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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-04-2013

El caso del Subteniente Bravo y las libertades civiles de los militares

Manuel Pardo de Donlebn
Rebelin


El ingreso en un establecimiento disciplinario del Subteniente Jorge Bravo, arrestado por un mes y un da por falta grave de disciplina, hace aflorar, nuevamente, el lamentable estado de los derechos civiles de los militares en el Estado Espaol. Jorge Bravo, que es Presidente de la Asociacin Unificada de Militares Espaoles, respondi en una entrevista radiofnica, hace casi un ao, que antes que recortar salarios a los militares, cabra hacer ahorros en celebraciones de festejos y patronas, viajes de representacin, juras de bandera de civiles y otros gastos superfluos.

Jorge Bravo tiene una larga tradicin en la promocin del movimiento asociativo en el seno de las Fuerzas Armadas. La reticencia de unos mandos de mentalidad franquista y la patolgica indolencia de los sucesivos gobiernos para purgar estos resabios han venido bloqueando el reconocimiento del derecho de asociacin a los militares hasta hace apenas dos aos, lo que constitua una clamorosa anomala en el panorama de las democracias europeas. A lo largo de los aos, Jorge Bravo ha sufrido varios procesos disciplinarios y penales por su implicacin personal en esta exigencia. Evidentemente, resultaba una persona incmoda para el mando.

El reconocimiento formal de las asociaciones militares abra tericamente su participacin en asuntos que afectan al rgimen del personal militar, como puede ser su consulta en la elaboracin de proyectos normativos. Sin embargo, la escasa conviccin del mando en la capacidad de las asociaciones para aportar mejoras y su actitud condescendiente hacia una realidad impuesta, ha convertido en irrelevante su participacin. No se ha interiorizado el papel esencial que juegan los representantes de los profesionales en el desarrollo de un marco de relaciones equilibrado y coparticipado.

Pero las penalidades sufridas por el movimiento asociativo no hacen ms que revelar una realidad ms profunda de falta absoluta de conviccin del mando en los derechos civiles de los militares. Las limitaciones a la libertad de expresin o la imposicin de la liturgia catlica en los cuarteles son algunos de los hechos recurrentes que dejan traslucir la ideologa dominante en su seno.

El Convenio Europeo de los Derechos Humanos, del que el Estado Espaol es signatario, establece claramente que todos los ciudadanos tienen derecho a la libre expresin de sus ideas, si bien este derecho puede someterse a ciertas restricciones con vistas a la proteccin de bienes jurdicos superiores, como pueden ser la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pblica, la salud, los derechos de los dems, la prevencin del delito o el mantenimiento del debido secreto, as como la independencia judicial. Sin existir un instrumento vinculante para los estados en el mbito de los derechos humanos de los militares, existe una Recomendacin del Comit de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros sobre derechos humanos de los miembros de las fuerzas armadas. En l se reconoce que los militares son ciudadanos responsables y que, en consecuencia, deben gozar de los derechos reconocidos en el Convenio como cualquier otro ciudadano, dentro de ciertos principios que delimitan hasta donde pueden llegar tales restricciones. Estas restricciones, que pueden imponerse para mantener la disciplina militar, deben ser cuidadosamente tasadas y deben referirse a la forma en que los deberes militares se cumplen y al deber de neutralidad poltica.

Es evidente que las declaraciones de Jorge Bravo no encierran amenaza alguna a la disciplina militar, por cuanto no ha cuestionado en absoluto el funcionamiento ordenado de los ejrcitos ni se decanta por opcin poltica alguna. La propia Ley Orgnica 9/2011 de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas establece que "En los asuntos estrictamente relacionados con el servicio en las Fuerzas Armadas, los militares en el ejercicio de la libertad de expresin estarn sujetos a los lmites derivados de la disciplina". Sin embargo, la misma Ley define la disciplina como " factor de cohesin que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado", y que "ser practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma de actuacin. Tiene su expresin colectiva en el acatamiento a la Constitucin y su manifestacin individual en el cumplimiento de las rdenes recibidas".

En el caso de Jorge Bravo no hay absolutamente nada que cuestione el cumplimiento de una orden. Sus declaraciones a los medios, en su calidad de Presidente de AUME, tienen todo el sentido. No est haciendo llamados a la desobediencia, sino que est sealando aspectos mejorables de las condiciones en que los militares desarrollan su trabajo. Y este es precisamente el papel que corresponde a las Asociaciones.

La resolucin sancionadora le imputa falta grave, tipificada en la Ley Orgnica 8/1998 de Rgimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, descrita como Hacer reclamaciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas; realizarlas a travs de los medios de comunicacin social o formularlas con carcter colectivo. El texto parece contener una ambigedad calculada: alude al contenido (manifestaciones contrarias a la disciplina), pero tambin a la forma (a travs de los medios o con carcter colectivo). Es obvio que ambas deben ser inseparables, pues lo nico que es censurable es lo que se hace, no la forma de hacerlo. Sin embargo, su redaccin permite la interpretacin mas laxa que en este caso se le ha dado, permitiendo la sancin por la forma en que unas declaraciones se han hecho (a travs de los medios), an cuando no afectan a la disciplina.

Nos encontramos ante un Reglamento Disciplinario obsoleto y que desborda con mucho, no solo en cuanto a la libertad de expresin se refiere, las limitaciones que el Convenio Europeo de los Derechos Humanos permite. En el fondo de la cuestin reside una concepcin de la disciplina de raz franquista, en la que lo que se pretende es mantener una cohesin interna alrededor de unos valores propios e imperecederos, en la que no es aceptable el disenso. El mensaje para todos los profesionales de las fuerzas armadas es muy claro, puesto que no se est castigando una quiebra real de la disciplina que ponga en juego el funcionamiento ordenado y coherente del ejrcito, sino hacer aparecer ante la opinin pblica concepciones diferentes a las del mando sobre su gestin.

Para terminar, las condiciones de reclusin en establecimiento disciplinario militar van mucho ms all de la mera privacin de libertad deambulatoria, extendindose a restricciones al acceso a la informacin y a las comunicaciones. Estas condiciones resultan incluso ms rigurosas que las que rigen para los delincuentes encarcelados. La propia Defensora del Pueblo, en sus informes anuales de 2010 y 2011 como Mecanismo Nacional de Prevencin de la Tortura, advierte sobre el sinsentido de privar a los arrestados de su telfono mvil, dada la naturaleza administrativa de esta privacin de libertad.

Los profesionales de la milicia tenemos, una vez ms, motivos de seria alarma acerca del disfrute de nuestras libertades civiles como ciudadanos; y la sociedad civil ha de ver con preocupacin la persistencia de una concepcin monoltica de la disciplina que convierte a sus fuerzas armadas en instrumentos de intervencin acrtica al dictado de sus jefes.

Termino mostrando mi solidaridad al Subteniente Jorge Bravo, a todo el movimiento asociativo de militares y a todos los militares que sufren o han sufrido limitaciones indebidas al disfrute de sus derechos civiles.

Manuel Pardo de Donlebn es Capitn de Navo en la Reserva

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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