Consideran que el borrador de la reforma del Código Penal (concretamente la modificación de artículo 318 bis) promovido por el Ministerio dirigido por Alberto Ruiz Gallardón pretende establecer “una persecución penal de la ayuda humanitaria y solidaria a la situación de las personas en situación administrativa irregular en función criterio del Ministerio Público”.
Bajo el lema La hospitalidad no es delito, las organizaciones sociales animan a todas instituciones públicas y la ciudadanía en general a sumarse a esta campaña estatal con el objetivo “de que la reforma no vea la luz, porque vulnera nuestros derechos y los Derechos Humanos”, explica Torregrosa. Los ayuntamientos de Málaga y Vélez-Málaga ya han aprobado la adhesión a esta campaña.
Algunos de los promotores que invitan “a sumarse a esta campaña para tratar de promover un modelo de convivencia basado la diversidad y la interculturalidad y que ponga en valor de forma clara los valores de la convivencia y solidaridad con todos nuestros vecinos” son S.O.S. Racismo, Médicos del Mundo, Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els inmigrants, Federación de mujeres progresistas, Convivir sin racismo y Centro de Pueblos Unidos.