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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-02-2013

De los derechos a la caridad
Las ONG vuelven a los pases desarrollados

Miguel Gonzlez Abeytua
Colectivo Novecento


Desde que en 2008 la crisis empez a manifestarse con mayor virulencia en Espaa, venimos presenciando cmo se recortan los presupuestos pblicos de distintos servicios esenciales que el Estado ha estado tradicionalmente comprometido a satisfacer.

Entre otras medidas asistimos perplejos a la reduccin de los presupuestos dedicados a Ciencia y Tecnologa que deberan ayudarnos a renovar nuestro sistema productivo. Presenciamos cmo el Gobierno vuelve a intervenir en la radio y televisin pblicas deshaciendo los intentos por avanzar en su neutralidad que se haban puesto en marcha en la anterior legislatura. Vemos cmo se reduce el presupuesto y se grava con mayor intensidad la actividad cultural que, entre otras cosas, es fuente de trabajo para miles de personas. Pero, sobre todo, observamos indignados el ataque frontal que sufren los sistemas de educacin y sanidad pblicas convirtindose en nuevos sectores de inversin para distintos grupos empresariales que necesitan nuevos nichos de mercado para mantener sus tasas de ganancias. De esta manera se ponen en peligro, no solo las condiciones laborales de los profesionales que en ellos trabajan, sino el acceso mismo a estos servicios y, por tanto, las condiciones de vida para el conjunto de la ciudadana que los ha construido, mantenido y disfrutado durante dcadas.

Es fundamental subrayar que los servicios arriba mencionados estn asociados a sus correspondientes derechos: derecho a la educacin y a la sanidad de calidad, derecho a la informacin o derecho al trabajo digno. Al comprenderlo as, entenderemos tambin que los recortes en los presupuestos, en realidad, son recortes en nuestros derechos bsicos.

Algunos de estos recortes, adems, van un paso ms all, y no solo alejan, sino que excluyen directamente a una parte de la poblacin del derecho a recibir ciertas prestaciones pblicas. El caso ms visible es el de los inmigrantes que se encuentran en Espaa en situacin de irregularidad administrativa, quienes se hallan ahora con una cobertura sanitaria mnima u obligados a pagar para poder ser atendidos ( Real Decreto Ley 16/2012 ). Tambin vemos cada da cmo asciende el nmero de personas que, excluidos de los sistemas de proteccin social del Estado, necesitan acudir a centros de ayuda o a comedores sociales para poder alimentarse.

Adems, gracias a la escalada galopante en las tasas de desempleo que vivimos, la desigualdad y la pobreza crecen da a da en nuestros propios barrios, pueblos y ciudades. De hecho, adems de conocer hoy que el ndice de Gini en Espaa (magnitud que mide la desigualdad en los ingresos de los individuos) se encuentra a niveles de 1995, perdiendo as todos los avances que se hubieran podido llevar a cabo en los ltimos lustros, tambin sabemos que el 21,1% de la poblacin espaola vive por debajo del umbral de la pobreza . Y lo ms preocupante es que la tendencia hacia un mayor aumento de estos valores se da justamente cuando los sistemas pblicos de proteccin social, que pretendan mitigar estas diferencias de ingresos o paliar sus efectos ms severos, estn siendo desmantelados a base de recortes.

En este contexto, la prestacin de algunos de esos servicios pblicos pretende ser derivada a distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del mbito privado. Es decir, la crisis puede generar que el papel de las ONG cobre gran importancia en nuestra sociedad, pero no como organizaciones canalizadoras de recursos a pases ms empobrecidos que el nuestro, sino como prestadores de servicios en nuestra propia sociedad.

Quedndonos con el ejemplo de la sanidad, algunas ONG, como Farmacuticos sin Fronteras, trabajan directamente con proyectos como Asistencia Farmacutica en el Cuarto Mundo que no ha hecho sino crecer desde su nacimiento en 2004. Otras organizaciones, como Mdicos del Mundo, en vez de dar asistencia sanitaria, han optado por posicionarse en contra del Real Decreto antes mencionado y ejercer una labor de asesoramiento, acompaamiento y mediacin ante la Administracin en todos los casos de vulneracin del derecho a la salud que la organizacin ha ido conociendo , realizando as en nuestro pas tareas de denuncia, empoderamiento y advocacy (tareas propias de ONG Internacionales sobre el terreno en otros lugares del mundo).

Esta transferencia del sector pblico al denominado Tercer Sector no es sino la consecuencia de la privatizacin de algunos de estos servicios a favor de empresas privadas, con nimo de lucro, que se encargarn de gestionar distintos servicios. En el caso de la sanidad en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en ciertos hospitales se privatizarn no slo reas como cafeteras o servicios de limpieza, sino los propios servicios mdicos conocidos como de bata blanca .

As pues, siendo diversas ONG las que ahora podrn pasar a cubrir algunas de estas prestaciones que anteriormente atendan las distintas administraciones del Estado (aunque sigan financindose total o parcialmente con dinero pblico), damos un giro cualitativo de 180 grados y observamos cmo pasamos de vivir en un sistema en el que podamos aspirar a disfrutar ciertos derechos bsicos, a vivir en un sistema en el que podemos aspirar a acceder a distintos sistemas de caridad que podrn, o no, ser prestados en funcin de las capacidades, necesidades e intereses de las propias organizaciones que los ofertan.

Podemos afirmar adems que este proceso deliberado de recortar para deteriorar y deteriorar para privatizar que sufrimos se realiza, no con el fin de asegurar las mejores condiciones de vida posibles para la mayora de la poblacin, sino con el objetivo de sostener, mantener y aumentar ms an si cabe los privilegios de grupos sociales concretos y minoritarios relacionados con ests corporaciones. Precisamente a estas se les estn abriendo nuevos campos de inversin en sectores como la sanidad, pero tambin, de una forma ms o menos pblica y a un ritmo ms o menos lento, la educacin o las pensiones.

Sufrimos ahora en primera persona las consecuencias de nuestra propia medicina. Porque esta forma de funcionar, este esquema social en el que lo pblico se reduce a la mnima expresin, privatiza cualquier servicio susceptible de generar rentabilidad. Es por ello que se deja para las ONG el resto de prestaciones que el mercado no quiere asumir, como ya se aplica en la mayora de lugares del mundo por recomendacin de nuestras instituciones, con las dramticas consecuencias por casi todos conocidas.

http://colectivonovecento.org/2013/02/11/de-los-derechos-a-la-caridad-las-ong-vuelven-a-los-paises-desarrollados/


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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