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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-02-2013

Ms males para la Universidad pblica

Vctor Alonso Rocafort
Colectivo Novecento


 

El pasado viernes 15 de febrero se hizo pblico el Informe que la Comisin de Expertos (en la foto), nombrada por el ministro Jos Ignacio Wert, ha realizado de cara a la Reforma del Sistema Universitario Espaol que pretende impulsar el Partido Popular. Junto al Informe, se ha publicado una Addenda con dos votos particulares disconformes con algunos aspectos de aquel.

Por si la situacin de la Universidad pblica ya era difcil, la reforma propuesta en el Informe ahondara an ms en los males que aquejan a la institucin desde hace dcadas. De aceptarse, estaramos as ante una reforma i) antidemocrtica; que ii) consagra la endogamia y las jerarquas enquistadas en la institucin; mientras iii) se prosigue en el deterioro de lo pblico abriendo espacios de ganancia a la iniciativa privada a costa, entre otras cosas, de la economa de los estudiantes.

i) En primer lugar, por tanto, estamos ante una iniciativa antidemocrtica.

Desde el Informe Universidad 2000 llevamos ms de una dcada de sucesivas reformas legislativas que, previamente, se impulsan desde Comits de Expertos como este. Ni la comunidad universitaria ni la sociedad en su conjunto se ven implicadas en unos procesos elitistas que se presentan de manera tecnocrtica. Hemos de recordar que las decisiones sobre la Universidad son polticas, no tcnicas. En esta ocasin, destaca de nuevo la injerencia del Banco Santander en el rumbo de la Universidad pblica: de los 9 expertos responsables del Informe, el nico que no es un profesor funcionario es Matas Rodrguez, vicepresidente tercero de este banco. Por supuesto, no hay ni un miembro del personal de administracin y servicios (PAS), ni tampoco un solo estudiante.

La Universidad pblica que salga de las recomendaciones de este Informe, adems, acentuar los rasgos antidemocrticos en su gobierno. Se despoja a la comunidad universitaria de la posibilidad de elegir por sufragio al Rector, cuyos poderes se reforzarn an msnombrar, por ejemplo, directamente a los decanos. El Rector ser elegido por un nuevo rgano, el Consejo de la Universidad, que fusiona el antiguo Consejo Social y el Consejo de Gobierno. El 25 por cien de este nuevo Consejo ser escogido directamente por la Comunidad Autnoma, con el consiguiente riesgo de influencias partidistas en su seno. Entre sus 21 y 25 miembros, se indica, habr al menos un estudiante y un miembro del PAS. Al Presidente de este Consejo plenipotenciario que escoge Rector, que lo controla, que aprueba Presupuestos y define estrategias lo elegirn miembros no pertenecientes a la propia Universidad. Finalmente el Claustro, formado por representantes del personal docente, administrativo y de estudiantes, aunque tenga en su mano el nombramiento del 50 por cien del Consejo de la Universidad, pasar a tener mero carcter consultivo. En la propuesta se destina tan solo un 10% del Claustro a estudiantes, y otro 10 por cien a PAS.

Se apuesta as por un modelo de gestin privada. Habr una convocatoria internacional para Rector, quien contar con plenas funciones ejecutivas, acaparando un poder discrecional no sometido a control democrtico alguno. El nuevo Consejo de la Universidad surge con el expreso referente de universidades estadounidenses, como la de California (pp. 41-42 del Informe), que tantas crticas ha suscitado desde hace dcadas por representar una oligarqua: es decir, unos pocos con poder y mando para casi todo.

La excusa para implantar este modelo de gobierno, una vez ms, es dotar de agilidad y eficiencia a la gestin. As, se quita a la comunidad universitaria la posibilidad de dirigirse a s misma. Dentro de la Estrategia Universidad 2015 de la que surge este Informe, impulsada por un PSOE que a da de hoy sigue apoyndola de la mano del PP, hubo un documento en 2010 que anticip y razon estas propuestas sobre el gobierno universitario. Lo firm la propia Conferencia de Rectores junto con la Fundacin Conocimiento y Desarrollo, entonces presidida por Patricia Botn. All (pp. 11-12, 26-27) se proponan las mismas reformas para el gobierno universitario que hoy se recogen en el Informe encargado por Wert. Se alegaba para ello la existencia de diversas deficiencias del votante universitario que justificaban retirarle el derecho al sufragio.

ii) En segundo lugar, el Informe admite expresamente en su pgina 80 que la endogamia tradicional de la universidad es hoy ya completa. Esto es algo que se corrobora en la pgina 12 de la Addenda, donde se dice que la comunis opinio es consciente de que en la prctica no hay una autntica competencia entre candidatos y la tendencia () es a facilitar la concesin de la plaza al acreditado de la Universidad de origen.

Estas afirmaciones son tremendas.

En realidad se admite lo que varios estudios certifican desde hace tiempo. Es decir, que las plazas sacadas a concurso pblico se manipulan sistemticamente a favor del candidato o candidata de la casa, escogido por quienes tienen el poder real en el Departamento o el Centro correspondiente. Esto es posible gracias a una confusin entre niveles de gobierno gerencial y acadmico, centros y departamentos, rganos centrales y perifricos que invita a prcticas informales. La apariencia de una representacin democrtica, que con este Informe se apaga por completo, y la multiplicidad de normas meramente nominales ofrecen en realidad una amplia impunidad que es debidamente aprovechada para colocar a los fieles, bajo la aquiescencia de casi todos.

Las Comisiones de seleccin, la mayor de las veces, ejecutan un teatro al que plantarle cara tiene un coste personal y profesional enorme. La institucin est en gran parte sectarizada, es decir, los grupos cerrados de poder se conforman del mismo modo que las hermandades en algunos partidos . Pocos decisores, con amplia discrecionalidad y en un contexto de confusin pblico/privado sin rendicin de cuentas son las tres reglas de oro de la institucin corrupta segn Robert Klitgaard. Quien no sigue el juego, queda fuera. Es el clsico dilema que Manuel Villoria y Fernando Jimnez indican como tpico de los contextos de corrupcin.

Maestros de la talla de Francisco Fernndez Buey, Emilio Lled, Juan Ramn Capella o Vctor Prez Daz, entre otros, han denunciado esta situacin especfica para la Universidad espaola en libros y artculos imprescindibles. Por tanto, debemos preguntarnos directamente: es la universidad una institucin corrupta? Qu implica para todos los cuadros dirigentes, profesionales y elites que salen de su profesorado? Y para los ciudadanos que en ella buscan una cultura cvica y cientfica? Para el caso que aqu nos ocupa, la pregunta es: qu hace este Informe con lo que ya se reconoce como comunis opinio?

La nica medida antiendogmica incluida en el Informe es la de impedir que un candidato sea escogido por el Centro donde present su tesis doctoral, a no ser que haya pasado 36 meses trabajando fuera de ella. Se trata solo de un pequeo cortafuegos, capaz de sortearse de mil y una maneras como puede imaginarse.

En el Informe, por otra parte, se cargan las tintas contra la ANECA debido a la opacidad de sus procesos de acreditacin no presenciales. A la hora de sustituir el papel central de esta agencia evaluadora, se recupera el viejo sistema de habilitacin nacional, al menos para la acreditacin de los funcionarios titulares y catedrticos. Se recobraran con ello las exposiciones y lecturas pblicas. Estas acreditaciones se abriran al fin a candidatos extranjeros. Pero se ligan a las plazas que saldran en las universidades, lo que hara que muchos profesores estuvieran sin acreditar durante aos con la desmotivacin consiguiente. En todo el Informe hay una desvalorizacin de la docencia aunque, es preciso reconocerlo, se proponen algunas medidas que mediran mejor su desempeo para que prime por encima de todo la investigacin a la hora de seleccionar candidatos. La gestin administrativa de los profesores, aqu parece que con mejor buen criterio, quedara apartada por completo de la valoracin de las candidaturas.

Este sistema de habilitacin, tan razonable en ciertos aspectos y tan criticable en otros, pierde todo sentido con el sistema de contratacin directa e indefinida que se propone para los no funcionarios. En primer lugar, se consagran las figuras temporales y precarizadas de la LOMLOU: Ayudante, Ayudante Doctor y Asociado. No se dice nada de los funcionarios interinos que con contratos temporales a tiempo parcial, aunque con una dedicacin real exclusiva, ganan poco ms de 900 euros netos al mes. En segundo lugar, los contratos indefinidos se dejan en amplios aspectos (seleccin, funciones e incluso el sueldo) al criterio de la propia universidad, indicando tan slo que deben darse las mismas Comisiones de seleccin de tres miembros externos y dos internos que tan malos resultados ha dado hasta ahora. Es decir, se acaba con la endogamia aceptando una frmula privada de contratacin. Se formaliza lo que era ticamente (y legalmente) reprobable. El problema es que la Constitucin Espaola sigue diciendo, en su artculo 103.3, que las plazas pblicas de los profesores deben seleccionarse de acuerdo al mrito y la capacidad.

Para entender estas medidas hay que ser conscientes de la fuerte jerarqua feudal existente en la Universidad espaola. Los estamentos inferiores, ms jvenes y precarios, dependen para casi todo de sus estamentos superiores. Desde la firma para presentarse a una beca o la inscripcin de una tesis, hasta la posibilidad de una plaza fija. Los grupos de poder suelen tener un catedrtico en la cspide, con una clientela alrededor a la que va colocando con ayuda de otras alianzas con grupos amigos. Para avanzar en la carrera acadmica uno debe someterse a esta jerarqua, bajo riesgo de quedarse solo y sin padrinazgo. La dependencia exigida en estos casos a los jvenes puede ser ideolgica, o basarse en corrientes tericas a las que prestar fidelidad, pero en la mayor parte de las ocasiones basta con seguir las directrices de poder marcadas (en votaciones, Comisiones o Consejos de Departamento), as como realizar ciertos trabajos extra de forma gratuita. Para los interesados en todo esto, me remito a las obras de los maestros citados ms arriba.

Esta jerarquizacin estamental, como la defini Fernndez Buey, es la responsable de los niveles generalizados del sndrome del burnout (quemado), o desgaste psquico laboral, entre el profesorado joven con contratos temporales. Tambin es la culpable de los alarmantes porcentajes de mobbing entre todo el profesorado universitario espaol. El estudio de Ana Caro e Isabel Bonachera en 2010 puede ser una buena introduccin para quienes se interesen por estos temas.

En el Informe encargado por Wert se refuerza as la jerarqua del PDI funcionario en las composiciones de los rganos de gobierno, en las Comisiones de seleccin, y en propuestas como la de implantar contratos por un periodo de 5 aos de prueba a jvenes doctores.

Con razn, dos de los miembros de la Comisin, scar Alzaga y Mariola Urrea, expresan en la Addenda arriba mencionada un voto particular donde expresan su disconformidad ante los peligros que observan en el Informe para la libertad de ctedra y la autonoma universitaria.

Respecto a lo primero, Alzaga y Urrea argumentan que la desfuncionarizacin que propone el Informe supondra la prdida de la libertad de ctedra de los profesores, pues al estar contratados directamente por las universidades como indefinidos quedaran en manos de estas. Es decir, en esta contratacin tan propia del mbito privado como indican se podra seleccionar y despedir atendiendo a criterios ideolgicos o de cualquier otra ndole que afectaran a la libertad del docente e investigador. Los ms crticos tendran que tener todava ms cuidado con lo que escriben o con las actividades que promueven.

Alzaga y Urrea, sin embargo, nada dicen de la falta de esa misma libertad de ctedra para los no funcionarios, cuyas figuras contractuales parecen aceptar en una jerarqua que tampoco cuestionan. Eso s, ambos docentes precisamente los nicos profesores de Derecho del Comit alertan con acierto sobre la posible inconstitucionalidad de la reforma apuntada en el Informe. Y es que la autonoma universitaria reconocida en el art. 27.10 de la Constitucin se vera menoscabada. El reparo principal recae sobre la composicin y el extraordinario poder otorgado a un Consejo de la Universidad con un 25 por cien de sus miembros nombrados por la Comunidad Autnoma (CA), que tendra la mitad del poder de eleccin sobre otro 25 por cien donde, a su vez, se admitiran miembros de prestigio externos a la Universidad. Recordemos asimismo que en la pgina 61 del Informe se recomienda que las CAs (sic) impulsen la presencia de agentes externos en los rganos universitarios () en representacin de la empresa.

iii) Finalmente, en el aspecto referido a la financiacin, el Informe consagra figuras como las becas-prstamo a estudiantes. Con ellas son precisamente las entidades bancarias quienes ms salen ganando a costa del endeudamiento de aquellos. Adems, se propone ofrecer una amplia libertad a las propias universidades a la hora de fijar las tasas por matrcula. Es decir, se deja en poder de un Rector ejecutivo, escogido por un Consejo de la Universidad no democrtico y parcialmente externo, la decisin sobre las tasas universitarias.

A pesar de que en el Informe se constata (p. 48) la anmala situacin espaola, con un gasto en educacin superior por debajo de la media de la OCDE, y aunque se apuesta subir este porcentaje del 1,2 al 3 por cien del PIB, los expertos no apuestan por incrementar los recursos pblicos. Al contrario, sealan que la evolucin apunta hacia un incremento de fondos privados.

El Informe critica la escasez de becas, y al mismo tiempo apuesta por el incremento de la presencia empresarial en la Universidad, as como sugiere incentivos fiscales para estimular la filantropa. En la pgina 53, los expertos se hacen eco de un estudio del BBVA donde se valora la universidad por el capital humano y la tecnologa que es utilizado por la sociedad y las empresas. Ni rastro de la formacin cvica y democrtica de nuestros jvenes. Es por ello que, con esta mentalidad tecnocrtica y empresarial, se proponga una competencia entre universidades donde se las financie por objetivos cumplidos. Entre estos objetivos estaran la demanda efectiva de sus servicios docentes, la investigacin, sus resultados en I+D y sus productos de transferencia tecnolgica. En este mismo espritu, la captacin exterior de fondos ser un criterio fundamental de calidad y dinamismo.

Es decir, aquellas universidades dedicadas a impartir una docencia cuidada y de alta calidad, en especialidades que carezcan de amplia demandapues tambin se recomienda establecer un nmero mnimo de alumnos para la existencia de un ttulo, y sin relacin con el mundo empresarial, dejarn de recibir recursos e incluso debern cerrar.

En definitiva el Informe de la Comisin de Expertos 8 profesores y 1 banquero nombrada por el ministro Wert, aparte de suponer el ensimo proceso antidemocrtico de reforma de lo pblico, atenta contra principios democrticos fundamentales a la hora de trazar su modelo de gobierno; lesiona gravemente la autonoma universitaria y la libertad de ctedra; a la vez que consagra un modelo universitario jerrquico, endogmico y posiblemente corrupto. Adems de todo ello, el Informe abre las vas de ganancia a bancos y empresas en la Universidad pblica a costa de sus estudiantes.

Parece pues que, de aprobarse las propuestas de este Informe, se presenta el ensimo frente ciudadano en defensa de lo pblico; esta vez desde las Universidades.

http://colectivonovecento.org/2013/02/18/mas-males-para-la-universidad-publica/


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