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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-03-2013

Mientras la Troika exige un nuevo aumento del IVA
El PP establece impuestos a tipo 0 para las entidades de crdito y los grandes patrimonios

Miguel ngel Luque Mateo y Vctor Luque de Haro
Rebelin


Subida del IVA

A principios de marzo de 2013 se ha hecho pblico un informe de la Troika (Unin Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), con motivo de la segunda revisin del rescate bancario a Espaa, en el que se reclama, entre otras cuestiones, una subida del IVA , indicando que an queda margen para aumentar diversos impuestos. Efectivamente, la Troika est en lo cierto. Espaa tiene una presin fiscal por debajo de la media de la Unin Europea y muy alejada de pases como Dinamarca o Suecia. Queda margen para aumentar los impuestos y la recaudacin, como alternativa a la poltica de reduccin del dficit basada exclusivamente en recortes de gastos. La cuestin estriba en determinar qu impuestos deben aumentar: los tributos directos que gravan la riqueza y el patrimonio de los que manifiestan ms capacidad econmica (grandes fortunas, entidades financieras, corporaciones multinacionales, etc.) o los indirectos, ms injustos, que gravan el consumo y que recaen sobre la ciudadana, sin tener en cuenta la verdadera capacidad econmica global de los sujetos? Y en este punto, la Troika lo tiene claro: deben aumentarse estos ltimos, especialmente el IVA, que pagarn los exhaustos consumidores finales, puesto que opera de forma neutral para las empresas y profesionales, que lo repercuten al consumidor final.

De hacerse realidad esta recomendacin, nos encontraramos con la cuarta subida de este tributo desde su establecimiento, con motivo de la incorporacin de Espaa a las entonces Comunidades Econmicas Europeas y la tercera en menos de 3 aos. Recurdese que el tipo reducido pas del originario 6%, al 7%, luego al 8% y hace menos de un ao al 10%. La misma evolucin ha experimentado el tipo normal del 12%, que actualmente se encuentra en el 21%, tras diversos perodos al 15%, 16% y 18%, tipo que se aplica a la mayora de productos y servicios, como los relativos al material escolar, el recibo de la luz o el suministro de carburante, por poner algunos ejemplos. Y no olvidemos, tampoco, el sper-reducido, que se increment del 3 al 4%.

La Troika pretende que se disminuya el nmero de bienes y servicios a los que se les aplica el tipo reducido, que pasaran a tributar al normal, lo que supondra una subida para ellos de un 11% (del 10 al 21%). Y ello, teniendo en cuenta que, entre los productos a los que se les aplica el tipo reducido, se encuentran los alimentos, el agua para el consumo humano, la vivienda, el transporte de viajeros o la entrada en bibliotecas y museos, por ejemplo. En caso de que la propuesta incluyera tambin a los alimentos bsicos como el pan o los huevos, a los que se les aplica el tipo sper-reducido, en una sociedad con un 25% de sus nios en riesgo de desnutricin y de pobreza, segn la organizacin Save the children, tal decisin podra calificarse como de criminal. Todo ello, mientras los productos y servicios financieros estn exentos de este impuesto.

Si bien es cierto que hay pases de la Unin Europea con unos tipos superiores, ello no implica que deba ser el camino a seguir desde el punto de vista de la justicia tributaria, ni desde la ptica de la reactivacin de la economa espaola, que ha visto descender el consumo privado un 6,5%, en el cuarto trimestre de 2012 -en el que ya estaba en vigor la ltima subida del IVA-, cifra muy superior al descenso del 0,1 % registrado en el conjunto de la UE, segn el barmetro que elabora Visa Europe.

Lo paradjico de esta recomendacin, cuyos efectos recaeran sobre la ciudadana, es que se realice con motivo de la evaluacin del rescate bancario a Espaa, por casi 40.000 millones de euros. A veces uno piensa que nos encontramos en el mundo al revs, puesto que en lugar de imponerse condiciones o tributos a los bancos, destinatarios de esa ayuda y que siguen sin abrir el grifo del crdito (Bruselas reconoce una cada anual de los prstamos del 8% en 2012, que para las empresas es del 15,8%), se le exigen ms sacrificios a la poblacin. Y esta es la lnea que est siguiendo el Partido Popular, que ha establecido, a travs de la Ley 16/2012, de 28 de diciembre, de Impulso a la Actividad Econmica, tipos de gravamen al 0 por ciento, para que las entidades financieras y los grandes patrimonios no tengan que pagar, mediante impuestos directos, la factura de esta crisis de la que son responsables en mayor medida. Concretamente me refiero al recin creado Impuesto estatal sobre los Depsitos en las Entidades de Crdito y a la reforma del rgimen fiscal de las Sociedades Annimas Cotizadas de Inversin en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI).

Impuesto sobre los Depsitos en las Entidades de Crdito

La aprobacin del primero de los tributos, slo puede calificarse como un fraude de ley, para evitar que los bancos tengan que pagar este simblico tributo propio a las Comunidades Autnomas (CCAA) que ya lo haban establecido (Andaluca, Extremadura o Canarias), y a las que, previsiblemente pudieran hacerlo en el futuro, una vez que el Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad del mismo, en su Sentencia 210/2012, de 14 de noviembre de 2012, que ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno en el ao 2002, Jos Mara Aznar, contra el impuesto establecido por la Asamblea de Extremadura.

Para conseguir tal objetivo, se aprueba un tributo estatal vaco de contenido, en cuanto se fija un tipo de gravamen del 0 por ciento, sin generar ninguna obligacin material ni formal para los tericos sujetos pasivos (las entidades financieras). Al gravar el mismo hecho imponible el mantenimiento de fondos de terceros- que los tributos establecidos o que pudieran establecer las CCAA, se impide a estas exigirlo, teniendo en cuenta la prohibicin de doble imposicin contenida en el artculo 6 de la Ley Orgnica de Financiacin de las Comunidades Autnomas (LOFCA), que textualmente dice: los tributos que establezcan las Comunidades Autnomas no podrn recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado. De esta forma, se consigue que los bancos no paguen, ni siquiera, los leves tipos progresivos establecidos por las citadas CCAA, en funcin de la cuanta de los depsitos, que oscilan entre el 0,3 y el 0,57%. Y, sobre todo, se evita que otras CCAA lo puedan aprobar en el futuro. En definitiva, se les priva a estos Entes Territoriales de la posibilidad de obtener unos ingresos, que supondran una alternativa a los brutales recortes en servicios, tan esenciales, como sanidad o educacin.

Resulta, cuando menos, paradjico que cuando existe un tratamiento diferenciado del sistema tributario entre las CCAA, fruto de su autonoma financiera, que perjudica a los poderosos, especialmente a los bancos, haya que asegurar un tratamiento fiscal armonizado, como se indica en la Exposicin de Motivos de la Ley 16/2012, bajo el consabido pretexto de garantizar una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema financiero que, supuestamente, se ve amenazada con un tipo tan leve como el 0,57% para depsitos superiores a 600 millones de euros. Sin embargo, cuando las diferencias tributarias autonmicas benefician a las clases poderosas -mediante la supresin, de facto, de impuestos directos como el de Sucesiones y Donaciones o el de Patrimonio, en Comunidades como Madrid, Valencia o Murcia-, entonces, parece que no hace tanta falta asegurar ningn tratamiento fiscal armonizado.

Lo ms escandaloso de esta cuestin es que ser la ciudadana la que finalmente tenga que pagar, va Presupuestos Generales del Estado, la compensacin a las CCAA que tuvieran aprobado tal impuesto antes del 1 de diciembre de 2012, por su previsible disminucin de ingresos, tal y como obliga el citado artculo 6 de la LOFCA y reconoce la propia Ley 16/2012. Se establece dicha fecha para evitar la compensacin a Catalua, que estableci este impuesto el 18 de diciembre, mediante el Decreto-Ley 5/2012 y a la que, curiosamente, el Ministro de Hacienda acusa de deslealtad institucional, sin mirar primero la viga en su ojo. En definitiva, seremos todos y todas -y no los bancos- los que tendremos que pagar el impuesto que stos ltimos tendran que ingresar a las CCAA. De nuevo, el mundo al revs.

Rgimen fiscal de las SOCIMI

Como segundo ejemplo de tributacin a tipo 0, nos referimos al nuevo rgimen fiscal de las SOCIMI, introducido por la citada Ley 12/2012. En el ao 2009 se aprob un rgimen privilegiado para estas entidades, con un tipo de gravamen del 18 por ciento, adems de otros beneficios fiscales, con la finalidad de crear un nuevo instrumento de inversin destinado a impulsar el mercado de alquiler en Espaa. La ltima reforma ha dado un paso ms, para asemejar su normativa a la vigente en los pases de nuestro entorno y potenciar la escasa utilizacin de esta figura. De esta forma, en lugar de tributar al ya de por s privilegiado 18%, ahora estas sociedades lo harn al 0%, es decir, que no pagarn impuestos por sus beneficios. Adems, se permite que las acciones no slo estn admitidas a negociacin en los mercados regulados, sino tambin en un sistema multilateral extranjero o espaol, como el Mercado Alternativo Burstil, que posibilita a los accionistas mantener el control de la entidad. Tambin, se rebaja el capital social mnimo exigido, de 15 a 5 millones de euros, se elimina la obligacin de contar con al menos tres inmuebles en su activo, y se suprime el lmite del 70% de financiacin ajena.

Sin obviar los aspectos positivos de la nueva regulacin, que pueden facilitar el acceso a la financiacin de este tipo de sociedades en un momento tan complicado, considero que, desde el punto de vista de la justicia tributaria, existe una difcil justificacin para el establecimiento de un rgimen tan privilegiado, en comparacin con otras sociedades, cuya actividad es ms importante para nuestra economa real y que, sin embargo, tienen unos tipos nominales del 30 o del 25%, o con la tarifa progresiva del IRPF, que en muchas CCAA contiene tipos marginales superiores al 50%. Seguidamente, exponemos algunos de los motivos que cuestionan, en nuestra opinin, el citado rgimen fiscal:

- La tributacin a tipo 0 se aplicar, principalmente, a las entidades financieras y grandes patrimonios familiares que son quienes poseen activos inmobiliarios por valor de 5 millones de euros. Si bien es cierto que la disminucin del capital social requerido, de 15 a 5 millones, permitir acogerse a este rgimen fiscal a un mayor grupo de sociedades, sin embargo, el establecimiento de este mnimo excluye a los pequeos propietarios y al resto de empresas dedicadas al alquiler seguirn tributando a tipos marginales o nominales de hasta el 50% y el 30%, respectivamente. No en vano hay quien ha considerado a estas sociedades como el nuevo refugio de las grandes fortunas espaolas o las nuevas SICAVS inmobiliarias.

- La finalidad de la norma no es favorecer el alquiler de viviendas, tan necesario en esta poca de desahucios. El objeto social de estas entidades puede consistir en el arrendamiento de cualquier bien inmueble urbano -incluyendo bloques de oficinas, naves o garajes- adems de la tenencia de participaciones en el capital de otras SOCIMI o entidades, residentes o no, con un rgimen jurdico similar e, incluso, Instituciones de Inversin Colectiva Inmobiliaria. Adems, se permite hasta un 20% de la inversin en activos no destinados a su objeto social y, consecuentemente, que igual porcentaje de rentas provengan de otras actividades accesorias, que nada tengan que ver con el alquiler. Si realmente se quisiera paliar el problema social de la falta de vivienda en Espaa para miles de familias, en lugar de promover normas destinadas a aumentar el beneficio empresarial, se podra implementar un programa de alquiler social, aprovechando el stock inmobiliario en manos pblicas consecuencia del rescate bancario.

- La regulacin posibilita que se acojan a esta tributacin rentas y ganancias provenientes de la promocin y la especulacin inmobiliaria, puesto que se exige que las inversiones se hayan mantenido tan slo 3 aos, computndose como uno de ellos, en el caso de inmuebles destinados al alquiler, el tiempo que hayan estado ofrecidos al arrendamiento, sin materializarse. Ello, incluso, en caso de inmuebles promovidos por la propia sociedad, para los que se ha eliminado la exigencia de alquiler durante al menos, 7 aos. Eso significa que podrn acogerse a este rgimen tan privilegiado entidades que hayan promovido los inmuebles y luego los transmitan mediante un contrato de arrendamiento con opcin de compra por dos aos, acreditando que antes estuvieron ofrecidos en alquiler uno ms. Las ganancias de esas ventas tributarn al 0%, con lo que, en lugar de fomentarse el alquiler, se habr beneficiado fiscalmente la venta de los inmuebles en manos de las entidades financieras y promotoras.

- Para evitar la doble imposicin y mantener la neutralidad fiscal, en lugar de hacer tributar a la sociedad al tipo correspondiente y luego permitir a los accionistas la aplicacin de las deducciones por doble imposicin o la exencin por dividendos, como en el rgimen general, se utiliza un mecanismo inverso. La sociedad no paga por los beneficios, trasladndose la tributacin al accionista o inversor final por los dividendos y ganancias repartidas por aqulla. No obstante, no se exige el reparto de todos ellos. Para determinados tipos de beneficios como los procedentes de transmisin de inmuebles o de participaciones en otras entidades- la obligacin slo alcanza al 50%, sin perjuicio, adems, de la posibilidad de dedicar a reservas legales hasta el 20% del capital social.

- Incluso, se permite que las sociedades puedan optar por tributar mediante este rgimen privilegiado sin cumplir los requisitos necesarios, si finalmente se cumplen en los dos aos siguientes, con lo que, de nuevo, se podrn aplicar tipos de gravamen del 0% a beneficios que, en modo alguno, procedan del arrendamiento de inmuebles urbanos.

Por ltimo, conviene advertir que, adems de este rgimen especial, las SOCIMI disfrutan de diversos beneficios fiscales en otros tributos, como en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurdicos Documentados que recaudan las CCAA, no slo por la constitucin o aumento de capital de la sociedad, sino tambin por la adquisicin de inmuebles, operacin por la que cualquier persona tributa alrededor del 7%.

Conclusin: respeto o reforma constitucional

Lo expuesto anteriormente representa un claro ejemplo de la poltica fiscal que se viene articulando en Espaa desde hace aos y que, precisamente, no se caracteriza por hacer tributar ms y en mayor proporcin a las personas y operadores econmicos que ostentan mayor capacidad econmica, como requiere el artculo 31.1 de la Constitucin. Antes al contrario, salvo algunas excepciones, se ha disminuido la carga impositiva al capital, las fortunas familiares, el sistema financiero y las grandes corporaciones, mientras que se ha aumentado a las rentas del trabajo y a la ciudadana en general. Si no existe voluntad para adecuar la poltica tributaria a las exigencias constitucionales, debera exigirse, al menos, por razones de honestidad con la poblacin, una modificacin del citado precepto constitucional en los siguientes trminos, para adaptarlo a la verdadera realidad:

Todos contribuirn al sostenimiento de los gastos pblicos mediante un sistema tributario basado preferentemente en los impuestos indirectos y en las tasas. Se regir por el principio de fomento de competitividad fiscal a la baja, para atraer a Espaa empresas y capitales, beneficiando las inversiones, los productos y las instituciones financieras y los mercados. Slo se tendrn en cuenta los principios de capacidad econmica y progresividad en la tributacin de las rentas del trabajo en el IRPF. Adems, la comprobacin e investigacin desarrollada en la aplicacin de este sistema se centrar en los contribuyentes personas fsicas y en las pequeas y medianas empresas, en lugar de en las entidades financieras, las grandes corporaciones y las relevantes fortunas, para evitar la deslocalizacin empresarial y la huida de capitales.

Miguel ngel Luque Mateo. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almera.

Vctor Luque de Haro. Licenciado en Derecho y en Direccin y Administracin de Empresas. Cursando Master en Economa Internacional y Desarrollo.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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