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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-04-2013

El penltimo esperpento de la division azul enviada a Cuba por el Partido Popular

Enrique Santiago Romero y Mauricio Valiente Ots
Rebelin


El pasado mes de marzo Rosa Mara Paya, hija del tristemente fallecido lder del partido poltico cubano Movimiento Cristiano de Liberacin (MCL) Oswaldo Pay, visit distintos pases europeos y de Amrica, entre ellos Espaa, con el fin de poner en marcha una nueva campaa internacional contra Cuba. En este caso, se trata de difundir la sospecha de que la muerte en julio de 2012 de Osvaldo Paya y su numero dos Harold Cepero, en un accidente de trfico ocurrido en la provincia de Bayamo (Cuba), se debi a un atentado conspirativo responsabilidad del gobierno cubano.

Como recordar el lector, el accidente de trfico ocurri cuando el vehculo en el que viajaban los dos fallecidos, conducido por el dirigente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular ngel Carromero, se sali de la carretera y se estrell contra un rbol. El cuarto viajero del vehculo, que ocupaba el asiento delantero derecho, era el secretario general de la organizacin juvenil del partido democristiano sueco Aron Modig. ste ltimo y ngel Carromero, resultaron nicamente con lesiones leves a consecuencia del accidente.

Como se recordar, con ocasin del accidente la prensa internacional, incluida la espaola, pusieron de manifiesto que el vehculo conducido por Carromero se sali de la carretera cuando circulaba a una velocidad muy superior a la permitida y aconsejable en un tramo en obras y no asfaltado de una carretera provincial cubana.

El abogado espaol de Carromero, Jos Mara Vials, declar el 30 de Diciembre de 2012 da siguiente a llegar a Espaa ngel Carromero tras ser deportado por las autoridades cubanas en aplicacin del Convenio bilateral entre Espaa y Cuba de traslado de condenados para el cumplimiento de penas en el pas de su nacionalidad- a la publicacin Diario Jurdico:

Segn la fiscala, Carromero iba a unos 100km/h. Segn nuestros anlisis llevados a cabo por peritos cubanos y expertos en accidentes de trnsito, Carromero ira entre 64 km/h y 83km/h.

En uno u otro caso, no parece que el dirigente de las juventudes del Partido Popular circulara a una velocidad muy prudente para tratarse de un tramo en de una carretera en obras debidamente sealizadas y sin asfaltar, que adems l no conoca, extremos que tambin reconoce el abogado espaol en la misma entrevista ya citada. La prensa espaola public que el accidente se produjo a 800 kilmetros de La Habana, habiendo partido Carromero de dicha ciudad apenas 7 horas antes de colisionar. Despacio precisamente no circulaba el vehculo.

Basta repasar las hemerotecas espaolas para comprobar que el expediente como conductor de Carromero no era previamente muy ejemplar: en el momento de tener el accidente en Cuba estaba pendiente de emitirse en Espaa la resolucin de la Direccin General de Trfico de retirada del carnet de conducir debido a la acumulacin de sanciones por exceso de velocidad.

De no haberse tratado de un dirigente de las juventudes del Partido Popular espaol, especialmente beligerante con la revolucin cubana, el accidente de trafico apenas habra merecido unas lneas en cualquier breve de prensa. Tratndose de ngel Carromero y habiendo fallecido dos dirigentes de un partido poltico cubano contrario al gobierno socialista de la Repblica de Cuba, la ocasin era nica para intentar convertir lo que a todas luces ha sido un accidente provocado por la conduccin temeraria de un habitual de la temeridad al volante, en una conspiracin del rgimen comunista cubano para acabar con su oposicin poltica.

En palabras del Cnsul Generalde Espaa en Cuba, Tomas Rodrguez Pantoja, el juicio celebrado en Cuba en Octubre de 2012 contra ngel Carromero, por delito de doble homicidio imprudente cometido con vehculo a motor, fue correcto, limpio y procesalmente impecable (Agencia Efe, 6 de octubre de 2012).

Finalmente, la justicia de la dictadura comunista ms siniestra, duradera, arcaica y anacrnica de todo Occidente, como la defini con ocasin de la llegada a Espaa de Carromero Esperanza Aguirre, jefa directa de Carromero y Presidenta del Partido Popular de Madrid y probable inductora de la aventura veraniega de Carromero que tan trgica result para la familia Pay-, puso una sentencia ms bien benvola respecto a Carromero, que fue condenado a 4 aos de crcel por el doble homicidio imprudente a pesar de que la Fiscala de la isla solicitaba 7 aos de prisin, delito que de haber sido cometido en Espaa podra haberle costado una condena de hasta 8 aos de crcel (art. 142 del cdigo penal espaol), cuatro por cada fallecido. En los ms de cinco meses transcurridos entre el accidente y la deportacin a Espaa, Carromero ni siquiera llego a ingresar en un establecimiento penitenciario cubano, siendo repatriado a Espaa apenas dos meses despus de ser condenado mediante una sentencia que el reo no quiso recurrir. Curiosa dictadura est que juzga benevolentemente, por un delito comn, a un dirigente de la fuerza poltica que ms ataca al Gobierno de Cuba en Europa y probablemente en el mundo, que no llega a encarcelarlo en ningn momento y que lo deporta en tiempo record a Espaa a sabiendas -como as ha ocurrido- de que Carromero, a diferencia de cualquier otro convicto, seria puesto de inmediato en libertad por las autoridades espaolas.

Pero era de imaginar lo que ocurrira a continuacin: una vez que Carromero pis suelo espaol se sucedieron las declaraciones del sector ms primariamente anticomunista del Partido Popular, -expertos en dictaduras como directos herederos del franquismo que son, al que siempre se han negado a condenar en Espaa- denunciando inverosmiles conspiraciones de las autoridades cubanas para matar a Pay y Cepero en la forma menos discreta posible, nada ms y nada menos que cuando estaban acompaados de dos destacados dirigentes conservadores europeos.

Tan pattica actitud a fecha de hoy no ha sido secundada ni por Carromero ni por el sueco Modig, pero si por el abogado del primero, Jos Mara Vials quin intenta convertir el ms simple, habitual y nada original de los argumentos de defensa de cualquier culpable en un proceso penal por imprudencia temeraria, no me acuerdo de nada, en un supuesto caso de tortura qumico-psicolgica. As, pretenden convertir en victima al victimario Carromero, incluso contra lo que parece ser su propia voluntad de no participar en un esperpento que le impide pasar rpidamente pgina en un suceso que por torpe y bochornoso sin duda preferira olvidar.

De esta forma tan poco sutil y poco profesional el abogado de Carromero en Espaa, Jos Mara Vials, pretende sembrar dudas sobre la ms que transparente y benvola actuacin de las autoridades judiciales cubanas en el asunto Carromero:

Pregunta: FUE TRATADO SU CLIENTE CON ALGN TIPO DE SUSTANCIA PARA CONFUNDIR SU ENTENDIMIENTO A LA HORA DE LA DECLARACIN?

"Yo estuve en el juicio el da 5 de octubre, como representante de la familia y pude verle el da anterior. Posteriormente, comentndolo con la madre de ngel y luego con propio ngel cuando lleg a Espaa hace unos das, el mismo me transmiti que tena un recuerdo muy borroso del juicio. Incluso me lleg a decir: estaba un poco zombi, un poco grogui'. l tiene un recuerdo muy borroso".

TAMBIN TIENE UN RECUERDO BORROSO DEL ACCIDENTE?

"ngel perdi el conocimiento cuando el vehculo impact con el rbol. Ha reconstruido aqu en Espaa los hechos conmigo y me ha pedido que no desvele estos hechos. Esto es algo que desvelar ngel, si lo considera oportuno. ()

(Declaraciones a Onda Cero de Jos Mara Vials en 11 de enero de 2003, estando ya Carromero en Espaa)

A pesar de que ni Carromero ni Modig, ambos fuera del alcance de la justicia cubana, han denunciado ninguna conspiracin cubana para acabar con Pay y Cepero, la hija del primero de los anteriores ha puesto en marcha una nueva campaa internacional de desprestigio al gobierno de Cuba, con un impresionante apoyo meditico y econmico como suele ser habitual en estos casos, denunciando que la muerte de su padre no fue un accidente, sino un asesinato perpetrado por los organismos de seguridad de la mayor de las Antillas.

La familia Pay dice que no descarta acudir a la justicia espaola para esclarecer la muerte de su padre:

No lo hemos descartado, existe esa posibilidad porque mi padre es ciudadano espaol y entonces existe la posibilidad de presentar una querella en la Audiencia Nacional, denunciando el supuesto asesinato de Oswaldo Pay. Ante tal eventualidad, conviene resaltar que desde el puntode vista estrictamente jurdico esa posibilidad no existe. La justicia espaola en ningn caso seria competente para conocer los hechos que rodearon la muerte de Pay, salvo el ms que improbable caso de que pretendieran accionar no ya por asesinato, sino por un delito de terrorismo o por haberse cometido un crimen de lesa humanidad. Es decir, para que la Audiencia Nacional tuviera competencia para conocer los hechos que rodearon la muerte de Pay-obviando incluso el denominado efecto de cosa Juzgada provocado por la sentencia condenatoria a Carromero en Cuba, sentencia no recurrida en sede judicial cubana ni tampoco denunciada por el nico condenado ante instancia judicial internacional alguna- tendra que alegarse no solamente que dicha muerte no fue consecuencia de la imprudente y temeraria actuacin de Carromero, sino que las autoridades cubanas pusieron en marcha un complot que supuso la comisin de un delito de terrorismo, lo que implica la ms que remota previa calificacin de los cuerpos de seguridad cubanos como organizacin terrorista por parte de la justicia espaola (arts. 571 y ss. del cdigo penal espaol), o de lesa humanidad, esto es, la comisin de dicho asesinato como parte de un ataque generalizado y sistemtico contra una poblacin civil (artculo 7 del estatuto de la Corte Penal Internacional en relacin con el artculo 607 bis del Cdigo Penal espaol)

La familia Pay demuestra con las anteriores afirmaciones un deficiente asesoramiento jurdico, por desconocedor de la legislacin aplicable en nuestro pas, salvo que pensemos que ni ellos creen la solidez de sus afirmaciones y que su nica intencin es denigrar a las autoridades cubanas, ya que nuestra justicia solamente puede aplicar el principio de jurisdiccin universal para perseguir crmenes cometidos fuera de Espaa, as la victima sea nacional espaola, cuando se acciona por los delitos contemplados en el artculo 23.4 de la Ley Orgnica del Poder Judicial (LOPJ), siendo la norma general que nuestros tribunales solo son competentes para conocer de los delitos cometidos, sobre espaoles o extranjeros, en el territorio bajo soberana nacional.

Establece el articulo 23 de la LOPJ:

1. En el orden penal corresponder a la jurisdiccin espaola el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio espaol o cometidos a bordo de buques o aeronaves espaoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en que Espaa sea parte.

()

4. Igualmente, ser competente la jurisdiccin espaola para conocer de los hechos cometidos por espaoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, segn la Ley espaola, como alguno de los siguientes delitos:

  1. Genocidio y lesa humanidad.

  2. Terrorismo.

  3. Piratera y apoderamiento ilcito de aeronaves.

  4. Delitos relativos a la prostitucin y corrupcin de menores e incapaces.

  5. Trfico ilegal de drogas psicotrpicas, txicas y estupefacientes.

  6. Trfico ilegal o inmigracin clandestina de personas, sean o no trabajadores.

  7. Los relativos a la mutilacin genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en Espaa.

  8. Cualquier otro que, segn los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional humanitario y de proteccin de los derechos humanos, deba ser perseguido en Espaa.

Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por Espaa, para que puedan conocer los Tribunales espaoles de los anteriores delitos deber quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en Espaa o que existen vctimas de nacionalidad espaola, o constatarse algn vnculo de conexin relevante con Espaa y, en todo caso, que en otro pas competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigacin y una persecucin efectiva, en su caso, de tales hechos punibles. ()

El hecho de que las autoridades espaolas, a travs tanto del Cnsul General de Espaa en Cuba como del propio Ministro de Asuntos Exteriores espaol, hayan validado en numerosas ocasiones el procedimiento judicial seguido contra Carromero en Cuba, parece que en Derecho hara sumamente improbable que la Audiencia Nacional pudiera ignorar que en Cuba se ha llevado adelante una persecucin efectiva contra el responsable de la muerte de Pay, tal y como establece como requisito imprescindible para admitirse una querella sobre hechos ocurridos fuera de Espaa el ya citado artculo 23.4 dela Ley Orgnica del Poder Judicial:

() y, en todo caso, que en otro pas competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigacin y una persecucin efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.()

A nuestro juicio, no resulta tico amagar con judicializar aspiraciones estrictamente polticas, siendo sta la ms perversa, por intencionadamente confusa, de las estrategias de desinformacin hacia Cuba y otros pases que intentan construir un sistema alternativo al ms que degradado capitalismo depredador occidental. Si la familia Pay tiene el ms mnimo convencimiento, o nicamente sospecha incluso, de que detrs de la muerte de Oswaldo Pay y Harold Cepero existe un complot urdido por las autoridades cubanas, lo que debera hacer de inmediato y ya han transcurrido tres meses desde que Carromero fue deportado a Espaa- es presentar esa querella ante la Audiencia Nacional con la que tanto amagan, para que sea la justicia la que acte y determine si realmente existi el ms mnimo vestigio de actuacin criminal por parte de las autoridades cubanas en el lamentable e irresponsable accidente que ocasion la muerte de su padre. Evidentemente, parece que esto no ocurrir. Ni la familia Pay, ni Esperanza Aguirre, ni el partido Popular presentarn ninguna querella ante la Audiencia Nacional por esos desgraciados hechos, porque ellos mejor que nadie saben que ambos fallecimientos se debieron nicamente a la irresponsable actuacin de un joven y parece que poco brillante poltico derechista espaol con un ms que cuestionable expediente en materia de conduccin. Y probablemente azuzado por la lideresa de mayor incontinencia verbal que nunca viera Espaa, Esperanza Aguirre, para convertir sus vacaciones veraniegas en una aventurita anticomunista emuladora de la Divisin Azul, quien sabe si como trampoln imprescindible para ascender rpidamente en la jerarqua de su decadente partido.

Enrique Santiago Romero. Abogado. Miembro del Comit Ejecutivo del Partido Comunista de Espaa.

Mauricio Valiente Ots. Abogado. Diputado de Izquierda Unida en la Asamblea Legislativa de la Comunidad de Madrid. Miembro del Comit Ejecutivo del Partido Comunista de Espaa.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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