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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-05-2013

Traiciones, tradiciones y transiciones
El crisol de derechos en el conflicto: del dilogo al consenso

Carlos Alberto Ruiz Socha
Rebelin


En carta del 16 de mayo de 2013, organizaciones indgenas de Colombia (ONIC, CRIC y ACIN) responden al Comandante Timolen Jimnez de las FARC, que aceptan el planteamiento hecho por este dirigente guerrillero de conversar. En la misiva advierten: Siempre preferimos dialogar. Eso s, no renunciamos a ejercer nuestra autonoma como pueblos, nuestro gobierno y nuestra justicia propios [i] . No obstante la aparente serenidad, esta declaracin saludable est precedida no slo de hechos muy delicados sino de altisonantes expresiones vertidas desde diversos lugares. De ah que conviene superar el grado bsico de adhesin e informacin, intentando esforzarse en comprender el contexto y la gravedad de la cadena de cartas cruzadas que se han lanzado desde hace aos. Al menos entender qu ha pasado desde el 29 de abril de este ao (2013), cuando representaciones indgenas, en carta al Comandante Jimnez, sealan a las FARC de discursos vacos , exclamando: una cosa es lo que ustedes pregonan en ciertos escenarios, y otra cosa es la realidad que nos toca sufrir en las comunidades debido al accionar de sus subordinados combatientes [ii] .

Con base en las demandas indgenas, son al menos cuatro los aspectos que a lo largo de sus lneas cabe destacar, puntos frente a los cuales es responsabilidad referirse con cierto anlisis: 1) al carcter de acciones armadas , sobre las cuales concluyen dichos colectivos: todo esto hace parte de un cuidadoso plan de guerra finamente elaborado (carta del 29 de abril), 2) a las incoherencias entre discurso y prctica , 3) al binomio autonoma-justicia , y 4) a las posibilidades de dilogos y acuerdos .

El propsito de este escrito es a ttulo personal hacer una lectura y una propuesta, enlazando elementos que se comparten por diferentes espacios de deliberacin. Su perfil polmico es obvio; de eso se trata: de un debate que escape a la servidumbre terica y a la docilidad prctica, apostando por construcciones alternativas .

1)
Acciones armadas contra miembros de pueblos indgenas

Son dos los rangos que las cartas de algunas organizaciones indgenas enfatizan respecto a las responsabilidades de las FARC. El primero es sobre la propia entidad e intencionalidad de los hechos violentos. El segundo se refiere a la cadena de mando. En ambos se entrev una orientacin o tendencia: acusar de crmenes de lesa humanidad a la insurgencia de las FARC, imputando a su comandancia.

Es la primera vez en la historia que un sector de las organizaciones sociales reivindicativas y del movimiento popular condensa tales cargos tan graves. Las palabras usadas son elocuentes: sabemos que ningn guerrillero, miliciano o comandante acciona las armas sin consentimiento, orden y directriz previa de los comandantes supremos todo esto hace parte de un cuidadoso plan de guerra finamente elaborado () Es innegable que el modus operandi, las vctimas, los mtodos son los mismos que ustedes utilizan en el Cauca, Nario, Valle del Cauca, el Choc, la Orinoquia, la Sierra Nevada entre otras regiones () somos vctimas de toda una poltica sistemtica para exterminar nuestro proceso . Aparece tambin en la carta del 29 de abril la referencia al odio hacia la cultura indgena.

En la mencionada comunicacin del 16 de mayo de las organizaciones indgenas al Comandante Timolen Jimnez de las FARC, dichos colectivos son ms claros en la (des)calificacin: en una poblacin tan reducida como la nuestra, no se trata de un caso de muertes sistemticas? No es eso lo que llaman un crimen de lesa humanidad? () Hay una palabra, distinta a exterminio, que podamos usar para llamar a esta muerte continua de indgenas cuyo delito es que queremos mandarnos y vivir a nuestro modo y segn nuestras costumbres? .

En momentos en que un fuerte debate tiene lugar en Colombia respecto de las responsabilidades penales en el conflicto armado y las posibilidades de modelos de justicia transicional al tanto de un proceso de paz, cuando incluso el Fiscal General de la Nacin ha afirmado que no existen sentencias por crmenes de lesa humanidad proferidas contra la dirigencia de las FARC [iii] , una denuncia como la realizada por dichas organizaciones indgenas, en esos trminos absolutamente cargados con la severidad que trasluce esa categora jurdica de crimen de lesa humanidad , representa cuando menos la base fctica de una querella que deben sustentar, si es exacta y seria esa imputacin bajo ese concepto, as como una significante condena anticipada por las vctimas, cuyas razones jurdicas, de eticidad, y polticas tambin, habra que discutir, pues se trata nada ms y nada menos de sealar como criminales contra la humanidad a mujeres y hombres rebeldes, alzados en armas, muchsimos de ellos indgenas y campesinos tambin, con lo que ello conlleva no slo de explosiva ruptura moral al interior de las luchas por la transformacin del pas, sino de injusto e inicuo emparejamiento histrico.

Porque con dicha asignacin estas organizaciones indgenas no slo ubican y equiparan a los mandos de esta insurgencia en el nivel de Pol Pot (como ya lo hizo reiterada, interesada y perversamente el hoy alcalde de Bogot, Gustavo Petro [iv] , del movimiento Progresistas), o los comparan de hecho con Ros Montt o Videla, y sus estrados de acusados cnicos, sino que se igualan y concuerdan los dirigentes indgenas por su reaccin premeditada con las voces ms retrgradas del pas, como las del ultraconservador Procurador Ordez o de otros fascistas criollos como Uribe Vlez, ste s verdadero criminal de lesa humanidad, en su afn por restar todo crdito poltico revolucionario o altruista a la insurgencia del ELN y las FARC, aunque, contradictoriamente, dichas organizaciones indgenas al tiempo que acusan con tal acometida, s reconocen abiertamente a la guerrilla como interlocutor tico-poltico.  

2)
Incoherencias entre discurso y prctica

Las organizaciones indgenas que suscriben las cartas acusan a las FARC de mantener una cosa en el discurso y otra contraria en los hechos. Sealan que por ello, mientras se pregona respeto por parte de la comandancia, guerrilleros han asesinado a numerosos indgenas. Manifiestan que por eso emprendieron un juicio contra guerrilleros indgenas imputados como autores de la muerte del lder Benancio Taquins. El llamado es contundente, a la par de la gravedad de las acciones que se rechazan, como esa ejecucin. En la carta del 16 de mayo al Comandante Timolen Jimnez se le expresa otra incoherencia: Usted reclama para los condenados por la muerte de Benancio Taquins el debido proceso que no le permitieron al propio Benancio; porque juicio no hubo con Benancio, comandante. No le parece una contradiccin? Los suyos se merecen el debido proceso y los nuestros se merecen 14 balazos? Esos acusados y condenados tienen garantas en nuestra justicia. Usted dice que ellos no fueron; nuestra investigacin rigurosa dice otra cosa. Si ustedes nos envan las evidencias sobre otros responsables, la comunidad, que es el juez, no es ciega; al revs, si aparecen nuevas pruebas, la gente va a volver a analizar. Porque nuestra justicia busca es la armona de la comunidad y con la Madre Tierra, no la venganza .

Todava ms: indican otra fuente de traicin y crmenes, dadas ciertas deserciones de guerrilleros que se pasan al ejrcito oficial, y el hecho de no asumir [las FARC] la responsabilidad de una estrategia de reclutamiento equivocada, de muchachos sin formacin poltica, recogiendo gente que puede que sirva para la guerra pero que definitivamente no sirve para la revolucin .

Aunque existen brillantes y profundos textos esclarecedores del quehacer para un futuro de paz y justicia, tambin son muchos los rotundos y gravsimos cuestionamientos, con una tergiversada, generalizada y falsable base probatoria, arrojados por voceros indgenas en diversidad de escritos. En uno reciente se lee con preocupacin una clara alusin a los dilogos de paz: la paz que promueven los interlocutores que ignoran a las bases y amenazan a quienes no se dejan matar en silencio, obedece al objetivo estratgico de transformar el pas en un botn repartido entre quienes hoy a travs del terror y de la guerra negocian una paz con dueos y sin pueblos [v] . En realidad se cree y se puede establecer que la guerrilla busca negociar para repartirse con el Estado un botn? Cosa distinta es controvertir o refutar la mesa de conversaciones por la muy escasa participacin social, como lo ha querido el gobierno Santos al constreirla.

Mientras, las FARC en su carta del Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano [vi] (del 12 de mayo), sealan que sus polticas guardan coherencia con los principios revolucionarios y con las conclusiones emanadas de conferencias y plenos del Estado Mayor Central, as como con las disposiciones y orientaciones del Secretariado Nacional. O sea, asumen sin cortapisas una responsabilidad de mando. Rechazan de manera enftica la calumniosa, prfida y provocadora sindicacin de estar desarrollado un plan sistemtico de exterminio fsico y cultural del movimiento indgena colombiano . Explican que algunos indgenas han traicionado al movimiento popular, adquiriendo compromisos con organismos de seguridad y, en ocasiones, con el paramilitarismo ; reclutando informantes del ejrcito en los territorios indgenas .

Este mensaje, igual que la misiva del Comandante Timolen Jimnez (del 13 de mayo) [vii] , recalca el hecho de persecuciones o conductas abiertamente hostiles , no slo patentes en el hecho de servir a las fuerzas armadas estatales o paraestatales, sino de realizar juicios arbitrarios, sin derecho a la defensa, por parte de los tribunales indgenas contra guerrilleros tambin miembros de estos pueblos nativos. Como Comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP les aseguro que ninguno de los indgenas capturados, juzgados y condenados por ustedes en un da, tiene la menor responsabilidad en los hechos que les imputaron, pese a lo cual varios de ellos fueron sentenciados a 40 aos de crcel. Tales absurdos, cometidos por ustedes mismos contra su propia gente, antes que generar unidad y respeto hacia las autoridades de la comunidad, apuntan a dividir sta y a sembrar futuros y graves enfrentamientos que con sabias y prudentes decisiones hubieran podido evitarse .

Como si lo anterior no fuera ya bastante, otras organizaciones populares, indgenas y campesinas de la regin del suroccidente colombiano, han expresado un categrico rechazo a las acusaciones de la ACIN, el CRIC y la ONIC, que no se han limitado a la guerrilla de las FARC, sino a sealar ladinamente a un cierto entorno social, criminalizndolo. Esos otros colectivos denuncian hechos muy graves cometidos por autoridades indgenas y aseveran: en diferentes escenarios hemos identificado claros abusos de poder y la violacin de derechos fundamentales que se viene presentando en Ejercicio de la llamada Jurisdiccin Especial indgena por parte de los administradores de Justicia indgenas y las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los cuales es responsable el Estado colombiano al permitir este tipo de vejmenes hemos sealado el carcter sistemtico de represin ideolgica y de persecucin poltica que se ha presentado en ejercicio de la "justicia indgena" y pretende justificar bajo la bandera del respeto a los usos y costumbres [viii] .

Igual de valiosos que los otros mensajes, stos tambin lo son de modo valiente y directo, pero remiten linealmente a que sea el Estado infractor y su intervencin, comprobadamente descompuesta, la que disponga la resolucin del problema. Proponen un debate sobre los lmites que debe tener la aplicacin de la Jurisdiccin especial indgena , y caen incautamente en reclamar la necesaria actuacin estatal en ejercicio de la inspeccin, vigilancia y control en pro de la proteccin del acceso a la justicia para los comuneros indgenas, mxime si la justicia es un pilar de todo estado social y democrtico de derecho . Si bien algunas exigencias al Estado colombiano son sensatas y de rutina, no debe olvidarse a qu directrices de seleccin responden las estrategias de sus rganos.

Como se ve, es preciso realizar una crtica a miradas dismiles que, con su carga de razn cada una, se restringen a su foco y parcela de verdad y justicia, estancando y empobreciendo una dialctica. Esta diversidad, en el marco de procesos de unidad y lucha popular para la emancipacin, podra ser productora de fuerzas creativas y de rebelda contra el enemigo comn.

3) Autonoma y Derecho (en el conflicto)

Aunque existen diferencias en la naturaleza y alcances del Derecho alegado, en el cuadro del problema ac mencionado estn en escena tres juridicidades . La del Estado colombiano, la indgena y la guerrillera .

De la primera est clara su tradicin y demostracin transgresora: la traicin del poder instituido a enunciados liberales y sociales de democracia y justicia, razn compleja e histrica por la cual se desencaden el conflicto armado. O sea: el Establecimiento en su arrolladora dinmica de entreguismo, esquizofrenia y dominio. Creando con impecable letra y formalidad un Derecho que enseguida viola, materializando la exclusin de las mayoras y empleando instituciones que aseguran la opresin social, poltica, cultural y econmica, as como la subordinacin a esferas de poder mundial.

De la segunda se sabe en general su trascendencia y su ndole. Existe la justicia propia de los pueblos indgenas, no slo porque est validada o permitida con lmites por el orden del Estado y sus instituciones (artculos 246 y 330 de la Constitucin), sino porque corresponde a una tradicin de siglos en la raz misma de la identidad ancestral de las poblaciones originarias, a sus cosmovisiones y resistencias, a su insoslayable derecho a la autonoma. Esto est reconocido formalmente no slo en el primigenio Derecho interno del Estado colombiano, sino en tratados internacionales suscritos. Fue un logro plasmado en la actual Constitucin Poltica, que habiendo sido algo progresista en el momento de su expedicin (1991), al proclamar la diversidad tnica y cultural de la Nacin colombiana (artculo 7), hoy ha quedado plida, burlada y atrasada, frente a nuevas Constituciones en vigorosas realidades de cambio social, como se verifica en pases del rea andina como Venezuela, Ecuador o Bolivia, con ordenamientos jurdicos mucho ms avanzados.

En su carta a las FARC del 16 de mayo, la ONIC, el CRIC y la ACIN, expresan: nuestro sistema de justicia est trabajando segn nuestra costumbre ; En la Resolucin de Jambal en 2000 nosotros tomamos la decisin de excluir de la comunidad a las personas que se sumaran a cualquier actor armado de modo que se quedaban sin derechos polticos y pasaban a ser juzgados por su organizacin poltica o por sus enemigos cuando fueran cogidos; pero tambin dijimos que si las comunidades eran agredidas bamos a mantener nuestro derecho de aplicar la jurisdiccin, y ms si se trataba de milicianos nasa, que quieren vivir en la comunidad escudndose en la gente pero no quieren cumplir nuestras leyes, y que para nuestro profundo dolor actan ms contra nuestra organizacin y su propio pueblo que contra el poder oficial y sus ejrcitos pblico y privado . Y recuerdan cmo se retom en julio de 2011 la decisin de aplicar justicia con los guerrilleros .

Esta justicia indgena se articula muchas veces en un nivel funcional con instituciones del Estado colombiano, altamente degradadas y represivas, generadoras de sufrimiento colectivo. En la situacin concreta del juicio del 29 de abril a los guerrilleros en cuestin, se relata por un dirigente indgena: en la Asamblea que se organiz el da 29 de abril en el municipio de Toribio, de los seis detenidos que se tenan, dos de ellos fueron juzgados por ser responsables intelectuales y materiales del asesinato, y fueron sindicados a pagar 40 aos de Patio Prestado...   Los condenados se van en calidad de guardados a un centro penitenciario. El Instituto Nacional Penitenciario Colombiano (INPEC) debe cuidarlos en una de sus crceles, la cual debe estar acondicionada con un patio especial para albergar los juzgados por la Justicia indgena... la Justicia indgena no le ha entregado los condenados a la Fiscala o a la Justicia Ordinaria. Existe un convenio con el INPEC porque los indgenas no contamos con infraestructura carcelaria. Es decir, en los centros penitenciarios ms grandes se presta las instalaciones y la logstica asociada al alojamiento y la comida de los sindicados. En segundo lugar, los juzgados tendrn un seguimiento y acompaamiento realizado por las autoridades indgenas y los Cabildos. Finalmente, siendo la Asamblea la mxima autoridad indgena, solo ella tendr potestad de decidir sobre rebaja de las penas, ni la Fiscala ni el INPEC podrn intervenir en la decisin (...) En esta ltima condena de 40 aos, es difcil que se reduzcan ms de 10 aos [ix] .

Recordemos lo que otras organizaciones populares, indgenas y campesinas han manifestado: dos de los detenidos fueron condenados a cuarenta aos de crcel y entregados al INPEC, por un asesinato del cual no se presentaron pruebas ni testigos, en un juicio ilegtimo por poltico y amaado, vergonzoso, que cuestiona en toda su dimensin el valor y el carcter de la llamada justicia propia que vienen aplicando los cabildos indgenas del norte del Cauca y pone en tela de juicio su legitimidad y autoridad [x] .

De la tercera juridicidad, la insurgente, se conoce: conocen de ella quienes asumen un punto de vista ms objetivo, una epistemologa crtica y una sociologa ms integradora, con las cuales puede erguirse una posicin tica, superior por la otredad que incorpora, para romper ese autoritario e inferior precepto estatal mandado por una democracia genocida (expresin acuada acertadamente por el sacerdote Javier Giraldo). Precepto sinuoso segn el cual en el conflicto slo existe produccin de Derecho por una parte contendiente, el Estado, as est inmerso en la degradacin, y no por la otra, la insurgencia, cuya razn de ser como oposicin armada es disputar desde otra perspectiva los factores de poder, entre los cuales est precisamente el conjunto normativo o de regulacin en los entramados sociales y culturales.

Evidentemente irregular y coercitiva en gran medida de modo directo, desarticulada y errada muchas veces, precaria en su antagonismo, condenada a la desventaja tanto como a la desaprobacin ideolgica por muchos de quienes estn interesados adems en su satanizacin meditica, dicha juridicidad guerrillera s existe y ha sido estudiada y caracterizada en diferentes pocas por relevantes humanistas y cientficos sociales [xi] , que describen el desequilibrio y el choque de valores existente. Tiene otros cnones entre las circunstancias del conflicto, por mtodos o medios abiertamente censurables, as como por desiguales alcances simblicos y materiales. Como sta sea, la insurgencia la posee y la aplica, intentando sustentar y derivar unas reglas del hecho y el (milenario y ancestral) derecho de y a la rebelin , universalmente reconocido, rebelin por la humanizacin de la que todas y todos somos herederos, como individuos y sociedades; cdigos que, compartamos o no su legitimidad, tienen validez y peso tanto en la complicacin y delineamiento de fenmenos sociales, como cuando la guerrilla administra o interviene en litigios y conflictos locales, persigue corruptos o cobra impuestos igual que lo hace el Estado, del mismo modo que pueden ser sus definiciones fuentes re-generadoras, bases de acuerdos o de potencial resolutivo en la normativizacin y acaso suspensin de determinadas prcticas.

Sobre esto ltimo es menester detenerse un momento. Vase por ejemplo la decisin de las FARC (26 de febrero de 2012) de renunciar a privaciones de libertad o retenciones de personas con fines financieros, derogando su ley 002 del ao 2000 o las referencias explcitas o implcitas a esa juridicidad que hace en sus pronunciamientos la Delegacin de las FARC en La Habana.

Igualmente lase el muy importante mensaje del Primer Comandante del Ejrcito de Liberacin Nacional, ELN, Nicols Rodrguez Bautista, dirigido al Foro Ecumnico por la Paz que sesion en Bogot los pasados das 18 y 19 de mayo. Reseemos de este texto del Comandante del ELN lo siguiente: Nos hemos planteado desde que nacimos un estudio serio en nuestras filas para comprender e interpretar el DIH. En este marco cuando cometemos errores buscamos esclarecerlos y rectificarlos. Varios de ellos los hemos reconocido pblicamente y pedido perdn o las disculpas correspondientes. A nuestro interior nos guiamos por cdigos sancionatorios, por reglamentos de funcionamiento y por estatutos que definen los marcos de accin. Tenemos adems las normas de comportamiento con la poblacin que son incluso de conocimiento pblico [xii] . Esta juridicidad rebelde es la que invoca la guerrilla en casos que van desde el ajusticiamiento por actos de traidores [xiii] , hasta la privacin de libertad de civiles de empresas implicadas en operaciones de saqueo y despojo de recursos nacionales [xiv] .

De la misma manera el Comandante Timolen Jimnez de las FARC seala en su carta del 13 de mayo a los colectivos indgenas, respecto a la concreta situacin citada que: Si ustedes tienen quejas o denuncias contra guerrilleros o milicianos que de algn modo han cometido abusos o conductas delictuosas contra los indgenas o su comunidad, estamos en disposicin plena de recibirlas y tramitarlas, aplicando los correctivos que contemplan nuestros estatutos y reglamentos disciplinarios. Poseemos una normatividad y unos principios muy rigurosos, que todo combatiente nuestro conoce porque se le ensean y exigen .

Efectivamente, aparte de lo inherente al proyecto de lucha rebelde y su vocacin en el marco de las contrapartidas y contradicciones polticas e histricas, que explican mayores o menores desarrollos de legislacin de cada uno de los bloques adversarios, como muchos procesos lo ensean, frente al conflicto armado como tal ninguna prohibicin existe en el derecho internacional que le impida generar y realizar su propia normatividad a los grupos alzados en armas. Por el contrario (vanse por ejemplo los artculos 5 y 6 del Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949): se les impele a tener en cuenta lmites de respeto a los derechos humanos, as como a ejercer un poder disciplinario. Amnista Internacional, entre otros organismos, ha reconocido para la insurgencia facultades de investigacin y sancin de los presuntos abusos cometidos por los combatientes guerrilleros con el fin de determinar responsabilidades y ha pedido que ejerza la guerrilla su control, separando de todo cargo de autoridad y de cualquier servicio que les ponga en contacto con prisioneros u otras personas a quienes pudieran infligir abusos , a personas sospechosas de haber cometido u ordenado abusos, como homicidios deliberados y arbitrarios [xv] .

No slo existen, pues, reglas escritas claras, directas o derivadas, sino una larga y densa tradicin jurdica en consonancia con el acumulado del derecho consuetudinario, as como piezas jurisprudenciales y autorizadas voces en la doctrina internacional y nacional que reafirman el hecho inocultable de la exhortada capacidad de (auto)regulacin o disciplina como dimensin vinculante y consciente, propia de la insurgencia como parte contendiente, tal cual emana de los requisitos que cumple y que el Estado ha refrendado transversalmente al reconocer no slo que la guerrilla es un interlocutor poltico, sino un sujeto jurdico del que cabe colegir las responsabilidades y atributos sealados en el derecho de los conflictos armados, una organizacin beligerante, de la que se predica de iure las consecuencias del estatuto de combatiente para sus integrantes y los elementos de los mbitos de aplicacin material y personal del Protocolo II (artculos 1 y 2). Ya no hay duda alguna, no slo al estar avanzando un proceso de dilogos, sino al corroborar la existencia de un conflicto armado interno que debe humanizarse, mientras se trabaja en dilogos con el Estado para su culminacin consensuada, justa y definitiva.

4)
Posibilidades de dilogos y acuerdos

Sea de Julio Csar o de Maquiavelo, o de un tercero distinto a estos dos, la sentencia divide y vencers reina con brutal eficacia y puede aplicarse o deducirse de esta situacin vergonzosa que vive la izquierda colombiana. No obstante la desconcertante y triste historia a cuestas en el proceso colombiano, para nadie es un secreto que generosos y encomiables esfuerzos de unidad se han venido realizando por y para ser sujetos de liberacin desde nuevas fuerzas e identidades, enfrentando al sistema de dominio y opresin.

Tanto es as, que algo que pareca improbable se ha podido ver en el horizonte: la recuperacin de niveles de coordinacin de las organizaciones insurgentes ELN y FARC. Esta madurez que la propia coherencia revolucionaria exhorta, no slo en la confrontacin sino incluso a futuro para su resolucin negociada en procesos de paz, es despreciada y amenazada por actitudes sectarias de otros, por mezquinas inercias que devienen de diferentes factores e interferencias, fomentadas por dependencias y circuitos paternalistas. Trabas que con honestidad y voluntad podran superarse, para contribuir en la rbita social a conjugar instrumentos, como hoy da lo hace la Ruta Social Comn por la Paz. Pese a esa dura divergencia, nutrida algunas veces por Ongs o aspiraciones electoralistas, puede todava soarse en recomponer puentes.

Si nos atenemos a los comunicados de las partes ms encaradas, de un lado ACIN, CRIC y ONIC, y del otro lado las FARC, segn las cartas citadas, existen palabras de mutuo respeto y reconocimiento, con las cuales puede tejerse la posibilidad de acuerdos, de los cuales hablan explcitamente, incluso avanzado ya algunos puntos y mecanismos a tratar.

Una consciencia bsica de alteridad , una tica a construir a partir del proceso de lucha comn, tiene que ver sin dilacin con la cultura diversa que se representa en muchas herramientas de resistencia, una de las cuales es el Derecho que (in)surge como afirmacin de (auto)regulacin, sea en relacin con los avatares de la confrontacin armada o ms all de ella. De ah que no cabe inocencia alguna en cuanto a su gua y proyeccin.

Como no cabe hacer una propuesta de dilogo y seguir atacndose arteramente. No cabe que la guerrilla siga viendo y tratando como avanzadas contrainsurgentes a contradictores polticos encarnados en algunos movimientos populares, que estn reclamando positivamente sus derechos elementales violentados por infracciones de la insurgencia, ni que por consejo externo, induccin, manipulacin, ignorancia o suposicin, algunos representantes indgenas deslicen maquinal o solapadamente contra las FARC acusaciones de exterminio [xvi] , que pueden terminar configurando con ese elemento conceptual una absurda e indigna acusacin de crimen de lesa humanidad o, un poco ms all, de genocidio. Si esa es equivocadamente la pretensin de algunos indgenas, si ese paso es el que se quiere dar y no el de la confluencia respetuosa, si ya se han discernido todas sus consecuencias, para todos, debe decirse entonces de frente y demostrarse. Adems de ser una distorsin de lo que ha pasado (es la conviccin ntima de quien esto escribe), es una reconvencin injusta desde la tica y el Derecho y sera asimismo una implosin poltica en el campo de la probable unidad popular en ciernes.

Tanta razn le cabe a la ACIN, la ONIC y el CRIC, cuando dicen que acogen y exigen el compromiso de las FARC de que la presencia guerrillera y su accionar, no afecten ni pongan en riesgo de modo alguno la seguridad de la poblacin civil, lo que es obvio del derecho humanitario, como cuando expresan tambin: no estamos condenando a la guerrilla como tal. Es decir, la guerrilla tendr sus razones de existir, sus objetivos o planes. Tendrn razones para haber optado por una lucha armada (carta del 16 de mayo).

Tal demanda indgena de quedar fuera de las hostilidades blicas es absolutamente legtima, sin objecin alguna, en tanto reivindican derechos fundamentales de inmunidad como civiles y como pueblo o colectivo de especial proteccin. Esta misma razn de promocin de sus libertades y necesidades es la que debe regir para aplicar su propia justicia indgena frente a casos de corrupcin o de colaboracin, en el grado que sea, de algunos comuneros indgenas con las fuerzas estatales o paramilitares, dos de las razones o fenmenos a combatir, que ha esgrimido la insurgencia para atacar a determinadas personas, por responsabilidad en esas prcticas.

Desde esa mirada a la realidad, se pregunta: no puede acaso la guerrilla emplazar a que sean las comunidades las que juzguen correctamente y sin ningn atisbo de impunidad esos casos inadmisibles? No puede renunciar o declinar bajo esa condicin la insurgencia a aplicar su juridicidad, dejando que sean los indgenas quienes sancionen severamente esos actos de traicin, conforme a slidas pruebas aportadas por todos, incluida la guerrilla? Pueden los dirigentes indgenas reversar y revisar a la luz de nuevas pruebas sentencias injustas ya emitidas?

De otro lado, por qu desconocer algunos indgenas el compromiso y deber de la guerrilla de sancionar conforme a sus reglamentos y rigor, tanto crmenes contra el pueblo cometidos por terceros como los abusos de poder o faltas cometidas por sus integrantes en armas, sean indgenas o no, en tanto hechos realizados como combatientes? En tal sentido, por lo ledo, las FARC asumen clara y razonablemente esa obligacin natural, que no es contraria a principios del derecho de los conflictos armados ni a la lgica ms elemental de auto-contencin y disciplina de un ejrcito y sujeto jurdico-poltico, como son, en las condiciones de irregularidad o asimetra, las organizaciones insurgentes ELN y FARC.

Como se ve, las dimensiones y los desafos del problema, conciernen en alguna medida al hecho sociolgico irrebatible de que existen unas juridicidades en colisin , comenzando por la del Estado frente a las resistencias. De ah que un principio de solucin no es ni someterse al orden jurdico estatal ni pugnar entre s los movimientos alternativos.

No hay que perder de vista que el Estado puede acoplar su justicia parcial y temporalmente a intereses que le rebaten legitimidad, pero corresponde y responde como aparato a una definicin estructural que es la defensa de las relaciones y compulsiones capitalistas. Como dira el compaero Eduardo Umaa Mendoza: puede permitirse abrir el abanico del Derecho estatal, pero no romperlo [xvii] .

En trminos de las juridicidades no excluyentes pero s diferenciadas, que han emergido de la tradicin de las resistencias en sus troncos diversos, la justicia indgena es especfica, tiene raz y vocacin de permanencia ms all del conflicto armado, mientras la insurgente se supone se encamina, como la rebelin misma y su cualidad histrica, a disolverse y transformarse en el poder popular que logre construir y en la negociacin y resolucin de un nuevo marco institucional que pueda pactar, como debera ser si el proceso de paz marcha, con las debidas garantas de equilibrio tras una Asamblea constituyente en la que sus fuerzas participen horizontalmente como forjadoras y fundadoras de esas nuevas reglas de Derecho.

Es en ese crisol donde las juridicidades si bien no se pueden del todo armonizar, pueden emprender un dilogo que obligue a los sectores ms reacios, al Estado y los grupos de poder que lo manejan, a tener que reconocerlas o disentirlas como parte de la amplia cultura popular y de sus propuestas de lucha, de tal manera que cumplan esas juridicidades o Derechos insumisos un papel en la resignificacin de la justicia y en la implementacin de modelos de transicin, incluso especficamente de justicia transicional , no bajo las definiciones dominantes, sino desde los planes de vida y mandatos de empoderamiento alternativos o populares. Por qu tienen qu pensarse slo los principios de verdad, justicia, reparacin y no repeticin desde las imposiciones convencionales de un Estado corrupto o venidas de fuera, diseadas por instancias forneas y parcializadas?

Se sabe que esta lectura no es ortodoxa ni reverente frente a los esquemas oficiales, sostenidos por quienes propenden por la defensa de un Estado y sus frmulas jurdicas esquizofrnicas. Se dir que este curso apologtico e hiptesis erosiona el Estado de Derecho colombiano. As es. Vale la pena no erosionar lo que est podrido y mata? Por supuesto que el Estado y su sistema jurdico, el mismo que manda a la crcel a disidentes y que all hace que mueran por inasistencia muchos presos polticos (como ha pasado terriblemente en los ltimos meses), tiene esa maquinaria las mayores posibilidades de infligir exitosamente una y otra vez castigo a sus detractores, indgenas o no, rebeldes o no, y de proclamar su monopolio en la produccin de normas.

Esa central condicin del Estado como autoridad titular slo la debe y puede tener cuando recobre dignidad, basado en la dignidad de un pas sin hambre y sin perseguidos polticos, o sea cuando se reincorpore a la sociedad, cuando se resocialice frente a necesidades y derechos colectivos, mediante un amplio acuerdo o tratado de paz, que refrende la solucin poltica lograda con la insurgencia; cuando se recupere un sentido de bien comn y pblico, de independencia y soberana, de democracia real y participativa. Se estar hablando no de este Estado infecto sino de uno que emprenda transferencias de poder a las mayoras.

Por ltimo, retomando lo consignado en la carta del 16 de mayo de algunas organizaciones indgenas, dirigida a las FARC, quien esto escribe constata el coraje de quienes proponen hablar ya mismo con la insurgencia. La Habana es ya un escenario ms seguro y vivo. Estn dados el espacio y el momento. Basta romper absurdos cerrojos e ir a conversar, buscar el consenso, retando la absurda prohibicin o criminalizacin con la que amenaza el gobierno colombiano. Si un periodista, un acadmico o un diplomtico pueden ir a hablar y a especular en temas con la Delegacin de las FARC, por qu no pueden hacerlo quienes procuran defender los derechos de su gente? El dilogo es urgente y salvar vidas. No slo con las FARC. Tambin es preciso seguir abogando por conversaciones de paz con el ELN, abiertas a la sociedad en general. Es un derecho al que se niegan nicamente el Estado y las elites que lo usan, mientras el ELN y las FARC lo han sustentado y exigido slidamente innumerables veces.

Dice esa carta de colectivos indgenas del pasado 16 de mayo: proponemos que el dilogo se haga con algunos facilitadores internacionales y unos garantes nacionales, para que la palabra de paz tenga testigos. La presencia de organizaciones populares de otros pases sera muy importante para que ese dilogo avance . No cabe duda que ayuda la facilitacin nacional e internacional, siempre y cuando no sea de agencias como la USAID u otras semejantes al servicio de espurios intereses de centros de poder, o que se de condicionada o torcida previamente, como parece ser la postura de espacios que se han precipitado a tomar posicin irreflexivamente o sin ponderar todos los efectos de este debate, como lo hicieron algunas organizaciones con sede en Europa, que, poniendo contra la pared delicados esfuerzos de unidad, confunden la incidencia con la injerencia, repitiendo la idea de que los evidentes hechos reprobables de las FARC pareciera ser un plan para afectar desde lo ms profundo el proceso de autonoma indgena [xviii] . Ojal rectificaran en el camino, tratndose de entidades progresistas y comprometidas.

En el momento en que a Piedad Crdoba se le castiga de nuevo por su papel al frente de Colombianas y Colombianos por la Paz, por una descompuesta juridicidad estatal que la conmina a una especie de muerte poltica, quiz sea esa iniciativa la ms idnea por su experiencia y moralmente autorizada para cumplir el cometido de aproximar y ser garante de acuerdos, mxime cuando lo ha hecho en otras regiones, entre comunidades e insurgencia, para buscar la aplicacin del derecho humanitario [xix] , como se viene sosteniendo, inclusive bajo el silencio y la discrecin total, como lo exige la realidad de estar frente a un Estado que persigue ferozmente a artesanos de la paz con justicia desde una visin de las resistencias.

Una forma de persecucin que cercena la conciencia es la adulacin, la caricia al opresor. Cuando Santos tom posesin como Presidente fue protegido en ritual indgena como aos atrs lo fue Jos Mara Aznar, promotor de guerras atroces y fines criminales. Hemos hablado otras veces del Sndrome de Vichy [xx] . La situacin se repite, no slo cuando no se rechazan lisonjas como las que lanza para fraccionar a los indgenas en el Cauca el General Segura Manonegra, de la III Divisin del ejrcito colombiano, sino cuando de nuevo se celebra un homenaje de las etnias a un general de ese ejrcito, en territorios donde todava deambulan estructuras paramilitares, y del otro lado recuerdos de cientos de asesinados y desaparecidos, como Kimi Pernia Domic, dirigente indgena del pueblo Embera Katio. Dicho general, bautizado como un indgena ms , expresa: " Lo deca el sabio de la antigedad Sun Tzu: un general no puede perder el verdadero horizonte de la guerra. El horizonte de la guerra no est solo en el empleo nico de la fuerza sino en todas las actividades de accin integral que lleven a ganar la guerra. Estamos manejando ahora conceptos de conflicto diferencial, y es que lo que aplicamos en el Cauca, en Norte de Santander, en parte puede ser aplicado aqu pero no en su totalidad. Aqu nos hemos dado cuenta, como estrategas de la guerra, que las comunidades indgenas ocupan un lugar de preponderancia en las actividades de las Farc y en los territorios que ellos estn controlando [xxi] .

Puede ser que haya derrota-s. Pero no tienen por qu suponer perder ni la memoria, ni la dignidad. Nos queda el testimonio de un puo cerrado, ms all de la muerte:

 

El viaje era al ms all y no al Museo

pero en la vitrina del Museo

la momia an aprieta en su mano seca

su saquito de granos [xxii] .


 

 

(*) Carlos Alberto Ruiz Socha es Doctor en Derecho. Autor de La rebelin de los lmites (Edit. Desde abajo, Bogot, 2008). Fue asesor de la Comisin Gubernamental para la Humanizacin del Conflicto Armado en Colombia.


 

 

NOTAS:

[i] http://cms.onic.org.co/2013

 

[ii] http://www.nasaacin.org/index.php/comunicados-2013

 

[iii] http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12738944.html

 

[iv] nosotros decimos que son como el movimiento de Pol Pot en Vietnam, uno de los ms criminales y antidemocrticos de la Historia. Decimos que las Farc no son revolucionarias, que no son de izquierda sino de derecha y que son criminales . Petro se equivoc adems en la referencia: no fue en Vietnam, sino en Camboya. Ver "La lucha del Polo no debe ser contra Uribe".

http://www.cambio.com.co/paiscambio/10preguntascambio/740/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-3709466.html

 

[v] ACIN / Boletn Informativo Semanal: Paz desde arriba: Entre los Teatros de operaciones militares y la reparticin del botn territorial 15 de mayo de 2013. As mismo de Emmanuel Rozental y Vilma Almendra, ver La paz de los pueblos sin dueos , en http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/contexto-colombiano/5731-la-paz-de-los-pueblos-sin-duenos

 

[vi] http://farc-ep.co/?p=2324

 

[vii] http://farc-ep.co/?p=2330

 

[viii] http://reddhfic.org/ Ver los tres comunicados de prensa del 20 de mayo de 2013, de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano "Francisco Isaas Cifuentes"; la Coordinacin de Asociaciones Indgenas del Cauca, y de Organizaciones Campesinas que impulsan las Zonas de Reserva Campesina en el Departamento del Cauca.

 

[ix] http://www.nasaacin.org/index.php/informativo-nasaacin/3-newsflash/5725-mientras-el-gobierno-y-las-farc-dialogan-las-comunidades-indigenas-estamos-sufriendo-asesinatos

 

[x] Comunicado de la Coordinacin de Asociaciones Indgenas del Cauca (CAIC), 20 de mayo de 2013. En http://reddhfic.org

 

[xi] Ver por ejemplo de Eduardo Umaa Luna el anexo sobre la Etiologa de la violencia , incluido en La violencia en Colombia , Tomo II. Germn Guzmn Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaa Luna. Taurus, Bogot, 2005 (reedicin y ampliacin de la obra original de 1964), pgs. 57 a 68, y el estudio titulado Normas propias y actitudes del conflicto , en el que se consideran y analizan v.gr. las leyes del Llano en un anterior perodo de la larga violencia poltica en el pas (pg. 69 y ss). As como, entre otros estudios, El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Anlisis socio-jurdico , de Boaventura de Sousa Santos y Mauricio Garca Villegas. Colciencias, Instituto Colombiano de Antropologa e Historia, Universidad de Coimbra CES, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Siglo del Hombre Editores. 2 vol. Bogot, 2001. Especialmente en el Tomo II, Captulos XX y XXI: La justicia guerrillera , de Alfredo Molano, y Justicia guerrillera y poblacin civil, 1964-1999 , de Mario Aguilera Pea.

 

[xii] http://www.eln-voces.com/index.php/es/

 

[xiii] http://www.eln-voces.com/index.php/es/nuestra-voz/frentes-de-guerra/177-ajusticiados-dos-traidores

 

[xiv] http://www.eln-voces.com/index.php/es/nuestra-voz/frentes-de-guerra/185-comunicado-a-la-comunidad-nacional-e-internacional-operacion-soberania-y-dignidad

 

[xv] Recomendaciones a los Grupos Armados de Oposicin. Informe Violencia poltica en Colombia. Mito y realidad . Amnista Internacional, Londres, marzo de 1994, pginas 91 y 92.

 

[xvi] Ver declaraciones de Feliciano Valencia al diario El Colombiano (Medelln, 21 de mayo de 2013):

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/Q/que_las_farc_dejen_de_matar_a_los_indigenas_del_cauca_acin/que_las_farc_dejen_de_matar_a_los_indigenas_del_cauca_acin.asp

 

[xvii] El papel de los abogados frente al fenmeno de las Desapariciones Forzadas en Colombia . Bogot, diciembre de 1986, pg. 9. Ponencia en el Primer Coloquio Internacional sobre Desapariciones Forzadas en Colombia . Eduardo termin esta ponencia expresando (pg. 25): " el profesional del derecho en Colombia, conciente de la realidad de nuestro pas y en particular del fenmeno de la desaparicin forzada debe actuar en representacin de las vctimas, de sus familiares y de la sociedad como hombres que hacen del Derecho slo un medio para realizar la justicia ".

 

[xviii] http://observatorioadpi.org/content/comunicado-la-opini%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-nueve-organizaciones-europeas-sin-un-respeto-integral-los-p

 

[xix] "Escribir a las FARC y al ELN con cerca de veinte cartas en total, con planteamientos no slo sobre los cautivos en su poder, logrando acuerdos humanitarios parciales, en lugares donde se ha logrado proteger la vida, la integridad personal y las libertades de los civiles, y, con todo ello, no slo quedndonos en demandas humanitarias, nos encamin a buscar salidas propositivas, a formular preguntas sobre el fondo, sobre cmo lograr el camino a la paz con justicia transversal, sobre lo asimilado, contrastando lo enunciado como valor revolucionario por las guerrillas, con la realidad de quejas o exigencias referidas al respeto debido a la poblacin, para que graves abusos no se cometieran. Tambin para encarar aprendizajes sobre procesos de paz, para discutir cmo resolver problemas en el origen de la confrontacin, sobre metodologas, sobre garantas . Ver Colombia en el ciclo de la indignacin. La justicia social y la paz como bienes comunes . Piedad Crdoba Ruiz / Colombianas y Colombianos por la Paz. En Derechos   y bien comn frente al despojo. Afrontando retrocesos, recobrando perspectivas . Gakoa, Mundubat, Donosti, febrero de 2013, pg. 113.

 

[xx] El nuevo presidente de Colombia es enaltecido por indgenas de pueblos masacrados. El trance del mando indgena de Santos: un ejemplo del pas vasallo . Carlos A. Ruiz. En http://www.rebelion.org/noticia.php?id=110959 07-08-2010

 

[xxi] Ver el diario El Colombiano (Medelln, 22 de mayo de 2013): http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/gral_giraldo_un_indigena_mas/gral_giraldo_un_indigena_mas.asp

 

[xxii] Economa de Tahuantinsuyu . Poesa. Ernesto Cardenal. Homenaje a los Indios Americanos . Orphe / La Diffrence, Giromagny, 1989, pg. 40.



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante unalicencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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