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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-02-2013

Paraguay
La doble muerte de Curuguaty

Irene Ayuso Morillo
Otramrica

Desde 1989 hasta 2012 ya han sido asesinados unos 120 campesinos y ninguno de estos casos ha sido esclarecido


La matanza de Curuguaty cost la vida a 17 personas y un golpe de Estado parlamentario en Paraguay. Adems, est suponiendo la criminalizacin de campesinos y organizaciones y la consolidacin del modelo de agronegocio que necesita acumular tierras sin gente. El actual gobierno y la justicia juegan a favor de un bando y ste no es el campesino.

Qu pas en Curuguaty es ya la frmula establecida por la sociedad paraguaya para raclamar el esclarecimiento de una matanza que provoc la crisis poltica ms importante de los ltimos 20 aos de Paraguay que cost 17 muertos y la cada de un gobierno legtimo. Es el hecho con mayor nmero de vctimas en la lucha por la tierra durante el perodo democrtico.

Los hechos tuvieron lugar el 15 de junio de 2012 durante un procedimiento fiscal y policial en una ocupacin de tierra en el territorio de Curuguaty, departamento de Canindey. Se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los civiles ocupantes con el resultado de 11 campesinos y 7 agentes de polica muertos, as como un nmero indeterminado de heridos por armas de fuego. Estos acontecimientos provocaron el golpe de estado parlamentario que termin con la destitucin del presidente constitucional Fernando Lugo, en un juicio que dur alrededor de 24 horas. Desde entonces, asumi el cargo el ex vicepresidente Federico Franco y se consum la ruptura del orden democrtico.

En la sucesin de hechos ocurridos desde la matanza, no podemos olvidar la criminalizacin de los supervivientes, la parcialidad de las investigaciones o el asesinato el pasado 2 de diciembre a manos de sicarios del campesino Vidal Vega, un testigo importante en el esclarecimiento de la masacre. Esta es la historia de la impunidad al servicio del (agro) negocio.

El contexto agrario en Paraguay

La injusta distribucin de la tierra en Paraguay tiene una larga historia. El principal medio de produccin del pas est concentrado en manos de una oligarqua terrateniente, de forma que casi el 90% de la tierra est en manos del 2% de la poblacin. De hecho, segn el informe de la International Land Coalition de 2011, Paraguay es el pas con mayor concentracin de la propiedad agraria de toda Amrica Latina, seguido por Brasil, Uruguay y Panam.

Esta concentracin de la tierra ha derivado en una constante conflictividad social que se traduce en ocupaciones, cortes de ruta y movilizaciones por parte de campesinos sin tierras, como formas de lucha para obtener un pedazo de tierra en el cual vivir y ejercer sus derechos. La respuesta por parte del Estado es la persecucin, la criminalizacin de la protesta campesina, la imputacin y la prisin.

Desde 1989 hasta 2012 ya han sido asesinados unos 120 campesinos y ninguno de estos casos ha sido esclarecido.

Llegamos a Curuguaty

Hay que tener en cuenta que la disputa por el acceso a la tierra no involucra solo a grandes propietarios y campesinos. Paraguay es un pas histricamente dependiente de la exportacin agropecuaria y cuenta con uno de los mayores ndices de desigualdad en la distribucin de la propiedad rural en el mundo. La consecuencia directa de este estado de cosas es un alto grado de conflictividad frente a los cuales toma parte la mayora de los actores polticos, sociales, econmicos, religiosos, etc, en funcin a determinados intereses.

El conflicto de Curuguaty surge por un terreno en disputa entre campesinos que reclamaban por la va legal desde 2004 la recuperacin de unas tierras destinadas a la reforma agraria de un inmueble de 2.000 hectreas (donado por la empresa La Industrial Paraguaya SA -LIPSA) y Blas N. Riquelme, empresario y poltico colorado quien haba presentado una demanda de usucapin (un modo de adquirir la propiedad de un bien), alegando que esas tierras, ocupadas por su empresa Campos Moromb, eran suyas por haberlas estado usando de forma continuada durante 20 aos.

El 15 de junio se realiz una accin de desalojo del inmueble en territorio de Curuguaty como consecuencia de una denuncia por delito de invasin del inmueble ajeno planteada por la empresa Campos Moromb.

Prcticamente todos los actores sociales pensaban que esas tierras eran propiedad de Blas N. Riquelme y que exista una orden de desalojo dictada para proceder con la expulsin de los invasores. Esta ha sido la versin oficial, la que los medios se han encargado de difundir en apoyo a la Fiscala, que investiga de forma parcial el caso, a pesar de que luego se ha demostrado que la empresa Campos Moromb no tena legitimidad para denunciar la invasin al carecer de ttulo de propiedad.

El operativo de desalojo cont con 324 efectivos policiales y deba negociar la salida de unos 60 campesinos. Dos columnas de policas se acercaron a la finca desde dos flancos rodeando a los campesinos. Los efectivos policiales estaban compuestos por agentes de grupos antimotines desarmados, portando nicamente escudos y porras, efectivos de la Polica Nacional con pistola al cinto y, ms atrs, otros efectivos con armas largas. En la entrada fueron recibidos por un grupo de 30 campesinos entre los que se encontraban mujeres y nios. En medio de la negociacin se desencaden un tiroteo que deriv en una brutal matanza que termin con la vida de 6 policas y 11 campesinos, dejando decenas de personas heridas.

La situacin de los presos y heridos

El trato ha sido desigual desde el principio con respecto a las vctimas, priorizando en el rescate y la atencin mdica a los policas heridos, mientras que en el caso de los civiles no fueron evacuados de forma inmediata sino que en algunos casos fueron torturados por los agentes de la Polica. En cuanto a los campesinos fallecidos, recibieron un tratamiento indigno y, apilados como ganado en un viejo camin, fueron devueltos a los familiares cuando era imposible que fueran reconocidos, faltando as al duelo y a las creencias religiosas entre los campesinos paraguayos.

Un nmero significativo de vctimas civiles muri despus de que acabara el enfrentamiento y el tiroteo ms intenso. Numerosas declaraciones sealan que varios de los campesinos fueron vctimas de ejecuciones extrajudiciales estando heridos o despus de haberse entregado a la Polica.

La orden de la Fiscala fue la detencin de toda persona que se encontrara en la finca o que estuviera inscrito en una lista que encontraron en el campamento, incluso a familiares que se acercaban al hospital a visitar a las vctimas. A todas estas personas se les dict prisin preventiva.

En total son 63 imputados, 11 estn presos, entre ellos dos mujeres. 9 de ellos estuvieron en huelga de hambre como forma de protesta y, como consecuencia, ahora hay 5 presos en el penal Coronel Oviedo y 4 estn enprisin domiciliaria. Actualmente, dos de los encarcelados estn en huelga de hambre, uno de ellos es el lder Rubn Villaba, acusado de ser el principal instigador de la masacre, segn la versin oficial de la Fiscala. En prisin, no se les deja ver por sus familiares.


La Fiscala, por su parte, no ha abierto ningn proceso para investigar la accin policial y perseguir crmenes tipificados como como delitos de lesa humanidad, no slo por la crueldad en la ejecucin sino por la impunidad que acarrean segn establece en su informe alternativo la Plataforma de Estudios e Investigacin de Conflictos Campesinos (PEICC).

La investigacin oficial

Dijeron que era un francotirador y el machete noms tena en la mano. Este es uno de los testimonios de los campesinos, que clarifica la cadena de despropsitos de la investigacin del caso.

Para comenzar, los dos fiscales que fueron los directores del operativo conformaron tambin el equipo de investigacin, Ninfa Aguilar y Diosnel Gimnez. El 20 de junio toma intervencin de la causa el fiscal Jalil Rachid, quien mantiene vnculos con la familia del empresario y poltico colorado Blas N. Riquelme, una de las partes involucradas en el conflicto. Por si faltara algo en esta serie de irregularidades, hoy se ha conocido que el fiscal Rachid reconoce que no puede determinar el grado de participacin de cada uno de los acusados. An as, no da marcha atrs y la Fiscala los acusar por asociacin criminal, invasin de inmueble y homicidio doloso. " El Ministerio Pblico est en condiciones de demostrar que estas personas iniciaron el fuego", insiste Rachid, apoyndose, segn manifest, en el testimonio de una persona que estuvo en el inmueble el da de la masacre (Hay 50 testimonios que dicen lo contrario pero no importa), tal y como reporta este lunes 11 de febrero la agencia Nova Paraguay.

La versin oficial en la que insiste la Fiscala se resume bsicamente en la idea de que los campesinos emboscaron a la Polica, contando para ello con 6 escopetas de caza, a pesar de que estas declaraciones no encajan con la versin de los hechos.

La fiscala obr al revs de como debera hacer un investigador ya que primero lleg a una conclusin y despus fue buscando las pruebas que justificaran esa hiptesis. Ante tales aberraciones, la Plataforma de Estudios e Investigacin de Conflictos Campesinos (PEICC) present un informe de investigacin alternativo en el que se denuncia la falta de garantas para que se de una investigacin imparcial, la manipulacin de pruebas, las falsas imputaciones realizadas, la inexistencia de pruebas periciales que sustenten la teora fiscal y la criminalizacin de los campesinos.

Segn el Informe, que tambin fue presentado en conferencia en Espaa, organizado por el colectivo Paraguay Resiste en Madrid, durante el enfrentamiento, que fue grabado en vdeo, se escuchan rfagas que han sido identificadas como de fusiles automticos M16, armas de guerra de gran potencia. Estas armas no se encuentran entre las pruebas. Se presume por tanto que francotiradores apostados en los laterales dispararon a los policias, ya que es difcil pensar que esos campesinos quisieran plantar cara a ms de 300 agentes, contando adems con la presencia de mujeres y nios. (Ver el vdeo del momento de la balacera).

Esta versin de los hechos se niega de forma sistemtica a pesar de las fuertes evidencias, ya que esto hara vislumbrar que todo era algo ya orquestado para estigmatizar a los campesinos sin tierra y expulsar as a un presidente afn a los movimientos de base.

Las vctimas de un solo lado: Y a la polica no se le juzga por su mal actuar. Y sin embargo a los campesinos. Cmo nos persiguen!.

Como dijo Mario Ferreiro, candidato presidencial por Avanza Pas, basta leer a Rafael Barret para saber de dnde viene la historia y el futuro: los que fallecen son siempre los hijos del pueblo.

Es denotada la parcialidad de la informacin producida por los medios, que reproducen la versin de la Fiscala sin mostrar las voces de los campesinos, a quines presentan como invasores y a los policas como vctimas. A los campesinos se les imputa los presuntos hechos de homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa, lesin grave, asociacin criminal, coaccin y coaccin grave.

No basta con decir quines son los culpables, hay que demostrar qu participacin tuvo cada uno, cules son las pruebas. A pesar del descubrimiento de la falta de titularidad de Blas N. Riquelme sobre las tierras que desataron el conflicto, los detenidos siguen imputados por invasin de inmueble ajeno, sin investigar siquiera la titularidad de la finca.

Se vulnera el derecho a la defensa de los detenidos, el derecho a un juicio justo, con imparcialidad, siguiendo con un modelo procesal inquisitorial que viola el cdigo penal paraguayo.

Protestas ciudadanas

Segn Orlando Castillo, abogado defensor de los derechos humanos, el 70% de la poblacin paraguaya se pregunta qu pas en Curuguaty. Por ello, una parte de la sociedad paraguaya se ha lanzado a la calle a reivindicar justicia en diferentes actos como el 20 Noviembre, con la Acampada frente a la Fiscala General en Protesta por la situacin de los presos; el 1 de diciembre, con la manifestacin frente a la sede de la Fiscala condenando el asesinato de Vidal Vega; el 10 diciembre, con una marcha desde la Plaza Uruguaya, coincidiendo con el Da Internacional de los Derechos Humanos, y el 15 enero de este 2013, con un acto frente al Panten por los 7 meses de impunidad desde la masacre.

Grandes terratenientes y el agronegocio. Un modelo agroexportador

Los poderes del estado siguen protegiendo nicamente los intereses de los grandes terratenientes y agroexportadores. En el ao 2000 comienza una nueva oleada de capitalismo agrario impulsado por Monsanto con un arma fulminante: la soja transgnica, que se va expandiendo sobre tierras campesinas e indgenas, atentando directamente contra los derechos humanos y territoriales.

Entre 1997 y 2006, cada ao han sido expulsadas de sus tierras unas 9.000 familias campesinas, de forma que se ven obligadas a ubicarse en el cinturn de pobreza de las ciudades, configurndose un Paraguay de desplazados, como afirma Bartomeu Meli, antroplogo espaol.

Con la asuncin de Franco en junio del 2012 esos gremios de produccin consiguieron fortalecer sus intereses dentro del Estado promoviendo la legalizacin de transgnicos para consolidar el modelo agroexportador.

Este pas produce ms de 15 millones de toneladas de granos para exportacin al ao pero ya casi no produce alimentos para los ciudadanos y se ve obligado a importarlos de pases vecinos. Paraguay ya no se alimenta as mismo. La contradiccin apunta a un modelo cada vez ms excluyente que, segn Meli, garantiza el aniquilamiento del pas.

En medio de esta feria de intereses, se pretende criminalizar a las organizaciones populares para empujar a los campesinos a abandonar el campo y que este quede para uso exclusivo del agronegocio.

El temor reside en que todo el caso quede en lo que los paraguayos denominan en guaran oparei(en nada, as noms). Como dice Lilian Soto, candidata presidencial por Kua Pyrenda, el silencio ser una doble muerte para las vctimas de Curuguaty.

Fuente: http://otramerica.com/temas/la-doble-muerte-curuguaty-impunidad-paraguay/2842



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