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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-02-2013

Paramilitarismo y contrainsurgencia en Mxico, una historia necesaria

Gilberto Lpez y Rivas
En el volcn


Los grupos paramilitares tienen ya una existencia de ms de cuarenta aos en nuestro pas. Durante esos cuatro decenios, los paramilitares han estado dedicados al aniquilamiento de las organizaciones guerrilleras, y al acoso violento de movimientos estudiantiles y populares.

El paramilitarismo est reconocido en el lxico militar de todos los ejrcitos del mundo, incluido el mexicano. El general brigadier retirado Leopoldo Martnez Caraza, en su libro Lxico histrico militar[1], publicado por la Secretara de la Defensa Nacional (SEDENA), seala: "Paramilitar: que tiene organizacin con procedimientos semejantes a los militares, sin tener este carcter". La definicin ayuda, pero es vaga y completamente insuficiente. No aclara cmo se llega a tener esa semejanza con las fuerzas armadas en la organizacin, o los procedimientos militares.

John Quick es ms preciso. Define a los paramilitares como: "aquellos grupos que son distintos de las fuerzas armadas regulares de cualquier pas o Estado pero que observan la misma organizacin, equipo, entrenamiento o misin que las primeras."[2] Esta es una aproximacin mayor: tanto militares como paramilitares tienen la misma organizacin, entrenamiento y misin. Sin embargo, se mantiene vago el origen de la organizacin paramilitar. Cmo se alcanz esa organizacin? Por qu tiene el militar profesional y el paramilitar la misma misin? Quin le otorga a este ltimo la misma misin?

En todo caso, los grupos paramilitares actan por una delegacin del poder del Estado y colaboran a los fines de ste, pero sin formar parte propiamente de la administracin pblica. As lo paramilitar no se define slo por similitud de misiones u organizacin, sino porque se origina en una delegacin de la fuerza punitiva del Estado.

En Mxico, esta delegacin de funciones ha provenido directamente del ejrcito, de los cuerpos de inteligencia-seguridad, o de la combinacin de ambos, pero usualmente bajo las rdenes del Poder Ejecutivo, en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas, y siempre como delegacin directa del Estado.

"Los halcones", uno de los primeros grupos paramilitares, se cre por iniciativa de oficiales del ejrcito, aunque bajo la administracin del entonces Departamento del Distrito Federal. Sus integrantes eran jvenes pandilleros con entrenamiento y jefatura militar, dedicados al control, infiltracin y destruccin del movimiento estudiantil, as como de cualquier foco de guerrilla que pudiera salir de las filas de ste. Est plenamente documentado que este grupo fue creado por un coronel del ejrcito mexicano cuyos servicios fueron premiados despus con la impunidad y el ascenso militar.

Gustavo Castillo Garca dio informacin detallada en el peridico La Jornada, en el 2008, sobre el ms conocido grupo paramilitar durante la llamada guerra sucia, a partir de su investigacin documental en el Archivo General de la Nacin:

La Brigada Especial, como se le llam oficialmente a la Brigada Blanca, integr en junio de 1976 un grupo con 240 elementos, entre policas capitalinos y mexiquenses; militares y personal de la Direccin Federal de Seguridad (DFS), as como de la Polica Judicial Federal, para investigar y localizar por todos los medios a los miembros de la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre. La orden era limitar las actividades de la liga y detener a los guerrilleros que actuaban en el valle de Mxico, revelan documentos obtenidos de la Procuradura General de la Repblica (PGR), que son el respaldo de las investigaciones que an se realizan en torno a hechos sucedidos durante la llamada guerra sucia. Segn los reportes oficiales, aunque la Brigada Blanca se form en 1972 y oper en Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo Len, Jalisco, Puebla y Morelos, fue hasta junio de 1976 cuando el gobierno de Luis Echeverra decidi que se integrara un grupo especial que actuara en la ciudad de Mxico, y en el que los mandos estaban en manos del coronel Francisco Quiroz Hermosillo, el capitn Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.Los documentos consultados tienen su original bajo resguardo en el Archivo General de la Nacin. En ellos se detalla el Plan de Operaciones Nmero Uno: Rastreo. El grupo contaba con 55 vehculos, 253 armas: de ellas 153 eran Browning calibre nueve milmetros[3].

As, el vnculo estatal otorga un elemento fundamental para una comprensin ms apegadaa la experiencia mexicana. Con base en esta experiencia, propongo la siguiente definicin: los grupos paramilitares son aquellos que cuentan con organizacin, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que eso implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque as conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste, entonces, en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultacin del origen de esa violencia.

Histricamente, el paramilitarismo ha sido una fase de la contrainsurgencia, que se aplica cuando el poder de las fuerzas armadas no es suficiente para aniquilar a los grupos insurgentes, o cuando el desprestigio militar obliga a la creacin de un brazo paramilitar, ligado clandestinamente a la institucin castrense.

La doctrina militar mexicana no le llama paramilitar sino "personal civil" y establece su necesidad imperiosa para controlar a la poblacin durante las operaciones de contraguerrilla. Sostiene el Manual de Guerra Irregular de SEDENA:

531. las operaciones de contraguerrilla forman parte de las medidas de seguridad que adopta un comandante de teatro de operaciones en su zona de retaguardia, para evitar que las operaciones regulares sufran interferencias ocasionadas para la accin de bandas de traidores y enemigos, para lo cual el comandante de un teatro de operaciones deber emplear a todos los elementos organizados y aun a la poblacin civil para localizar, hostigar y destruir a las fuerzas adversarias[4].

Los fines del empleo de la poblacin civil son evidentes en este prrafo. Pero aqu, la necesidad de la poblacin civil es aleatoria y slo se le usa en caso de interferencia del enemigo. Sin embargo, ms adelante, el manual militar mexicano establece un modo ms permanente y orgnico de utilizacin de civiles en las operaciones de contraguerrilla rural:

547. Cuando Mao afirma que "el pueblo es a la guerrilla como el agua a pez", indudablemente que es un dicho de validez perdurable, pues ya hemos visto que las guerrillas crecen y se fortalecen con el apoyo de la poblacin civil, pero, volviendo al ejemplo de Mao, al pez se le puede hace imposible la vida en el agua, agitndola, o introduciendo elementos perjudiciales para la subsistencia, o peces ms bravos que lo ataquen, lo persigan y lo obliguen a desaparecer o a correr el riesgo de ser comido por estos peces voraces y agresivos que no son otra cosa que los contra guerrilleros.[5]

La experiencia del Ejrcito mexicano en el aniquilamiento de la guerrilla que dirigi el profesor Lucio Cabaas entre 1968 y 1974 demostr que el uso de campesinos y gavilleros como informantes fue fundamental para ubicar, cercar y aniquilar a las Brigadas de Ajustamiento del Partido de los Pobres.

Pero el uso de civiles va ms all: segn el Manual de Guerra Irregular, las operaciones de la contraguerrilla se conducen tambin con personal civil o militarizado (civiles o policas dirigidos por jefes militares). Veamos el prrafo siguiente del Manual:

551. Por lo antes expuesto, se puede definir que las operaciones de contraguerrilla son aquellas que se conducen con unidades de personal militar, civil o militarizado en terreno propio para localizar, hostigar y destruir a fuerzas integradas por enemigos y traidores a la patria que conducen operaciones militares con tcticas de guerrilla.[6]

El tipo de operaciones de contraguerrilla se conduce con personal civil y est destinado al control de la poblacin. Seala el Manual:

552. Las operaciones de contraguerrilla comprenden dos diferentes formas de operaciones interrelacionadas que son:

A: Operaciones para controlar a la poblacin civil.

B. Operaciones tcticas de contraguerrilla.

553. Como puede apreciarse, la primera forma no es una operacin militar clsica, por lo que puede ser conducida por personal civil o militarizado, aunque dirigido, asesorado y coordinador por el comandante militar del rea, mientras que las operaciones tcticas de contraguerrilla son conducidas por unidades militares y militarizadas.[7]

Segn el Manual de Guerra Irregular, la responsabilidad en el uso de la poblacin civil recae en el gobierno federal y en los acuerdos con los gobiernos de los estados y autoridades diversas en el rea de conflicto. El prrafo C del punto 562 detalla:

562. Los comandantes que planean operaciones de contraguerrilla y la poblacin civil son regidos por restricciones y acuerdos que el gobierno federal tiene con los estados y autoridades diversas de los lugares en conflicto. En caso de que el problema se suscite en reas ocupadas por el enemigo, las contraguerrillas establecern coordinacin con la resistencia para localizar y destruir a los grupos de traidores.[8]

Este prrafo indica que la responsabilidad del uso de civiles en operaciones de contraguerrilla recae directamente en el gobierno federal, as como en las autoridades locales y estatales del rea de conflicto. El mismo Manual establece que el derecho internacional es aplicable en el caso de que las fuerzas armadas comentan tratos inhumanos o actos criminales contra la poblacin civil.

F. Factores psicolgicos. Una poblacin que apoya activamente a la guerrilla incrementa la posibilidad de detectar a las guerrillas. Generalmente en nuestro territorio encontraremos el apoyo de la poblacin y especficamente en reas liberadas en las que se oponan a los objetivos de la fuerza enemiga. La poblacin que apoya los objetivos del enemigo favorece a sus guerrillas. El objetivo militar de destruir a la guerrilla adquiere mayor importancia sobre otras consideraciones, no obstante las operaciones deben de planearse procurando minimizar a los daos a la propiedad civil. Las contraguerrillas deben en todos los casos tratar a la poblacin civil de manera justa y razonable, apoye a no a nuestra fuerza. El trato inhumano a los actos criminales son violaciones serias y punibles bajo el derecho internacional y nuestras leyes[9].

La doctrina militar mexicana sostiene que las operaciones de control de la poblacin civil se ejercen mediante un comit que rene a las autoridades militares con representes de la autoridad civil y de organizaciones afines al ejrcito:

592. Para controlar a la poblacin civil, es necesario que existe una coordinacin total entre las fuerzas militares y organizaciones que intervengan, para lo cual deber establecerse un comit con representantes de todas las fuerzas para que bajo un solo mando planeen y coordinen sus acciones.

593. Las fuerzas que normalmente intervienen en las operaciones para controlar al pueblo y sus recursos son:

A. Organizaciones gubernamentales,

B. Fuerzas policacas.

C. Fuerzas militares.

D. Organizaciones sociales, polticas y econmicas, como partidos polticos, sindicatos, organizaciones deportivas, cmaras de comercio, etc.[10]

A partir de 1994, y al igual que los grupos paramilitares que existen durante las guerras internas en Guatemala y El Salvador, los grupos paramilitares en Chiapas se ha dedicado a sembrar el terror en las comunidades indgenas que simpatizan con el EZLN, mediante asesinatos, emboscadas, quema de poblados, amenazas de muerte, expulsiones, robo de ganado, detencin y tortura de bases de apoyo o milicianos zapatistas.

Las denuncias de indgenas entregadas desde 1995 a los grupos de derechos humanos que han trabajado en Chiapas insisten en que los grupos paramilitares operan en coordinacin con las corporaciones de seguridad pblica, reciben apoyo y entrenamiento del Ejrcito Mexicano y que, en ocasiones, se mezclan entre los contingentes de soldados y policas que controlan los poblados del Norte y los Altos de Chiapas.

En mi calidad de Diputado Federal y presidente en turno de la Comisin de Concordia y Pacificacin (COCOPA), present una denuncia en la PGR por la existencia de grupos paramilitares en el estado en 1998; en una conversacin de los miembros de esta comisin del Congreso de la Unin con el entonces Procurador General, Jorge Madrazo Cuellar, este funcionario nos inform de la existencia de al menos 12 grupos de civiles presuntamente armados, eufemismo para referir a los paramilitares. Se cre una fiscala especial para el caso, misma que desapareci sin pena ni gloria, aos despus.

Es evidente, sin embargo, que el gobierno federal mexicano no pudo lograr que, como en el caso colombiano, los paramilitares quedaran a la vanguardia de la guerra del Estado contra los grupos insurgentes. En Colombia, como lo observ en el departamento de Putumayo, los paramilitares mantenan control efectivo de zonas extensas del territorio de esa nacin y constituan la vanguardia semiclandestina de la contrainsurgencia. Aparentemente fuera ya de control del Estado colombiano, los paramilitares reciban financiamiento de terratenientes y narcotraficantes y han sido una fuerza que incluso ha exigido reconocimiento de beligerancia. Por recomendacin de asesores de la CIA, el ejrcito colombiano integr alos grupos paramilitares en la estructura de la inteligencia militar nacional.

Para todos los observadores y ciudadanos que han observado el conflicto en Chiapas a partir de 1994,el gobierno federal, el estatal y los militares mexicanos confiaron en que las fuerzas paramilitares del norte de Chiapas, "Paz y Justicia" y "los Chinchulines", en un inicio, lograran el control territorial e hicieran innecesaria la intervencin del ejrcito para sostener combate directo con las bases de apoyo zapatista. No obstante, las movilizaciones del ejrcito mexicano que se mantienen durante todos estos aos, indican que el gobierno federal consider necesario mantener su intensidad castrense en las zonas de alta presencia poltica zapatista. Es evidente, entonces, que los paramilitares no bastan para este propsito; sin embargo, la coexistencia de retenes militares y de paramilitares en los mismos teatros de operacin implica la posibilidad de que en Mxico ocurra lo que ya es cotidiano en otros pases: operativos conjuntos de paramilitares y el ejrcito.

El gobierno ha mantenido el uso de los paramilitares a pesar de algunos sntomas de desgaste. Las Organizaciones No Gubernamentales chiapanecas reportaron hace diez aos que las bases paramilitares vivan, en algunos casos, las mismas hambrunas que las zapatistas y que estaban descontentas porque sus lderes, como Samuel Snchez, dirigente de Paz y Justicia, estaba desarrollando su propio emporio hotelero y turstico en el municipio de Tila, mientras los indgenas Choles siguen en la misma pobreza. En Tila, incluso, llego a crearse una Asociacin de ex Militantes de Paz y Justicia y algunos paramilitares sin tierra han realizado tomas de predios en el Norte de Chiapas.

En estos aos proliferaron las siglas o los nombres de supuestos grupos dispuestos a la guerra contra el EZLN y sus comunidades de apoyo: "Los Tomates" en Bochil, "Los Chentes" en Tuxtia Gutirrez, "Los Quintos" en el municipio de Venustiano Carranza, "Los Aguilares" en Bachajn, "los Puales " en Atenango del Valle, Tepisca y Comitn.

Las actividades del Ejrcito, lejos de evidenciar ante la poblacin una real poltica de paz del os ejecutivos federales priistas-panistas, demuestran lo contrario. La inquietud provocada en la poblacin por la presencia de paramilitares, el acoso a las bases de apoyo zapatistas que operan en los Municipio Autnomos y las Juntas de Buen Gobierno, la mayor presencia del Ejrcito en Chiapas, y en otras regiones indgenas de la geografa nacional, ponen de relieve tcticas tendientes a provocar agresiones y desplazamientos masivos de cara a la creacin de condiciones ptimas para el desenvolvimiento del gran capital en el proceso de ocupacin integral por parte de las corporaciones de toda ndole.

El Ejrcito Federal mantiene una intensa labor en las comarcas zapatistas y extensas zonas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, entre otros estados con poblacin indgena. Desde la instrumentacin de labores de inteligencia que tienen que ver con un trazado ms preciso de mapas que reflejen la dinmica de la poblacin, para entender y controlar la cotidianidad de las comunidades indgenas mediante el conocimiento a plenitud de sus caminos rurales, sus labores y la ubicacin precisa de sus hbitats, pero sobretodo, los alcances de recursos naturales y estratgicos ambicionados por compaas trasnacionales.

Es de destacar que fenmenos como el militarismo y el concomitante paramilitarismo se dan en funcin de una nueva divisin internacional del trabajo que pretende otorgar a Mxico y la regin centroamericana un papel de proveedor de biodiversidad, de mano de obra barata y de ruta de salida de las mercancas estadounidenses hacia los mercados del Pacfico, adems de lo que el pas representa para esa otra corporacin transnacional, que es la delincuencia organizada. Con esa estrategia en mente, han sido puestos en prctica programas gubernamentales mexicanos como el de Atencin a las 250 micro-regiones, Desarrollo Sustentable de la Selva e Integral para el Desarrollo Sustentable de la Selva, etc.

Los intentos de desalojo de 110 comunidades de la Selva Lacandona y de la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules, por ejemplo, van precisamente en la direccin de crear condiciones de inhabitabilidad para estas comunidades. Quienes han estado haciendo el trabajo sucio, reciben las presiones de empresas trasnacionales como las mineras o como las corporaciones supuestamente ecologistas, Conservacin Internacional, Grupo Pulsar, Mc Donalds, Disney, Exxon, Ford e Intel, esta ltima, con una inversin de 250 millones de dlares.

Para lograr sus propsitos han contado con el auxilio inestimable de dependencias del mbito federal como son la Procuradura Federal de Proteccin Ambiental y la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Acompaando a estas instancias ha estado el Ejrcito mexicano, con sus programas de contrainsurgencia activa o latente y el uso de peces bravos o paramilitares.

Lejos de demostrar vocacin de dilogo y paz, el Ejrcito realiza patrullajes constantes en comunidades indgenas apartadas. Mostrando una ignorancia suprema de la Constitucin, o conscientemente pasando por encima de la Ley Suprema, se ha otorgado al Ejrcito funciones de polica, y para ello, se auxilia de policas judiciales, paramilitares, vendedores o predicadores religiosos, al ms viejo estilo del Instituto Lingstico del Verano.

Asimismo, el Estado va descomponiendo el tejido social mediante el financiamiento de proyectos productivos que rompen con la vocacin tradicional del suelo y las formas consuetudinarias de produccin y propiedad colectiva de la tierra. Tal es los casos de lo emprendido por los pasados gobiernos panistas que introducen actividades altamente depredadores y rentables, como la ganadera o la palma real. En este sentido, hace unos aos, se emprendieron acciones por parte de los cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes, con el auxilio de programas oficiales, desarrollaron actividades econmicas sin el consenso de la comunidad, aumentando las acciones violentas contra sta y las autoridades autnomas.

Recapitulando, el paramilitarismo sirve a los fines de la contrainsurgencia, destruyendo o deteriorando severamente el tejido social que apoya a la guerrilla. Acta bajo las ms diversas expresiones. Agrediendo a prestadores de servicios sociales en campamentos de desplazados, originando condiciones de inhabitabilidad a las comunidades indgenas y campesinas que provoquen desplazamientos, coaligndose con autoridades civiles, ejerciendo acoso mediante el accionar de jueces venales, infiltrando asociaciones religiosas, realizando labores de inteligencia, planteando disyuntivas desarrollistas que ocasionen deterioro ambiental, ubicando como enemigos del desarrollo a las comunidades que se niegan a seguir la lgica de la ganancia del capital, con las situaciones de inestabilidad consecuentes, y sobre todo originando o aumentando el espiral de la violencia en las comunidades haciendo de sta un modo de vida a travs del narcotrfico, la militarizacin y la criminalizacin de las oposiciones.

La fisonoma de muchas comunidades ha cambiado a partir del militarismo, el crimen organizado y el paramilitarismo. La llegada de fenmenos como la prostitucin, la drogadiccin y el narcotrfico no son circunstancias naturales sino resultado de una estrategia de penetracin del capital, con sus brazos armados mltiples al servicio del Estado.

La praxis autonmica expresada precisamente en los Municipios Autnomos zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno, en las comunidades adheridas a la CRAC, de Guerrero, en Chern, Michoacn,o en municipios de Oaxaca, por mencionar, los casos ms visible, ha llamado la atencin y ha significado el incremento de las actividades de militares, y toda la gama de grupos armados relacionados al crimen organizado y alos paramilitares. Estas experiencias, al ir adquiriendo protagonismo mediante autonomas de facto se han puesto una vez ms en la mira del Estado. Al desplegar estrategias de resistencia, amparadas en la jurisprudencia internacional, como las expresadas en el Convenio 169 de la OIT y la Declaracin Universal de Derechos de los Pueblos Indgenas emanada de las Naciones Unidas, las comunidades autnomas dan un ejemplo de lucha anti-capitalista.

Por ello, en cualquier proyecto de rescate de la nacin haca el futuro, se requeriran debatir a fondo las tareas constitucionales de las fuerzas armadas con el propsito de dar un giro total a su actual condicin: en los hechos, verdaderas fuerzas de ocupacin de los pueblos. Un proyecto para democratizar al pas requiere fortalecer el control civil y legislativo de las fuerzas armadas y la desaparicin definitiva de la cuarta fuerza armada, ilegal y clandestina, que agrupa a los paramilitares y sobre la que se fincan las operaciones encubiertas del gobierno en contra del EZLN, otros grupos armados y organizaciones civiles de toda la gama de la resistencia pacfica en el territorio nacional.


[1]Leopoldo Martnez Caraza, Lxico histrico militar. Biblioteca del oficial mexicano. Secretaria de la Defensa Nacional, Mxico, 1993.

[2]John Quick. Dictionary of weapons and military terms. McGraw Hill. Estados Unidos, 1973.

[3]El gobierno cre en 1976 brigada especial para aplastar a guerrilleros en el valle de Mxico

La Jornada, 7 de julio de 2008.

[4]Manual de guerra irregular. Operaciones de contraguerrilla o restauracin del orden. T. II, SEDENA, enero de 1995.

[5] Ibd.

[6] Ibd.

[7] Ibd.

[8] Ibd.

[9] Ibd.

[10] Ibd.

Fuente original: http://www.enelvolcan.com/feb2013/226-paramilitarismo-y-contrainsurgencia-en-mexico-una-historia-necesaria



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