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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-06-2005

Sindicalismo y tratado constitucional europeo

Encarna Ruiz Galacho
Revista Laberinto


1. El fatal apoyo de la CES

El apoyo de la Confederacin Europea de Sindicatos (CES) al Tratado Constitucional de la Unin Europea (UE) con ser sumamente grave no ha venido sino a subrayar ms si cabe una trayectoria de comparsa del "modelo de construccin europea", eufemismo bajo el que se oculta la Europa del capital. Una vez ms, la cpula de la CES se ha instalado en la conformidad con la Europa dominada por los intereses del gran capital, por las multinacionales y los poderosos grupos empresariales, de cuyos intereses de clase dimanan las polticas explotadoras neoliberales y autoritarias que recortan y cercenan los derechos laborales y sindicales. Porque si ya fue grave el S "crtico" a la deriva neoliberal que supuso el Tratado de Maastrich, ms lamentable resulta secundar la constitucionalizacin de aqul que junto a los dems tratados recoge y proclama la mal llamada Constitucin europea.

Con ello la CES ha secundado a las burguesas nacionales, y al elenco de partidos parlamentarios _conservadores, liberales, socialdemcratas, incluida la guinda de los Verdes-, todos los cuales de una u otra manera han reflejado las grandes afinidades que les unen y los intereses a los que sirven. Todos ellos han escenificado el reclamo de que el Tratado Constitucional "no es de izquierda ni de derecha, sino de todos", cuando en realidad responde de lleno a los intereses de la derecha a los que se ha subordinado gustosamente la izquierda. Y esto, por la sencilla razn de que estamos en presencia de derechas e izquierdas neoliberales, y en absoluto izquierdas reformistas y menos an revolucionarias que obviamente no se hubieran prestado a esos consensos.

Por ello, frente al entreguismo de la CES, otras organizaciones sindicales de diversos pases europeos se han decantado por la retirada del apoyo. En otros casos por la oposicin combativa, en la lnea del sindicalismo de lucha de clase, optado consecuentemente por la responsabilidad histrica y por la independencia sindical, que slo lo es autntica cuando se combate a las patronales y a los gobiernos capitalistas. An estando en la CES, las centrales sindicales CGT y FO de Francia, junto a la CGTP (Portugal), los sindicatos ingleses1 y algunos nrdicos desaprobaron la postura de la cpula de la CES. Pero caba esperar de los dirigentes de esta ltima otra postura que no fuese el entreguismo de los que , por un lado, afirman que el Tratado Constitucional queda por debajo de los mnimos propuestos por la propia CES, mientras por otro, sostienen aceptar lo que hay sobre la mesa, renunciando a la lucha por la Europa alternativa de los trabajadores y los pueblos?

En efecto, la historia de la Confederacin Europea de Sindicatos es bastante ilustrativa de su posicin, ayer y hoy. No por casualidad, la CES hunde sus races en el propio periplo de la propia Unin Europea, desde las lejanas fechas de la Comunidad Econmica del Carbn y el Acero (CECA) y del Mercado Comn Europeo (1958), en la que fue creado el Secretariado Sindical Europeo. Entonces, un organismo alimentado por los sindicatos de corte socialdemcrata, que estaban a su vez afiliados a la Confederacin Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). Una organizacin que al tener por estrategia el anticomunismo, en el marco de la "guerra fra", contaba para ello con el apoyo de Estados Unidos, de rechazo a la Federacin Sindical Mundial, que era apoyada por la Unin Sovitica y en la que participaban los sindicatos de la Europa del Este, del Tercer Mundo, y de pases de la Europa Occidental, como la CGT francesa y la CGIL italiana.

Aquellos eran indudablemente otros tiempos, el pactismo socialdemcrata con la Europa "neocapitalista" -as llamada porque aseguraba haber dejado atrs el capitalismo "salvaje" del siglo XIX- tuvo que esperar a que pasaran las revueltas de los aos sesenta para poner en marcha la CES. Hasta febrero de 1973 no se celebr el congreso constitutivo de la CES en Bruselas, a la cual se adhiri en Espaa UGT, dada su afiliacin a la CIOSL. Ms tarde lo hara la CGIL italiana que abandona la FSM, quedando a la espera en el ingreso otros sindicatos de influencia comunista, como la CGTP (Portugal), Comisiones Obreras (Espaa) y la CGT francesa. Recordemos que all por 1976, el dirigente comunista de la CGIL, Luciano Lama, explicaba su adhesin a la CES, pese a las carencias que vea en ella, de esta guisa : "Lo que falta todava _deca Lama- y es un grave punto flaco, es la capacidad de transformar posiciones comunes de poltica econmica y sindical avanzada en movimiento real, en presin de masas sobre los patronos y sobre el poder poltico de cada pas y del conjunto de la Europa occidental"2. Pero despus de 30 aos no parece que las "flaquezas" de la CES sean circunstanciales.

Por ello hay que valorar en lo que vale la posicin adoptada por la CGT francesa, miembro asimismo de la CES y primer sindicato en importancia de Francia. Su Comit Central Nacional ha mostrado el rechazo a "la construccin europea actual marcada por una sumisin de los derechos sociales a las lgicas de la rentabilidad y de la competencia, cuyas principales dimensiones se encuentra en el proyecto de tratado constitucional". No sin aadir un llamamiento al futuro de la resistencia obrera: "La CGT tiene la responsabilidad de combatir la construccin liberal de Europa conducida desde el Tratado de Roma. La CGT puede apoyarse sobre algunos aspectos nuevos introducidos en el proyecto de tratado, a menudo gracias a las luchas sindicales y contribuir a la construccin de una Europa ampliada basada en la expresin democrtica de cada pueblo dentro de sus opciones econmicas y sociales".

Por ltimo, haba que tomar nota de la convocatoria en Espaa del referndum no vinculante, el 20 de febrero pasado, sobre el Tratado Constitucional, al ser la primera consulta popular realizada en los pases socios de la UE. Ante ello, los dos sindicatos espaoles mayoritarios, Comisiones Obreras y Unin General de Trabajadores, pertenecientes ambos a la CES, se han plegado por completo a los dictados del S. A este respecto el "sector crtico" de Comisiones Obreras , que desde su nacimiento pide un "giro a la izquierda" en el seno de la organizacin ha levantado la voz y la bandera del No. Su manifiesto titulado: "No a la Constitucin europea. Otra Europa es posible: La de los trabajadores y los pueblos" haca un llamamiento a impulsar el debate entre afiliados y trabajadores. Asimismo se han pronunciado en contra del nuevo Tratado y a favor del No en el referndum espaol otros sindicatos menores, a la par que han prosperado numerosos manifiestos de activistas sindicales. Ha faltado, sin embargo, la articulacin poltica y sindical de una gran plataforma unitaria del No que aglutinara los esfuerzos y multiplicara sus eficacia, pese a la coincidencia general de los argumentos utilizados. Asimismo ha sido insuficiente la lucha ideolgica respecto a las posiciones entreguistas y demaggicas en la que se han instalado los dirigentes de la CES y sus aclitos. Razn de ms para extendernos en ello.

2. Dnde est "el marco europeo mejorado"?

La CES ha esgrimido la "mejora" o el "paso adelante" que comporta el nuevo Tratado respecto a los anteriores sin molestarse en demostrarlo, sencillamente porque resulta bastante indemostrable. En la resolucin del pasado 13 de octubre de 2004 se limitaba a hacer una afirmacin, que acto seguido tena que "matizar" trasladndola no al terreno de las aspiraciones sino al terreno ms movedizo de las "ambiciones". "La nueva Constitucin europea _ deca la resolucin- representa una clara mejora con respecto a los tratados actuales que instituyen la Unin Europea. Es, sin embargo, menos ambiciosa y menos eficaz que la propuesta por la CES y queda por debajo de las recomendaciones de la Convencin europea. Sin embargo, haciendo abstraccin de estas reservas y debilidades, el nuevo Tratado constituye un paso adelante hacia un marco europeo mejorado e incluso sin terminar, merece y requiere el apoyo de la CES".

Nada, por consiguiente, respecto al hecho de que este Tratado, como los anteriores, aunque con mayor motivo y agravante, dado su rango constitucional, haya sido elaborado a espaldas de los ciudadanos de la Unin Europea, que tal era, en primer lugar, lo que la CES tena que haber denunciado. Porque, tan poca legitimidad democrtica tienen las conferencias intergubernamentales que han suscrito todos los tratados internacionales que han ido gestando a la UE, como la Convencin encargada de elaborar el texto de este Tratado Constitucional. Sin embargo, pese a la trascendencia antidemocrtica del procedimiento utilizado, la Confederacin Europea de Sindicatos cree resolver los recurrentes "dficit democrtico" invocado durante aos, con el eclecticismo de hogao, al aducir que estamos formalmente en presencia de un Tratado internacional que, a su vez, contiene numerosos rasgos de texto constitucional. Con lo cual evitan denunciar que la llamada Constitucin Europea -para no serlo por puro nominalismo- tendra al menos que haber emanado de una asamblea constituyente elegida por sufragio universal directo.

Por tanto, en lugar de la denuncia sustancial del procedimiento antidemocrtico utilizado, se ha instalado en la sumisin al orden establecido, al statu quo, esto es, a la Europa del capital acelerada desde el Tratado de Maastricht. Naturalmente hubiese sacado otras respuestas si se hubiese hecho unos cuantos interrogantes. Acaso no ha sido a travs de Tratados entre Estados cmo durante medio siglo se ha ido edificando la Unin Europea? Acaso no es un rasgo dominante de los Tratados el hecho de que tanto su firma, ratificacin y revisin sea por los Estados miembros y no por los ciudadanos? Y de todo lo cual se desprende que la Europa del capital no se basa en la soberana popular, sino en la soberana estatal. As, al comienzo del Tratado Constitucional se afirma que "la presente Constitucin nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados (art. 1.1.), para acto seguido consagrar el principio de que "las competencias de la Unin son las que le atribuyen los Estados (art.1.9.2).

Otra prueba palpable del carcter antidemocrtico es la nulidad del Parlamento Europeo, que siendo la nica institucin elegida directamente por sufragio universal por los ciudadanos europeos, es en todo este proceso un convidado de piedra, puesto que la llamada "separacin de poderes" entre legislativo y ejecutivo no rige en la UE. Es la Comisin Europea la que acapara la iniciativa legislativa y el poder ejecutivo de la Unin Europea. El carcter autoritario adoptado por la construccin y ampliacin de la Unin Europea se revela de forma indiscutible en el hecho de que los rganos realmente decisorios de la UE son los no elegibles, esto es el trpode que conforman la Comisin Europea, el Tribunal de Justicia y el Banco Central Europeo, todos los cuales salen reforzados en el Tratado Constitucional. En el caso del Banco Central Europeo, tenemos no slo que la defensa del euro fuerte sobre el que basa su poltica monetaria es un obstculo para una poltica de pleno empleo, sino que la independencia de ste de todo control poltico lo convierte en el "rey sol" de la UE. As en contraste con la "americanizacin" de Europa llevada a cabo por los fundamentos neoliberales de la UE, el Banco Central Europeo no est controlado por el parlamento, contrariamente a los estatutos del Banco Central Federal norteamericano situado bajo control del Congreso norteamericano3.

Por otro lado, lejos de denunciar el mtodo elitista de elaboracin del texto constitucional, la CES ha puesto por las nubes a la Convencin encargada de elaborarlo, secundando con ello el uso y abuso derechista del vocablo "convencin". Una perversin terminolgica, ya sealada en el citado artculo de Laberinto por Francois Chesnais, dado que implica "una referencia fraudulenta a la Revolucin francesa...para ocultar la realidad de los objetivos perseguidos". Para corroborar el fraude fue asignado el puesto de presidente de la susodicha Convencin a Valery Giscar dEstaing, representante aventajado de la derecha conservadora francesa, el cual ha llevado la batuta de las deliberaciones. Incluso consigui imponer en ellas el no votar, lo que no slo llev aparejado la obligacin de consensuar, sino de reservarse la presidencia la interpretacin a la baja de lo consensuado. Sin olvidar, por lo dems que esta "estupenda" Convencin de derecha acept a disgusto que figurara en el texto el derecho de propuesta ciudadana, pese a que ese derecho no alcanza a ser una iniciativa legislativa popular.

Pero, al parecer tales actuaciones no tienen tanto peso, comparadas al singular evento de que el secretario general de la CES, Emilio Gabaglio, actuara en el entorno convencional, en calidad de observador con "capacidad de intervencin y propuesta". Un actuacin, a la vista de los resultados, sin ruido ni nueces, pero a la que los sicofantes de la CES le llaman "representar" a los trabajadores, cuando ni de lejos han conseguido sacar adelante una Carta de Derechos Fundamentales que al menos sirva para contrarrestar la ofensiva neoliberal consagrada en el texto. Y no slo porque en ella estn ausentes algunos derechos fundamentales y otros se encuentran bastante debilitados, sino porque para colmo nada o poco obliga a los Estados al cumplimiento de esos derechos.

Recordemos que de los 448 artculos de que consta el Tratado, son 54 artculos los destinados a los derechos fundamentales. Aunque tan slo diez son los "artculos especficos directamente relacionados con la poltica social de Europa" a decir del ministro francs Raffarin4, al que lgicamente ya le parecen bastantes. Por no aparecer, no se divisan ni el derecho al trabajo, pese a ser ste una fictio juris en las constituciones burguesas, ahora sustituido por el "derecho a acceder al mercado de trabajo"(ar.II-75), lo cual bajo el capitalismo, ms que un derecho es una condena. Tampoco aparecen como tales el derecho a un salario decente, ni el derecho a la salud, ni el derecho a la vivienda, ni el derecho a la huelga a escala europea. Tampoco los inmigrantes reciben mejor trato, sometidos a las leyes de extranjera correspondientes y a la discriminacin de las "condiciones laborales equivalentes", que no iguales, con las continuamente recortadas de "que disfrutan los ciudadanos de la Unin"(art. II-75.3). Si bien a estos ltimos, no se olvide, se les impone la obligacin de ser una "mano de obra adaptable a los cambios del mercado", con lo que evidentemente se constitucionaliza la inseguridad en el trabajo de por vida, esto es, el rgimen del trabajo asalariado en precario.

Lejos de la armonizacin de los derechos sociales se desvirtan stos, mediante el pasaje a la privatizacin, a la misma que induce el vocablo "acceso". De esta manera, en lugar del "derecho a la seguridad social" estipulado en la Carta de Turn de 1961, se habla ahora de "derecho al acceso a las prestaciones de seguridad social" (art.II-94). Con lo cual adems de un derecho desvirtuado por devaluacin, tenemos que no ser esta Constitucin ni por asomo la que nos defienda de la privatizacin de la seguridad social, ni de las privatizaciones de servicios pblicos en general. Porque pese a la retrica sobre las "personas" lo que se defiende no es a las personas trabajadoras sino a la trada capitalista de los "bienes, servicios y capitales" ( prembulo de la Carta de Derechos Fundamentales). Por ello, donde se pone la libertad de empresa (art.II-16) no se pone nadie. Porque mientras a las personas trabajadoras se le ordena el convertirse en ano de obra adaptable a los imperativos del mercado, se proclama que las empresas tienen completa libertad para hacer lo que quieran. Para remate, a los trabajadores se le da un canto en los dientes, pues como indica el propio Ttulo VII de esta Segunda Parte: "La presente Carta no crea ninguna competencia ni ninguna misin nuevas para la Unin". O sea que no hay derechos justiciables porque no hay derecho social europeo.

Como era de esperar los servicios pblicos no podan salvarse de la quema. Los servicios pblicos han sido duramente castigados por la ofensiva neoliberal desatada desde hace dos dcadas y especialmente por los recortes del gasto pblico impuesto por el Pacto de Estabilidad. Ahora la lucha de los trabajadores contra las privatizaciones de los servicios pblicos sufre una regresin ms; en la medida que se plasma en el art. II-96 del nuevo Tratado lo que se ha venido haciendo y lo que se va a redoblar en el futuro. Ahora la denominacin de servicio pblico es sustituida por la de "acceso a los servicios de inters econmico general", ya recogida en el Tratado de msterdam (1997). Esto significa la adopcin de la jerga de la Organizacin Mundial de Comercio, con la finalidad de que esos servicios considerados por definicin "econmicos" han de ser prestados preferentemente por la empresa privada. Con este objetivo, la ya famosa Directiva del comisario europeo Bolkenstein pretende "establecer un marco jurdico que suprima los obstculos a la libertad de establecimiento de los prestatarios de los servicios y a la libre circulacin de los servicios entre Estados miembros". O sea, la liberalizacin y desregulacin de toda la actividad de servicios en Europa. Acicate para ello es la sujecin de las empresas de servicios a la legislacin del pas de origen, en lugar del pas donde se dispensa o efecta el servicio en cuestin5. Lo que obviamente es una invitacin en toda regla a la deslocalizacin de empresas y a la precarizacin de las condiciones de trabajo, aprovechando la ampliacin de la UE hacia los infortunados pases del Este donde reinan los mnimos sociales. Recordemos adems que, la entrada de estos pases ha sido condicionada a restricciones humillantes, tanto en lo que concierne a la libre circulacin de las personas como de cara a la obtencin de fondos de ayuda.

Todo ello concuerda a la perfeccin con el objetivo supremo de una "economa de mercado altamente competitiva" (art. I-3) enraizada en los fundamentos neoliberales de la UE, aquellos sobre los que sus partidarios vergonzantes echan una cortina de humo. Los exegetas de la CES subrayan o enfatizan la importancia de la Parte Primera y la Parte Segunda del Tratado, huyendo de las concreciones de las polticas neoliberales reservada a la Parte Tercera, que es donde se dirimen los "valores" y la escala de valores. Porque para saber a qu comprometen las referencias a los valores y objetivos de "democracia", "dignidad humana", "igualdad", economa "tendente al pleno empleo y al progreso social", eliminacin de la pobreza, solidaridad entre los Estados miembros, etc., nada mejor que ir a las medidas polticas que las concretan o implementan. Pues, ni el hecho de reclamarse de la democracia de palabra ha impedido el reiterado dficit democrtico de la UE, ni los reclamos de igualdad impiden las discriminaciones y desigualdades ms irritantes y crecientes bajo la regresin social a la que asistimos, como lo refleja sin disimulos la negativa a la armonizacin de derechos sociales en los 25 Estados miembros. Por ello, los elementos aleatorios de la supuesta "Europa social" son engaabobos cuando se aslan de las polticas neoliberales que los flanquean, por lo dems nada nuevas, puesto que se vienen implementando desde hace aos, aunque con el agravante de que ahora, claro est, se constitucionalizan por completo en la Parte Tercera. Y es que, como deca el socialista francs y exprimer ministro, Laurent Fabius, partidario del No condicional al nuevo Tratado, frente a un mencin del "pleno empleo" y de la " economa social de mercado", el texto mencione 78 veces el vocablo "mercado" y 27 veces el de "libre competencia"6.

Lo que la fuerza de trabajo proletaria europea puede esperar respecto a su empleo, en general, no es otra cosa que la perspectiva aciaga de la "mano de obra adaptable" al beneficio capitalista, y el endurecimiento por tanto de la flexibilizacin, de la desregulacin y de los recortes sociales. Es lo que seala sin rodeos un texto, en el que la aspiracin al "pleno empleo" ha sido sustituida por "un nivel de empleo elevado". Con idntica precisin ha sido sustituido el "nivel elevado de proteccin social" por la "proteccin social adecuada", dado que en este tipo de textos ninguna palabra est puesta al azar. Basta leer el captulo III de la Parte Tercera, donde se afirma que la Unin y los Estados miembros se esforzarn por "desarrollar una estrategia coordinada de empleo para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable, y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio econmico" (art.III-203), para entender que son fuertes contradicciones y conflictos los que le prometen las burguesas y los gobiernos de cada nacin-Estado a la clase obrera, al proletariado europeo.

Por si hubiese alguna duda, ms adelante queda claro que "la ley marco europea no incluir armonizacin alguna de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros" (art. III-207). No es difcil colegir lo que se pretende con la negativa a la armonizacin de los derechos laborales.

Con ello se trata de agudizar la competencia entre los asalariados, esto es, el enfrentamiento de los trabajadores de unos pases con otros, dada las diversas "velocidades" y las desigualdades existentes en los 25 socios de la UE, en general, y la situacin derivada de la ampliacin a los pases del Este, en particular7. Situacin de desigualdad, en la que los poderosos grupos empresariales estn interesados en desarrollar en nombre de la "competitividad", como lo reflejan los planes de deslocalizacin de empresas y el dumping social. Pues, el objetivo fundamental de todo el conjunto de polticas neoliberales y privatizaciones es una estrategia de rentabilidad capitalista que pasa por llevar a la baja los mnimos vitales salariales, los derechos laborales y la proteccin social.

Por otro lado, junto al control y sometimiento de la fuerza de trabajo asalariada en cada Estado, stos han de propender al dficit pblico cero, y eso significa la restriccin en el gasto de las polticas sociales, con lo cual difcilmente puede combatirse realmente la pobreza o la "exclusin social". Asimismo los Estados han de asegurar la estabilidad en los precios, lo que significa procurar permanentemente la moderacin salarial, y con ello la prdida de capacidad adquisitiva de los salarios. Sin, por otro lado, dotarse de ninguna contrapartida slida respecto a la lucha contra el fraude y la evasin fiscal del capital, ni frente a "la economa sumergida". Porque, tocante a estos menesteres, tampoco hay armonizacin fiscal entre los socios europeos. Cada cual con el fin de captar inversiones de capital y ofrecer la mayor rentabilidad, ir a reducir la fiscalidad y animar con ello a la evasin y la libertad de circulacin de capitales, contribuyendo a la deslocalizacin industrial, en el caso del capital productivo; en otros casos fomentar la especulacin financiera y, en todos los casos, reforzarn la explotacin y opresin de la fuerza de trabajo asalariada, puesto que la intencin y el intento estriba en regresar al capitalismo "salvaje" de siglos atrs.

Todas las restricciones al gasto pblico y a los reducidos fondos econmicos destinados a la convergencia econmica, social y territorial de los 25 pases _ en este sentido el presupuesto de la UE no rebasa el 1,27 % del PIB comunitario- contrastan con el impulso al gasto militar y a la conversin de la UE en potencia militar. Los defensores del Tratado Constitucional gustan de ver en ste la consagracin de la Europa Unida, en paz y sin guerras, merced a lo cual habran sido superadas las viejas rivalidades que llevaron en el siglo pasado a las dos guerras mundiales promovidas en su suelo. Olvidan que la guerra de Yugoeslavia y la balkanizacin del Este europeo ha sido bien reciente y desmienten la Europa sin guerras, por mucha que stas se disfracen de intervenciones "humanitarias". Precisamente en sta, las grandes potencias de la UE ha tenido su cuota de intervencin en la desmembracin de los pases del Este, instigando los nacionalismos de los pequeos Estados, tras lo cual, ultimada la faena, ahora imponen el respeto a la integridad territorial de los Estados miembros, y suprimen el derecho a la autodeterminacin de los pueblos sin Estado.

En consecuencia, no slo crean una Agencia Europea de Armamento, Investigacin y Capacidades Militares para fomentar la industria blica, sino que sta se coloca al amparo de los compromisos de los Estados miembros con la Organizacin del Tratado del Atlntico Norte (OTAN), y bajo un enfoque de la "guerra preventiva", con todo lo cual dar mayor respaldo blico al "imperialismo econmico" de la UE. Adems de crearse una Fuerza de Intervencin dependiente de la OTAN, pese a que sta, como su nombre indica, tiene poco de europea, ocurre que las tropas de Reaccin Rpida de la UE estarn en pi en 2007 con 80.000 soldados para intervenir fuera de su territorio. Y esto es todo un rearme en toda regla, que como todo rearme anuncia y se prepara para la guerra, lo que es del todo incompatible con la cacareada lucha por la paz , a no ser que se trate de la conocida histricamente como paz armada. Por ello aceptar todo esto como bueno, como parte del S acrtico al nuevo Tratado, en el que es algo sustancial y no accesorio hacer de la UE una superpotencia armamentstica y militar, desautoriza moralmente, por otro lado, para realizar llamamientos y manifestaciones contra la guerra imperialista, a no ser que se admita el ir con manifiesta doblez y hipocresa por la vida.

3. Un falso "punto de partida"

La CES ha pretendido defender lo indefendible esgrimiendo la crisis -como caos y no como partera de un orden nuevo- que sobrevendra del rechazo al Tratado Constitucional, cuando justamente para los trabajadores se trata de ponerlo en cuestin con el fin de desatarse la soga al cuello que el nuevo Tratado significa. Porque negarse a aceptar el nuevo Tratado no significa ningn caos, ni "paralizacin de la Unin Europea". Porque sta seguira, como tiene previsto, con el Tratado de Niza, as como los tratados anteriores seguiran en vigor hasta el ao 2009 y algunas disposiciones hasta el 2014. Aunque indudablemente el rechazo significara una situacin cualitativamente nueva que obligara a los Gobiernos a la reconsideracin y a las concesiones en la reforma del articulado.

Otro de los pretextos esgrimidos para dar el apoyo ha sido el de invocar que un rechazo al proyecto constitucional significara "hacerle as el juego a los numerosos oponentes de la UE que querran verle debilitarse y no tener proyecto". Cierto que para proyectos como ste no necesitan alforjas las organizaciones afiliadas a la CES, pero por la boca muere el pez, y es sumamente llamativo, cuando menos, que la CES se preocupe tanto de los enemigos de la UE, y nada de los enemigos de clase de los trabajadores.

Pero hay que agarrarse porque llegan curvas. No satisfechos con pedir el S a la Constitucin Europea caen en el absurdo que implica abogar al mismo tiempo por una reforma posterior sine die, dando por sentado que aquella est inconclusa, que es "un punto de partida de un largo proceso". Conforme a ello en la CES se proponen hacerle unos cuantos remiendos tales como " presentar propuestas para fortalecer la Europa social, los derechos sindicales transnacionales, mejorar la coordinacin econmica y la gobernanza , introducir el voto a la mayora cualificada en la poltica social y fiscal, armonizar la Parte III con la Parte I respecto al compromiso de lograr el pleno empleo, la economa social de mercado y la clusula horizontal y actualizar las disposiciones antiguas".

El problema de estas enmiendas es que, en primer lugar, no constituyen un serio programa en defensa de los trabajadores y, en segundo lugar, no tienen credibilidad alguna. La direccin de la CES no ha logrado variar el rumbo neoliberal de ningn tratado anterior y tampoco lo har con ste, por mucho que apele nada menos que a una tercera Convencin. Saben perfectamente que el nuevo Tratado no slo tiene vocacin constitucional sino la pretensin de serlo por mucho tiempo. Unos 50 aos de duracin era la cifra barajada por el presidente de la Convencin, Valery dEstaing, en concordancia con el blindaje de un texto, cuya reforma exige, como es sabido, la unanimidad de los Estados miembros, con el agravante ahora incorporado de que si antes eran menos Estados, ahora con la UE ampliada a 25 Estados ser mayor la dificultad de ser unnimes y con ello, se comprende que el blindaje lo sea a cal y canto.

Finalmente, frente a la aceptacin por la CES del Tratado Constitucional interesa reproducir la denuncia efectuada por el sindicalista belga Georges Debunne, ex secretario general de la FGTB y ex presidente de la CES, al que no se podr tachar de carecer de ttulos para hablar sobre el tema. Ya en junio de 2003, adverta este responsable sindical:

Esta Constitucin europea -que estar por encima de las constituciones nacionales, que debern ser revisadas para que concuerden con los reglamentos europeos, como ya ha sucedido varias veces- no permite ya que los partidos progresistas logren la aprobacin de leyes de progreso social. En cambio, el reforzamiento de las reglas de la competencia y de los criterios drsticos del pacto de estabilidad da todos los poderes a los partidos de la derecha para que organicen el dumping social y fiscal, apoyen el capitalismo salvaje y la explotacin sin lmite de los trabajadores, los bajos salarios y la precariedad generalizada, sin obligacin de asegurar la vejez, el paro ni la enfermedad. Es la vuelta al siglo XIX.

Ms adelante, en octubre de 2004, sealaba G.Debunne:Con esta "Constitucin Europea" ya no tendramos ninguna posibilidad de actuar e intervenir. La Constitucin Europea aprobada por los 25 jefes de estado y de gobierno agrava el dficit social y democrtico que los tratados de la Unin Europea arrastran desde el principio. Como responsable sindical denunci esa carencia. Los sucesivos tratados han sido ratificados una y otra vez mediante promesas de que esto iba a mejorar y tambin gracias a la falta de informacin de los ciudadanos europeos.

Por eso lanzo este ltimo grito de alarma en este periodo de ratificacin en el que tendremos que legitimar -o no- este texto legal que prevalecer sobre las constituciones nacionales. La izquierda europea no puede seguir tergiversando. Hay que parar esta carrera hacia el abismo.

Ha llegado el momento de decir no a esta hegemona del capital, de fijar unos objetivos y emprender la accin para realizar al fin una Unin Europea democrtica y social, basada en derechos fundamentales cvicos, econmicos y sociales. Nos corresponde oponernos a que la Unin Europea se disuelva en una gran zona de libre comercio, inscrita en las exigencias inadmisibles de una economa puramente liberal, dominada por la competitividad, la flexibilidad y la bsqueda exclusiva del beneficio, sin miramiento por el empobrecimiento de una masa cada vez mayor en beneficio de una pequesima minora de ricos que se enriquecen.

4. El resultado contundente del referndum espaol

Con la precipitada convocatoria del referndum consultivo sobre el Tratado Constitucional del pasado 20 de febrero, el Gobierno Zapatero prometa un S triunfante. Contaba para ello con una correlacin de fuerzas sumamente favorable; con el hecho de que, en Espaa, tanto el Partido Socialista (PSOE) como el Partido Popular (PP), principal partido de la Oposicin, no slo son partidarios del S, sino que han tenido a su servicio los medios de comunicacin ms influyentes y las "plataformas cvicas por Europa" promovida por los bancos y las grandes empresas, empeadas en los mensajes de "solidaridad, justicia y paz", como si de un mensaje navideo se tratase. Sobre esa base de apoyo, la campaa gubernamental tena la pretensin aadida de marcar el camino a seguir por la ciudadana europea, conforme al eslogan oficial de "los primeros en Europa". Para que no faltara de nada, tambin el presidente del Gobierno espaol, Jos Luis Rodrguez Zapatero asumi la prueba de fuego con visos de convertir el referndum del 20-F en un instrumento plesbicitario del Gobierno del "buen talante". A tal efecto, hemos asistido una parcialidad informativa de mucho cuidado, acaudillada por la consigna de asustar con lo malo que sera para Espaa "quedarse fuera de Europa" y lo desagradecidos que seran los espaoles, en ese caso, con el man de las subvenciones millonarias que han recibido, desde su integracin en la Unin Europea.

No ha faltado tampoco el recurso a convertir el malhadado Tratado en un cuento de la lechera, poniendo sus aspectos ms ilusorios o "angelicales", en la boca e imagen de la televisin basura y el "famoseo" de artistas y deportistas, que se precian de "populares". Todo menos una campaa informativa veraz y sujeta a un debate pluralista, lo que explica que las voces crticas con el Tratado y las llamadas al NO se borrasen del mapa, es decir, prcticamente de la prensa y la televisin, condenadas as el No a una situacin casi clandestina. El hecho de que las numerosas plataformas del No hayan sido extraparlamentarias y muchas de ellas tuviesen dificultades para reunirse y manifestarse en la calle ha sido una seal indeleble no de salud democrtica sino de enfermedad. Pues algo o mucho anda mal en Espaa cuando a las organizaciones y plataformas no parlamentarias, como en este caso, les colocan en las catacumbas los mismos que disponen del erario pblico. No hay que olvidar que, en cuestin de fondos econmicos y recursos mediticos, Gobierno y Oposicin se repartieron el 90 por ciento del espacio meditico y se apropiaron de 8,3 millones de euros, adems de otros 8 millones asignados a la campaa institucional, frente a los 735.758 euros asignados a los pocos partidos parlamentarios que defendieron el NO. En el caso de Izquierda Unida, habra que reprocharle a sus esfuerzos por rebasar el muro informativo, una campaa de baja intensidad, que ha mermado sin duda las posibilidades de liderar la gran plataforma unitaria del No.

As las cosas, en vsperas del 20-F, el 90 por ciento de la poblacin espaola desconoca el contenido de la Constitucin europea, segn la encuesta del CIS. Algo sumamente revelador si se considera en todas sus consecuencias que, a tenor del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, la Constitucin europea va a tener primaca sobre la Constitucin espaola, aparte de que para otros temas el Gobierno se reclame de la "sociedad de la informacin" y de los derechos de la ciudadana, y cuando como en este caso se trata de demostrarlo, no hayamos encontrado sino desinformacin y demagogia.

La respuesta por consiguiente ha sido un bochornoso nivel de participacin, de manera que la abstencin y el No superaban las previsiones y deslegitimaban a la pomposa Constitucin europea. En primer lugar, fueron a votar un total de 14,1 millones de electores, lo cual significa un ndice de participacin del 42,3 por ciento. Se trata de la participacin electoral ms baja desde la muerte de Franco y uno de los ms bajos si nos atenemos a las consultas europeas. As, en las pasadas elecciones europeas, las del ao pasado, vot el 45,14 por ciento, lo que supone 16 millones de personas. En definitiva la abstencin cifrada en el 57,7 por ciento ha sido la respuesta contundente a la manipuladora campaa institucional. En segundo lugar, el voto S a la Constitucin europea ha sido emitido por 10,7 millones de espaoles, lo que es menos del tercio del total de un censo que asciende a 33,5 millones. En tercer lugar, el voto No obtuvo un 17 por ciento, lo que supone en trminos absolutos que, cerca de dos millones y medio de votantes se han movilizado resueltamente en esta confrontacin, situando su voto mayoritariamente a favor de la Europa de los trabajadores y de los pueblos

A las cpulas sindicales de CC.OO y UGT le corresponde una parte alcuota de la victoria prrica del S, con la que ciertamente han quedado chamuscados. Pues mientras los partidarios del S no han recogido ni quiera la mitad de los votos que le dieron los escaos en el parlamento, caso de PSOE, PP, CiU o PNV, los partidarios parlamentarios del No, encabezados por IU lo han rebasado con creces. La posicin de buena parte la clase trabajadora ha oscilado entre las zonas de la abstencin y del No. De este modo se ha comportado el proletariado de las grandes ciudades, destacando a escala regional el Pas Vasco, Catalunya, Navarra y Madrid, por mucho que en esta ltima -donde los distritos de mayor abstencin han sido las zonas obreras- se haya atribuido tendenciosamente por los medios gubernamentales el No a sectores de la derecha. Sin embargo, el voto afirmativo de las huestes del PP se ha evidenciado en el hecho de que las siete Comunidades Autnomas con mayor participacin electoral y de ses estn gobernadas por el PP, destacando Galicia donde vot S ms de un 80 por ciento.

Pero, ciertamente, la lucha librada contra la Constitucin europea no acab el 20-F. A tenor de los resultados, la clase obrera y el resto de los asalariados est ahora en mejores condiciones para levantar cabeza y hacer frente a los planes patronales y gubernamentales que se anuncian: privatizacin de RENFE, liquidacin de la minera HUNOSA, reconversin de RTVE, una nueva reforma laboral y fiscal, y una nueva reduccin de las pensiones pblicas. Frente a la "unin sagrada" de la derecha y la izquierda neoliberal, la clase proletaria espaola est obligada a luchar y organizarse con el conjunto del proletariado europeo por la Europa de los trabajadores y de los pueblos.

http://laberinto.uma.es



 

1 En Gran Bretaa, el pasado congreso de la Trade Unions Congess (TUC) vot una resolucin con la tercera parte de los delegados a favor en la que se denunciaban las consecuencias funestas de la Constitucin Europea para la soberana de la nacin y los servicios pblicos. Ello fue un freno decisivo para los dirigentes del TUC, en el sentido de que a la postre rehuyeron poner a votacin la resolucin de apoyo al Tratado constitucional y en razn de ello se abstuvieron de apoyar al comit ejecutivo de la CES, el pasado 14 de octubre.

2 MASSIMO RIVA: Luciano Lama : sobre el sindicato, p.76. Barcelona, Ed. Laia 1978.

3 Francois Chesnais, Elementos para un combate poltico marxista contra la Europa del capital, Laberinto n 15, noviembre 2004.

4 Jean-Pierre Raffarin, Europa : la respuesta correcta es s, El Mundo 9.3.2005.

5 El pasado 24 de febrero el parlamento europeo rechaz la propuesta del Partido Popular Europeo que peda la adopcin a la mayor brevedad por la Comisin y los Estados miembros de la Directiva Bolkestein. La votacin fue de 269 votos en contra , 242 a favor y 33 abstenciones. El rechazo fue encabezado por los grupos Socialista e Izquierda Unitaria Europea. Los sindicatos de la CES tambin se oponen a esta directiva, el problema es que la cpula de la CES separa el apoyo al Tratado Constitucional de lo que es su fruto maduro. Pero la izquierda no ha podido hacer aprobar una enmienda sobre la retirada total de esta directiva, debido a la correlacin de fuerzas adversa. No hay que olvidar que el rechazo a la propuesta del PPE fue posible porque vot con la izquierda un sector de la derecha francesa, apegada a la intervencin del Estado en los servicios pblicos.

6 Xavier Pedrol y Gerardo Pisagro sealan en su libro: La Constitucin Europea y sus mitos, (Ed. Icaria, Barcelona 2005), que los tmidos indicios de una Europa social recogidos sobre todo en la parte I son flanqueados por la pertinaz voluntad de afianzar un mercado interior en el que la competencia sea libre y no est falseada y una economa altamente competitiva (art. I-3).

7 Ya sealaba Juan Francisco Martn Seco, en el artculo Europa ya no est en Europa las dificultades de integracin en la UE, agravadas por la ampliacin a los diez pases del Este, aos atrs situados en el bloque sovitico: Qu integracin puede darse entre pases cuya diferencia en renta per cpita es del 5 a 1, o cuando los salarios medios de algunos de ellos son 10 veces superiores a los de los otros?

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