Portada :: Ecuador
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 16-02-2013

Crisis neoliberal y reconfiguraciones estatales
Ecuador y la heterodoxia sudamericana

Franklin Ramrez Gallegos
Rebelion


99% vs. 1%

La vigente crisis del capitalismo neoliberal ancla hoy en da sus ms complejos efectos en los dominios de los que hasta hace poco se consideraban los estables centros de la economa mundo. El imperativo de tranquilizar a los mercados financieros ha empujado a la recesin en la zona euro y a una desaceleracin del crecimiento en EEUU. Aunque desde un inicio la gestin de la crisis ha sido asumida desde la perspectiva de la ortodoxia fiscalista y la disciplina presupuestaria, las calificadoras de riegos voceras de las finanzas transnacionales y comisarias de la poltica econmica global- no dejan de demandar cada vez ms austeridad y mayor control de la deuda pblica a los estados. En los ltimos meses dicha lgica se ha vuelto implacable incluso en regiones donde la histrica prestancia del Estado pareca jugar en contra del fcil dominio de la agenda pblica por los intereses de los mercados.

 

En efecto, el programa de crisis de la eurozona he estado marcado por sucesivas amenazas de Standard & Poors (S&P) con bajar la calificacin de riesgo de las deudas pblicas de sus pases miembros. A los ojos de los mercados financieros, ni las polticas de represin presupuestaria ni las drsticas medidas para el control de la deuda que provocaron, en el Reino de Espaa, una inconsulta reforma constitucional para fijar un lmite al endeudamiento de las administraciones pblicas- lucen como decisiones lo suficientemente ambiciosas para enfrentar la crisis. As, luego de la cumbre europea de diciembre 2011, donde ya se adoptaron una serie de reformas institucionales que refuerzan el pilotaje de la gran banca sobre el conjunto de las economas, S&P rebaj la nota de nueve pases Europeos. Francia y Austria perdieron su triple A e Italia fue situada en el nivel de Colombia y Per. Irnicamente, en su comunicado del 13-01-2012 la agencia calificadora que segn P. Kurgman otorg la mxima calificacin crediticia a los activos txicos que causaron la debacle en el mercado financiero norteamericano en el septiembre negro de 2008- seal que el proceso de reformas [de la eurozona] basado nicamente en el pilar de la austeridad fiscal tiene el riesgo de provocar su propio fracaso".

 

En este escenario, y en medio del ascenso al poder sin el voto popular de tecncratas prximos al poder bancario (Italia, Grecia) y de la impaciencia con que se golpea cualquier atisbo de gestin democrtica de la crisis -Francia y Alemania concordaron con las bolsas de valores en condenar, y luego bloquear, el intento del ex primer ministro griego de someter a referndum un plan de rescate financiero- todo apunta a que en el futuro inmediato se refuerce el poder de clase del bloque neoliberal: la alianza de los jerarcas del mundo financiero, los gerentes y profesionales de la banca y, ms atrs, partidos alineados con el credo de la disciplina presupuestaria. Bajo dicha hegemona, el imperativo del control del dficit pblico continuar sofocando cualquier poltica activa de los estados y trasladando los costos de la crisis a las grandes mayoras.

 

stas ltimas, no obstante, ya han dejado mltiples evidencias de su frustracin poltica. Animadas por la primavera rabe contra gobiernos despticos, en el corazn de otra gran parte de las protestas sociales que tuvieron lugar en diversos puntos del planeta desde los indignados madrileos, las movilizaciones en Tel Aviv, los estudiantes chilenos, el Occupy Wall Street (OWS) del bajo Manhattan, a las movilizaciones en 951 ciudades el 15 de octubre 2011- se observa no solo la mundializacin del malestar popular con los efectos de la crisis del capitalismo y, ms an, con sus modos de gestin, sino la abierta contestacin al bloque de poder que pilotea, desde inicios de los aos 70 del siglo pasado, el vigente rgimen de acumulacin flexible, el capitalismo neoliberal, que domina el globo.

 

Los ocupantes de Liberty Street, a una cuadra del Banco de la Reserva Federal de New York, lo han expresado con nitidez: somos el 99%. El uno por ciento restante condensa al poder corporativo de la banca, de las finanzas y, simplemente, de los ms ricos entre los ricos: el gobierno del dinero organizado para retomar la expresin con que F. Roosevelt calific a la plutocracia que se opuso a sus polticas durante la gran depresin de los aos 30. Sidney Tarrow encuentra diversos aires de familia entre la repulsa de Roosevelt y la indignacin de los movilizados en Wall Street. No obstante, a diferencia de entonces hoy en da el poder poltico norteamericano apenas ha dado seales de simpata con los manifestantes mientras ha ratificado su voluntad de proteger a los mercados: En su rueda de prensa, luego de reconocer que entiende la ira de los movilizados, el Presidente Obama enfatiz la plena continuidad de su apoyo al sector financiero [2].

 

La contestacin de Occupy Wall Streer (OWS) al poder corporativo global, la demanda de los indignados por democracia real ya y el salto, propulsado por los estudiantes chilenos, de reivindicaciones por la gratuidad de la educacin universitaria y en contra de su financiamiento a travs de la banca privada[3] hacia demandas de reforma tributaria, tejen entre s una impugnacin de doble filo: los intereses del mercado financiero juegan en contra de las necesidades de los ms mientras el poder poltico se enajena de la defensa del bien comn para acercarse a la representacin de banqueros, acreedores y especuladores globales. El hecho de que tal impugnacin contenga una correcta aprehensin de la correlacin de fuerzas a nivel global no debe hacernos confundir sobre el carcter real de las movilizaciones que se despliegan en su torno. Se trata de un conjunto de luchas que en trminos generales contienen demandas parciales y defensivas buscan menos promover un avance de la sociedad que evitar la profundizacin de los retrocesos y la prdida de conquistas sociales en medio del ataque sistemtico al estado social[4]- y que se trazan en los lmites fijados por el an frreo dominio del poder transnacional del capital financiero.

 

Tal es la cuestin que suele perderse de vista en el anlisis de un espectro no despreciable del pensamiento crtico con relacin a la orientacin, y al desempeo mismo, de los diferentes proyectos gubernativos de las izquierdas sudamericanas. Ms all de sus retricas altisonantes, y del mismo hecho que algunas de sus expresiones hayan trado de vuelta la idea del socialismo a sus programas, el escenario poltico en que tales gobiernos se desenvuelven no deja de estar configurado por los vectores de dominacin del poder de las finanzas globales en que se sostiene el neoliberalismo. Reconocer aquello no supone, como cierta vulgata insina, dimitir poltica e intelectualmente de la bsqueda de alternativas anti-capitalistas concretas pero s busca enfocar, sin veleidades ideolgicas, el especfico terreno de la lucha poltica como condicin necesaria para una ponderacin adecuada de los avances, tensiones y contradicciones de los gobiernos progresistas de la regin.

 

El nuevo tiempo del Estado en Amrica del Sur

En su globalidad, y luego de una acelerada crisis de legitimidad del neoliberalismo, los gobiernos de izquierdas procuran reconstruir y re-direccionar las mediaciones socio-polticas que han contribuido a la integracin subordinada de los territorios nacionales en la dinmica de acumulacin especulativa del capital financiero. La recomposicin de tales mediaciones se catapulta en el nivel nacional a travs de la accin poltica de los Estados. Quebrar su iniciativa poltica, su deber de regular los mercados y su capacidad de direccin del conjunto social ha sido parte medular del proyecto poltico del neoliberalismo. Contra ella se dirige el vigente relanzamiento ms o menos voluntarista y/o institucionalizado segn los casos- del Estado al primer plano de la coordinacin social en mltiples experiencias gubernativas sudamericanas.

 

La nocin de integracin implica, no obstante, que un Estado no puede escoger no estar integrado es concebible una estrategia de aislamiento?- y que acta en un contexto internacional determinado. De hecho, an en el marco del debilitamiento estatal promovido por el neoliberalismo, ello nunca signific que las polticas nacionales sean del todo irrelevantes sino que estn limitadas por las pautas de la acumulacin financiera global. Desde esta perspectiva, en medio de una intensa conflictividad poltica, la accin estatal engrana estrategias que pueden apuntalar mayor o menor grado de autonoma y soberana en relacin a la determinacin global[5].

 

Aunque para diversos sectores, incluso progresistas, el espacio de lo local -ciudades-estado, mini-gobiernos, regiones autonmicas- brinda las mejores condiciones para la recomposicin democrtica de las mediaciones polticas y sociales con los mercados globales, los gobiernos de izquierdas han optado por la reconfiguracin de la dimensin estatal-nacional de la poltica y de la accin pblica y por la configuracin de un espacio poltico regional (UNASUR, CELAC) como dinmicas fundamentales en la tensin con la estructura global de poder. Se perfila as una estrategia neo-soberanista que, reivindicando la auto-determinacin de los intereses nacionales, realiza una apuesta geo-poltica por la integracin (sub) regional -que rompe as con la tradicin liberal de un tipo de integracin regida por lo puros intereses comerciales- mientras toma distancia de un nacionalismo refractario a reconocer la dinmica de los intercambios globales.

 

As, an si han incorporado demandas localistas y autonomistas en sus plataformas de reconstruccin del poder estatal, tales gobiernos no parecen receptivos a la idea de propulsar regmenes territoriales de autonoma plena fcilmente digeribles por la globalizacin neoliberal. La centralidad poltica del Estado contiene ms bien previas tendencias a la atomizacin (Ecuador, Bolivia) -propulsadas por proyectos autonomistas de base regional dispuestos a forjar republiquetas hostiles a toda idea de una comunidad poltica nacional- y recupera la iniciativa de los aparatos centrales de cara a gobernar y a mantener presencia activa en el conjunto del espacio nacional. De hecho, los gobiernos de cambio anclan parte de su legitimidad en haber logrado que sus plataformas programticas interpelen a la sociedad como proyectos nacionales. Luego del prolongado ciclo de des-estatizacin de la economa y des-nacionalizacin de la poltica que acompa al neoliberalismo, las arenas estatales reemergen entonces como el terreno en el que se ponderan los intereses nacionales sin cuya definicin resulta inviable imaginar vas alternativas de insercin externa.

 

Es este retorno del Estado el que ha provocado las ms virulentas reacciones de las elites bancarias, empresariales y financieras nacionales que, en su momento, impulsaron polticas de desregulacin, liberalizacin y privatizacin que pulverizaron las capacidades estatales de promocin del desarrollo nacional, control del mercado y redistribucin de la riqueza social. Vertientes de izquierdas y sectores con sensibilidades autonomistas tambin contestan la centralidad que los gobiernos sudamericanos asignan a la reestructuracin estatal. Por un lado argumentan, en tono funcionalista, que todo lo que hace al Estado contribuye a la reproduccin del capital y por otro, en una mirada anti-institucionalista que bordea una visin anti-poltica de corte conservador, que solo en la accin colectiva autnoma reside el potencial para construir opciones alternativas.

 

La crtica conservadora combina elementos de la doctrina liberal el imperativo del estado mnimo como garanta de la no intromisin de la poltica en las iniciativas individuales (la libertad negativa) y en la fluidez del mercado- con la ms llana defensa de un puado de intereses particulares que florecieron en los tiempos de la des-regulacin. La crtica autonomista presupone, por su parte, un corte tajante entre auto-organizacin social e institucionalidad poltica bajo una mirada moralizante de las virtudes siempre emancipatorias de movimientos sociales virginales. En tal lectura, la poltica estatal solo puede contaminarlos y derruir su capacidad de movilizacin utpica. La distancia del movimiento social con respecto a la poltica-instrumental es imprescindible para preservar su potencial de imaginacin crtica[6]. Pero creer que la sola reivindicacin de la autonoma de los colectivos resuelve el dilema de la lucha por el poder estatal y la transformacin social es una ilusin que puede conducir al aislamiento del movimiento social de la disputa por el cambio histrico y, ms an, a una suerte de feudalizacin de sus luchas en micro-arenas de actividad pblica (hegemona de ONG ). 

 

Por su parte, la crtica funcionalista del Estado como una pieza ms de la reproduccin del capitalismo pierde de vista que el estado es una forma de relacin social contradictoria y que sus acciones, su andamiaje organizativo y su misma orientacin estn atravesados por dicha contradiccin. De all que las polticas y las instituciones estatales que pueden aparecer como conquistas de los sectores populares y de las clases subalternas contribuyen tambin a la legitimacin de un sistema que tiende a perennizar su condicin. La historia de los derechos sociales y las instituciones de bienestar, arrancadas al capital por los de abajo, refleja de modo ntido la complejidad de tal ambivalencia. Decir, entonces, que el estado constituye una pura continuidad del capital aparece como una abstraccin incapaz de captar la contradictoria dinmica de los intereses que se materializan en su seno y, sobre todo, como una generalizacin que no da cuenta de los conflictos histricos que pueden orientar la accin estatal hacia la defensa de los intereses mayoritarios, la produccin de bienes colectivos y la confrontacin de las lgicas excluyentes e inequitativas sobre las que se funda el capitalismo.

 

Dicha orientacin es siempre una posibilidad que, condicionada por las lgicas de acumulacin global, depende de la capacidad de las fuerzas en disputa en cada territorio nacional para inscribir sus demandas en la materialidad del Estado e incluso para encaminarlo como el principal recurso para la transformacin social. Esto ltimo abre el interrogante, de modo particular, sobre el sentido de las decisiones polticas de las instituciones y de las elites nacionales responsables de la conduccin gubernativa en cada sociedad. En lo que sigue, el texto se adentra en esa discusin a partir de la experiencia gubernativa del gobierno del Ecuador en el perodo 2007-2012.

 

La reconstruccin del poder estatal

Decir que el retorno del Estado supone la quiebra poltica del poder de las finanzas globales y del consenso neoliberal puede resultar una generalizacin tan banal como aquella que sostiene que todo lo que toca al Estado alimenta al capital. Si se trata de entender la orientacin general del cambio poltico en curso cabra ms bien que indagar, por un lado, en qu medida el relanzamiento del estado definido como prioridad estratgica por los distintos gobiernos progresistas de la regin logra desmontar al ncleo duro de la agenda neoliberal establecida, con diferentes modalidades y ritmos, en cada pas y, por otro, si las polticas que aquellos han adoptado abren la va para disputar en el mediano plazo la configuracin de esquemas alternos de acumulacin y distribucin de la riqueza y de formas democrticas de coordinacin social. Ambas cuestiones dependen, sobre todo, de la capacidad de las nuevas coaliciones de poder para conducir el andamiaje estatal con relativa autonoma respecto a las constelaciones neoliberales y a los grandes intereses particulares en cada pas.

 

A este respecto la contienda democrtica no es para nada sencilla. La procura de la autonoma estatal demanda una combinacin de reformas institucionales progresivas y de decisiones polticas radicales que, de modo ineludible, abren lneas de confrontacin y conflicto con la amalgama de sectores nacionales y transnacionales que han capturado para s las instituciones pblicas. De all que, sin soporte y articulacin popular, difcilmente los gobiernos civiles que empujan dicha contienda podran avanzar en sus propsitos e incluso perseverar en el poder. Ms all de su potencia y su anclaje social, sin embargo, tales gobiernos deben tambin dar muestras de su capacidad para deshacer los factores polticos y los marcos regulatorios que han otorgado enormes facultades de veto a determinados centros de poder independiente -los poderes fcticos- en relacin a la determinacin de una agenda pblica que responda a los intereses de los ms.

 

Aunque el arribo al poder de dichos gobiernos estuvo precedido por una oleada de protesta y resistencia social que, desde mediados de los aos noventa[7], resquebraj la hegemona del proyecto neo-conservador, ha sido en el curso de sus mandatos cuando la lucha poltica alcanza un carcter dirimente en relacin a la superacin de la agenda ortodoxa. A lo largo de la ltima dcada no ha estado en juego entonces, nicamente, la gobernabilidad del sistema poltico sino la recomposicin global de la matriz de poder social[8] a fin de asegurar la viabilidad de nuevas polticas de desarrollo nacional propulsadas desde la agencia estatal: ah el vigente desgarramiento de la poltica sudamericana hacia su faz de pura expresin de fuerza e intereses contrapuestos. La propia evolucin de la gestin pblica, atravesada por disputas de alta y baja intensidad, se ha moldeado en un entorno de extremo realismo de poder gubernativo orientado a la resolucin de este momento pan-poltico. El encadenamiento de batallas electorales (sobre todo visible en Venezuela, Ecuador y Bolivia) ha sido una pieza clave en tal perspectiva y ha abierto procesos de movilizacin en torno a unas fuerzas gobernantes que, como en  los pases andinos, llegaron al poder sin estructuras partidarias slidas y carentes de real experiencia poltica y administrativa.

 

Los escenarios de procesamiento de la lucha poltica varan, en efecto, en las distintas experiencias gubernativas de las izquierdas sudamericanas segn el grado de consolidacin de las fuerzas que las conducen. Para los gobiernos que llegaron al poder con partidos polticos institucionalizados el problema del cambio se ha presentado, prioritariamente, en las arenas del desarrollo econmico nacional y de la justicia distributiva (equidad, combate a la pobreza, etc.). Sus organizaciones ya han ocupado un espacio reconocido en el sistema de partidos y, aunque busquen ampliar su margen de influencia pblica en l, incorporar nuevos sectores sociales en el proceso democrtico o incluso realizar ciertas reformas institucionales, no pretenden y no les hace falta recomponer integralmente el rgimen poltico. Por el contrario, para los emergentes lderes de vocacin transformacional sin partidos polticos estructurados ms o menos institucionalizados, la posibilidad del cambio se ha presentado como una ruptura conflictiva con el modo de organizacin social[9] en su conjunto y dentro de ste, en primer trmino, con el orden poltico en el que no tenan cabida. Su agencia poltica no ha buscado nicamente sacar a sus sociedades de un estado de crisis social especfico sino, a la vez, reconfigurar el espacio poltico en la perspectiva de ampliar las condiciones que les permitan instituirse en el tiempo y consolidar el proceso de cambio que abanderan. Crisis y cambio aparecen, as, como problemas eminentemente polticos que requieren alterar los escenarios y las relaciones de poder vigentes. Ah el lugar de las Asambleas Constituyentes y el peso de los liderazgos polticos como mecanismos institucionales para la refundacin de la comunidad poltica, la recomposicin del orden poltico y el trazado de una nueva matriz de organizacin de las relaciones sociales que, recuperando capacidades de accin estatal, resquebraja la centralidad de la liberalizacin de la economa y el peso de la regulacin pro-mercado en la coordinacin del conjunto social.

 

En el caso del Ecuador, en el contexto del proceso poltico abierto con la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente (2007-2008) y del inmenso revs electoral que supuso para las fuerzas de la derecha la eleccin de los constituyentes[10], el gobierno nacional de la Revolucin Ciudadana tom una serie de medidas que, reivindicadas desde hace ms de una dcada por el movimiento popular, daban cuenta de la reconfiguracin de la matriz de poder social del pas: el fin del convenio de cooperacin militar que permita a EE.UU tener presencia en la Base de Manta; la ratificacin de la caducidad del contrato con la petrolera norteamericana OXY; la suspensin de la negociacin del Tratado de Libre Comercio con EEUU; la ilegalizacin de la terciarizacin laboral; la declaracin de ilegitimidad de un tramo de la deuda externa; la incautacin a los bienes de los banqueros implicados en la quiebra del sistema financiero (el feriado bancario) y la dolarizacin de la economa (2000), entre otras.

 

La orientacin programtica de tales decisiones expresaba el virtual desacoplamiento del poder poltico democrticamente sancionado y los circuitos transnacionales y algunas expresiones de las clases dominantes en su forma de especficas redes empresariales, bancarias, familiares que sostuvieron el largo proceso de liberacin de la economa (ver anexo 1), captura rentista de las instituciones pblicas, debilitamiento del Estado y plena subordinacin de la poltica exterior a los intereses de Washington. Si en los primeros aos de gobierno dicha orientacin de la agenda pblica responda, en lo fundamental, a la voluntad de la nueva clase poltica, en lo posterior su capacidad decisional se catapult en la reconstruccin de los factores de poder que habilitaran el relanzamiento del estado al centro de la coordinacin social as como la recuperacin de la rectora estatal sobre el conjunto de las polticas pblicas. Cuatro lneas de decisin gubernativa y nueva regulacin institucional han tenido particular relevancia en la reconstruccin de los factores que habilitan, en trminos de poder, el nuevo dinamismo de la agencia estatal:

 

En primer lugar, un conjunto de medidas orientadas a la gestin nacional sin interferencia del capital global- de una porcin sustantiva del excedente local proveniente de rentas de recursos estratgicos. La creacin, fortalecimiento y /o capitalizacin de empresas pblicas en sectores claves de la economa (petrleo, minera, servicios pblicos[11], etc.) y la renegociacin de contratos con diversas transnacionales de cara a incrementar los mrgenes de participacin estatal en los ingresos y regalas que se producen en tales sectores (p.e, petrleo) aparecen como decisiones fundamentales de cara a la creacin y (re) apropiacin estatal de recursos con alta capacidad de generacin de renta diferencial[12]. A contramano del sentido comn neoliberal capturar porciones del capital global a travs de la apertura a la inversin extranjera, las zonas de libre comercio y la plena movilidad del capital-, dicha estrategia es de capital importancia para un estado perifrico de cara a elevar los grados de libertad (soberana) respecto al poder global.

 

En segundo trmino, se alude a una serie de opciones polticas encaminadas hacia el resquebrajamiento de las correas de trasmisin decisional del capital financiero sobre la economa nacional. Luego de la apertura de una auditora integral de la deuda externa[13] y de la declaratoria de ilegitimidad de ciertos tramos de endeudamiento (sobre todo deuda comercial), el gobierno nacional encamin procesos de judicializacin contra presuntos implicados en la adquisicin fraudulenta de crdito, declar una moratoria tcnica y, posteriormente, entr en un default de una parte significativa de la deuda contenida en los bonos 2012 y 2030. Bajo este marco el pas logr retirar el 93% de la deuda representada en tales bonos. La transformacin radical de la gestin pblica de la deuda adquirida por el pas hasta 2006 ha implicado la reduccin substantiva del peso de la deuda externa en la economa nacional[14] y, de modo ms significativo, ha recortado el poder de la especulacin financiera en su torno.

 

En tercer nivel cabe situar a una serie de medidas orientadas a reforzar la centralidad de la poltica tributaria y la capacidad recaudatoria del estado en el marco de un nfasis en la progresividad en los impuestos[15] y de la necesidad poltica de contener la histrica rebelda tributaria de las lites y de los grandes grupos de poder econmico. La implantacin de una reforma tributaria progresiva se ha situado en el centro de la nueva agenda pblica desde el inicio mismo del ejercicio gubernativo de la Revolucin Ciudadana y ha redundado en un incremento del 65 por ciento en la recaudacin entre el ciclo 2003-2006 y aquel 2007-2010. El nfasis en la transformacin de la poltica tributaria que ha significado un ntido crecimiento de la presin fiscal[16]- parece fundamental en un pas en el que la estructura de los ingresos del fisco depende largamente de la capacidad recaudatoria del Estado nacional[17].

 

En cuarto nivel, el impulso de la reforma institucional del estado orientada a recuperar las capacidades de rectora, regulacin y control del gobierno central sobre el conjunto de la agenda pblica, a incrementar los niveles de presencia estatal en los territorios (desconcentracin ms que descentralizacin), a racionalizar el aparato administrativo y a regular la implantacin de ciertos arreglos corporativos al interior de las instituciones pSe tratararinacionalidad-07-2011, en el centro

pautas de produccionban blicas[18]. Ms all de la especificidad de la nueva arquitectura institucional -en cuya reconstruccin el gobierno ecuatoriano ha colocado un pronunciado nfasis[19]-, tal reforma ha supuesto, sobre todo, un ajuste en la comunidad de tomadores de decisiones y en las redes de poltica pblica que dan forma a la agenda gubernativa en cada rea de poltica. As, la tecnocracia neoconservadora, vinculada o proveniente del lobby bancario y empresarial, que comand la reforma liberal de los aos 90, se encuentra ahora bsicamente desplazada de la correa de transmisin de decisiones en mbitos neurlgicos de la accin estatal. De igual modo, para los organismos no gubernamentales, agencias internacionales y consultoras que promovieron la nueva cuestin social -equidad, focalizacin de la poltica social, participacin civil, presupuestos sostenibles, etc.- y que llegaron a capturar importantes mrgenes de autonoma decisional en la determinacin de la agenda pblica de diversos sectores ha resultado muy complejo consevar su influencia poltica y, en muchos casos, si quiera insertarse en las nuevas redes de gestin pblica[20].

 

Aunque la profundidad de este conjunto de decisiones ha sido desigual ha permitido que el gobierno se coloque en mejores condiciones de disputar la centralidad del Estado y en algunos casos apenas su legtima intervencin- en la determinacin de la agenda pblica a nivel nacional. Se tratara de la apertura de un momento, indito en el vigente perodo democrtico, en que las condiciones de poder habilitan y legitiman la operacin del Estado como actor poltico en capacidad de enfrentar, e incluso zanjar a favor del inters general, mltiples negociaciones con diverso tipo de agentes sociales y polticos que haban capturado segmentos fundamentales de la poltica pblica. Lo que en el terreno del cambio en la correlacin de fuerzas aparece como un proceso de construccin y reconstruccin de ms o menos nuevas coaliciones, bloques y/o redes de poder, en el terreno de la accin estatal se decanta como una efectiva disposicin poltica e institucuional para alcanzar mayores mrgenes de autonoma relativa y capacidad decisional con respecto al entorno de actores sociales y polticos, nacionales, transnacionales y locales, que preservaban alto poder de veto sobre un amplio conjunto de decisiones del poder civil democrticamente electo.

 

El escenario de retorno estatal, en el marco de un incremento de los recursos polticos y de la capacidad gubernamental de toma de decisiones, abri diversos frentes de conflictividad poltica en el pas. El extraamiento del poder, ms all incluso de los mismos contenidos de la agenda pblica, agita a los desplazados: los gremios asociados a la banca, al comercio, a las exportaciones, a los grandes medios y a otros sectores privados no han cesado en su confrontacin con la Revolucin Ciudadana. La poltica tributaria ha abierto, por ejemplo, diversas querellas judiciales entre el gobierno y el alto mundo empresarial. A la vez, mientras algunas empresas transnacionales han denunciado al Ecuador ante las instancias globales de regulacin del comercio y de las inversiones, en no pocas ocasiones desde los grandes tenedores de deuda se ha especulado sobre una posible fuga de capitales, un nuevo feriado bancario o el fin de la dolarizacin. Si bien el gobierno logr contener algunos de estos embates y mostr alta iniciativa poltico-judicial en los litigios contra el Estado[21], an le quedan diversos procesos pendientes en los tribunales creados para el arreglo internacional de conflictos asociados con las inversiones por ejemplo, el proceso abierto con la petrolera Oxy. Diversos actores, por otra parte, han contestado la orientacin general de una reforma del estado que desactiva medidas especiales y bolsones de excepcionalidad institucional que, segn el gobierno, han reproducido formas de apropiacin puramente particularista o corporativa dentro del Estado[22].  En medio de esta conflictividad, el alto capital poltico del gobierno y los mayores mrgenes de autonoma del poder civil han permitido el sostenimiento de una poltica heterodoxa de desarrollo nacional en medio de la prolongada crisis global del rgimen de acumulacin flexible y de las incesantes presiones por la vuelta a la desregulacin estatal, la austeridad fiscal y la seguridad jurdica para las grandes inversiones.

 

La transicin post-neoliberal

En el perodo 2007-2011, entonces, la sociedad y la nacin hacen uso de su Estado como agente fundamental para encaminar, desde un reconstituido espacio de soberana poltica, una estrategia heterodoxa de desarrollo. En el discurso de la ortodoxia neoliberal, por el contrario, la globalizacin es vista como una situacin en la cual los Estados-nacin pierden relevancia. All reside, en trminos conceptuales, una de las principales diferencias con la agenda del Consenso de Washington[23]. El desmontaje del ncleo duro de dicho programa comprende lneas especficas de accin pblica. Aunque muchas de ellas tienden a converger entre los pases de la regin, una de las particularidades del proceso de cambio en el Ecuador reside en la constitucionalizacin de gran parte de las polticas de ruptura con el viejo orden. A continuacin se describen algunas de ellas.

Recuperacin de la planificacin pblica. La Carta Magna, aprobada por el 63% de la poblacin en septiembre 2008, coloc a las funciones de planificacin en el centro de la construccin del nuevo rgimen del desarrollo y del buen vivir[24]. Para ello fija la obligatoriedad de constituir un Sistema descentralizado de planificacin participativa que fija los grandes lineamientos del desarrollo y las prioridades del presupuesto e inversin pblica[25]. Ello se ha materializado en el protagonismo que ha adquirido la Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo en la concepcin de la agenda de transformacin social y reforma del Estado.

 

La afirmacin del rol del Estado como promotor del desarrollo. De modo contrario al discurso ortodoxo, que plantea que el ahorro externo y la inversin extranjera son los principales mecanismos de financiamiento del desarrollo, el gobierno ha otorgado prioridad a los capitales nacionales y al ahorro interno como medios para dinamizar el desarrollo nacional. La Revolucin Ciudadana expidi, en este sentido, el Cdigo de Planificacin y Finanzas Pblicas que ampla los instrumentos presupuestarios de accin pblica y desmonta las sinuosas regulaciones encaminadas en dcadas pasadas para reducir a su mnima expresin la posibilidad de dinamizar el gasto pblico[26]. As mismo se opt por repatriar y movilizar los recursos de la Reserva Internacional Monetaria de Libre Disponibilidad, antes depositados en la banca extranjera, hacia la inversin productiva y la activacin de la banca pblica. En similar orientacin, los recursos colocados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se cre el Banco del Afiliado- han sido dirigidos al financiamiento de proyectos nacionales estratgicos y hacia polticas de expansin de la vivienda. El uso del ahorro nacional ha sido condenado por el discurso ortodoxo como una poltica que atenta contra la prudencia fiscal. La Constitucin establece, sin embargo, que la poltica fiscal no podr estar desligada de la generacin de incentivos para la inversin productiva. Bajo este paraguas, entre 2007 y 2011 la participacin de la inversin pblica como porcentaje del PIB creci en promedio hasta el 11,7%, es decir, ms del doble que en el ciclo 2001-2006 (5,4%). Durante 2009, en medio de la gran crisis del capitalismo global, tal indicador lleg incluso a situarse en niveles histricos cercanos al 14%. La poltica contra-cclica del gobierno contuvo as los efectos ms complicados de la crisis an si el desempleo tendi a crecer. Se trata, en suma, de un ciclo en que el peso del Estado en la promocin y el financiamiento del desarrollo aparecen como factores gravitantes en el desenvolvimiento de los diferentes sectores de la economa nacional.

 

Regulacin econmica. En medio de una permanente confrontacin con los sectores bancarios y financieros, el gobierno ha planteado diversas iniciativas de regulacin y control de las finanzas y la banca en procura de bajar las tasas de inters, conseguir la repatriacin de sus reservas depositadas en el exterior, dinamizar el aparato productivo y apuntalar a la banca pblica y cooperativa. El esquema de desregulacin financiera de los aos 90 se revierte. Particularmente sensible en esta perspectiva fue la expedicin, desde el poder legislativo, de una nueva regulacin que elimina la autonoma de Banco Central y determina la centralidad del poder ejecutivo en la fijacin de la poltica monetaria. Para el discurso ortodoxo, la independencia de los bancos centrales ha sido presentada como un valor fundamental a fin de conquistar la confianza de los mercados. En relacin a la regulacin del poder bancario la Constitucin estipul igualmente que su propiedad accionaria se concentre solo en actividades ligadas a la banca. Por otro lado, se promulg una ley de control del poder de mercado (ley anti-monopolio) que permite sancionar los abusos de las grandes firmas y que faculta al ejecutivo para, en determinados casos, definir polticas de precios en mbitos neurlgicos para el consumo de la poblacin.

 

Poltica comercial y nueva integracin regional. En un pas dolarizado y sin capacidad de devaluar la moneda local algo que hicieron los pases vecinos en medio de la crisis global de 2009- una poltica comercial activa emerge como recurso bsico para dinamizar la produccin nacional y para precautelar los desequilibrios en la balanza de pagos. El gobierno nacional ha intentado esbozar una agenda en esa direccin. El camino no le ha sido fcil. Adems de negar la opcin de un TLC con los EE.UU y de mostrarse renuente a firmar similar tipo de acuerdo con Europa, el gobierno ha intentado diversificar los productos y los destinos de las exportaciones. Las presiones empresariales por reabrir una agenda de libre comercio con las economas ms fuertes del planeta se incrementan de manera proporcional a su inercia productiva (primario-exportadora) y a las dbiles respuestas gubernamentales por resolver los enormes problemas de la balanza comercial[27].

En el marco de las dificultades por esbozar una poltica comercial activa, el gobierno ha dado prioridad a la ampliacin del arco de relaciones geo-polticas del Ecuador y a la aceleracin de los procesos de integracin regional abanderados por el eje Brasilia-Buenos Aires-Caracas. El gobierno nacional se ha sumado al apuntalamiento de tales procesos: adems de los acuerdos estratgicos con Venezuela y el financiamiento de proyectos estratgicos con Brasil, China, Irn y Rusia, el Ecuador impulsa activamente a la flamante UNASUR (cuya sede est en Quito) y a la Alternativa Bolivariana para las Amricas (ALBA). Entre el realismo de poder en el sistema internacional (cercana con Brasil) y perspectivas contra-hegemnicas para procurar su transformacin (eje ALBA), la Revolucin Ciudadana ha tomado medidas pragmticas como ampliar la presencia consular del Ecuador en el globo; decisiones radicales como el fin de la participacin del pas en el Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversin (TBIs).

Ha liderado adems propuestas innovadoras para una nueva arquitectura financiera regional como el Banco del Sur y el Fondo Comn de Reservas del Sur as como el apuntalamiento del Sistema nico de Compensaciones Regionales (S.U.C.R.E). Este ltimo propende a emplear asignaciones en moneda electrnica a fin de minimizar los costos de transaccin del comercio regional desvinculndolo de los condicionamientos de la utilizacin del dlar u otra divisa[28].

Poltica laboral. En el marco del proceso constituyente el gobierno anunci la ilegalizacin de la terciarizacin laboral y en lo sucesivo plante esquemas de control pblico a las empresas con el fin de evitar la continuidad de mecanismos de flexibilizacin contractual. A la vez se recompuso la poltica de aseguramiento universal procurando reafirmar la obligatoriedad de la afiliacin a la seguridad a las personas en rgimen de dependencia laboral y evitar toda forma de precarizacin de las condiciones de trabajo[29]: as, entre 2007 y 2011 el porcentaje de ocupados plenos con seguridad social ha pasado del 38% a un porcentaje superior al 57%. La nueva Carta Magna aporta adems, de modo significativo, en un enfoque que apunta a revertir una de las dimensiones de la desigualdad categorial que ms afectan las relaciones sociales de gnero, a saber, aquella que distingue el trabajo productivo del trabajo domstico y reproductivo[30]. La Constitucin reconoce pues el trabajo no remunerado de auto sustento y cuidado humano y garantiza la seguridad social progresiva a las personas responsables del trabajo no remunerado (que, en su abrumadora mayora, son mujeres). La inercia neoliberal se observa, no obstante, en la continuidad de marcos regulatorios que no estimulan, y que incluso dificultan, la organizacin colectiva del trabajo.

Polticas distributivas. En el marco del objetivo de consolidar una sociedad de derechos, el texto constitucional otorga un rol central al papel distributivo del Estado. Dicho imperativo depende de la capacidad de la sociedad para obtener recursos y de las polticas de asignacin que se implementen. Respecto a lo primero, se ha visto ya que desde 2007 ha aumentado la presin fiscal. En correspondencia, se observa que en relacin al presupuesto general del Estado la inversin social pasa del 18% durante el ciclo 2001-2006, al 26% en promedio durante el vigente ciclo gubernativo[31]. En lo que concierne a las modalidades de asignacin se pueden identificar cuatro lneas de accin:

Poltica salarial: el gobierno ha decretado diversas alzas en el ingreso bsico de los trabajadores entre 2009 y 2011. Al comparar los promedios anuales, en 2008 el ndice del salario real fue de 117,15, el promedio en 2009 asciende a 122,46 y para 2010 se coloca en 131,12[32]. En medio de la crisis econmica el salario real fue compensado en 3,6%, es decir, similar a la inflacin anual. As, las polticas del Gobierno han ayudado a que se mantenga, e incluso incremente, el poder adquisitivo de los hogares[33]. Si en 2007 el ingreso familiar promedio cubra el 65,9% del costo de la canasta bsica, en 2011 dicha relacin se coloca en 85,3%.

 

Poltica de transferencias directas y susidios: Destaca aqu el aumento del Bono de Desarrollo Humano un programa que tiene como beneficiarios a los hogares pobres y extremadamente pobres- de 15 a 35 dlares. Dicho programa ha sido uno de los principales ejes de accin del Estado desde hace ms de una dcada. En el nfasis que el gobierno ha puesto en su continuidad se observan, nuevamente, las inercias de una visin focalizadora de la poltica social propia del neoliberalismo[34]. Un cierto distanciamiento con dicha perspectiva se observa en la decisin de hacer de los receptores del Bono sujetos de crdito ante el sistema financiero. En la misma lnea, se duplic el Bono de la Vivienda de 1800 a 3600 dlares (en el sector rural lleg a 3960) y se cre un Bono para las personas que se ocupan del cuidado de personas discapacitadas. El gobierno ha defendido tambin la continuidad del subsidio universal del gas domstico y de la gasolina y promulg tarifas diferenciadas en los servicios pblicos[35].

Polticas con tendencia universalista: se hace referencia a la eliminacin de las barreras de acceso a la educacin y a la salud pblicas en procura de la universalizacin de su cobertura. Se suprimi el cobro de 25 dlares para la matrcula en escuelas y colegios, se distribuyeron los textos escolares de modo gratuito y se entregaron uniformes a los alumnos de las escuelas rurales. En el campo de la salud se eliminaron los costos de las consultas mdicas, se ampli el acceso a medicamentos esenciales gratuitos y se normaliz la jornada de atencin a 8 horas. Para ambos sectores se ha elevado el nmero de partidas disponibles (nmero de profesores y mdicos) y la inversin en infraestructura bsica. En la misma ptica universalista, la constitucin fij la gratuidad de la educacin pblica universitaria.

Los factores productivos: La distribucin de los factores de produccin tambin est contemplada en la Carta Magna. El gobierno solo ha avanzado, no obstante, con el traspaso y la titularizacin de las tierras improductivas de propiedad estatal y con la venta de acciones de las empresas incautadas a los trabajadores. El grueso de la reforma agraria est pendiente. La ley que habilita cierta redistribucin del agua qued, a la vez, entrampada en el legislativo en medio de una intensa conflictividad entre, por un lado, el gobierno y diversas organizaciones indgenas respecto a la institucionalidad del sector hdrico y, por otro, entre el oficialismo y algunos grupos empresariales que prefieren que el sector hdrico contine, como desde 1994, desregulado y sin autoridad estatal.

En este ltimo nivel se observa la otra faceta de la autonoma relativa del Estado en el perodo de gobierno de la Revolucin Ciudadana: la capacidad de veto de determinados grupos de poder (dentro y fuera del gobierno) y de ciertos anillos burocrticos, aunada al parcial aislamiento del gobierno en relacin a las organizaciones sociales as como la debilidad de stas- bloquean el avance de las decisiones que puedan encausar la distribucin de los factores de produccin que inciden directamente en la relacin entre el salario y el capital. An en tales condiciones, si se asume que en la estructura del gasto pblico se expresa parte de la correlacin de fuerzas de una sociedad, se constata que el ciclo 2007-2011 registra una reconfiguracin de las bases materiales de la reproduccin social y un giro en la orientacin de la agenda pblica y de las prioridades redistributivas.

Las polticas de redistribucin reconstruyen, en este sentido, una matriz de inclusin social proteccin del poder adquisitivo, continuidad de las subvenciones, combinacin de polticas universalistas y focalizadas de proteccin social y acceso a derechos- que se funda en el imperativo de reducir la pobreza y procurar mayores niveles de igualdad[36]. La riqueza social beneficia a un ms amplio conjunto de sectores, estratos y clases sociales. En medio de presiones por mayor prudencia fiscal, un cmulo de demandas populares largamente represadas obtienen as respuesta institucional y amplan el margen de confianza ciudadana en la accin pblica. sta ltima toma forma material en el Estado y no se limita entonces al voluntarismo de la conduccin poltica como repite el pensamiento conservador en su evocacin al fantasmagrico carisma del lder populista o como errticamente insiste el propio marketing oficialista.

 

Ms all de la transicin, qu?

Entre la recuperacin de las capacidades de accin estatal y el desafo de la integracin regional, los gobiernos progresistas procuran replantear las lgicas de poder que subyacen a su histrica inercia de un tipo de integracin subordinada al mercado global. Apuntalados en la estrategia de apropiacin estatal de una porcin significativa de las ingentes rentas provenientes de las ventajas comparativas, dichos estados ganan mrgenes de autonoma en relacin al sistema internacional y consiguen, en consecuencia, poner en marcha un conjunto de polticas que se distancian de la an dominante lgica de acumulacin flexible propia del capitalismo neoliberal. El sostenimiento de tal estrategia depender no obstante, adems de la preservacin de los factores de poder que la apuntalan de diverso modo en cada pas, de la capacidad de los experimentos de integracin regional sobre todo el Banco del Sur como banca de desarrollo regional- para colocarse como entidades suprarregionales que capturen y valoricen el capital que circula por la regin as como aquel excedente producido en su interior[37]. El apuntalamiento de la banca regional de desarrollo supondra ciertos grados de desconexin del ciclo del capital global lo que protegera a la economa regional del enceguecido dominio de la especulacin financiera- y la posibilidad de reorientar el financiamiento ms all del eje primario-exportador -dominante incluso en pases con mayor diversificacin econmica como Argentina o Brasil- hacia la promocin de una articulacin alternativa entre los distintos tipos de economa y produccin existentes (popular, social, privada, estatal)[38] en los pases de la regin.

 

Pasado el primer momento de la disputa poltica por la reconstruccin de las capacidades estatales y, desde all, de la reconfiguracin de las mediaciones con el mercado global, el desafo de la transicin en curso en los modelos de desarrollo dominantes en la regin reside pues en la posibilidad de modificar el patrn de especializacin productiva ms all de la centralidad de las exportaciones primarias. La salida del neoliberalismo ampla las posibilidades de dicha reconfiguracin, al menos en la medida en que se cuestiona la primaca de las finanzas sobre el sector real de la economa, pero bajo ninguna perspectiva la garantiza. De hecho, aunque la estrategia estatal de reapropiacin del excedente que proviene de las rentas de recursos estratgicos eleva los mrgenes de soberana nacional respecto a la estructura del poder global, tambin puede contribuir a la continuidad del lugar de cada pas, y de la regin en su conjunto, en la vigente divisin internacional del trabajo.

 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013) del gobierno ecuatoriano reconoce tal situacin y seala que en las prximas dos dcadas el pas deber transitar hacia una economa de servicios, centrada en el conocimiento, y hacia el desarrollo de la industria nacional en el marco de una poltica de sustitucin selectiva de importaciones[39]. Ello apunta a superar, en el mediano plazo, la centralidad del sector primario y de las exportaciones petroleras en la economa nacional. Las bases de la transformacin en la estructura productiva del pas no terminan sin embargo de esbozarse con claridad. Entre 2007 y 2011 el sector industrial del pas se ha mantenido en torno al 14%, el sector primario ha experimentado un leve descenso desde 26,1% a 23,1% y el sector servicios registra un cierto repunte de 51,5% a 53,6%[40]. Por lo dems, el dilema de cmo financiar la transicin en el patrn de especializacin productiva parece no tener ms alternativas, en el presente, que el desarrollo hidrocarburfero y minero. Dicha opcin estratgica ha abierto una dinmica de conflictividad socio-poltica con sectores que rechazan un tipo de transicin que, an cuando contiene elementos post-neoliberales y redistributivos, reitera en formas convencionales de explotacin de los recursos naturales.

 

El debate abierto al respecto no permite an esclarecer en qu medida y bajo qu modalidades y criterios el excedente generado por la dinmica extractiva se encaminar hacia el apuntalamiento de las fuerzas productivas locales y la industria nacional en el horizonte de construccin de una economa diversificada y plural y de una sociedad de plenos derechos. Si tal dilema no escapa, como ya se ha sugerido, a la necesidad de una mnima convergencia entre los esfuerzos de financiamiento endgeno del desarrollo nacional y aquellos que se derivaran de la aceleracin de las tendencias de integracin regional, requiere adems de un conjunto especfico de polticas pblicas que incentiven nuevos modos de articulacin entre lo pblico-estatal, lo privado y lo popular-comunitario, que abran las opciones para la innovacin y la transferencia cientfica y tecnolgica en los diversos sectores de la economa, que vuelva efectivos los procesos de distribucin de los factores de produccin y que, en suma, propicie la expansin de la produccin nacional en una perspectiva que considere los lmites biofsicos de la naturaleza y el carcter social y solidario que la Constitucin confiere al conjunto de la economa. Todas estas cuestiones requieren de la preservacin de los mrgenes de autonoma relativa del Estado en articulacin con la movilizacin autnoma de los actores sociales que han soportado las dinmicas concentradores y excluyentes de la economa centrada en las finanzas y las exportaciones primarias. La debilidad de tales fuerzas y la fragilidad de dicha articulacin abren interrogantes sobre la sostenibilidad poltica de la transicin post-neoliberal en el Ecuador del siglo XXI.

 

En cualquier caso, la continuidad de dicha agenda estar en el centro de la disputa poltica en la contienda electoral de inicios de 2013. De cara a dicha contienda, y mientras la crisis del capitalismo neoliberal arrecia en el norte del planeta, el gobierno nacional puede exhibir unas robustas cifras econmicas que combinan, entre 2011 y 2012, tasas de crecimiento que oscilan entre 5% y 8%, una de las tasas de desempleo urbano ms bajas de los ltimos aos y la ms baja de la regin (inferior a 5%), y la continuidad de las polticas distributivas. El dinamismo estatal empuja una importante actividad econmica con capacidad de movilizar el empleo, promover la igualdad y regular al mercado. Si esta constelacin de polticas post-neoliberales ha conseguido impregnar a la sociedad[41], las finanzas, desde luego, no se fan: el mapa-mundi de S&P coloca al Ecuador en la zona roja para inversores y acreedores con una calificacin de riesgo soberano que ha oscilado entre CCC+ y B- en los ltimos dos aos. Para enero 2012, solo Bolivia, Venezuela y Argentina alcanza ndices semejantes. La heterodoxia sudamericana no convence a los mercados. As como tampoco los representantes locales de stos consiguen hacerlo, desde hace ya una dcada y en la mayora de pases de la regin, con los electores.

 

 

Anexo 1.

 

 

La reforma neoliberal en Ecuador

 

Aunque diversos analistas sostienen que en el Ecuador el neoliberalismo no avanz con la profundidad de otros pases en Amrica Latina, el caso es que para la segunda mitad de los aos 90 el pas haba alcanzado un alto grado de cumplimiento de la agenda de reformas estructurales segn lo establecen diversos trabajos concernidos con la medicin de aquellas a nivel regional[42]. 

 

Liberalizacin comercial: El Ecuador tiene un ndice de apertura comercial de 0,953 para 1995, ao en el que el promedio regional es de 0,946. A este ao el Ecuador tena una apertura mayor que Brasil, Colombia, Per y Venezuela y niveles comparables con Chile. Desde 1996, en ocasin de la reunin de Organizacin Mundial de Comercio, el pas prosigui con la eliminacin de casi todas las restricciones arancelarias.

 

Desregulacin del mercado financiero: Desde 1992 el ndice de desregulacin financiera es largamente superior al promedio latinoamericano en una relacin de 0,980 a 0,927.

 

Liberalizacin de cuentas de capitales: el promedio nacional tambin supera en este aspecto al promedio latinoamericano: 0,860 a 0,848.

 

Privatizaciones: Desde 1984 el ndice de privatizaciones de Ecuador ha estado por debajo de la media: para 1995 el pas tena un ndice de 0,663 frente al 0,782 del promedio regional.

 

 Reforma tributaria: El ndice ecuatoriano es inferior (0,551) al promedio regional (0,573)

 

A partir de estos cinco ndices, el estudio de Samuel et. Al (1999) construye un ndice general, a 1995, sobre el desempeo regional de las reformas. El ndice ecuatoriano se ubicaba muy prximo al promedio latinoamericano (0,801 frente a 0,821) y era igual o superior al de Brasil, Colombia, Honduras, Mxico y Venezuela. Las reformas estructurales hasta mediados de los 90 mantuvieron similares patrones de comportamiento que el resto de la regin.

 

El promedio para el continente marca ndices promedios bajos para la reforma tributaria y las privatizaciones y muy altos para la liberalizacin comercial, de cuentas de capital y la desregulacin financiera. En estos tres ltimos aspectos, columna vertebral del rgimen de acumulacin flexible, el pas se sita por encima de la media latinoamericana. A ellos cabe aadir un aspecto, no evaluado en los estudios citados, pero de alta relevancia en la configuracin del ajuste neoliberal: la desregulacin del mundo del trabajo y la flexibilizacin laboral. En el pas, el rgimen de flexibilizacin fue consagrado, tempranamente, a inicios de los aos 90.

 

NOTAS

Una versin extensa del texto puede ser encontrada en la Revista Lnea Sur, Revista de Poltica Exterior, No. 2, Mayo/agosto 2012, pp. 84-104.

[2] S. Tarrow, 2011, Why Occupy Wall Street is Not The Tea Party of the Left en Foreign Affairs (10-10-2011). Accesible en lnea: www.foreignaffairs.com/articles/136401/sidney-tarrow/why-occupy-wallstreet-is-not-the-tea-party-of-the-left?page=2. Traduccin del autor.

[3] Como seala la dirigente estudiantil Camila Vallejo Si utilizramos las ganancias que tiene una sola gran minera, lograramos financiar toda la educacin superior. Todo podra ser gratuito, porque tiene un costo de 2,2 billones de pesos ($2.200 millones), que es la utilidad que tiene una gran minera Lo que queremos es asegurar la gratuidad para las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores -24 instituciones-. Para las otras universidades, buscamos un sistema de financiamiento ms amigable, como un Fondo Solidario, eliminando completamente a la banca privada, en Necesitamos un cambio constitucional en Chile, 13-10-2011, en www.librered.net/?p=11465 (subrayado nuestro).

[4] Ver B. De Sousa Santos, 2011, La huelga general, en http://firgoa.usc.es/drupal/node/50539.

[5] Ver M. Thwaites Ray, 2008, Qu estado tras el experimento neoliberal?, Revista del CLAD No. 41.

[6] Ver M. Saint-Upry, 2004, La mistificacin de lo social, en Revista Barataria No. 1, La Paz-Bolivia.

[7] Ver al respecto F. Ramrez Gallegos, 2006, Mucho ms que dos izquierdas, Revista Nueva Sociedad, No. 205, Buenos Aires (septiembre-octubre), pp. 30-44.

[8] Con esta nocin se alude, ms all de la poltica formal, al conjunto de pautas distributivas que permiten a las fuerzas sociales acceder a los mecanismos de decisin y a los medios de produccin, organizacin y comunicacin sobre cuya base se instituye, y se disputa, el poder poltico. Ver. C. Offe, 1990, Contradicciones del Estado de Bienestar, Madrid: Alianza Editorial.

[9] O. Ozlak (2007) plantea que este concepto integra los componentes de desarrollo econmico, gobernabilidad democrtica y equidad distributiva y no se limita al problema de los sistemas democrticos o del Estado democrtico (pp. 50). Ver, El Estado democrtico en Amrica Latina. Hacia el desarrollo de lneas de investigacin, Nueva Sociedad No. 210, julio-agosto, Buenos Aires.

[10] La Revolucin Ciudadana obtuvo 80 de los 130 curules de la Asamblea y el resto de fuerzas progresistas 10 ms. Tal configuracin de la representacin dejaba a los partidos conservadores sin capacidad de mayor incidencia en los debates constitucionales. 

[11] Hago referencia a los sectores de telecomunicaciones, correos, ferrocarriles, e hidroelctricas.

[12] Para 2011, la extraccin pblica duplica la extraccin privada de petrleo y luego del proceso de renegociacin de contratos el Estado percibe U$D 46 millones adicionales por cada dlar de aumento en el precio del barril. Ver Senplades, 2012, Evaluacin Plan Nacional para el Buen Vivir, Quito.

[13] En 2007 por decreto ejecutivo se crea la Comisin para la Auditora Integral del Crdito Pblico (CAIC), conformada por expertos, ciudadanos y representantes de organizaciones nacionales e internacionales. La CAIC audit diversas modalidades de adquisicin crediticia a nivel comercial, multilateral, bilateral, entre 1976 y 2006.

[14] As, mientras que la ratio deuda pblica/PIB llegaba al 49% en el perodo 2000-2006, en el perodo 2007-2011 se coloca en 25%. En cuanto al gasto pblico, si en 2006 se destinaba 24% del presupuesto al pago de la deuda externa, para fines de 2011 esta cifra baja al 7%. Ver Senplades, ibid.

[15] La participacin de los impuestos directos en el total de la recaudacin se increment en 11 puntos durante el vigente periodo de gobierno: pas de 34% a 43% del total de la recaudacin entre 2006 y 2010.

[16] En 2006 Ecuador posea un valor de su presin fiscal del 10,38%. Para 2011 este indicador se coloca en el 14,3%. (Ver Senplades, ibid).

[17] En efecto, para 2011 el peso de los ingresos no petroleros en los ingresos permanentes del fisco representa una participacin del 53%. Ver, Ministerio de Coordinacin de la Poltica Econmica, 2012, Informe de indicadores macroeconmicos febrero 2012, Serie Ecuador Econmico, Quito (pp. 4).

[18] Los intentos des-corporativizadores se han dirigido tanto hacia los grandes grupos econmicos como a los arreglos corporativos societales expresados, por ejemplo, en el control del gremio de profesores pblicos sobre las tareas de seleccin y evaluacin docente. El gobierno recuper la presencia estatal en tales tareas.

[19] De las 103 leyes aprobadas en el ciclo 2007-2011, el 29% se orientan a la reestructuracin del estado. Dicho porcentaje solo es superado por aquel que corresponde a la garanta de derechos (30%). Las reformas en el rgimen de desarrollo han sido objeto, por su parte, del 23% de las leyes aprobadas en el vigente ciclo gubernativo (Ver, Senplades, ibid., pp. 100).

[20] Ver F. Ramrez Gallegos, 2010, Decisionismos transformacionales, conflicto poltico y vnculo plebeyo. Poder y cambio en las izquierdas sudamericanas del siglo XXI, en Amrica Latina 200 aos y nuevos horizontes, VV.AA, Buenos Aires: Secretara de Cultura de la Nacin.

[21] El Estado redujo el monto (de 941 a 149 millones de dlares) de las demandas econmicas exigidas por cuatro inversionistas en cortes extranjeras en 2008. Se lleg tambin a arreglos con diversas empresas para que abandonen sus demandas. La negociacin ms compleja fue con Brasil luego de la decisin ecuatoriana de expulsar a la constructora Odebrecht por incumplimiento de contrato.

[22] As, por ejemplo, el putsch policial del 30 de septiembre de 2010 estara vinculado a diversas reformas institucionales encaminadas a deshacer mecanismos de proteccin estamental de la fuerza pblica. Ver al respecto, F. Ramrez Gallegos, 2010, El da ms triste. La revolucin ciudadana y las batallas por el Estado en Ecuador, en Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, (noviembre).

[23] Ver L. C Bresser Pereira, 2007, Estado y mercado en el nuevo desarrollismo, en Revista Nueva Sociedad, No. 210, julio/agosto, p. 110-125.

[24] Con la nocin de buen vivir o sumak kausay algunos sectores de la RC han buscado reorientar la discusin sobre el problema del desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20072010 la idea del desarrollo fue definida como: La consecucin del Buen Vivir de todas y todos, en paz y armona con la naturaleza y la prolongacin indefinida de las culturas humanas. Ver Senplades, PND, 2007.

[25] El Cdigo de Planificacin, la Ley de Participacin Ciudadana y el Cdigo de Ordenamiento Territorial, Autonomas y Descentralizacin, aprobados en el parlamento entre 2009 y 2010, son las tres leyes que configuran la nueva arquitectura en que se sostiene el andamiaje de la planificacin.

[26] Por ejemplo se derogaron la Ley Orgnica de Responsabilidad, Estabilizacin y Transparencia Fiscal y otras regulaciones que colocaban rgidos lmites al gasto y al endeudamiento pblico y que suponan la existencia de fondos de estabilizacin colocados en la banca internacional a fin de recomprar deuda (uno de tales fondos, el FEIREP, destinaba el 70% de los recursos all colocados a la recompra de los papeles de deuda) y guardar las reservas pblicas para hacer frente a eventuales choques externos.

[27] En el momento ms lgido de la crisis capitalista 2008-2009, adems del esfuerzo por inyectar recursos a la economa, el gobierno dio visos de una poltica comercial activa a travs del sostenimiento a determinados sectores productivos por la va de la aplicacin de salvaguardas a las importaciones. Dicha medida abri un margen de tensin con los pases vecinos, sobre todo con el Per, ms proclives a la plena liberalizacin de los mercados. La aplicacin de las salvaguardas favoreci a ciertos sectores de la industria nacional, hizo descender los niveles de importacin y logr contener la salida de divisas. Luego de superada la crisis dichas salvaguardas no fueron conservadas en su totalidad. Ello se tradujo, en aos posteriores, en la continuidad de los problemas con la balanza comercial.

[28] El total de transacciones del Ecuador en S.U.C.R.Es pasa de 7198.225 a 262226.922  entre 2010 y 2011.

[29] Una de las preguntas de la Consulta popular de mayo 2011 plante la penalizacin de los patrones que no afilien a sus trabajadores a la seguridad social: 55% de la poblacin vot a favor de dicha medida.

[30] Ver P. Palacios, 2008, Los derechos de las mujeres en la nueva Constitucin, Documento de Internet: www.institutgouvernance.org/fr/analyse/ficheanalyse-452.html.

[31] Al relacionar el gasto social con el servicio a la deuda se concluye que antes del 2007 los recursos destinados al pago de deuda duplicaban a la inversin social. Hoy sucede lo contrario.

[32] Ver, Ministerio Coordinador de la Poltica Econmica, 2011, Informe de desempeo de la economa ecuatoriana 2010, Quito: MCPE (pp. 16).

[33] Ver Acosta, A. et. Al (2010). Una lectura de los principales componentes econmicos, polticos y sociales del Ecuador durante el ao 2009, Quito: FLACSO-ILDIS (pp. 65).

[34] Ver Ramrez Gallegos, F. y Minteguiaga, A. (2007). El nuevo tiempo del Estado, 2007, Revista OSAL No.22, segundo semestre, CLACSO: Buenos Aires.

[35] Por ejemplo, la Tarifa de la dignidad (electricidad) que disminuye a la mitad el valor de cada kilovatio hora para los sectores de bajo consumo y eleva dicha tarifa a los sectores medios y medios altos.

[36] Desde 2006 la pobreza por ingresos a nivel nacional cay del 37,6% al 28,6%, mientras que el coeficiente de gini pas de 0,54 a 0.47 a nivel nacional (Senplades, 2012, ibid., pp. 59).

[37] Ver M. Thwaites Rey, 2010, Despus de la globalizacin neoliberal. Qu Estado en Amrica Latina? en Cuadernos del Pensamiento Crtico Latinoamericano No 32. CLACSO, julio.

[38] Ver P. Pez, 2011, Crisis econmica internacional, nueva arquitectura financiera, entrevista, en Lnea Sur, Vol.1, No. 1, pp. 193-204.

[40] El restante 9% alude a otros elementos del PIB como derechos arancelarios, impuestos indirectos sobre las importaciones e impuesto al valor agregado (IVA), menos las subvenciones. (Senplades, ob. cit., 2012: 19).

[41] Segn el reporte del Latinobarmetro 2011, el estado ecuatoriano se sita entre los dos estados valorados como ms justos y eficaces en toda la regin (Ver, www.latinobarometro.org).

[42] Ver Lora, E. (2002). Las reformas estructurales en Amrica Latina. Qu se ha reformado y cmo medirlo?, BID: Research Department Working Papers Series No. 462; y Samuel, S., Machado R., y S. Pettinato, (1999). Indexes of structural reform in Latin American, Serie Reformas Econmica - CEPAL 



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter