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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-02-2013

Apertura a la participacin poltica sin reforma constitucional?

Camilo Gonzlez Posso


La agenda sobre participacin poltica va mucho ms lejos que la definicin de garantas o cuotas polticas a las FARC y se compromete con asuntos de gran calado en la ampliacin de la democracia representativa y en la de participacin directa.

Basta leer el punto 2 de la agenda de la Habana para constatar que ese debate y los posibles pactos conciernen a toda la sociedad.

-1. Derechos y garantas para el ejercicio de la oposicin poltica en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicacin. 
 -2. Mecanismos democrticos de participacin ciudadana, incluidos los de participacin directa, en los diferentes niveles y diversos temas. 
 -3. Medidas efecti vas para promover mayor participacin en la poltica nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la poblacin ms vulnerable, igualdad de condiciones y con garantas de seguridad.

Los derechos para la oposicin poltica estn relacionados directamente con la arquitectura institucional de Estado y no slo con las reglas de elecciones a corporaciones. La pregunta en este terreno no es qu se necesita para desmovilizar a las FARC sino qu hace falta para que se tenga un rgimen representativo democrtico, que no est controlado por grupos de inters, mafias y clientelas y qu falta para que sea realidad el Estado Social de Derecho y la democracia participativa. Un pedazo de ese dficit podr incluirse en los acuerdos de aplicacin inmediata que se anuncien en La Habana pero lo sustantivo es del resorte de toda la poblacin y deber asumirse por mecanismos democrticos y de soberana popular.

Es suficiente el marco constitucional que define los derechos de la oposicin?

"Artculo 112.- Los partidos y movimientos polticos que no participan en el Gobierno podrn ejercer libremente la funcin crtica frente a ste y plantear y desarrollar alternativas polticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se garantizan los siguientes derechos: de acceso a la informacin y a la documentacin oficiales; de uso de los medios de comunicacin social del Estado de acuerdo con la representacin obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; de rplica en los medios de comunicacin del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques pblicos proferidos por altos funcionarios oficiales, y de participacin en los organismos electorales.

Los partidos y movimientos minoritarios tendrn derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, segn su representacin en ellos.

Una ley estatutaria regular la materia. (CPC, 1991)

Despus de 21 aos de haberse aprobado el mandato constitucional, los sucesivos gobiernos y partidos que los han respaldado, se han negado sistemticamente a tramitar la ley estatutaria de derechos para la oposicin. Las escaladas de violencia, comprendido el genocidio contra la Unin Patritica y el asesinato de decenas de miles de lderes sociales y polticos, han sido la realidad de los derechos. La negativa a cumplir los pactos constitucionales sobre derechos de la oposicin, suman estas ltimas dcadas a tres dcadas de prolongacin del bipartidismo que durante el Frente Nacional excluyo por Plebiscito cualquier partido distinto a los llamados tradicionales y le dio, bajo el rgimen del Estado de Sitio y la doctrina de la Seguridad Nacional, tratamiento de guerra a los movimientos sociales de protesta.

A este nivel se ha anotado la necesidad de incluir como sujetos de la oposicin poltica a asociaciones de ciudadanos o de organizaciones civiles conformadas para intervenir en instancias de la democracia participativa y de control a la accin pblica. Desde el debate constituyente se alert sobre los riesgos de limitaciones a la legalidad de los partidos con las definiciones legales sobre el umbral y el criterio exclusivamente electoral de reconocimiento a partidos, movimientos o asociaciones polticas; incluso en ese terreno se advirti que en razn al derecho a la igualdad, toda organizacin social puede hacer acciones de oposicin y adems se puede pensar en que asociaciones polticas con los mismos derechos de los partidos cuando tengan como afiliados un nmero equivalente al nmero de votos del parlamentario con los menores requisitos o, en las entidades territoriales, con el mnimo de votos vlidos para elegir un diputado o concejal en las elecciones anteriores. En el abanico se han escuchado propuestas con ms requisitos, con el argumento de evitar la fragmentacin sin caer en la exclusin.

El monopolio de los medios masivos es parte del Estado Autoritario

Lo relativo a la democracia en la disposicin, usufructo o propiedad de los medios de comunicacin, tambin se debati sin mayor xito en la Asamblea Constituyente. El punto de partida ha sido la definicin de la comunicacin masiva y el uso de la radio y la televisin como servicios pblicos de responsabilidad del Estado cuyo acceso debe ser garantizado a todos los ciudadanos con criterios de pluralismo, libertad de expresin, diversidad, responsabilidad y prohibicin del monopolio u oligopolio y del control por poderes econmicos, polticos o corporativos.

Asunto importante de esa discusin de 1991 fue la necesidad de una regulacin exigente que impida el control por parte de un agente econmico o poltico de una modalidad de comunicacin sea ella escrita o audiovisual y tambin el control por integracin vertical de varios medios de comunicacin.

Y en lo relativo a la oposicin y a los movimientos o partidos surgidos en procesos de pactos de paz o finalizacin de conflictos armados, se debati la necesidad de su acceso y disposicin de canales de televisin cadenas de radio. El Noticiero AM PM fue un ensayo exitoso de esos mecanismos de participacin de la oposicin en medios masivos de comunicacin. Desafortunadamente esa experiencia se frustr ante al avance de la privatizacin de los grandes medios de radio y televisin y su entrega a los grupos econmicos.

El Estatuto de partidos y el de la oposicin se han mostrado insuficientes para la democratizacin del rgimen y la superacin de la desigualdad y asimetra extrema en el ejercicio de la poltica en contra de quienes no participan en el gobierno nacional o de entidades territoriales. Las maquinarias regionales o nacionales siguen reproducindose a partir de manejo clientelista y patrimonial del Estado, de los presupuestos, los sistemas de contratacin y el control de entidades pblicas. Y a esto hay que aadir la exclusin o la imposicin de procedimientos que mantienen el monopolio de las vertientes bipartidistas y de las formaciones de unidad liberal conservadora, sobre todos los organismos de control, la funcin pblica, las altas cortes y, en la prctica sobre los organismos electorales.

Cambiar el rgimen

En esa lgica, para llegar a lo que corresponde a un pacto final de solucin del conflicto armado, hay que tener el panorama general y disear la ruta de los posibles cambios. En La Habana se esperan pactos parciales en esta materia, tan amplios como sea posible y lo limitados que sea necesario para el anuncio de terminacin definitiva de las hostilidades.

En el Congreso de la Repblica y en diversos escenarios se han identificado las falencias del rgimen poltico y los vacos que quedaron en este terreno cuando se aprob la Constitucin Poltica en 1991. Mucho se ha repetido la frase de lvaro Gmez Hurtado cuando, en su condicin de presidente de la Asamblea Constituyente afirm que hemos cambiado la constitucin pero no el rgimen.

La constatacin de esa apreciacin se ha tenido en estas dcadas en situaciones de cooptacin del Estado por estructuras criminales, mafias, paramilitares, narcoparamilitares y parapolticos. Durante los ltimos veinte aos han sido factor clave en aparatos del Estado, unas veces con representacin directa en ms de una tercera parte del Congreso de la Repblica, otras con notoria presencia en el ejecutivo y en las coaliciones de gobiernos desde los municipal y departamental hasta lo nacional. Con esas posiciones de poder han logrado normas y redes dirigidas a consolidar conquistas polticas o representadas en activos y privilegios para sus negocios. De modo que desmontar estructuras mafiosas y narco polticas en el Estado es una necesidad para la democracia y la paz.

Pero la incidencia de las mafias es slo una parte del problema a superar. Otros poderes econmicos y polticos an ms importantes, han actuado para disputarle las posiciones a las mafias y tambin para fortalecer o conformar instituciones cooptadas y consolidar el modelo neoconservador de Estado al servicio de grandes negocios. En ese proceso de tensiones y pugnas se han trasformado y reencauchado las viejas maquinarias bipartidistas y han mutado en un tripartidismo que mantiene mucho de la vieja matriz en la cual los gamonales regionales se adaptan y transitan de lado a lado para mantenerse como intermediarios de grandes intereses y distribuidores corruptos de cuotas y rentas del Estado.

La contrarreforma que se inici al otro da de la aprobacin de la Constitucin de 1991, como se evala en el libro Memorias para la democracia y la paz, a los 20 aos de la Asamblea Constituyente, ha avanzado mucho con ms de 25 actos legislativos y un arsenal de leyes. En esa evaluacin se seala que no se ha llegado hasta la destruccin de lo esencial del orden constitucional y que con el actual se podran revertir construcciones legislativas que han ido montando un rgimen ultrapresidencialista y autoritario. Pero no faltan voces que llaman la atencin sobre la fractura que han significado reformas como la de la reeleccin, el retorno de cuotas de clientela desde el presupuesto de la nacin, el dominio de las Cortes y de los rganos de control por los herederos del bipartidismo, la superposicin del megaderecho a la sostenibilidad fiscal por encima de todos los derechos. Se elimin la norma constitucional que dejaba la posibilidad a la expropiacin sin indemnizacin y en cambio se instituy legalmente la propiedad de ttulos mineros como un derecho por encima de toda otra propiedad. Con la reforma a la justicia que ya ha sido aprobada en primera vuelta, se debilita la independencia de las Cortes, se favorece a los congresistas ante procesos similares a los de la parapoltica y se mantienen lo graves problemas de falta de acceso y diligencia en el aparato judicial. (Gonzlez, 2012)

Todo este panorama conduce a aceptar que si se pretende un marco jurdico para la paz definitiva y la transicin completa al fin de los conflictos armados y a una sociedad no violenta, an quedan cambios constitucionales por hacer. Algunos de esos cambios quedaron pendientes en 1991, como los relativos al ordenamiento territorial, revocatoria ciudadana del mandato, mocin de censura y otros contenidos de la democracia participativa, democratizacin del sistema de partidos, regulacin contra el monopolio u oligopolio en los medios masivos de comunicacin y en el control del campo electromagntico. Muchos constituyentes han sealado que qued pendiente un rgimen tributario verdaderamente progresivo y de solidaridad, una institucionalidad fuerte para la proteccin de los recursos naturales y del reconocimiento efectivo del derecho al agua, a la democratizacin de la propiedad de la tierra y de los derechos bsicos universales. (Gonzlez, 2012)

Por supuesto que todos estos temas no estn en la agenda de La Habana, pero en cambio si deben estar en la agenda de la sociedad para la construccin de la paz.

En La Habana no termina la construccin de paz y democracia y mayor ser el aporte si hay coincidencias sobre los procedimientos a seguir para que la sociedad entera complete la tarea de hacer realidad en Colombia la democracia representativa y la de participacin.


(*) Camilo Gonzlez Posso es Director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliacin de Bogot.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.




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