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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-02-2013

Llamado a que el gobierno no judicialice a quienes desean participar en los dilogos
Las FARC-EP, en defensa de los derechos ciudadanos

Delegacin de Paz de las FARC-EP
pazfarc-ep.blogspot.es


Un gobierno que se arroga el cumplimiento de los fundamentos del derecho interno y del derecho intenacional, debera sentirse obligado o al menos aludido por mandatos que ante todo reivindican el carcter inviolable del poder ciudadano. En consecuencia y en defensa de los intereses de las mayoras nacionales, nos permitimos insistir en quela participacin de la ciudadana en el actual proceso de conversaciones de paz de La Habana, es asunto que no puede seguir siendo obstruido por el Estado.
  1. La paz es un derecho imperativo, de rango superior, tal y como lo consagra el artculo 22 de la Constitucin Poltica de Colombia cuando expresa que La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.  
  2. An por sobre la consideracin estricta de que por principio y definicin tica, poltica e histrica, no acatamos la juridicidad del rgimen colombiano, recordamos al gobierno y en general a los representantes del orden que combatimos por injusto, cules son los mandatos mnimos de su propia institucionalidad, a los que se deben cuando dicen procurar el fundamental objetivo de la paz.
  3. Existen mltiples normas de orden interno e intenacional que hoy protejen el derecho que tienen los ciudadanos de actuar en procura de ese bien supremo que es la paz. Podemos mencionar slo a manerra de ejemplo que en 2008 y 2009 el Consejo de Derechos Humanos de NNUU, aprob sendas resoluciones sobre la promocin del derecho de los pueblos a la paz, inspirndose en anteriores resoluciones de Naciones Unidas y en especial en la de la Asamblea General 39/11 de 1984 titulada Declaracin sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, as como la Declaracin del Milenio (2000). Ambas resoluciones reiteran la posicin clsica de Naciones Unidas segn la cual todos los pueblos del planeta tienen el sagrado derecho a la Paz, cuya promocin y proteccin es una obligacin fundamental de cada Estado.
  4. Deberan entender los funcionarios de Estado, y sobre todo la Delegacin de Paz del gobierno de Juan Manuel Santos, que segn el Derecho Internacional no solo no puede ser criminalizada la bsqueda de la paz o la intervencin de las personas -individuales o jurdicas- en los procesos que busquen alcanzar la paz o la solucin de conflictos, sino que incluso distintos expertos internacionales sealan que este derecho no es judicializable sino que adems es justiciable, exigible ante los tribunales.
  5. La configuracin legal y las caractersticas del derecho a la paz tienen mltiples fuentes de sustento que desafortunadamente en poco o en nada son observadas por el gobierno de Colombia, y ms bien las desconoce y viola cuando caprichosamente amenza con convertir en delito, algo que antes que estar tipificado como tal, es derecho y deber de los ciudadadanos. La rica legislacin de paz que existe en nuestro pas, arranca por su ordenamiento constitucional como ya se ha dicho, y suficientemente ha sido tal derecho analizado por la Corte Constitucional, llegando a conclusiones para nada desdeables como que: cabe afirmar que la Paz constituye (1) uno de los propsitos fundamentales del Derecho Internacional; (2) un fin fundamental de Estado colombiano; (3) un derecho colectivo en cabeza de la Humanidad, dentro de la tercera generacin de derechos; (4) un derecho subjetivo de cada uno de los seres humanos individualmente considerados; y (5), un deber jurdico de cada uno de los ciudadanos colombianos, a quienes les corresponde propender a su logro y mantenimiento.  
  6. Si el gobierno mediante declaraciones pblicas de sus representantes seala que"la Constituyente no ser herramienta del proceso de paz, porque Para eso hubo en 1991 una que dise la Constitucin mas progresista de Amrica Latina", debera entonces, con este instrumento, propiciar la participacin social plena para la construccin de la paz.
  7. El Estado colombiano no puede penalizar -como lo intenta y lo hizo con anterioridad y perniciosamente- castigando a las personas por mantener dilogos con la insurgencia. Si esto no se permite, si se persigue no la paz sino a quienes la buscan construir, queda manifiesto que no slo la ley sino la propia Constitucin actual fallan, como creemos se evidencia, para el noble y sagrado objetivo de alcanzar la paz, al ser entonces convertidas esa Constitucin y esa ley en frulas de represin de la aspiracin hoy da no slo ms crucial sino bsica. Sera una confesin de parte de la incapacidad del orden jurdico que sustenta el y al Estado colombiano. Es decir, un reconocimiento de que debe abrirse paso un proceso constituyente que cimiente y asegure la paz para el futuro de Colombia.
Ver alegato anexo.

Sustentacin, Derecho a la participacin cuidadana en los dilogos con las FARC http://pazfarc-ep.blogspot.com.es/2013/02/sustentacion-participacion-ciudadana-dialogos-paz-farc-derecho-internacional.html

Fuente: http://pazfarc-ep.blogspot.com.es/2013/02/comunicado-farc-ep-derecho-participacion-cidadana-dialogos-de-paz.html


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