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Las organizaciones de afectados denuncian demoras de ms de dos aos en cobrar la prestacin y personas que mueren sin percibirla
Los recortes del PP se encarnizan con las personas dependientes

Enric Llopis
Rebelin


El desguace del Sistema de Atencin a la Dependencia no slo se ceba con las personas ms vulnerables, sino que apunta a un cambio profundo en el modelo de servicios sociales. El objetivo es pasar del ciudadano con derechos reconocidos, al que se garantizan unos servicios pblicos esenciales, por un modelo basado en la beneficencia, el asistencialismo, la caridad y la adjudicacin de contratos y subvenciones por discrecionalidad poltica.

La Asociacin Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia el desmantelamiento por razones ideolgicas de un sistema de ayudas a las personas dependientes que, con sus muchas limitaciones, funcionaba a partir de la legislacin impulsada por el gobierno de Zapatero en 2006. El sistema se destruye por inanicin y tiene fecha de cierre: cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido, asegura este colectivo.

Aunque fras y burocrticas, las cifras por s solas ya espeluznan. El Gobierno de Rajoy ha recortado 835 millones de euros en las ayudas a la dependencia; en 2012 tambin se redujo a 450.000 cuidadores familiares la cuanta de las prestaciones econmicas en un 15%, y el estado dej sin cotizacin a la seguridad social a 146.000 cuidadores. Ms de 100.000 personas se hallan pendientes de valoracin y unas 240.000 en el limbo de la dependencia (en espera de la prestacin, aunque con el derecho reconocido).

Todo indica que decenas de miles de personas con un derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo, morirn sin ser atendidos, subraya Jos Manuel Ramrez, presidente de la asociacin estatal de directores de Servicios Sociales.

En plena oleada de recortes estivales, y con la Troika al acecho, el Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio aprieta las tuercas al sector de los servicios sociales. Con la excusa del dficit pblico, el ejecutivo de Rajoy decreta un recorte del 15% en las prestaciones econmicas que reciben familiares de personas dependientes, y que el estado deje de cotizar a la seguridad social por los cuidadores no profesionales. Estas medidas han forzado, en muchos casos, a que familiares de personas dependientes hayan abandonado sus trabajos para dedicarse a los cuidados, sobre todo en el caso de personas muy mayores y grandes dependientes, asegura Palmira Castellano, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia del Pas Valenciano.

Al tajo genrico del gobierno central sigui la poda en las comunidades autnomas. En algunos casos, como en el Pas Valenciano, con efectos dramticos. La Orden de 25 de octubre de la Conselleria de Bienestar Social introduce criterios de renta y grado de dependencia para acceder a las prestaciones econmicas. Se trata, en la prctica, de establecer el copago, segn denuncia la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. Se calcula que con el copago de manera brutal y sin previo aviso, afirma Palmira Castellano- decenas de miles de valencianos han experimentado recortes en las prestaciones de hasta un 70% (algn afectado ha pasado de percibir 280 euros a slo 20).

Los recortes se sufren en el da a da, en la vida cotidiana. Afectan, por ejemplo, a material, a veces muy caro, necesario para los dependientes: sillas de ruedas, bastones, andadores, gras, aparatos de accesibilidad para las duchas, sondas o bombas para absorber heces. Lo mismo ocurre con el material ortopdico. Las medidas de ahorro, eficiencia y optimizacin de recursos se aplican en todos los captulos. De hecho, el IMSERSO y las consejeras han reducido los grados de discapacidad y niveles de dependencia en las valoraciones, con el fin de racionalizar el gasto (en enero se declararon 4.000 grandes dependientes menos que el mes anterior en el conjunto del estado).

Frente a esta batera de medidas, las organizaciones llevan tiempo movilizndose. El sbado 9 de febrero la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en el Pas Valenciano convoc una concentracin frente a la sede de la Generalitat. A una de las asambleas previas se acerc un familiar de Enrique Balaguer, quien afirma que, tras los recortes del verano y enero, la ayuda que recibe ha pasado de 550 a 269 euros. Enrique Balaguer, de 52 aos, sufri un accidente de trfico hace 25, y ahora vive en estado vegetativo, sin conocimiento ni capacidad para hablar ni para moverse. Inma Orea, de 32 aos y vecina de Algemes (Valencia), convive con su marido en paro y un hijo aquejado de autismo profundo e hiperactividad. Ms que una lucha, lo suyo ha sido un martirio, durante dos aos, confiesa. La prestacin que se le reconoci al amparo de la Ley de Dependencia se la han rebajado 100 euros, pero ha conseguido, gracias a la lucha individual, que la Administracin le abone 13.000 euros por tres aos de prestaciones.

Con demoras de ms de dos aos en el cobro de las ayudas, personas que tienen derecho a la prestacin y fallecen sin percibirla, y el boicot deliberado en algunas autonomas gobernadas por el PP, el recorrido de la Ley de Dependencia parece ms bien el de un penoso calvario. Slo en el Pas Valenciano hay 10.000 personas dependientes con el grado y el nivel reconocido, a la espera de que la Conselleria de Bienestar Social remita el listado al Ministerio de Sanidad y as el trmite siga su curso. Las organizaciones sociales apuntan a uno de los directos responsables, Juan Cotino, actual presidente de las Cortes Valencianas, conseller de Bienestar Social (2007-2009) y, como significado miembro del Opus Dei, personaje estrechamente vinculado a Francisco Camps. Su familia ha prosperado en el negocio de las residencias para mayores. Adems, su nombre aparece ligado al ingreso de 200.000 euros en las arcas del PP, en los papeles de Luis Brcenas.

En tiempos del gobierno de Zapatero, denuncia la Plataforma de la Dependencia en el Pas Valenciano, el ejecutivo central transfera los recursos para pagar las prestaciones, pero el Consell se negaba a cumplir con su parte, en un sistema de ayudas que tericamente ha de cofinanciarse. Para ahogar definitivamente el sistema, tambin se ha eliminado en todo el estado el derecho de retroactividad (primero Zapatero y despus Rajoy), que aportaba garantas ante las demoras en el pago de las prestaciones.

Qu hay en el fondo de estas medidas que atacan uno de los grandes bastiones del llamado estado del bienestar? A juicio de Palmira Castellano, el dinero de los Servicios Sociales se lo han llevado a otra parte; somos los chivos expiatorios, los primeros a quienes han atacado porque les resulta muy fcil. Nos tienen registrados en un fichero. Por eso actan con esa falta de escrpulos y de humanidad. Si no los paramos, si nos continan robando derechos, acabaremos en la cola de la caridad. En la prctica, aade, se han producido recortes de hasta un 95% en las prestaciones.

En el caso del Pas Valenciano, la puntilla (por el momento) lleg con la Ley de Acompaamiento a los Presupuestos de 2013, en la que se suprimi la gratuidad de los medicamentos y ortoprtesis para las personas discapacitadas, que pasaron a pagarlos desde el 1 de enero en funcin de sus ingresos. En algunos casos se trata de productos muy caros (hasta 300 euros). Esta medida se agrega a los ms de 400 medicamentos que el departamento de la tocada ministra de Sanidad, Ana Mato, retir de la financiacin de la seguridad social. Muchos de ellos, como laxantes, protectores de estmago, analgsicos o antiinflamatorios, son de uso muy comn entre las personas dependientes. Visto lo visto, la tijera no toca fondo y la poda, con la coartada del dficit, se ha adentrado en unas lneas rojas que no hace mucho se antojaban infranqueables.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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