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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-02-2013

Denuncia desde la prisin de Ibagu (Tolima)
Arrecia la represin contra los prisioneros polticos y de guerra

Tulio Murillo vila
www.traspasalosmuros.net


La Campaa Traspasa los Muros comparte ante la comunidad nacional e internacional, organismos defensores de derechos humanos y ante el movimiento social y popular la siguiente DENUNCIA PBLICA emitida por el prisionero poltico y de guerra TULIO MURILLO AVILA:

En representacin de las y los Prisioneros Polticos y de Guerra de las FARC-EP, recluidos en el Establecimiento Penitenciario ms conocido como COIBA-IBAGU, en el departamento del Tolima, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, que el INPEC viola sistemticamente nuestros derechos a la seguridad, la vida y el conjunto de derechos que el D.I.H. reconoce a los Prisioneros de Guerra, de acuerdo a los siguientes:

HECHOS

A nivel nacional y de manera particular en el complejo carcelario de Ibagu, recibimos constantemente todo tipo de sabotajes, provocaciones, requisas vandlicas donde roban pertenencias y elementos que son vendidos en los expendios como tarjetas para llamadas telefnicas, gaseosas y comestibles que normalmente se tienen para atender a nuestras familias y visitantes cada 15 das, como tambin las artesanas, etc., etc. Cuando no son hurtadas, son regados los lquidos o destrozados y pisoteados junto con la ropa y los tiles de aseo, segn los cuadros de mando y dragoneantes, tienen que hacerlo para incautar armas, drogas y elementos prohibidos que guardamos supuestamente en ellos.

Pero como si esto fuera poco, destrozan, botan o hurtan nuestras copias de los procesos, las agendas telefnicas con los nmeros de nuestros familiares y abogados, al igual que los registros que se tienen sobre los abusos, las violaciones a nuestros derechos y denuncias hechas por las fechoras y requisas vandlicas a las que nos hemos visto sometidos.

Es usual la violacin de nuestras cartas y correspondencia que entra y sale para los juzgados, procuradura, defensora del pueblo y de manera especial la de los abogados, familiares y compaeros recluidos en otras crceles del pas, al punto que primero les sacan fotocopias a algunas para entregarlas. Por informacin sabemos que varias de esas fotocopias reposan en la base de datos de la oficina de la inteligencia militar junto con las fotos nuestras y las de los visitantes. El monitoreo e intercepcin de telfonos y llamadas con los abogados, fundaciones y ONGs defensoras de Derechos Humanos es constante, as como el seguimiento por agentes secretos de seguridad cada vez que nos visitan.

El sabotaje, el seguimiento y el asedio es constante contra nuestros familiares y amigos visitantes por parte del INPEC, con requisas morbosas, pasando por manoseos que sobrepasan los lmites de una requisa decente, cuando no son devueltas porque argumentan que el canino antidrogas les dio positivo, sin ms elementos probatorios, cuando con todo tipo de tecnologa como rayos X, escner, sillas detectoras de metales, etc., elementos por los cuales son pasadas hasta 4 y 5 veces para poder autorizar la entradas a las reas de visita hacia donde son conducidas para ponerlas a esperar por largo tiempo sin sacarnos del patio. Al ser solicitado por los visitantes, los dragoneantes sostienen que el preso no estaba listo, que se estaba baando porque no esperaba visita hoy. Son tan cnicos que en ocasiones responden que no queremos salir, o simplemente los hacen ir de patio en patio para evitar que los visitantes tengan ms contacto con los internos, as como lo han hecho con los abogados a quienes persiguen como si fuera un delito asistir jurdicamente a los presos polticos y defendernos en los tribunales.

Para los Prisioneros Polticos (de Guerra y de Conciencia) en Colombia nos queda claro que el verdadero delito que el Estado y su clase poltica no nos puede aceptar, no son los hecho en s, sino el ser revolucionario consecuente con la causa y ser defensor de la moral y los principios revolucionarios, tener dignidad y no aceptar sus repugnantes propuestas de traicin, o negarse a acusar y atestiguar como un falso testigo en contra de otros luchadores populares a quienes quieren silenciar en las crceles, pagando enormes condenas por ser no ms que opositores a la clase oligrquica en el poder y al Estado.

El INPEC tampoco nos saca en ocasiones a los juicios supuestamente por seguridad, ya que dicen haber detectados planes de rescate o fuga, juicios que no son ms que pantomimas legalizadas por un juez, un fiscal simulando un autntico juicio con la participacin, en algunos casos, de supuestos abogados de defensora pblica, pagados por el mismo Estado o designados reconocidos abogados que trabajan con o para la inteligencia militar, por lo que no van a defender a un Prisionero Poltico sino a hacer un trabajo de espionaje, excepto que se comprometa a trabajar para ellos y todo se da en las narices de la Procuradura que no cumple su funcin de garantizar un juicio correcto, porque es ms carcelera que los mismos carceleros y jueces, convirtindose en legalizadora de estos juicios amaados y tendenciosos, donde hacen equipo con la Defensora del Pueblo en muchos casos, por lo que cuando somos llevados al banquillo ya estamos pre-juzgados y solo se cumple su legalizacin, pues todos son sencillamente cuotas polticas en esas instituciones oficiales, por lo que obedecen a un o unos patrones encabezados por el Estado para el cual trabajan, excepto nuestros abogados de confianza y ONGs defensoras de Derechos Humanos.

El Estado Social de Derecho no es ms que una norma decorativa de la Constitucin Poltica, porque en la prctica los presos polticos y opositores al rgimen constitucional no tenemos ninguna garanta en los juicios porque a ellos llegamos pre-juzgados.

Desde el complejo carcelario de Ibagu, lanzamos un S.O.S. ante la comunidad nacional e internacional para que intervengan ante el Estado colombiano y el presidente Juan Manuel Santos Caldern, exigindole que ordene la suspensin inmediata del plan que est en marcha por parte de la inteligencia militar y algunos funcionarios del INPEC en cabeza de su director general, Gustavo Adolfo Ricaurte, General activo de la Polica Nacional e Imelda Lpez Solrzano, directora del complejo de Ibagu, para atentar contra Prisioneros Polticos y de Guerra de las FARC-EP recluidos en ste establecimiento, a travs de dragoneantes y algunos reclusos que tambin se encuentran en este complejo protegidos por la guardia, quienes desde el mes de noviembre del ao 2012 vienen hostigando y buscando la forma de atentar contra nuestros combatientes prisioneros como ocurri el da 30 de noviembre en el pabelln 5 del bloque 5, donde se les pidi a los pabelloneros que nos sacaran del patio porque habamos sido atacados y los pabelloneros nos obligaron a permanecer exponindonos a ser eliminados.

Para tal fin fueron utilizados algunos jibaros que queran montar el imperio del cacicazgo en el patio, con la bendicin de la guardia, junto a unos homosexuales para lavar un crimen poltico con el argumento del INPEC de que se trataba de simples peleas entre jibaros que se disputan el control de las drogas en los patios a los que se le suman los problemas pasionales entre homosexuales, buscando desprestigiar a los revolucionarios prisioneros.

Hoy por hoy continan con su hostilidad, ya no solo en el pabelln 5, sino en el uno del bloque 5 y en el pabelln B del bloque 3, donde hay Prisioneros de Guerra que nos negamos a renuncia a nuestra lucha revolucionaria.

El seor General Ricaurte, director general del INPEC, durante su administracin abandon sus funciones gerenciales para dedicarse a cumplir labores policiales, persiguiendo, amenazando, expiando, chuzando llamadas para perseguir a nuestros abogados, familiares y visitantes de todos los reclusos, convirtiendo al INPEC en un departamento de inteligencia y contrainteligencia al servicio de la Polica Nacional, quienes de la mano de la corrupcin y el clientelismo poltico tienen en completa ingobernabilidad a la institucin, al abandonar el Estado sus funciones y obligaciones constitucionales y administrativas para con los reclusos de todo el pas, poniendo en peligro la integridad fsica y la vida de nuestros hombres y mujeres en prisin.

Es por ello que para poder hacerle el seguimiento y perseguir a todos los familiares y amigos de los reclusos el INPEC -cumpliendo funciones de espionaje- orden a todos los reclusos del pas entregar un listado de cinco personas que estn registradas en el sistema de los diez visitantes que cada recluso puede tener, para que puedan hacer las consignaciones de dineros en el banco, con destino al interno para poder comprar en los expendios de cada establecimiento, medida que afecta directamente a los reclusos, ya que ningn particular le podra consignar sino son de los 5 autorizados agravando an ms el estado de vida de los reclusos porque el INPEC no cumple su obligacin de mantenimiento ni dotacin del mnimo vital que requiere cada prisionero o prisionera para sobrevivir en prisin, dejando en total desamparo a los reclusos, sin tener en cuenta que algo ms del 90% de los reclusos vivimos en total estado de calamidad econmica, por lo que la mayora sobrevive de la caridad que le brindan familiares y amigos. Pero los ms grave es que esta medida dictatorial y represiva tiene como fin el seguimiento simtrico y policiaco contra nuestros familiares y amigos, en un pas que dice llamarse democrtico y donde el presidente se ufana al pregonar en sus discursos ante organismos internacionales que en Colombia se respeta el Estado Social de Derecho y los principios democrticos, que falso es todo esto.

La Doctora Imelda Lpez Solrzano, directora del Penal, incomoda con nuestras denuncias y para silenciarnos de forma marrullera y vengativa, junto al General Ricaurte, hbilmente a travs de la seccional de salud de Ibagu, ordenaron internarme en un calabozo de la U.T.E. del bloque 2 como castigo y no por medidas preventivas de salud como los manifestaron al ser preguntado el motivo, ocultando que la verdadera razn era poder impedir que tuviera comunicacin fluida con los compaeros Prisioneros Polticos y miembros del Movimiento Nacional Carcelario que para ese entonces coordinaba la protesta pacfica en 23 crceles del pas. As fue que desde el da 28 de agosto al 20 de septiembre del 2012 fui incomunicado en los calabozos supuestamente de mxima seguridad, los seores pabelloneros encargados de esa seccin, de manera sospechosa y violando todas las medidas de seguridad, vulnerando mi seguridad, debido a que le entregaban las llaves del calabozo y del pasillo donde me encontraban (puerta nmero12) a un interno de su confianza que se desempeaba como ordenanza para que abriera la puerta y sacar a los internos, insistindome que saliera a la hora del sol con ellos; al investigar si este comportamiento irresponsable de la guardia era una constante me doy cuenta que jams ha sido as, pero tampoco despus, porque son calabozos de seguridad, que rara coincidencia...

Posteriormente al ser recluido en el bloque 5, pabelln 5, del mismo complejo, desde el 4 de octubre del 2012 hasta el da de hoy 25 de enero del 2013, en ms de diez (10) oportunidades me ha aparecido la puerta de la celda nmero 29, donde vivo solo, sin seguro despus de haber sido cerrada igual que las dems. En una ocasin, 20 de enero del 2013, como es de rutina a las 16 horas 10 minutos, hora promedio de encerrada en las celdas, me dejan por fuera en el patio con unos pocos internos, 5 o 7, entre ellos 3 desconocidos, cuando exijo que me ingresen a la celda y la aseguren, me dan la misma explicacin que las otras veces: que pena Don Tulio, eso fue una falla del auxiliar que se le olvid, olvidos tendenciosos y programados, porque en el libro de minutas y control que llevan los pabelloneros, estn las recomendaciones de mximas medidas de seguridad resaltadas con mi nombre y foto, junto al nmero de puerta, olvido que jams ocurre con otros internos. Otras coincidencias

La directora y el comandante de vigilancia del complejo tienen igualmente hostigados y sometidos al peligro a los compaeros Prisioneros Polticos y de Guerra en el bloque 3, seccin B de alta seguridad, y a los del patio uno (1) del bloque 5, por lo que responsabilizamos ante la comunidad nacional e internacional de lo que pueda pasar con la integridad fsica y con la vida de nuestros guerrilleros y guerrilleras prisioneros en COIBA Picalea; a la seora Ministra de Justicia, Doctora Ruth Stella Correa Palacio; al seor director general del INPEC, General Gustavo Adolfo Ricaurte; y a la seora directora del complejo, Imelda Lpez Solrzano, y a sus cuadros de mando porque nos estn brindando en bandeja ante otros reclusos que estn protegidos por el INPEC para quienes trabajan como cooperantes y desestabilizadores de la sana convivencia en los patios, para impedir que la unidad de los reclusos en el Movimiento Nacional Carcelario sea una realidad, prefiriendo al contrario traer nuevamente la guerra a los patios para que se les haga ms factible aplicar la violencia y la represin, y de esta manera tener el control absoluto.

La directora del complejo no cumple con sus funciones administrativas, tan solo se limita a obedecer rdenes del General Polica as como de su jefe poltico, del cual es cuota en el INPEC, lvaro Uribe Vlez. De ah la negativa de manera especial para que nuestros y nuestras camaradas sean atendidos de manera oportuna por sus graves quebrantos de salud, sin importar que estos estn lisiados por heridas de guerra o por haber sido raptados de clnicas, hospitales o lugares en donde se recuperaban por parte de los organismos de seguridad del Estado, para ser lanzados a los ms convulsionados patios, en muchos casos despojndolos de muletas, sillas de ruedas, bastones de apoyo o destrozndoles las prtesis para deteriorar su estado de vida. Asunto que podemos demostrarle a cualquier ente veedor que nos quiera escuchar y acompaar, no solo en este complejo, sino tambin a nivel nacional, ya que la Procuradura General de la Nacin, la Defensora del Pueblo y las Personeras, han hecho odos sordos porque no pueden o no quieren comprometer al Estado que es su patrn, por lo que hacen unidad de cuerpo en la impunidad con los otros organismos gubernamentales.

Somos conscientes del riesgo que corremos y de las represaras que nos aplican cada vez que denunciamos las aberraciones, no solo contra los Prisioneros Polticos, sino, contra toda la poblacin reclusa en Colombia por parte del INPEC. A pesar de esto consideramos una obligacin moral denunciar ante el mundo y ante las comisiones de DD.HH. de Cmara y Senado de la Repblica, as como ante las comisiones de Paz de las FARC-EP y del Gobierno Nacional que se renen en La Habana-Cuba, para buscar por va poltica y civilizada la solucin definitiva del grave conflicto social, econmico y poltico que ha desembocado en la confrontacin armada entre colombianos, pues el problema carcelario tambin tiene sus orgenes en lo econmico, en lo social y en lo poltico, el mismo origen de la guerra. Ante ello los Prisioneros Polticos de Guerra y de Conciencia, en unin con el Movimiento Nacional Carcelario, esperamos del Gobierno Nacional no temerle al dilogo hasta no definir una hoja de ruta conjunta que guie el destino de nuestra patria por medios diferentes a la de la guerra.

No entendemos por qu el Gobierno del Doctor Santos se contradice al aceptar que en Colombia hay un conflicto de carcter poltico, social y armado, razn por la cual se ha sentado a dialogar en el exterior con las FARC-EP para explorar por va diplomtica y poltica una solucin definitiva a la guerra, pero a la vez niega que hayan Prisioneros Polticos y de Guerra en Colombia, mientras que ms de 10.000 hombres y mujeres hemos cado en prisin como producto de esta confrontacin armada y poltica entre Estado, Insurgencia y sectores sociales de oposicin poltica al rgimen actual.

Consideramos que esa poltica srdida con la cual desconocen y niegan caprichosamente nuestro estatus de Prisioneros Polticos y de Guerra, sumado a la represin vengativa y sistemtica contra nuestros combatientes, as como a nuestros hermanos de otras organizaciones revolucionarias. Es una poltica peligrosa porque tienen el alma y el musculo antagnico que caracteriza a los guerreristas en todo el mundo, por ello alertamos que de no corregirse estaran volcando nuevamente la guerra a las crceles, puesto que quedaramos obligados a defendernos. Es as como en nombre y en representacin de las y los Prisioneros Polticos y de Guerra de las FARC-EP dejamos constancia histrica que eso no es lo que queremos, pero que si es a lo que el Estado nos est obligando con el accionar desmedido del INPEC (rgano represivo), que da tras da arrecia con su atropello sin tener en cuenta que adems de estar prisioneros, tenemos a varios y varias combatientes lisiadas en total estado de indefensin.

Por lo anterior expuesto y en nombre de los Prisioneros Polticos y de Guerra de las FARC-EP desde el complejo carcelario de Ibagu, hacemos las siguientes peticiones:

1) Que la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH. escuche a los voceros del Movimiento Nacional Carcelario y delegados de los Prisioneros Polticos en Colombia, para que verifiquen que nuestras peticiones y el estado en que viven los reclusos en todo el pas.

2) Solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que intervengan ante el Estado colombiano para que suspendan la represin, la persecucin y el accionar desmedido en contra de los Prisioneros Polticos y dems presos de todo el pas, as como la invitamos a verificar nuestras denuncias.

3) Solicitamos a la comunidad nacional e internacional su acompaamiento y exigencia ante el Estado colombiano, en particular al Gobierno del Doctor Juan Manuel Santos, para que respete y aplique los derechos que el D.I.H. reconoce a las y los prisioneros de guerra, as como reconocer nuestro estatus de Prisioneros Polticos.

4) Que las Comisiones de Derechos de Humanos de la Cmara y el Senado intervengan ante el Ministerio de Justicia y ante la direccin general del INPEC, para que sus directores regionales y locales, como los dems funcionarios, acten con imparcialidad ideolgica y poltica y que respeten nuestra condicin de Prisioneros Polticos y de Guerra, suspendiendo el asedio vengativo por nuestra condicin de rebeldes.

Desde el pabelln 5, bloque 5, del Complejo Carcelario de Ibagu (Coiba-Picalea).

TULIO MURILLO AVILA

Prisionero de Guerra de las FARC-EP


Fuente: http://www.traspasalosmuros.net/node/1113



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