Más de un centenar de personas se concentraron ayer, miércoles 20 de febrero, frente a la oficina de empleo (SEXPE-INEM) de la capital de Extremadura (España) en una asamblea abierta para dar un nuevo empujón a la lucha social a favor de la renta básica, del empleo público y contra las políticas neoliberales que están haciendo un daño inenarrable a la clase trabajadora española. El colectivo allí reunido, formado fundamentalmente por gente parada y activistas sociales, decidió acampar para exigir el inmediato cumplimiento de una tabla básica de reivindicaciones que incluye la adopción sin recortes de la propuesta de renta básica de la Iniciativa Legislativa Popular que respaldaron casi 27.000 firmas ante la Asamblea de Extremadura el pasado mes de diciembre, y la generación inmediata de 25.000 empleos públicos para combatir la deriva de marginación y pobreza a la que se está sometiendo a amplias capas de la población trabajadora en la región. El Partido Popular, con el apoyo de Pedro Escobar, Coordinador General de Izquierda Unida de Extremadura, descafeinó la iniciativa legislativa popular por la renta básica con una propuesta de ley que prevé un escueto presupuesto de 13 millones de euros que darán para un subsidio ínfimo que afectará apenas a unas dos mil familias y que recuerda a las antiguas Ayudas para la Integración en Situaciones de Emergencia Social (AISES), pero con mayor dureza todavía en los requisitos de acceso. En Extremadura hay 70.000 trabajadores y trabajadoras en paro que ya no reciben ningún tipo de cobertura social, según datos de la Encuesta de Población Activa (58.444 según los datos de paro registrado del pasado mes de diciembre), con lo que resulta evidente que el monto de la “renta básica” del Partido Popular (y su comparsa de IU) es una burla a la movilización ciudadana desde una concepción que criminaliza la pobreza a través de una vergonzante combinación de cicatería y engorrosa burocracia.

Los acampados de Mérida pretenden quedarse a vivir frente a la oficina de empleo todo el tiempo que sea necesario. Sólo en esta ciudad de 50.000 habitantes ya les han cortado el agua por impago a 620 personas. Esto es un síntoma de que día a día crecen la miseria y la desesperación, las situaciones insoportables para centenares de familias, a menudo con niños o personas ancianas o con discapacidad a su cargo. Se siguen produciendo cotidianamente desahucios de viviendas sociales o hipotecadas, y la marginación social llama a la puerta de barrios que hasta hace poco estaban más bien del lado de la clase media. La situación es, por tanto, desesperada, y es preciso un giro radical en las políticas públicas, que deben empezar cuanto antes a echar una mano al pueblo y no a un puñado de intereses privados.

Campamento Dignidad

Los acampados decidieron llamarse “Campamento Dignidad”. La asamblea abierta se reunirá frente a la oficina de empleo todos los días a las siete de la tarde. Durante la mañana, el campamento se convertirá en una Oficina de Derechos Sociales abierta a todo el que necesite ayuda o asesoramiento, o desee colaborar. Ya se ha distribuido una octavilla por todo el barrio, el polígono Nueva Ciudad, para conectar con los vecinos y vecinas, que están ya empezando a echar una mano en la resolución de los problemas logísticos de mantener en guardia frente al SEXPE-INEM a un mínimo de unas veinticinco personas. No es difícil dar con muestras de apoyo y solidaridad: los trabajadores y trabajadoras sienten como propias las reivindicaciones del Campamento Dignidad porque la mayoría percibe que se hallan en el filo de la navaja con el aumento exponencial del desempleo (ya son casi 174.000 los parados y paradas en Extremadura, un 34 por ciento de la población activa, según la EPA del último trimestre de 2012).

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