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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-02-2013

Ser jven no es delito, protestar es un derecho

Red Eco Alternativo


Tras dcadas de saqueo y empobrecimiento por las polticas aplicadas en nuestro pas por gobiernos corruptos aliados a los organismos financieros internacionales, que impulsaron ajuste y recorte social, privatizacin, flexibilizacin laboral y vaciamiento del Estado, se inicia una crisis econmica, que se acompaa de una crisis institucional producto de la movilizacin social.

Como siempre, los ms perjudicados fuimos los trabajadores y los sectores populares. De a poco comenzamos a organizarnos para reclamar mejores condiciones de vida, trabajo, alimentos, entre otras reivindicaciones. Fue cuando se generalizaron los piquetes, como forma de reclamo, como forma de hacer visible aquello que se viva en los barrios: el hambre, la miseria, la desocupacin, la salud precaria, la falta de alimentos en los comedores, nica salida para que los pibes/as coman algo todos los das.

El 6 de febrero del 2002, se organiz un corte en la ruta 205, a la altura del Jaguel, en Esteban Echeverra. En este corte Jorge Batata Bogado, un puntero ligado a los intendentes de Ezeiza y Esteban Echeverra, abri fuego contra la manifestacin, asesinando impunemente a Javier Barrionuevo. Al momento del asesinato los policas que participaban del retn miraron para otro lado.

Javier era un pibe de 31 aos, que peleaba por salir en un contexto adverso, de exclusin y miseria. El da que lo mataron andaba en el piquete junto a muchos compaeros que reclamaban por planes sociales y alimentos para los comedores populares. Era su primera vez en una protesta, no militaba ni perteneca a ninguna organizacin. En el 2003 se llevo adelante el juicio. Como en tantos otros casos, la justicia garantizo la impunidad. El Fiscal Pablo Pando, pese a tener las pruebas necesarias, no efectu la acusacin, y sin esta tampoco hubo condena. Batata Bogado sali libre y as continua.

La continuidad de la represin a la protesta como poltica de Estado. En el marco de la ley antiterrorista aprobada en el congreso nacional el 13 de junio de 2007, se hace manifiesta la criminalizacin de la protesta con la consigna clara de apaciguar y atemorizar a los movimientos sociales y las expresiones populares que luchan en un sentido justo por mejorar las condiciones de vida atacadas por el capitalismo.

De esta manera, el gobierno nacional importa una ley ideada por el imperio yanqui, que forma parte del plan de seguridad internacional que imponen a fuego y sangre, justificando represiones y asesinatos en gran parte del territorio latinoamericano.

El gobierno Kirchnerista aprueba esta ley mientras los casos de represin e injusticia se multiplican. Ejemplo de esto es el encarcelamiento de Fernando Esteche, dirigente de Quebracho, por el incendio de un local del ex gobernador neuquino Jorge Sobisch en repudio al asesinato del maestro Carlos Fuentealba, la desaparicin de Luciano Arruga a manos de la polica corrupta o la represin y asesinato del pueblo Qom que pelea por sus tierras ancestrales, de la misma manera que a los Mapuches en la regin patagnica Chilena se les ocupan sus tierras de forma violenta.

Con esta ley, el gobierno puede acusar de ser terroristas a los y las luchadoras/es. El aparato represivo se arroga el derecho de encarcelar y suspender derechos constitucionales y de interrogar sin garantas a los y las acusadas/os. El ejemplo ms extremo de esto es la posibilidad que tiene el estado de utilizar la tortura como mtodo de interrogacin.

Como ocurri con Javier, la impunidad para matar y la injusticia continan, an en pocas distintas y con gobiernos distintos. El Kirchnerismo, pese a su poltica de derechos humanos, contina permitiendo, y haciendo la vista gorda frente a los miles de casos de gatillo fcil, de asesinatos y avanzadas de grupos armados en las comunidades indgenas, la trata y la desaparicin de personas, la represin de las protestas contra la mega minera y el saqueo de los bienes comunes, la detencin de luchadores sociales, los pibes y pibas muertos por el negocio del narcotrfico en complicidad con el poder poltico. En Argentina cada 28 horas un joven es asesinado por las fuerzas represivas del Estado. Desde 1983 hasta la fecha son 3800 las personas asesinadas y/o desaparecidas por el aparato estatal. El gobierno nacional, los gobiernos provinciales, municipales, el poder judicial y la polica son responsables.

La lucha de Javier y muchos otros contina y se multiplica todos los das, en nuestros movimientos, en los comedores, en las fabricas, los talleres, las universidades.

Seguimos apostando por construir una sociedad diferente, sin injusticias, sin desigualdades, y creemos que esa es la mejor manera de honrar su memoria.

Continuamos exigiendo crcel a los autores materiales y a los responsables polticos. Exigimos Justicia por Javier Barrionuevo, Daro Santilln, Maximiliano Kosteki, Jere, Mono, Patom, Luciano Arruga, Carlos Fuentealba y todos los compaeros vctimas de la represin.

A once aos del asesinato de Javier Barrionuevo continuamos luchando por el cambio social. Exigimos:
*JUICIO POLITICO AL FISCAL PABLO PANDO
*REAPERTURA DEL CASO
*CARCEL A JORGE BOGADO

FPDS - FOL - COMETE - CEDP - MTR PLDD - MIR - COMPA - MNCI - Represin a la Vista - Barrios de Pie.

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=9927&Itemid=99999999


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