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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-06-2013

Entrevista a Endika Zulueta, abogado penalista
"Las continuas reformas del Cdigo Penal van destinadas tambin a someter a enjuiciamiento a la disidencia poltica, por ms pacfica que sea"

Fuhem Ecosocial
Boletn ECOS


Endika Zulueta es abogado penalista y colabora habitualmente con distintos movimientos sociales (antimilitaristas, ecologistas, feministas, de okupacin, inmigracin ilegal, y casos de detenciones ilegales y represin, entre otros) en la defensa de los derechos fundamentales. Ha publicado artculos jurdicos en distintos medios, los ltimos sobre los proyectos de reforma del Cdigo Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana anunciado por el Ministro del Interior. Es Miembro de la Asociacin Libre de Abogados y pertenece, desde su inicio, a la Comisin Legal del 15M en Madrid. En esta entrevista reflexiona sobre la desobediencia civil y algunas de sus prcticas, y aborda interesantes debates sobre las libertades fundamentales.


Nos encontramos en un contexto que constrie crecientemente la movilizacin social, que criminaliza los actos colectivos y cualquier expresin poltica fuera de los cauces establecidos, tildando de terrorismo o de nazismo cualquier expresin contraria. Se est disparando el nivel de cercamiento al que se ve sometida la poblacin?

− El artculo 1 de la Constitucin seala: Espaa se constituye en un Estado social y democrtico de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurdico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo poltico y que la soberana nacional reside en el pueblo espaol.
En estos momentos, el Estado est liquidando los derechos sociales por excelencia (sanidad, educacin, trabajo y vivienda) por orden de los mercados, y, por tanto, ha dejado de ser social; es tibiamente democrtico por cuanto el poder no reside en el pueblo, sino en instituciones supranacionales que establecen las directrices econmicas del Estado (FMI, BM, BCE; la Troika), careciendo, por tanto, de la supuesta soberana nacional. El Estado ha hecho pblica la deuda privada de los bancos, la corrupcin est altamente normalizada en la denominada clase poltica y se est acrecentando de modo alarmante la brecha entre ricos y pobres; parece evidente que el Estado en modo alguno est propugnando como valores superiores de su quehacer la libertad, la justicia y la igualdad.
La brecha entre el Parlamento y la ciudadana ha ido ensanchndose en los ltimos aos hasta el punto de que esta ha perdido la confianza en que los partidos polticos sean la va −o al menos la nica va− para encauzar las propuestas polticas. El derecho fundamental a la participacin poltica va mucho ms all que el votar cada cuatro aos. Las plazas de las ciudades no son solo espacios para el comercio, sino tambin para el debate, la reflexin poltica y el apoyo mutuo. Los movimientos sociales estn ejerciendo una influencia directa en la agenda poltica del pas. En este contexto, el Estado no est tratando a los movimientos sociales como agentes polticos con los que poder dialogar (el pluralismo poltico del que habla la Constitucin no debe ceirse a los partidos polticos o a la poltica institucional), sino como enemigos polticos a los que hay que liquidar.
El Estado no utiliza el dilogo como herramienta para solucionar los problemas, sino que pretende someter a la ciudadana a travs del miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a no encontrarlo, miedo a protestar por poder ser detenido, golpeado o multado. El sometimiento de la poblacin a travs del miedo es una caracterstica de un Estado autoritario, muy alejado del democrtico que formalmente tenemos.

− Cul es el futuro inmediato que se nos avecina con el endurecimiento del Cdigo Penal en lo que respecta a accin y movilizacin ciudadana?

− El Cdigo Penal es el cdigo represivo por excelencia. El que sea ms o menos grueso, el que ms o menos conductas sean consideradas delictivas dice mucho del carcter democrtico del Estado en cuestin. El Cdigo Penal, como todas las leyes, las aprueba el poder legislativo y, a pesar de la posibilidad de votar cada cuatro aos, parece obvio que amplias capas de la poblacin no se ven representadas por el Parlamento. En los debates del estado de la nacin nunca omos la voz de las personas en paro, de las que cobran un subsidio de 426 euros, o pertenecen a alguno de los hogares que carecen de ingresos que ya superan el milln, o del 56% de jvenes en paro. Y, sin embargo, esa clase poltica que defiende los intereses de las clases ms privilegiadas es la que establece qu es y qu no es delito.
En coherencia con esa situacin, se est sometiendo a enjuiciamiento a la poblacin ms pobre y ms disidente con la actual situacin socioeconmica. La crcel est llena de personas pobres, pero pobres de solemnidad, y no se trata de una cuestin gentica: los pobres, por serlo, no delinquen ms. Gran parte de la llamada poblacin carcelaria est enferma por la adiccin a diferentes drogas, y los toxicmanos no son delincuentes, son personas enfermas, y pobres, que cometen delitos con el fin de poder conseguir la sustancia que les ayuda a sobrevivir en un mundo sin esperanza.
Las continuas reformas del Cdigo Penal van destinadas tambin a someter a enjuiciamiento a la disidencia poltica, por ms pacfica que esta sea, a travs de la hiperproteccin de la autoridad. Se considera delito el atentado a la autoridad, la resistencia a la autoridad, la desobediencia a la autoridad, la desconsideracin debida a la autoridad... una muestra ms de un Estado ms autoritario que democrtico, que hiperprotege el llamado orden pblico, basado en un concepto de orden y de pblico muy alejado de lo que debera caracterizar a un Estado democrtico. El nuevo proyecto prev la penalizacin de conductas que deberan estar amparadas por los derechos fundamentales de manifestacin, de reunin y de libertad de expresin. Todo ello no es sino parte del golpe de Estado al llamado Estado de bienestar protagonizado por los mercados. Ya no es necesario que el ejrcito salga a la calle, sino que nos encontramos con una polica altamente militarizada, regida por valores tpicos militares, autoridad, disciplina, obediencia ciega, etc., y en una situacin en la que se criminaliza la legtima protesta poltica.

− Se nos van acumulando las leyes injustas, y varios colectivos estn llevando a cabo estrategias de resistencia utilizando la desobediencia civil. Cul es el papel que puede desempear la desobediencia civil en este contexto? Y cules son sus lmites como instrumento para la movilizacin?

− La desobediencia es una histrica herramienta de lucha, un motor de cambio social que ha sido utilizada para conseguir avances sociales. En su teorizacin consiste en la desobediencia a una ley concreta por considerar que vulnera derechos fundamentales personales o colectivos, pero respetando el resto del ordenamiento jurdico y asumiendo las consecuencias penales de dicha desobediencia. Con ello se consigue llamar la atencin de los poderes pblicos y de la opinin ciudadana y lograr de este modo consenso para su abolicin. Por definicin, la desobediencia civil es pacfica. La ciudadana de este pas ha sido tradicionalmente desobediente. Recordemos la negativa de miles de jvenes a realizar el servicio militar, sin parangn en el mundo entero, con el fin de conseguir su abolicin y que los valores militares no traspasasen a la sociedad civil a travs de la prestacin de dicho servicio obligatorio; o a las mujeres que se autoinculpaban de haber realizado abortos con la finalidad de promover el debate y conseguir su despenalizacin, por no hablar del movimiento de okupacin, que es criminalizado por el Estado precisamente por poner en cuestionamiento sus carencias.
El derecho a la resistencia sera un paso ms en este sentido, puesto que implica la desobediencia no a una norma, sino a todo el ordenamiento jurdico por considerarse que no est orientado a conseguir ms libertad, justicia, igualdad tal y como propugna el artculo 1 de la Constitucin, sino que produce y reproduce ms situaciones de injusticia y desigualdad.
La ciudadana es la que debe valorar cul es la herramienta de lucha ms adecuada para cada situacin desde el punto de vista estratgico, tico, pragmtico, etc. Y, si bien es cierto que actualmente no se est ejerciendo desobediencia civil en los trminos en que esta ha sido definida, si se est ejerciendo cierta dosis de desobediencia que, sin duda alguna, est fomentando el debate social. Stop desahucios promueve la desobediencia a las rdenes de la autoridad judicial que dispone un desalojo protagonizado por la polica y promovido por la banca, y esta desobediencia ha sido el caldo de cultivo para que el propio Parlamento se cuestione las modificaciones legales, empujado por una conciencia ciudadana que ha sido creada gracias, entre otros factores, a la citada desobediencia. La renuncia a comunicar concentraciones para actos polticos y manifestaciones, est rediseando un nuevo concepto del derecho de reunin y manifestacin que supera con creces lo previsto por una ley que data de hace 30 aos.

− Cmo est tipificada la desobediencia civil en el ordenamiento jurdico espaol? Qu posibilidades se tiene en el marco legal espaol para realizar protestas desobedientes que sean legales?

− Desobedecer una norma puede suponer el inicio de un expediente administrativo (pensemos en la objecin fiscal), o llegar a ser una actividad delictiva (la desobediencia a las rdenes emanadas de una autoridad). Por tanto, carece de una regulacin especfica y simplemente es objeto de sancin cuando se lleva a cabo su prctica. Para el Estado los desobedientes son, en su mayora, delincuentes, pero muchas personas consideramos digno de alabanza el que la ciudadana est poniendo actualmente en juego su libertad (y en muchas ocasiones su integridad fsica) con el fin de conseguir una mejora sin beneficio personal directo, sino social.

− Con la ley del aborto (ley pastilla anticonceptiva) del pasado Gobierno, muchos mdicos catlicos anunciaron que practicaran la objecin de conciencia, al igual que pas con la ley del matrimonio homosexual. Todo acto de desobediencia es necesariamente legtimo? Cmo defines t desobediencia civil?

− Los mdicos podrn negarse a realizar abortos en sus clnicas privadas, pero en modo alguno en la sanidad pblica, en la que deben realizar todas las intervenciones que no se encuentren prohibidas legalmente. Por su parte, los jueces pertenecen a uno de los poderes del Estado, y no pueden negarse a obedecer las normas que emanan del legislativo. Si no quieren casar homosexuales deben renunciar a la carrera judicial, y ello les hara ser coherentes con lo que piensan, pero no jugar a dos bandas, utilizando la sanidad pblica o el ejercicio jurisdiccional para sus propios intereses personales. De hecho ya se ha producido la expulsin de un juez por negarse a casar a dos mujeres del mismo sexo. Debe respetarse la moralidad de todo el mundo en el mbito profesional privado, pero en modo alguno puede imponerse el criterio personal cuando se trabaja en el servicio pblico que, casualmente, siempre es en defensa de valores cuasi inquisitoriales.

− Otra posible herramienta de resistencia puede ser a travs del Derecho, como vienes demostrando con xito en tu trayectoria profesional, centrada en cuestiones sociopolticas de casos difciles, de gente y colectivos en los mrgenes: okupas, insumisos, detenciones ilegales, represin En qu medida puede el Derecho emplearse como punta de lanza (o palanca) para el cambio social?

− Muchos profesionales del Derecho intentamos utilizar nuestro conocimiento jurdico y nuestra capacidad dialctica en defensa de las clases ms desfavorecidas y en bsqueda de una sociedad que entendemos ms justa. Intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, popularizar el Derecho, ese mundo diseado para que sea inaccesible a la gran mayora de la poblacin, pero al cual est sometida. Intentamos crear conciencia de la importancia y valor de los derechos fundamentales, de los derechos sociales, del derecho a su reivindicacin y defender realmente los derechos humanos de la poblacin en detrimento de la defensa de los intereses de una minora privilegiada que se est enriqueciendo a costa de la creacin de pobreza.
En el mbito penal esto se traduce en una defensa a ultranza del derecho a la defensa y a la presuncin de inocencia. Derecho a que nadie sea considerado responsable de un hecho delictivo hasta que no lo diga una sentencia dictada tras un juicio en el que se hayan aportado pruebas de cargo realizadas con todas las garantas.

− Endika, eres conocido socialmente como abogado defensor de activistas de todo tipo que son denunciados por los cuerpos policiales: desde aquellos que desarrollan una accin en algn lugar emblemtico hasta aquellos otros que ocupan un edificio para convertirlo en centro social autogestionado, pasando por el propio movimiento 15M. Cules son tus motivaciones para llevar este tipo de casos? Qu balance haces de tus aos de ejercicio profesional? Cules han sido tus mayores retos?

− Las personas que podemos dedicarnos profesionalmente a la defensa de aquello en lo que creemos somos unas privilegiadas, y nuestra obligacin es reconocerlo humildemente y poner nuestra labor profesional al servicio de una ciudadana que, o bien sufre las consecuencias de un modelo socioeconmico radicalmente injusto, o bien sufre las consecuencias de luchar, aun pacficamente, por un cambio de modelo. En este sentido poder actuar de la forma ms cercana a aquello en que pensamos, eso que se llama coherencia, nos ayuda a ser un poco ms felices a pesar de que ello implique luchar contra las contradicciones que creo que todos tenemos. Eso es lo que intento hacer. El balance solo puede ser positivo, que una sola persona entre en tu despacho y ponga en tus manos lo que es quiz uno de los mayores problemas de su vida, crendose un mgico clima de confianza, cuando est en juego su libertad (que es el bien ms preciado que tenemos despus de la vida), solo puede ser motivo de orgullo y fuente de responsabilidad.
El reto es el da a da. Obviamente hay enjuiciamientos que requieren ms estudio, ms tiempo, que pueden tener ms consecuencias penolgicas, que pueden tener ms proyeccin social, pero para cada persona sometida a enjuiciamiento su proceso es el ms importante, es el que le puede quitar el sueo. El asunto ms importante, el mayor reto, siempre es el de hoy.

− Respecto al movimiento okupa, suele decirse que las ocupaciones tienen ante todo por objetivo poner sobre la mesa el debate sobre la propiedad privada. En qu trminos? Cmo responder a la alarma social que crea la ocupacin de viviendas? En qu medida todo esto se ha potenciado con la crisis actual? Crees que se han multiplicado las ocupaciones o, en trminos ms generales, los actos de desobediencia civil? Cmo ves el futuro del movimiento okupa?

− Siempre ha habido ocupaciones. Desde que el ser humano est sobre la tierra ha ocupado espacios para resguardarse de las inclemencias del tiempo y tener un lugar en el que poder vivir. Cuando se ocupa un espacio ajeno con vocacin de permanecer en el mismo es obvio que se crea un conflicto jurdico entre ocupante y propietario, pero el Estado tradicionalmente se ha mostrado ajeno a dicho conflicto en el sentido de considerarlo un conflicto civil entre dos particulares, uno de los cuales puede solicitar el auxilio judicial para su resolucin, esencialmente, el desalojo, pero no se ha considerado al ocupante un delincuente por ello.
A muchos les sorprender saber que durante la dictadura militar franquista la ocupacin no era un delito previsto en el Cdigo Penal, s lo era en cambio en la dictadura de Primo de Rivera, cuando lleg a considerarse incluso un delito de sedicin la ocupacin de tierras. Y no lo era, porque la ocupacin no creaba un conflicto ms all que entre los intervinientes, propietario y ocupante. La ocupacin ha sido considerada una actividad delictiva cuando se ha convertido en okupacin. Es decir, cuando no se trataba, o no se trataba nicamente, de conseguir un espacio para vivir, si no de realizar un ejercicio de desobediencia civil. Ya no se ocupa clandestinamente, la okupacin se hace pblica, se pone la pancarta, esta casa est okupada, y con ello se pone en cuestionamiento, no tanto la propiedad privada (pues el movimiento de okupacin habla ms del uso que de la propiedad), si no la farsa de un Estado que reconoce derechos sociales (como la vivienda) y no solo no crea mecanismos adecuados para garantizarlos, sino que concibe la vivienda como objeto de inversin, en definitiva, de enriquecimiento de una minora a costa de dejar fuera del acceso a este derecho a amplias capas de la poblacin.
No es ningn secreto recordar que es en muchas casas okupadas de Madrid, en las que fueron crendose Centros Sociales Autogestionados, donde se fue creando parte del germen del llamado posteriormente movimiento 15M. Centros Sociales trabajados a travs de la autogestin (arma revolucionaria y altamente preocupante para el Poder), organizados a travs de asambleas, sin lderes e intentando tomar decisiones a travs del consenso. Solo cuando en estos centros no solo viven personas, sino que se hace poltica disidente y prctica de autogestin, el Estado ha considerado, de la noche a la maana (en el llamado Cdigo Penal de la Democracia de 1995) que esta actividad es delictiva, y pone todo su entramado represivo en defensa, muchas veces, de las grandes inmobiliarias, especuladores, bancos, etc.
Tras el 15 M, se han multiplicado las okupaciones, pero no solo en cantidad, sino, lo que es ms importante, en calidad. Pues muchas personas que eran ajenas a esta prctica la han ido llevando a cabo en diferentes barrios de Madrid (que es lo que yo ms conozco), con una prctica organizativa mucho ms elaborada, multiplicndose de esta forma otras prcticas de pacfica disidencia. La ciudadana no lo percibe en modo alguno como una prctica delictiva, y lo que realmente crea alarma social es que ms de tres millones de inmuebles se encuentren actualmente en Madrid fuera del mercado, mientras decenas de familias son expulsadas de sus hogares cada da. La okupacin no solo no es un problema sino que es la solucin a muchos problemas y una evidente herramienta de cambio y lugar de encuentro. El futuro, en este sentido, no puede ser ms esperanzador.

− T has escrito diferentes artculos sobre Europol. Qu argumentos se estn utilizando para justificar este Estado crecientemente policial en sociedades supuestamente democrticas? Estamos abocados a un mundo orwelliano? Peor an, tambin nos vigilan entidades comerciales tendremos que sustituir el concepto de ciudadano por el de mero consumidor?

− Ciertamente estamos en la poca de Gran Hermano. Parece que Orwell tena razn. Es ms, Orwell jams pudo imaginar que bamos a estar vigilados no solo por instituciones pblicas (que no consideran a la ciudadana como sujetos de derechos sino como objetos de sospecha), sino tambin, y con la misma intensidad, por instituciones privadas (que tratan a la ciudadana nicamente como sujetos consumidores). Tampoco pudo imaginar la utilizacin de tanto desarrollo tecnolgico destinado a la vigilancia y al control social.
El argumento principal que utiliza el Estado para ejercer su control es la seguridad. Nos dicen que estamos rodeados de peligrosos criminales dispuestos a violar a nuestros nios, acabar con nuestras vidas, destruir nuestra civilizacin y que, ante tales peligros, nos vemos obligados a atacar, a vigilar. Exige a la ciudadana que ceda espacios de libertad en beneficio de una supuesta seguridad. Pero no caemos en su trampa. Pretenden que voluntariamente cedamos libertad, intimidad, por una seguridad que no es la nuestras, sino la de ellos. En modo alguno nos vamos a sentir ms seguros por que haya ms cmaras vigilndonos, por que haya ms policas en la calle, por que haya ms crceles, por que el cdigo penal sea ms grueso, por que puedan entrar libremente en nuestros ordenadores, o por que se mate a ms supuestos terroristas en Yemen del sur con aviones teledirigidos.
Nuestro concepto de la seguridad es otro. Nos sentiremos ms seguros si toda la ciudadana tiene garantizado el derecho a una educacin y a una sanidad pblica, gratuita y de calidad; si todos tenemos un trabajo justamente remunerado y si tenemos acceso a una vivienda digna y adecuada. A partir de ah nos sentiremos ms seguros. Su seguridad implica nuestra prdida de libertad, y nuestra lucha por una sociedad ms justa, con otro concepto de seguridad, su temor.

− Pasando a cuestiones ms esperanzadoras, eres miembro de la comisin legal del 15M. Con qu tipo de cuestiones legales os habis encontrado? Qu balance haces del movimiento a dos aos de su surgimiento?

− En la comisin legal trabajan profesionales del Derecho, y personas con inquietudes en este mbito de actuacin que estn realizando una labor extraordinario desde que comenz la Acampada Sol. Se hacen trabajos en diferentes vertientes: asesoramiento, defensa y amparo a personas detenidas en manifestaciones a las que se pueda dar cobertura; fomento de una concepcin alternativa del Derecho; y, en especial, de los derechos fundamentales y sociales. Es la denuncia pblica de las extralimitaciones por parte de funcionarios o instituciones pblicas en relacin con la vulneracin de los derechos sealados. Es una comisin ms dentro del mundo 15M, en que, utilizando herramientas jurdicas, tambin se ayuda a crear ms conciencia crtica, que es el verdadero motor de cambio.


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