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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-04-2013

La jueza argentina Mara Servini tomar declaracin a 12 vctimas del franquismo antes de decidir si imputa a los exministros Martn Villa y Fernando Surez
Las ltimas balas del franquismo

Marco Romero
Diario de Len


Las ltimas balas del franquismo pueden despertar un proceso judicial sin precedentes, incomprensible sin retrotraer la memoria a los aos del tardofranquismo. La jueza argentina Mara Servini de Cubra, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nmero 1 de Buenos Aires que investiga los hechos denunciados por diversas asociaciones de vctimas del franquismo, acaba de aceptar un escrito que solicita la imputacin de tres ex ministros espaoles, entre ellos los leoneses Rodolfo Martn Villa y Fernando Surez Gonzlez, y otros cargos policiales y judiciales con poder en los meses anteriores y posteriores a la muerte del caudillo.

Era el ltimo paso dado hasta ahora. Pero el abogado argentino Carlos Slepoy, en una entrevista concedida a este peridico, adelant que en los prximos das la jueza tomar declaracin por videoconferencia a doce personas durante cuatro das en oficinas consulares de Espaa y, en funcin de los resultados, decidir si incluye las imputaciones en la querella que lleg a su despacho el 14 de abril del 2010. Eso demuestra una clara intencin de hacer avanzar la causa, indica este letrado despus de mantener un encuentro con la jueza en Buenos Aires para presentar el escrito que, adems, solicita a la magistrada que libre rdenes de detencin internacional para nueve espaoles vinculados con el rgimen de Franco.

El ltimo paredn

Encontrar la clave de estas imputaciones implica volver 38 aos atrs, exactamente al verano de 1975. En esa fecha an quedaban pendientes varios juicios sumarsimos, que se fueron desarrollando a lo largo del mes de agosto. En conjunto, fueron condenadas a muerte once personas. El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre indult a seis de ellos y dio el enterado para el resto. En la prctica, la decisin tomada por unanimidad en la reunin de los ltimos ministros de Franco supona la ejecucin de la sentencia a pena de muerte dictada por los jueces. Al da siguiente, al amanecer, los cinco fueron fusilados simultneamente en Burgos, Barcelona y Madrid. En Burgos fue llevado al paredn ngel Otegui, de 33 aos, y en Barcelona, Juan Paredes manot, Txiqui, de 21 aos, ambos militantes de ETA poltico-militar. En Hoyo de Manzanares (Madrid) fueron ejecutados Jos Luis Snchez Bravo, de 22 aos, Ramn Garca Sanz, de 27, y Jos Humberto Baena Alonso, de 24, todos ellos integrantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (Frap).

El ex ministro leons Fernando Surez Gonzlez era ministro de Trabajo en ese momento. El escrito que solicita la imputacin le seala como posible corresponsable en la sentencia a muerte aprobada en el citado Consejo de Ministros, del que formaba parte.

Poco tiempo despus de morir el caudillo, el 3 de marzo de 1976, ocurre otro suceso clave para la instruccin que se est siguiendo en Argentina. Durante la masiva jornada de huelga que se desarrollaba en Vitoria (lava), la Polica Armada inici el desalojo de una asamblea de trabajadores que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Ass, con el consentimiento del prroco. Lanzaron gases lacrimgenos en el recinto y esperaron a los huelguistas en la calle. A unos les apalearon y a otros les dispararon indiscriminadamente, con un dramtico resultado de cinco hombres muertos y ms de cien heridos. A Rodolfo Martn Villa se le atribuye haber sido uno de los mximos responsables de la masacre como supuesto ordenante de la represin policial en su carcter, entonces, de ministro de Relaciones Sindicales. El abogado Carlos Slepoy asegura a este respecto que hay grabaciones en las que el oficial al mando de la represin alega rdenes superiores. Tanto para Martn Villa, como para Surez Gonzlez y para el tambin ex ministro Jos Utrera Molina se pide una declaracin indagatoria como paso previo, en su caso, a los procesamientos. Utrera Molina, suegro del actual ministro de Justicia, entra en la querella por el decreto o enterado para la ejecucin de la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich.

Tres aos de causa

La querella no ha tenido un camino fcil ms bien laberntico, ni tampoco la jueza que la investiga. Fue presentada en el ao 2010 y recay por sorteo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 1 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, a cargo de la ya popular Mara Servini de Cubra, originando la causa criminal 4.591/2010.

La jueza dio traslado del escrito de presentacin al fiscal asignado, Federico Delgado, a efectos de que informara sobre su procedencia. El 29 de abril de ese ao emiti el primer dictamen en el sentido de entender acreditada de un lado la existencia de crmenes contra la humanidad y, de otro, que los tribunales argentinos tenan competencia para intervenir en virtud del principio de jurisdiccin universal aunque, sostena, estaban siendo objeto de investigaciones judiciales en Espaa. En consecuencia, estimando subsidiaria la jurisdiccin del tribunal argentino, opinaba que proceda el archivo de las actuaciones.

Por resolucin de 5 de mayo la jueza, sin entrar en el fondo del asunto, acord el archivo de la querella por imposibilidad de proceder al entender que, tratndose de delitos de accin pblica, no podan proseguir las actuaciones ante la inhibicin del Ministerio Pblico. Dispuso adems que, en todo caso, slo los familiares hasta el segundo grado podan eventualmente querellarse.

Apoyos por miles

Los querellantes presentaron recurso de apelacin ya hay asociaciones con ms de 5.000 adhesiones, fundado en la irrelevancia de la negativa del fiscal a ejercitar la accin pblica, puesto que existan acusadores particulares que sostenan la accin. El 3 de octubre, la Cmara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal acord estimar el recurso, ordenar la reapertura de las actuaciones e indicar a la jueza que deba enviar un exhorto a Espaa requiriendo a sus autoridades para que le informaran acerca de si se estaban investigando judicialmente los hechos. Igualmente, y en resolucin paralela dispuso que, dada la gravedad de los crmenes, todo familiar, an lejano, poda ejercer la accin, adems de las asociaciones de vctimas.

La Fiscala General del Estado de Espaa emiti un voluminoso informe el 6 de mayo de 2011 que se recibi en el Juzgado argentino el 28 de junio. Segn consta en la documentacin a la que ha tenido acceso este peridico, se afirmaba, en sntesis, que los hechos a los que se refera el exhorto estaban siendo objeto de investigacin en diversas instancias judiciales. Aluda a que la causa abierta contra el juez Garzn por la investigacin de los crmenes del franquismo se encontraba pendiente de juicio y sentencia despus fue absuelto, aunque, por otro lado, condenado e inhabilitado por las escuchas telefnicas del caso Grtel; que el Tribunal Supremo no haba resuelto an sobre el alcance de la jurisdiccin respecto de estos delitos y, en su caso, cuales seran los juzgados competentes; que haba mltiples procedimientos abiertos en juzgados provinciales y locales a causa de los testimonios remitidos por Garzn cuando se inhibi; y que se haban habilitado, en distintos lugares del pas, unidades de la fiscala para investigar la apropiacin de menores, muchas de las cuales podran estar comprendidas dentro del perodo investigado en la querella.

Este informe fue contestado extensamente por los querellantes, que pidieron al Juzgado un nuevo exhorto a efectos de que, entre otras medidas, por las autoridades espaolas competentes se le informara acerca de los nombres, apellidos y dems datos de identificacin y supervivencia de muchos de los que aparecen en la querella como criminalmente responsables de los delitos denunciados. Solicitaban asimismo a la jueza que viajara a Espaa para tomar declaracin a vctimas y testigos.

El 13 de noviembre la jueza emiti exhorto, que fue remitido inmediatamente a las autoridades espaolas, acogiendo todas las pretensiones de los querellantes, a excepcin de su viaje a Espaa, que dej diferido para otro momento.

El 27 de marzo de 2012 la Fiscala General del Estado respondi, esta vez en forma mucho ms breve y lacnica, reiterando sus argumentaciones y sugiriendo a la jueza que remitiera todas sus actuaciones a Espaa para ser incorporados a los procesos en curso.

Recibida esta contestacin, la jueza dict diligencia acordando viajar a Espaa. La fecha finalmente fijada fue la de las segunda y tercera semanas de septiembre del ao pasado. A tal efecto solicit habilitacin de fechas y presupuestos a la Corte Suprema de Justicia argentina, manifestando que su intencin era trasladarse con el secretario del Juzgado y otros cuatro funcionarios. La Corte habilit el viaje pero redujo el nmero de das, autorizando diez, y dejando limitado el nmero de funcionarios a la jueza y el secretario.

No hubo manera

A pesar de los insistentes pedidos, efectuados por mltiples personas y organismos, tanto desde Espaa como en Argentina para que viajara aun en esas condiciones, la jueza resolvi suspender el viaje por estimar que el tiempo y el nmero de personas asignadas era insuficiente a efectos de cumplir sus objetivos. Pese a ello, todas las instancias judiciales argentinas (Juzgado, Cmara Federal y Corte Suprema) avalan y promueven la prosecucin de la causa.

Finalmente, la jueza adopt la decisin de efectuar videoconferencias, que se realizarn en los prximos das desde los consulados argentinos, para que declaren aquellos que no pudieron hacerlo a causa de la suspensin de su viaje. El 22 de noviembre los querellantes presentaron un escrito ante el juzgado con los nombres, dems datos de identificacin y breve resumen del que ser el contenido de sus testimonios. A ello se suman ms de cinco mil adhesiones que fueron entregadas recientemente por la Red de apoyo a la querella argentina contra los crmenes del franquismo (Red Aqua) en la Embajada argentina en Madrid.

Fuente: http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/las-ultimas-balas-del-franquismo_785030.html



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