficiente, e inclusive puede ser contraproducente (para consolidarse como pro-capitalista y explotador de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo), sino parte desde su inicio impulsando y construyendo iniciativas armnicas con la naturaleza y relaciones sociales comunitarias para Vivir Bien.

Plan estratgico de desarrollo para el TIPNIS. Como resultado de la intencin y mandato presidencial para erradicar la pobreza en el TIPNIS, se ha divulgado el compromiso del Ministerio de la Presidencia que ha anunciado la elaboracin y presentacin en las prximas 2 o 3 semanas, de una estrategia de desarrollo para esa regin.

Tomando en cuenta los antecedentes y profundas implicaciones que ha conllevado el conflicto del TIPNIS en lo que corresponde al cumplimiento y aplicacin de los derechos de consulta y participacin, que han derivado en una fuerte interpelacin nacional e internacional sobre el accionar gubernamental e, inclusive, sobre su abierta contradiccin respecto de los postulados para construir un paradigma alternativo al desarrollismo extractivista del capitalismo salvaje y que ha tenido como colofn la violenta represin sufrida por los pueblos indgenas que efectuaban la VIII Marcha en defensa de dicho territorio indgena y Parque Nacional; resulta ciertamente sustancial y estratgico precisar la verdadera y ltima intencionalidad que se encuentra detrs de la Estrategia de desarrollo mencionada.

Salvo que se arriesgue un grave nuevo atropello y se est dispuesto a asumir las consecuencias de una previsible reaccin social de proporciones en contra de esta iniciativa, sera conveniente que la estrategia de desarrollo sea elaborada y consensuada con las propias organizaciones indgenas de dicho territorio indgena y parque nacional, para dar cumplimiento y aplicacin plena a su derecho a decidir y participar en cualquier tipo de iniciativa, proyecto o actividad que pueda afectarles, segn se reconoce constitucionalmente y en otras normas del ordenamiento jurdico nacional e internacional.

Debe tomarse en cuenta que disear propuestas que no respondan al inters indgena, pero sobre todo anulen la posibilidad de generar iniciativas que afecten su modo de vida y terminen asimilndolos a una lgica contracultural e identitaria, que vayan en contra de su derecho a la autodeterminacin y que no tome en cuenta su derecho a decidir sobre el tipo de desarrollo acorde a su cultura e identidad, podra implicar una intencionalidad para asimilarlos a un tipo de sociedad y un tipo de desarrollo ajeno que implique su desaparicin como pueblos. Aunado a ello, se encuentra el deber y la obligacin constitucional del gobierno, de efectuar acciones conducentes a construir la interculturalidad, el respeto a la diversidad y diferencia y la consolidacin del Estado Plurinacional.

Adicionalmente, un proceso consensuado, de buena fe y que obtenga el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indgenas del TIPNIS, puede redundar en el restablecimiento de aquellas buenas, transparentes y constructivas relaciones, que pueden contribuir a recuperar uno de los aliados estratgicos del bloque social del proceso de cambio.

Recomposicin del Pacto de Unidad y el bloque social hegemnico. Una de las debilidades y deficiencias ms notables del proceso de transformacin en curso, es la ruptura del Pacto de Unidad y el alejamiento de dos sectores sociales estratgicos, que constituyen el proletariado y los obreros representados en la COB y la FSTMB, as como los pueblos indgenas agrupados en CONAMAQ y la CIDOB.

Aunado a ello, no puede dejar de mencionarse la penosa y sistemtica desideologizacin de los sectores, movimientos y organizaciones sociales (principalmente llamados a constituirse en vanguardia), que han optado por privilegiar las demandas inmediatistas, las movilizaciones coyunturales y reivindicacionistas de fuerte contenido corporativista y la elevada agresividad y violencia ejercida en sus movilizaciones. Tambin resalta la ausencia de una visin nacional, de una direccin poltica que oriente el proceso que, a su turno, tampoco ha sido ejercida (o cubierta) por el MAS, que se supone constituye el instrumento poltico de los movimientos y sectores sociales del pas.

En razn de ello y con el objeto de revertir esta perniciosa y contraproducente situacin que afecta, debilita y otorga una cualidad conservadora y hasta reaccionaria a la composicin y orientacin del bloque social hegemnico (y por tanto a las perspectivas del proceso de cambio), el gobierno debera efectuar todos los esfuerzos necesarios, sin desmayar, para convocar, reunirse y restablecer la relacin rota y distante que actualmente existe con las principales organizaciones matrices de los pueblos indgenas (CONAMAQ y CIDOB), as como del proletariado y los obreros (COB y FSTMB), en la perspectiva de rearticular el Pacto de Unidad y otorgar el lugar protagnico que les corresponde en este proceso de cambio y transformacin, y que debe constituir el referente social y poltico del mismo.

Una direccin poltica no acorde el proceso de transformacin y cambio demandada por los sectores populares, no es revolucionaria y mucho menos contribuir a la construccin del socialismo comunitario para Vivir Bien en armona con la naturaleza.

Lucha contra la impunidad. El avance y facilitacin de las investigaciones judiciales para esclarecer e identificar a los culpables de la represin y brutal agresin contra los pueblos indgenas del TIPNIS que defendan sus derechos constitucionalmente reconocidos; constituye un asunto de fundamental gravitacin, tanto en lo que se refiere a la responsabilidad y la obligacin gubernamental de evidenciar una forma transparente y tica de ejercer funciones y hacer poltica, como por la imperiosa necesidad de coadyuvar a una administracin de justicia gil y oportuna.

A partir de los violentos hechos sufridos por los marchistas de la VIII Marcha Nacional de los pueblos indgenas, y posteriormente con la incomprensible y lamentable declaracin vicepresidencial de que las autoridades de gobierno conocan a los culpables pero negndose a denunciarlos como es su obligacin; se ha provocado una sensacin pblica que percibe que el gobierno no es transparente, oculta informacin y no cumple con su responsabilidad para ayudar a esclarecer los hechos. Adicionalmente, tambin se ha tomado la determinacin de nombrar embajador ante la ONU, al exministro de Gobierno; con lo cual se ha alimentado el criterio que aunado a lo anterior, muestra a un gobierno que premia y eventualmente protege a una autoridad sobre la que pesan sospechas sobre su responsabilidad en tan graves hechos de Chaparina.

Esta situacin permite afirmar que no es posible hablar de lucha por la transparencia y contra la corrupcin (en este caso tica y poltica, puesto que la corrupcin no es exclusivamente econmica), que no implique la lucha contra la impunidad. Por esta razn, en correlacin y consecuencia a la lucha contra la corrupcin y por la transparencia que ha emprendido el gobierno del Estado Plurinacional, es imperioso que sta se haga extensiva a la lucha contra la impunidad, retirando de sus funciones al Embajador ante las Naciones Unidas, Sr. Sacha Llorenti, de modo que pueda otorgarse y favorecer las condiciones ms deseables para una administracin de justicia que est libre de toda duda o sospecha de influencia, lo que permitir desvirtuar aquella percepcin ciudadana sobre el supuesto premio y/o proteccin que el Gobierno ejercera en favor de ese ciudadano.

Alternabilidad en cargos electivos. El cumplimiento de la mitad del periodo de ejercicio gubernamental ha evidenciado compromisos polticos al interior del partido oficialista, que han constituido la base para que candidatos suplentes demanden un supuesto derecho de alternabilidad en la ocupacin de los cargos electivos.

En vista de la insistencia y riesgo de generalizacin que actualmente se est produciendo en algunas alcaldas y otros organismos electivos de autoridades, en lo que representa una flagrante maniobra y una alevosa distorsin de aquel sano principio democrtico que ha caracterizado a nuestras organizaciones originarias y comunitarias, donde acostumbra a una rotacin y paulatino ascenso de cargos para el SERVICIO NO REMUNERADO a la comunidad, pero que en este caso expresa una descarada y subalterna intencin de beneficiarse personalmente de una especie de pasanaku, que adems tendr previsiblemente el efecto de retrasar, perjudicar y, eventualmente, malutilizar los cargos de autoridad en beneficio de particulares; se hace indispensable instruir la prohibicin expresa para la realizacin de este tipo de compromisos polticos, para reafirmar en cambio el derecho popular y democrtico de revocatoria que s efectivamente puede ser una herramienta para alejar de sus cargos a aquellas autoridades que no cumplan, sean corruptos o hagan mal uso de su condicin de servidores pblicos.

El pueblo elige autoridades para que cumplan un servicio pblico y no para que utilicen los cargos en un pasanaku en su beneficio. Por lo dems, dar curso y ser permisibles con esta pretensin perniciosa, solo se habr contribuido a establecer un funesto precedente a las prcticas democrticas ms elementales, a la propia institucionalidad y el concepto de servicio pblico y a la efectividad en la gestin pblica, que quedar embargada y distorsionada por claros intereses subalternos.

Arturo D. Villanueva Imaa. Socilogo boliviano. Cochabamba.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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